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domingo, 6 de septiembre de 2009

GAS: OTRA HISTORIA DE TRAICIÓN A LA PATRIA EN PERÚ


Ministro Sánchez ha cometido delito de colusión contra el país
Aguinaga: Debería renunciar y si no lo hace lo censuraremos
Víctor Alvarado

El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, por su gestión entreguista al haber aceptado un contrato que legaliza la exportación de gas cuando el contrato de licencia del Lote 88 con el Consorcio Camisea ordenaba priorizar el abastecimiento interno y no la exportación, ha quedado descalificado para seguir en el cargo y si no renuncia tendremos que desaforarlo, sostuvo el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco.
Pero, agregó, Sánchez no solo tiene responsabilidad política, sino también responsabilidad penal porque ha incurrido en el delito de colusión o concierto de voluntades con los directivos de Pluspetrol, para que esta no cumpla y burle los compromisos contraídos en el contrato de licencia del Lote 88.
Aguinaga destacó que Sánchez, para cometer colusión, llegó al extremo de excluir a Perupetro de la negociación con Pluspetrol, quien por ley es el llamado a negociar los contratos de hidrocarburos, pero lo más grave es que echó al canasto de papeles el informe de la empresa estatal por el cual le alertaba que no había nada que negociar, sino únicamente exigirle al Consorcio Camisea que cumpla con entregar la totalidad de reservas del Lote 88 ascendentes a 6.63 TCF, al abastecimiento del mercado interno.
El citado informe N° CONT- GFST- 1507- 2009, suscrito por los técnicos de la Gerencia de Contratos del Perupetro: José Coz Calderón, Luis Zavaleta Vargas y Luis Pantigoso Andonaire, y por el gerente legal, Jorge Pesantes Escalante, le fue entregado a través del gerente general Milton Rodríguez, con fecha 24 de julio pasado, pero estos nunca fueron convocados en la negociación secreta realizada por Sánchez con el Consorcio Camisea.
“El delito de colusión, que tiene una pena de 8 a 12 años, en el que se encuentra incurso Sánchez y los funcionarios que lo secundaron en la celebración de un contrato ilegal, también alcanza al gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, cuyos ministros y funcionarios hicieron las primeras modificaciones ilegales de los contratos de gas, con la finalidad de perjudicar al país y favorecer a las empresas”, dijo.
Informe de Perupetro
Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Carlos Herrera Descalzi, señaló que a Perupetro le correspondía negociar el Consorcio Camisea, más aún en este caso que es autor de un informe que advertía que solo cabía exigir el cumplimiento de la entrega de la producción del Lote 88 para el abastecimiento del mercado interno, y además porque Perupetro fue el que negoció el contrato de concesión del Lote 88 a Pluspetrol.
“En la deliberación con el Consorcio Camisea, si hubiera participado Perupetro, con seguridad que sus técnicos habrían hecho prevalecer el informe que con anticipación le elevaron a Sánchez, donde como se ha publicado, aparece claramente que la disponibilidad directa de gas para el mercado interno, de acuerdo con el contrato de concesión, es de 6.63 TCF, y no los 4.5 TCF que la empresa Camisea ha resuelto entregar”, aseveró.
Herrera agregó que es un hecho muy grave que compromete no solo al ministro Sánchez, sino a todo el gobierno, haber dejado de lado a Perupetro en la negociación, porque para nadie es un secreto que el ministro del sector es el que aplica la política energética, Perupetro la ejecuta realizando las negociaciones y celebrando los contratos; y Osinergmin supervisa el cumplimiento de las acciones que deben cumplir las empresas contratistas.
Para Herrera, la presencia del gerente de Perupetro, Milton Rodríguez, al lado del ministro Sánchez, cuando este dio cuenta de la celebración de los acuerdos con el Consorcio Camisea, no cubre este vacío porque no pertenece a la gerencia de contratos, que es el ente especializado en la celebración de estos acuerdos.
Camisea: un "acuerdo" vergonzoso para el país
Por: Humberto Campodónico
El principal problema suscitado con la renegociación del Contrato del Lote 88 en enero del 2006 es que buena parte de las reservas probadas de gas que debían abastecer al mercado interno se destinaron a la exportación. Por tanto, lo que procedía era volver a renegociar ese contrato para restablecer su forma primigenia.
Agreguemos, además, que el presidente García dijo el 28 de julio que había que investigar los delitos en esa renegociación. Y que ayer el ministro Pedro Sánchez ha denunciado ante la Procuraduría Anticorrupción al ex presidente Toledo y su ministro Glodomiro Sánchez, justamente por haber renegociado de manera ilegal el contrato del Lote 88 (que tiene las mayores reservas, 6.85 billones de pies cúbicos, bpc).
Entonces, ¿es que con los anuncios del ministro Sánchez se ha vuelto al contrato primigenio? NO. Lo que se ha “logrado” es un acuerdo para que, durante 5 años, del 2010 al 2015, no se exporte gas a México del Lote 88. Pero no ha habido renegociación alguna de un contrato que el propio gobierno considera ilegal. O sea que, después del 2015, esas reservas podrían ser exportadas. Esta es una versión recalentada del viejo truco: el que venga detrás, que arree.
Afirma la Nota de Prensa del MEM que “se ha logrado que 150 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) adicionales del Lote 88 se destinen al mercado interno”. Esto no es un “logro” sino mendigar nuestro propio gas, que fue descubierto por Shell y que revirtió gratis al gobierno.
