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viernes, 17 de agosto de 2012

LEY DE REFORMA MAGISTERIAL: PERSERVERAR POR EL PROYECTO DEL SUTEP

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO – Analista Global – utguerrero31@yahoo.es
La visión de país, sigue ausente en un gobierno que prometió transformar la difícil situación del Perú. El modelo neoliberal continúa desde 1990, y por lo tanto, es el modelo primario exportador en beneficio de las grandes transnacionales, la que orienta el aparato productivo del país hasta el 2012.
Ollanta Humala en menos de un año, está produciendo un acelerado proceso de reordenamiento social y político, el incremento de la conflictividad social, que el gobierno responde con autoritarismo como recurso para neutralizar las demandas populares y la cada vez mayor inestabilidad política que vive el país.
El SUTEP desde 1,972 persiste en su exigencia de que tiene que elevarse el monto de presupuesto para el sector educación, no sólo para atender las reivindicaciones magisteriales sino, lo más importante, para garantizar integralmente el proceso de educación de los niños y Adolescentes de la educación pública. Debemos recordar que el Acuerdo Nacional propone la meta del 6% del PBI como inversión en educación.
LA PROPUESTA DE OLLANTA
Después de escuchar a la ministra de Educación, sobre ésta improvisada ley de reforma magisterial, el congresista Javier Diez Canseco dijo que la fundamentación del costo-beneficio en el proyecto es muy genérica y que Salas les ha manifestado que ese es un tema que aún no está resuelto, pero que lo van a presentar en el transcurso del debate, es decir espera la decisión del hombre fuerte del FMI: el Ministro de Economía, el Sr. Castilla.
El Ejecutivo sacó al SUTEP de los comités de vigilancia para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, pero incluyó, sin argumento alguno, a los gobernadores regionales.
No se ve la relación que puede existir entre las funciones de un gobernador y un proceso de vigilancia de los resultados del ingreso o ascenso de los docentes. Un gobernador es un representante del presidente y un empleado del Ministerio del Interior.
Hugo Díaz, miembro del Consejo Nacional de Educación, explicó que la Ley General de Educación otorga el derecho al SUTEP de participar en el comité que vigila la evaluación de los maestros, por lo que la Ley de Reforma Magisterial debe incluir una derogatoria expresa del artículo de la norma marco del sector.
“(La Ley de Reforma Magisterial) no lo está completando con claridad; lo que hace es excluir al sindicato en el artículo N° 28, pero para que el Estado se reserve las garantías de no participación lo que tendría que hacer es poner una disposición final derogando ese artículo de la Ley General de Educación”, consideró.
Para Hugo Díaz el SUTEP no debería participar en el proceso de evaluación. “Me pongo a pensar en cualquier empresa: cuando quiere contratar personal es el gerente de recursos humanos quien decide, no me imagino que él llama al sindicato para que participe y vea cómo selecciona. Estas cuestiones hay que modernizarlas también en la escuela”.
Y agregó: “La decisión de seleccionar y evaluar personal debe estar en el equipo directivo jerárquico de la escuela y punto. Lo que hay que fortalecer es la capacidad del director y del equipo directivo para que elijan con quién trabajan. Si eso funciona bien en la escuela privada, por qué no hacerlo en la escuela pública”.
Los gobernadores son, en su mayoría, militantes del partido de gobierno y no se explica el porqué de su participación. ¿Qué pueden aportar ellos en la tarea de supervisión de la evaluación?
El secretario general del SUTEP, Reneé Ramírez, salió a decir que el Ejecutivo, está creando un comité de vigilancia “para darles chamba a los gobernadores”.
Sobre este punto, deja de lado la participación del SUTEP, pero consigna, en la exposición de motivos, que el artículo 57 de la Ley General de Educación dispone que “la evaluación (para el ingreso a la carrera docente) se realiza con la participación de la comunidad educativa y de la institución gremial”.
De otro lado, por una cuestión presupuestal, unos 180 mil maestros de todo el país podrían quedarse congelados en el primer y segundo niveles porque los concursos para los ascensos del tercero al sexto nivel se harían recién en 2015 o en 2016.
Para que los derechos de los maestros de la Carrera Pública Magisterial no se vean afectados, la remuneración mínima que debería recibir un docente del primer nivel no debería ser menor a los S/. 2,050.
Debemos señalar que el sistema de evaluación todavía será una etapa posterior a la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Magisterial , pues ésta contempla el ingreso inmediato del 100% de los profesores del sector público a un sólo régimen, sin concurso ni evaluaciones.
El objetivo de Ollanta es eliminar los dos regímenes actuales del magisterio y colocarlos en las ocho escalas remunerativas creadas en la nueva norma, que bien puede llamarse “ley de perfeccionamiento de la carrera pública magisterial”, que es lo que desea la derecha peruana.
