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jueves, 19 de diciembre de 2013

¿LA UNIVERSIDAD INGRESA A LA “ECONOMÍA DE MERCADO”?

Por: Ubaldo Tejada Guerrero.
Analista Global.
En 1996, el régimen de Alberto Fujimori emitió el Decreto Legislativo Nº 882, permitiendo la creación de negocios universitarios. De esta manera, reconocía los esfuerzos empresariales de Carlos Boloña, su cercano colaborador que unos años antes había fundado la San Ignacio en sociedad con Raúl Diez Canseco. Desde entonces han proliferado estos comercios.
Un legado funesto del gobierno de Alberto Fujimori, un legado mercantilista que le ha hecho ya un daño sustancial al país, es el decreto que permite la creación de negocios universitarios sin otro control de calidad que el que ellos mismos se impongan. Como ya ha sido señalado hasta el hartazgo, los resultados nefastos de esta medida se pueden apreciar fácilmente. ¿Por qué se dio? Por un lado, para favorecer a personajes como Carlos Boloña y Raúl Diez Canseco, dueños de la Universidad (negocio) San Ignacio de Loyola; por otro, por influencia de ideologías liberales y capitalistas que no pueden entender que haya actividades en el centro mismo de nuestra vida social que no sean mercantiles.
Los empresarios universitarios encontraron un campo fértil. Los títulos se venden solos. En un país tan desigual como el nuestro, los menos favorecidos conciben la educación superior como uno de los pocos medios que tienen a su alcance para superarse. Con una clase alta generalmente desinformada y necia, las víctimas del DL Nº 882 no fueron solamente los pobres. Todo es cuestión de empaquetar el producto adecuadamente: se gasta más, pero también se cobra mucho más. El negocio es redondo. Como alguna vez dijo uno de estos comerciantes, los primeros cinco alumnos pagan los costos, el resto va al bolsillo.
El rol de la universidad debe reflejarse en la consideración de la educación como bien público, donde el Estado proporcione los recursos necesarios para financiar los estudios de quienes poseen menos recursos y donde la misión de la universidad debiera estar relacionada con una permanente actitud crítica, reflexiva y propositiva respecto del adecuado desarrollo de la sociedad y no estar más preocupada de los rendimientos obtenidos en la bolsa, dentro de la concepción de que “el mercado lo decide todo”. La responsabilidad social universitaria es la capacidad que tiene la universidad de difundir y poner en práctica una serie de principios y valores generales y específicos, por  medio de cuatro procesos claves de toda institución de educación superior: la gestión, la docencia, la investigación y la extensión; que constituyen el centro del quehacer de toda universidad.
Documento en línea http://construyepaís.cl/documentos/microprogramas_RS.pdf , visitado en fecha 20-12-2006.
¿Cómo contribuir a que las verdaderas universidades puedan cumplir con sus funciones propias? La universidad educa y socializa; contribuye al conocimiento científico y la reflexión humanista; es depositaria de la cultura nacional y conciencia crítica de la sociedad. ¿Cómo asegurar que pueda asumir estas funciones a cabalidad?
Lo que debemos evitar en el el Perú que la nueva ley universitaria en el Perú, sea una manifestación más de la penetración del mercado en la universidad, o sea la mercantilización de la educación superior que en otras latitus tiene como expresión el rápido crecimiento de las universidades privadas, el cobro de altas tasas o aranceles a los estudiantes para poder estudiar, venta de servicios universitarios on line, la apertura de numerosas sedes o la creación de las denominadas universidades corporativas por parte de diversas empresas multinacionales.
La formación de los profesionales debe responder a los requerimientos de un país en vías de desarrollo, que no sólo necesita de trabajadores excelentes, sino también de líderes, dirigentes, creadores de empresas y profesionales que tengan verdadera conciencia de su responsabilidad profesional.
Los negocios universitarios son negocios. No debería ser necesario decirlo y enfatizarlo. Son sociedades mercantiles cuyo objetivo único e incuestionable es hacer dinero, a través de la venta de servicios educativos. La finalidad de las universidades sin fines de lucro es otra. Se trata de comunidades de profesores y alumnos dedicados a la vida académica. En ellas se educa exponiendo a los alumnos a la creación científica, humanística o artística. Existen para cultivar la vida del intelecto, no para vender servicios. 
Para que la Universidad pueda desarrollar eficientemente su labor de formadora, la empresa privada tiene la responsabilidad social de aportar a dicha formación, a través de la presencia de sus funcionarios en la docencia universitaria, la dirección de trabajos de investigación y su participación activa en la dinámica universitaria.
La ley debe tratar a los negocios universitarios como lo que son, negocios. Que vendan educación no les da ningún privilegio, como vender comida o medicinas o salud no les da a la casera, las bodegas y los supermercados, ni a las boticas y aseguradoras ninguna ventaja ni derecho a un trato especial. Como negocios, deben estar sujetos a la legislación que regula las sociedades mercantiles sin ninguna prebenda. Lo que el Estado sí debe hacer es exigir que hagan pública la información que pueda necesitar el consumidor para determinar la calidad de los servicios que se le ofrecen. Hablar en este contexto de autonomía universitaria es una artimaña interesada.
Para las verdaderas universidades, la nueva ley debe crear un sistema nacional, autónomo y estructurado en base al mérito académico (no "meritocrático" o de castas de tecnócratas). Entre otras medidas, podría establecer incentivos tributarios para donaciones; crear fondos intangibles para la financiación de las universidades públicas; establecer mecanismos de integración de recursos materiales y humanos. En consulta con nuestras mejores universidades, el Estado debe fijar los criterios que deban cumplir las universidades que quieran ser parte de este sistema. Hará bien en no conceder que la mera designación "sin fines de lucro" asegure que se trate realmente de una universidad y no un negocio, o caja chica para vida política partidaria.



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