NOBEL DE ECONOMÍA A HUMALA: NO PERMITAN QUE EL TPP
ENCIERRE AL PERÚ EN RELACIONES COMERCIALES DESIGUALES
Por Joseph E. Stiglitz* y Adam S. Hersh**
El acuerdo va
a ir mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá
cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras
de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de
presión, que han tenido más acceso al proceso de negociación que los
legisladores o los ciudadanos.
El
presidente Ollanta Humala se apresta a enviar a Atlanta a la
ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, para
proseguir negociando el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) con representantes de otros 11
países de Asia y el Pacífico. Pero las esperanzas del Presidente peruano para lograr
un acuerdo están puestas en el lugar equivocado: el TPP parece haber sido
diseñado para perpetuar a países en desarrollo como el Perú en relaciones
comerciales desiguales con países de economías avanzadas como Estados Unidos,
Japón, Canadá y Australia.
Los negociadores del TPP esperan finalizar el acuerdo en los
próximos días y los líderes políticos se jactarán de que están promoviendo el
bienestar de países y sus pueblos. Pero la realidad es que se ha dado demasiada
influencia en las negociaciones a grupos de interés específicos, en EEUU y en
otras partes.
Considerando
la experiencia pasada de los Tratados de Libre Comercio liderados por EEUU,
y lo que podemos deducir de documentos filtrados de las negociaciones
confidenciales que se están llevando a cabo, es que está claro que los
negociadores peruanos están capitulando ante las demandas de las empresas de
los países avanzados.
Por
lo general, se piensa que en una negociación una de las partes hace algunas
concesiones para obtener algo a cambio, pero el Perú ganaría poco con el TPP.
Ya cuenta con tratados de libre comercio (TLC) con EEUU, su segundo mayor socio
comercial, y otros cinco países miembros del TPP.
La
simple pregunta que enfrenta el Perú es si con el TPP estaría mejor que hoy.
Ésta es la principal cuestión que deben considerar los negociadores peruanos.
Por lo que sabemos a partir de distintas filtraciones de los textos
que se están negociando, es probable que lo que se obtenga sea
peor. Los beneficios del TPP para el Perú no están claros y los costos para su
economía serán francamente altos.
En primer lugar, el TPP perpetuaría
las ventajas desiguales de compañías de los países avanzados, elevando la
protección de los derechos de propiedad intelectual en formas que aumentan las
ganancias de los dueños de la propiedad intelectual, a expensas de todos los
demás. Ahora sabemos que lo que separa a los países desarrollados de los países
en desarrollo es una brecha en el conocimiento, y este TPP hará que esa brecha
sea más difícil de cerrar. El resultado será que los peruanos estarán enviando
cada año grandes cheques de dinero a EEUU, hasta el fin de los tiempos, por el
uso de ese conocimiento, incluso si se basa en el robo de material genético de la Amazonía peruana.
En
esta área, el TPP exige mucho más del Perú de lo que se acordó en el TLC con
EEUU en 2009. De hecho, los grupos de la sociedad civil y los líderes del
Congreso de EEUU exigieron que el Representante de Comercio –el negociador
oficial norteamericano– utilizara ese acuerdo como base del TPP. Pero este
Representante, en cambio, se colocó del lado de las grandes empresas del país.
El
impacto de tener derechos de propiedad intelectual más estrictos se puede ver
más claramente cuando se trata de apreciar cómo se están beneficiando las
empresas de "Big Pharma" de las economías avanzadas. Empujados por
los grupos de presión de la industria, los negociadores estadounidenses están
presionando a los países del TPP para que acepten protecciones que aumentarán
las ganancias de Big Pharma, no por innovar para producir nuevos medicamentos
que salven vidas, sino manteniendo a los potenciales competidores, como los
genéricos, fuera del mercado y cobrando precios más altos a los consumidores.
El
TPP logra esto a través de una serie de cambios aparentemente secretos en las
reglas –encubiertos además con una jerga oscura relacionada con
"vinculación de patentes" y "biológicos"–que en conjunto
permitirían a las empresas extender sus monopolios por muchos años más. Esto
sería especialmente costoso para el Perú, cuya normativa actual incentiva más
el intercambio de datos (data sharing) y la investigación. La empresa Mylan,
líder en la fabricación de medicamentos genéricos, ha advertido que el TPP
puede, en efecto, hacer cerrar sus relaciones comerciales con los países
participantes, lo que significa que no solo los peruanos deberán pagar más por
los medicamentos, sino también que algunas medicinas que salvan vidas pueden
dejar de estar disponibles.