Lo cierto es que no habrá concurso ni nada y como los docentes de la Ley del Profesorado ganan entre 1,150 y 1,400 soles, entonces a ellos los van a meter en el primero y segundo nivel. Y en el caso de los que están en la Ley de Carrera Pública Magisterial los incorporan en el nivel inmediato superior.
LA PROPUESTA DEL SUTEP
El SUTEP, con la debida anticipación, con intermediación del Colegio de Profesores del Perú, ha presentado un Proyecto de Ley del Profesorado ante el Congreso de la República. Propuesta consultada a nuestras bases y ampliamente difundida. Exigimos ahora, que el debate, para que sea realmente democrático, tiene que darse considerando nuestra propuesta, que busca la unificación y dignificación del magisterio, sobre la base de la Ley 24029 y reconociendo los derechos adquiridos por los maestros que están incluidos en la Ley de la CPM 29062.
No se puede aceptar la subdivisión de esos cinco niveles en “escalas meritocráticas” que lo que buscarían es achatar la carrera magisterial multiplicando, de facto, por dos, tres, o más, los niveles de la Carrera magisterial. Tampoco aceptaremos que los niveles alcanzados por los maestros en su desarrollo profesional, de una u otra ley actual, sean borrados, bajo el pretexto de la necesaria unificación del magisterio. Llamamos a los maestros a defender la propuesta del SUTEP en todos los terrenos. Por ahora, no se conoce el verdadero contenido de la propuesta de ley del MED, por lo que se hace necesario que en cuanto podamos acceder a ella, se haga un amplio análisis de la misma para emitir una opinión y exigir el debate nacional entre las dos propuestas.
Esa nueva ley tiene que procesarse democráticamente, mediante el diálogo, el debate público, escuchando al magisterio y en el escenario constitucionalmente pertinente: El Congreso.
Si bien es cierto, que no ha indicado montos en relación a cómo se financiará la “Ley de Reforma Magisterial” anunciada, los maestros, no aceptaremos, de modo alguno, que la nueva ley tenga el ahorro fiscal como orientación única y no la promoción docente, como parece ser la orientación que se quiere imponer desde el Ministerio de Economía y finanzas
Siguen pendientes las demandas del magisterio, no se dieron soluciones inmediatas a las principales demandas económicas, las mismas que fueron debatidas y acordados en la mesa de diálogo. No se ha reivindicado la bonificación del 30% por preparación de clases. No se anunció el crédito suplementario por lo que se comprometieron la Ministra y los Vice Ministros para el presupuesto 2012. Menos ha tocado el reintegro de la deuda histórica dejado de percibir por ese concepto ni el tratamiento adecuado para su justo cumplimiento. No ha resuelto la demanda de una urgente remuneración sobre un piso salarial, peor, aún no se ha resuelto la grave situación de la mísera pensión que vienen recibiendo los maestros cesantes y jubilados. La mesa de diálogo está siendo desacreditada, toda vez que no se ha tenido en cuenta para nada los compromisos asumidos
Contraponer la propuesta de Ley del SUTEP al Proyecto de Ley de Reforma Magisterial, participando en el debate, señalando sus limitaciones y/o agresiones a los derechos adquiridos del magisterio nacional, sustentando y defendiendo nuestros planteamientos. Tenemos propuestas y sólidamente fundamentadas.
ü Combinar el debate democrático con la acción de masas frente al accionar de la ultraderecha que desde el Congreso y los medios de información masiva desarrolla una campaña en defensa cerrada de la Ley de RM. Debemos enarbolar nuestras respuestas claras y precisas sobre cada aspecto que se ponga en debate.
ü Debemos denunciar y desenmascarar los objetivos, procedimientos y resultados de La Ley de CRM que tiene un diseño discriminador, contra todo criterio inclusivo, de cerrado ahorro fiscal en detrimento de un real desarrollo magisterial, aplica una evaluación unilateral antipedagógica y ha estado plagada de actos de corrupción denunciados y que se mantienen en la impunidad. Reduce a dos niveles la carrera magisterial para el 70% del magisterio nacional. Los magros resultados en la educación según las últimas evaluaciones censales de los educandos, así lo demuestran. Señalar el carácter dictatorial y antimagisterial de las posiciones del aprofujimorismo que quiere imponer sus posiciones sin un debate democrático.
ü Deslindar con el senderismo MOVADEF en el debate, ideológico, político, gremial y pedagógico. Desenmascarando su práctica divisionista, aventurera y retardataria en lo pedagógico. Oportunista de reiteradas volteretas en sus posiciones. Que absolutiza su reaccionario y único objetivo: Amnistía para Fujimori, Montesinos, el Grupo Colina y Abimael Guzmán (el nefando “Presidente Gonzalo”).