En realidad, el gobierno ha aceptado la propuesta que le hicieron el consorcio Camisea y Repsol (ver nota adjunta), que algo tenían que ceder frente a la enorme presión social generada por la escandalosa e ilegal renegociación del 2006. Además, esta cantidad –que en un plazo de 20 años equivale a un (1) bcp, o un TCF, en inglés– es absolutamente insuficiente para los requerimientos del mercado interno, ya que solo es para algunas industrias y centrales eléctricas, pero, por ejemplo, no considera el gasoducto surandino.
Afirma también la Nota que se ha logrado incorporar 155 mmpcd del Lote 57, de Repsol, para que abastezcan el mercado interno a partir del 2012. Pero la cuestión es que ese gas no va a tener el precio bajo del Lote 88. Como dijo el ministro Sánchez ayer: “en el Perú los precios del gas son libres y el único gas que tiene precios fijados por el gobierno es el gas del Lote 88”.
Aquí se presenta otro enorme problema: ¿por qué ese gas del Lote 57, que equivale a 1.13 bpc en 20 años, no se destinó a la exportación para, así, poder liberar una cantidad equivalente del Lote 88 para el mercado interno? Eso se podría haber hecho, ya, de manera inmediata y de allí se podría abastecer la insatisfecha demanda interna, por ejemplo, del gasoducto surandino, que no va a tener gas hasta el 2012.
La explicación es que Repsol quiere obtener el precio que ahora se paga en el mercado interno peruano, que es 5 a 6 veces mayor que el de exportación. Incluso quiere obtener un precio mayor porque ese gas se subastaría a los postores, lo que elevaría su precio. Por tanto, el gasoducto surandino va a tener que comprar el gas caro del Lote 57, mientras que nuestro gas barato se exporta a México. ¿Puede aceptarse este olímpico desprecio para con los pobres del sur andino?
Para terminar, solo dos cosas, porque el espacio nos gana. Uno, las inversiones que hoy se anuncian como un “logro” ya estaban comprendidas dentro de los planes de inversión de los consorcios. Segundo, que no se han cambiado los bajísimos precios de exportación ni el ínfimo % de regalías. Y lo más importante, se sigue “negociando” con los mismos que movieron todos sus hilos para cambiar las leyes y renegociar los contratos porque “se necesitan dos para bailar tango”. Uno de los bailarines está acusado. ¿Y el otro? Muy, pero muy bien, gracias.
Camisea: cuarenta y no veinte
Por Humberto Campodónico
Dice el gobierno que si bien las reservas probadas de los Lotes 88 y 56 de Camisea solo llegan a 8.795 billones de pies cúbicos (bpc), la realidad es que hay mucho más gas. Como prueba, manifiestan que el consorcio Camisea dice que las reservas recuperables llegan a 14 bpc, las mismas que se convertirán en probadas cuando se realicen las inversiones que permitan su extracción y se amplíe la capacidad de transporte de los gasoductos.
Supongamos que así sea. ¿Es que, entonces, con los 14 bpc estaría solucionado el problema del mercado interno y se podría llevar a cabo la exportación? No. Veamos por qué.
El consumo de gas en el mercado interno para el periodo 2005-2025 fue estimado en el 2005 por el Ministerio de Energía y Minas en 4 bpc (Plan Referencial 2005-2014). Pero el crecimiento ha sido tan grande que, dos años después, en el Plan Referencial 2007-2016 el MEM corrigió la cifra: se estimó que el consumo para el periodo 2007-2026 sería de 6.1 bpc, o sea, 50% más (ver suplemento especial sobre Camisea de Otra Mirada, en www.otramirada.pe).
A pesar del aumento, dice el MEM, que el volumen total de reservas (14 bpc) permite cubrir la demanda interna por 20 años (6.1 bpc), más la exportación (4.1 bpc). Por tanto, no hay que preocuparse.
Pero eso no es así. Más bien es aquí que comienzan los problemas para el gobierno, porque no está asumiendo que el abastecimiento al mercado interno debe tener un horizonte permanente de 20 años (como establecía la legislación de 1999, con la que se firmó el Lote 88 en el 2000), sino la “tesis” del horizonte estático de 20 años, que fue la modificación introducida durante el gobierno de Toledo y que permitió que se exporten las reservas del Lote 88.
Con el horizonte permanente de 20 años, no solo hay que cuantificar los primeros 20 años, sino también los siguientes 20 años (del 2026 al 2046). Lógico. ¿Acaso vamos a invertir en gasoductos, plantas térmicas, petroquímica, gas domiciliario y vehicular para que todo se termine en el 2026?
Sigamos. Según el MEM, en el 2026 el Perú tendría un consumo de gas de 1,395 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd). Si suponemos (conservadoramente) que ese consumo permanece estático del 2026 al 2046, se consumirían 10.2 bpc adicionales. En total se necesitan, entonces, 16.3 bpc. Y, ojo. En el cálculo del MEM no se incluyeron una serie de inversiones como, por ejemplo, el gasoducto sur andino.
Por eso, el gobierno debe insistir en que el 100% de las reservas actuales y futuras del Lote 88 sean para el mercado interno, como se estableció en el 2000. La renegociación del 2006, de un lado, no respetó la estabilidad contractual firmada en el 2000 y, de otro, ha sido considerada ilegal porque se modificó una ley con un decreto supremo para permitir la exportación. Lo que corresponde, entonces, es corregir esa ilegalidad volviendo al contenido primigenio del 2000.
Eso es lo que este gobierno no está haciendo, pues se contenta con que no se exporte gas del Lote 88 (que revirtió gratis al Estado por un regalo de la Shell) solo del 2010 al 2015. Inadmisible. Hasta ahora, el gobierno ha podido decir que los problemas generados por la ilegal renegociación del Lote 88 que autoriza la exportación son responsabilidad del gobierno anterior. Pero de ahora en adelante, el abastecimiento del mercado interno es de su entera responsabilidad. Y está yendo por el mal camino.

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