Raquel Varela
Hubo un tiempo en que la Iglesia ocupaba el lugar central en las ciudades. Hoy ese lugar lo ocupa un banco. Espero que un día sea ocupado por una universidad.
El reciente concurso FCT 2013 levantó objeciones serias a nivel nacional en la comunidad científica, después de haber eliminado más de mil doctorados, la generación mejor preparada de siempre del país, en la misma semana en que el primer ministro “lamentó la salida de jóvenes del país”, o sea, la sangría de la riqueza nacional por vía de la emigración forzada. El concurso abrió una crisis en el medio académico, por la oscuridad del proceso y por sus resultados. Fue la gota de agua de un problema de fondo – la ausencia de una política de empleo científico nacional, en un país con una de las tasas más bajas de formación a nivel de toda la OCDE – el 15% de diplomados entre la población de entre 25 y 64 años de edad, cuando en la OCDE la media es del 32%. Todos estos, científicos de alto nivel, debían tener un empleo. No se me ocurre una metáfora mejor: estamos, como en la crisis de 1929, destruyendo comida rodeados de hambrientos.
O por ausencia de dinero para pagar a evaluadores internacionales, o por prisa en firmar contratos, o por el limitado número de plazas, este despido de científicos se ha dado a través de un concurso que no aseguró la más elemental protección de derechos. En un concurso de este nivel en la UE y en todo el mundo los candidatos son evaluados por un número impar de evaluadores (3 a 5), cuyos nombres y CV son públicos. Estos evaluadores se reúnen, presencialmente, evaluando a los candidatos mediante una tabla de puntuación detallada de elementos del CV y proyectos. En Portugal existe un proceso de preselección interna que elimina a una parte significativa de los candidatos en concurso. Estos no ven su proyecto evaluado por un tribunal internacional, sino por un “pretribunal” (cuyo número y CV no se conoce, si está compuesto por uno o más evaluadores), evaluando en conjunto o en cadena (¿cuándo llega a las manos de uno, ya tiene un visto previo del otro?). A esto se suma la no publicación de las actas, de evaluaciones, etc. Aceptar este método significa abrir un precedente inaceptable para toda la comunidad científica.
El fondo de esta situación es la llegada a la universidad de un modelo de reconversión del mercado de trabajo que promueve una “eugenización de la fuerza laboral”, arrojando fuera a todos los que tienen relaciones de trabajo estables (protegidas) y yendo a buscar trabajo flexible, barato. Jubilaciones sin substitución de nuevos trabajadores, bloqueo de contrataciones, despidos mediante selección de concursos: por un lado se despide, por el otro se aumenta la carga horaria y las tareas de los que trabajan (presionando a los científicos para que investiguen, den clase, orienten, publiquen, recauden fondos, etc.). Este modelo es el del crecimiento empobrecedor, o sea, la fuerza de trabajo es usada hasta el agotamiento, las mejoras de productividad no se obtienen por la mejor formación de la fuerza de trabajo y la racionalización, sino porque ésta trabaja más horas por menor salario (más productividad con menor coste unitario del trabajo). Los efectos colaterales – miserias, enfermedades, retroceso civilizacional – son amparados por las políticas asistencialistas, que crecen en la misma proporción que decrece el Estado social.
El camino es el despeñadero. La disminución del número de profesores de carrera (casi 400 solo entre 2009 y 2011) fue contrarrestada por el aumento del número de docentes convidados. Las recientes leyes bloquean la contratación de convidados. Se abre así camino al trabajo parcial, y más recientemente al trabajo pago por hora, que se disparó en esos dos años un 70% (son los mini jobs que aconsejaba el ministro de hacienda alemán). Hay profesores universitarios en el sector privado con horario lectivo igual al del público ganando 690 euros mensuales. Mini jobs, mini-salario, mucha asistencia – el 17% de la población de Berlín, por ejemplo, recibe el rendimiento mínimo, el Hartz IV. En Portugal un 10% de la población que trabaja no consigue pagar las cuentas mínimas de supervivencia. ¿Dependerán ahora los investigadores despedidos de la asistencia, familiar o social? ¿O emigrarán?
El primer ministro no tiene motivos para lamentarse. Podría haber otro modelo, en el que se reduce el horario de trabajo, hay escala móvil de salarios y de tiempo de trabajo sin reducir salario, disminuye el ratio profesor/alumno y aumenta la riqueza producida por estos científicos y docentes. A remolque, aumentan las contribuciones para la Seguridad Social y el Estado social. Pero para eso es preciso optar: el Presupuesto del Estado para 2014 prevé gastar en ciencia y tecnología un 5% de lo que se prevé pagar en intereses de la deuda pública!
La palabra escuela tiene su origen en la palabra ocio, que para los griegos era lo contrario de negocio. Ocio no era pereza, era tiempo de reflexión. Marilena Chaui, destacada filósofa brasileña, en un informe para la UNESCO, dijo que si la universidad “trabaja es porque dejó de cumplir su función”. Una universidad – y este es el quiz de la cuestión – no puede ser una institución que produce formación de fuerza de trabajo para el mercado. Es una institución de contrapoderes, sea del de la Iglesia, del Estado, de los partidos o del mercado. Su función – tenemos que romper este tabú – no es adaptarse “a lo que el mercado necesita”. El mercado, o sea, la forma como hoy vivimos, producimos y reproducimos esta sociedad, es el que tiene que venir con urgencia a la universidad para ser criticado, en el lugar donde se produce conocimiento, donde se cuestiona lo obvio, donde se desafía, con coraje, el sentido común.
Raquel Varela es Historiadora del trabajo, investigadora FCT, IHC, IISH (Amsterdam)
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