ü La Lucha contra la Ley de CPM y por la propuesta del SUTEP debe ser combinada adecuadamente con la defensa de la escuela pública con educación de calidad para todos en una política de inclusión integral para todos, el aumento presupuestal y la implementación de un Proyecto Educativo Nacional que garantice esa escuela pública y el incremento de la inversión en educación, vía presupuesto, hacia el 6% del PBI.
ü Agitar la plataforma básica del magisterio en lo remunerativo, especialmente los derechos ganados como el 30% de bonificación por preparación de clases y evaluación y el aumento de sueldos, señalando, en las condiciones actuales, que eso es lo que proponemos en el Ante‐Proyecto de Nueva Ley del Profesorado, elaborado sobre la base de la Ley 24029 y respetando los derechos adquiridos de los docentes incluidos en la Ley de CPM 29062.
ü Buscar un mayor posicionamiento mediático, procurando lograr y aprovechar espacios de los grandes medios de información nacional, los medios de información regional y local y haciendo uso intensivo de la redes sociales en la Internet. Incluye las asambleas masivas informativas, en el contexto de las vacaciones y los eventos orgánicos cuando se reinicien las clases.
ü El viernes 10 de agosto se debe desarrollar una JORNADA NACIONAL DE ESTUDIO Y ANÁLISIS del Proyecto de “Ley de Desarrollo Docente” en comparación con el Anteproyecto de Ley del SUTEP, en cada Comité Ejecutivo y Provincial ampliado a bases.
ü Desarrollar mecanismos de presión para que los resultados sean favorables al magisterio y a las posiciones progresistas, poniendo como eje las acciones de masas sin descuidar otros mecanismos, buscando aliados democráticos en educadores e intelectuales, parlamentarios especialmente desde delegaciones regionales.
ü LA CONFRONTACIÓN “DEFINITIVA”: Será en el momento del debate de la Ley en la Comisión de Educación en el Congreso y en el mismo Pleno del Congreso. En este momento, la forma principal de lucha tendrá que ser la acción directa de las masas, sin descartar la huelga indefinida ni otras formas de lucha que tienen que ser adecuadamente combinadas.
ü Ponemos a consideración de la asamblea para que las acciones de masas se reinicien con una MARCHA NACIONAL POR LA UNIDAD Y LA DIGNIFICACIÓN DEL MAGISTERIO NACIONAL en el transcurso de los próximos días de repudio a la Ley de  y por la discusión democrática de la Nueva Ley del Profesorado, anteproyecto del SUTEP.
ü Actuar con firmeza en la mesa de diálogo y establecer plazos cortos para el cumplimiento de los acuerdos a los que se arribe.
ü Convocar a una Convención Nacional Extraordinaria para el día 18 de agosto, a fin de tomar acuerdos sobre acciones contundentes a nivel nacional, asimismo recibir los acuerdos de las bases sobre el debate en la nueva ley del profesor.
ü Iniciar acciones legales contra los usurpadores del logo del SUTEP, ya que vienen utilizando este símbolo para difundir ideas violentistas que no forman parte de nuestra plataforma de lucha.

PROPUESTAS DEL SUTEP CONTENIDAS EN EL ANTEPROYECTO DE NUEVA LEY DEL PROFESORADO
1.       Una Nueva Ley del PROFESORADO, tiene que abordar integralmente el estatus del educador profesional. La situación actual no es esa. Existen dos leyes vigentes: La Ley 24029‐25212 que es lo más avanzado que pudo lograr el profesorado que precisamente tiene una visión integral, aunque el correr del tiempo y el desarrollo social muestre ahora algunas limitaciones suyas; y la Ley 29062 que, desde la unilateralidad, sólo se ocupa de la carrera del profesor, despreciando y/o ignorando todos los demás aspectos. La propuesta de Nueva Ley del Profesorado del SUTEP plantea la unificación de los regímenes en lo que corresponde a la formación del profesor, derechos y libertades, deberes, carrera profesional, evaluaciones, jornada laboral, estructura de sus remuneraciones, del cese y los derechos del profesor cesante, y de defensa del profesor que trabaja en el sector privado.
2.       FORMACIÓN INICIAL. Una Nueva Ley del Profesorado tiene que considerar la formación inicial y continua del educador profesional, sentando los lineamientos fundamentales para ese efecto. Una primera cuestión esencial es la responsabilidad del Estado como ente rector, promotor y regulador de la formación de los profesores.
Formación inicial debe brindarle al docente una formación científica, pedagógica, técnica y humanista para un desempeño profesional solvente, eficiente, ético y comprometido con su educando y la comunidad del país.
