Teresa Tovar Samanez
Que no estamos bien en educación es consenso y por eso los resultados PISA no sorprenden. Hay coincidencia que es un problema de varias décadas,no exclusivo de una gestión. Sí, décadas de abandono de la educación. Antes había recesión y ahora con crecimiento del PBI igual no se invierte lo suficiente. El Acuerdo Nacional del 6% del PBI es discursivo. Ya pasaron las épocas del guano y del salitre y se desperdiciaron. Vamos camino de echar por la borda otra oportunidad.
En PISA no es justo compararnos con los países del norte pero sí con los de AL. En esto también hay consenso. Pero ellos gastan más en educación, el triple por alumno al año y el doble en gasto social como porcentaje del PBI.
El argumento de que no se ejecuta bien tiene base pero no es suficiente. La decisión de invertir en educación no es administrativa o “de caja”,sino política y programática. Hay que mejorar la eficiencia pero es pertinente revisar los marcos. Un presupuesto de ejecución anual acorrala cualquier gestión que quiera cumplir el SNIP. ¿Porqué no plantear una ejecución bianual y a la vez capacitar en gestión “dramáticamente”? La voluntad política de sacar adelante la educación podría complementar lo anterior con formas de inversión directa en algunos aspectos urgentes, autorizadas y fiscalizadas por el legislativo. De otro modo tendremos que esperar 15 o 20 años como visualiza el ministro.
J.J.Brunner señala que en AL hay más pobreza y desigualdades que en los países desarrollados pero se gasta menos en educación y que necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario de equidad educacional. Esto plantea otro punto de debate: ¿qué hacer en adelante? Hay quienes proponen caminar hacia la solución privada de los “vouchers” que ya fracasó en Chile y ocasionó una mayor desigualdad de oportunidades.Se trata de fortalecer la educación pública, no de enterrarla.
Si bien la educación es un asunto de corresponsabilidad (incluidos maestros, familias y medios de comunicación) como dice el ministro, no confundamos. La responsabilidad central es del Estado y de los gobiernos. De ellos dependen las decisiones de elevar o no la inversión en educación y de garantizar el derecho a la educación pública gratuita y de calidad.
Se dice que hay que mejorar los enfoques y labor pedagógica. No cabe duda. Pero es cada vez más obvio que esto no se puede garantizar con los niveles de precarización y desprofesionalización docente que han tocado piso. Un maestro no puede ganar menos que una anfitriona o un albañil. Tampoco puede trabajar bien si está desmotivado. Urge hacer de la profesión docente una opción atractiva. ¿Usted quisiera que su hijo fuera docente? En los años 50 y 60 del siglo pasado esto sí ocurría, lo que demuestra que es posible. El día que vuelva a ser verdad estaremos empezando a salir del atolladero.
Invertir el 6% del PBI no es gasto sino inversión para alcanzar el desarrollo humano y sostenible. Tiene más sentido si nos planteamos la pregunta: ¿En qué país quisiéramos vivir?
El argumento de que no se ejecuta bien tiene base pero no es suficiente. La decisión de invertir en educación no es administrativa o “de caja”,sino política y programática. Hay que mejorar la eficiencia pero es pertinente revisar los marcos. Un presupuesto de ejecución anual acorrala cualquier gestión que quiera cumplir el SNIP. ¿Porqué no plantear una ejecución bianual y a la vez capacitar en gestión “dramáticamente”? La voluntad política de sacar adelante la educación podría complementar lo anterior con formas de inversión directa en algunos aspectos urgentes, autorizadas y fiscalizadas por el legislativo. De otro modo tendremos que esperar 15 o 20 años como visualiza el ministro.
J.J.Brunner señala que en AL hay más pobreza y desigualdades que en los países desarrollados pero se gasta menos en educación y que necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario de equidad educacional. Esto plantea otro punto de debate: ¿qué hacer en adelante? Hay quienes proponen caminar hacia la solución privada de los “vouchers” que ya fracasó en Chile y ocasionó una mayor desigualdad de oportunidades.Se trata de fortalecer la educación pública, no de enterrarla.
Si bien la educación es un asunto de corresponsabilidad (incluidos maestros, familias y medios de comunicación) como dice el ministro, no confundamos. La responsabilidad central es del Estado y de los gobiernos. De ellos dependen las decisiones de elevar o no la inversión en educación y de garantizar el derecho a la educación pública gratuita y de calidad.
Se dice que hay que mejorar los enfoques y labor pedagógica. No cabe duda. Pero es cada vez más obvio que esto no se puede garantizar con los niveles de precarización y desprofesionalización docente que han tocado piso. Un maestro no puede ganar menos que una anfitriona o un albañil. Tampoco puede trabajar bien si está desmotivado. Urge hacer de la profesión docente una opción atractiva. ¿Usted quisiera que su hijo fuera docente? En los años 50 y 60 del siglo pasado esto sí ocurría, lo que demuestra que es posible. El día que vuelva a ser verdad estaremos empezando a salir del atolladero.
Invertir el 6% del PBI no es gasto sino inversión para alcanzar el desarrollo humano y sostenible. Tiene más sentido si nos planteamos la pregunta: ¿En qué país quisiéramos vivir?
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