En segundo lugar, el TPP reduciría
la capacidad de los países miembros –entre ellos el Perú– de aprobar normas
legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el
ambiente, porque crearía mecanismos de solución de controversias entre
inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros demandar al
gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El
arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las
leyes nacionales. Y la empresa podría ser compensada, no solo por sus
inversiones ya realizadas, sino por la pérdida de sus beneficios “esperados”,
aun si sus ganancias se generan por la venta de productos que matan personas y
aunque no haya habido discriminación alguna en la regulación nacional.
Estas
no son amenazas hipotéticas: ya existen acuerdos de inversión similares y han
dado lugar a este tipo de demandas. De hecho, el Perú enfrenta actualmente una
demanda por US$ 800 millones de la empresa estadounidense Renco para determinar
si Renco puede continuar operando una fundición de metales en La Oroya –que está considerada
entre los 10 lugares más contaminados del mundo– y que también busca eludir el
pago de compensaciones para las víctimas y para la rehabilitación del sitio.
En
otro caso, Australia (al igual que Uruguay, que no es socio del TPP) enfrenta
una demanda de las productoras de cigarrillos sobre las etiquetas de
advertencia de salud pública en las cajetillas de cigarrillos con el objetivo
de frenar el consumo de tabaco. Canadá, bajo amenaza de demanda, se retractó y
ya no puso en marcha normas regulatorias similares. Y México se vio obligado a
pagar US$ 15 millones después de que los árbitros encontraron equivocada una
decisión gubernamental de cerrar un vertedero de residuos tóxicos no permitido
que filtraba en las aguas subterráneas.
Éstos
son solo algunos de los cientos de casos más graves que los inversores
multinacionales han iniciado contra regulaciones de interés público. Los
árbitros se pronuncian, con mayor frecuencia de lo que podría pensarse, a favor
de los inversores o los gobiernos nacionales optan por llegar a un acuerdo para
evitar las presiones legales.
El mecanismo
de solución de controversias entre inversionistas y Estado es exactamente lo
opuesto del significado previo de los derechos y obligaciones entre ellos. En
el marco del TPP, los gobiernos tendrían efectivamente que pagar a los
inversores extranjeros por no contaminar y no perjudicar a la población, en
lugar de tener la libertad de regular a las empresas para asegurarse de que no
perjudiquen a otros. Los mecanismos de solución de controversias existentes ya
son bastante malos. Su expansión radical en virtud del TPP sería desastrosa.
Esto
es particularmente importante en el caso del Perú, donde hay una larga historia
de abusos contra el medio ambiente y los trabajadores por parte de las
empresas. En virtud del TPP, el país podría ser demandado por cualquier cambio
en las normas legales para proteger a los trabajadores y el medio ambiente, sin
importar cuán razonables o discriminatorias sean, siempre y cuando esto afecte
las ganancias de las empresas. Y dificultaría aún más la lucha para mejorar las
condiciones laborales y el nivel de vida de los trabajadores, y frenar la
explotación insostenible de los activos ambientales del país.
Sin
duda, una mayor integración comercial y de inversión con el mundo promete mucho
para el Perú, pero el TPP no es el camino para lograrla. No hay evidencia de
que este tipo de protección de los inversionistas y los derechos de propiedad
aumentarán la inversión extranjera o traerán más innovación para la economía
peruana. Lo que hará será asegurarse de que una mayor parte de los salarios de
los trabajadores peruanos terminen en los bolsillos de las corporaciones
globales y que el Perú ya no tendrá la potestad de volver a establecer las
reglas de manera que sirvan mejor a sus ciudadanos, protegiendo su salud y
seguridad, el ambiente y los ricos recursos naturales del país, e incluso
aseguren la estabilidad de su economía.
Si el
presidente Humala quiere hacer lo correcto para el pueblo peruano dará
instrucciones a la ministra Silva para que en Attlanta exija que no se retroceda
en los términos obtenidos con tanto esfuerzo en el acuerdo entre el Perú y
EEUU, se asegure que sus ciudadanos seguirán teniendo acceso a los medicamentos
genéricos a precios asequibles, y rechace un TPP que deje el futuro económico
del país en manos de los inversionistas de las multinacionales.
Septiembre
29, 2015.
*
Premio Nobel de Economía 2001, profesor en la Universidad de
Columbia y economista jefe en el Instituto Roosevelt.
**
Economista senior en el Instituto Roosevelt y Académico invitado en la Iniciativa para el
Diálogo Político de la
Universidad de Columbia
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