3.       La FORMACIÓN CONTINUA del maestro debe organizarse en torno a un Sistema Nacional de Formación Continua y Desarrollo del Magisterio estrechamente vinculado al Ministerio de Educación. No es suficiente un programa.
4.       La EVALUACIÓN. Se ha pretendido, y logrado debemos reconocerlo, construir una imagen del profesorado como reacio a la evaluación. Incluso se ha hablado de que “no hay una cultura de evaluación en el magisterio”. Nada más falso, el profesor por su formación pedagógica sabe que la evaluación abarca a los procesos educativos y a los sujetos de la educación. Por ende, comprende también al desempeño del profesor. Han sido los diferentes gobiernos neoliberales, desde Fujimori, quienes suprimieron la práctica de la evaluación de los maestros. Simple y llanamente porque congelaron las evaluaciones para el ascenso durante décadas. Y después, cuando las evaluaciones aparecieron fue en el marco de una guerra al profesorado que declaró el gobierno de Alan García.
La “evaluación” a la que se ha opuesto el profesorado es aquella que, dejando de lado los aspectos pedagógicos, fue utilizada contra el magisterio, con criterio punitivo. De lo anterior se deriva que la evaluación es y debe ser de naturaleza sistémica, permanente, formativa, reforzadora, pertinente y contextualizada. Las evaluaciones deben considerar, esencialmente, la práctica docente, el desempeño del profesor frente a los alumnos, la razón esencial de su profesión.
La evaluación del desempeño docente tiene que darse en la institución educativa con la participación de los directivos, colegas de mayor idoneidad académica y representantes del gremio de la base.
Y en caso de desempeño deficiente de un profesor, el Estado tiene la obligación de ofrecerle gratuitamente estudios de recalificación pedagógica, con una duración de por lo menos dos semestres, en instituciones formadoras de profesores. En caso de desaprobar esos estudios de recalificación, el profesor debe dejar temporalmente la responsabilidad de ejercer la docencia en aula. Deberá ser destacado a un cargo de apoyo administrativo o pedagógico, hasta que logre una certificación de haber recalificado para la enseñanza.
5.       La CARRERA PÚBLICA es un componente esencial del desarrollo y la realización del profesor del sector estatal. Norma los procesos de ingreso, promoción, y las evaluaciones correspondientes, establece las áreas del trabajo del Profesor.
La propuesta del SUTEP reitera la necesidad de los cinco niveles, los tiempos de permanencia mínima en cada nivel, los requisitos para el ascenso de nivel a nivel. La Carrera Pública del Profesor tiene que basarse en el principio de la confianza y respeto al trabajo pedagógico y al profesionalismo del profesor. Este principio está estrechamente correlacionado con el de la identidad vocacional de servicio a los educandos, de respeto y defensa de los derechos humanos en general, del niño y el adolescente en especial.
La finalidad esencial de la Carrera Pública tiene que ser la de valorar la función educativa y social del profesor, en cuanto educador profesional, promoviendo su desarrollo integral y garantizándole remuneraciones justas y adecuadas condiciones de trabajo.
6.       La JORNADA LABORAL ORDINARIA de los profesores al servicio de instituciones educativas públicas es de 24 horas pedagógicas. Cada hora pedagógica tiene 45 minutos. Por necesidades de la diversificación curricular, o propias de la modalidad, el nivel educativo, la especialidad, responsabilidad o disponibilidad de horas se puede incrementar el número de horas más allá de la jornada ordinaria.
En ese caso, cada hora adicional hasta 30 horas debe ser reconocida proporcionalmente en las remuneraciones. La jornada laboral de directivos y jerárquicos es de 40 horas pedagógicas semanales, y es objeto de reconocimiento económico adicional.
7.       La REMUNERACIÓN DE LOS PROFESORES es la forma pecuniaria del reconocimiento de la sociedad al trabajo del educador profesional, mediante el Estado y los diferentes gobiernos que lo administran. Es también el derecho de los trabajadores en la educación a que se les remunere de acuerdo a su elevada función social, garantizándole una vida digna que le permita tener no sólo decorosas condiciones materiales de vida a él y su familia, sino también el acceso mínimo a la actualización y perfeccionamiento, a la lectura y los medios informáticos para su autoformación y autodesarrollo intelectual.
Las remuneraciones del profesor tienen que ser estructuradas en tres conceptos integradores:
A. Remuneración de Carrera, correspondiente a una escala de acuerdo al nivel de carrera en la que esté ubicado, que debe tener un piso salarial que corresponda al profesor del Nivel I, equivalente al 60% de la Unidad Impositiva Tributaria que en la actualidad corresponde, en soles, al costo de la canasta familiar. Sobre esa base los docentes de los diferentes niveles superiores irían subiendo en su Remuneración de Carrera que iría, a su vez, aumentando proporcionalmente.
B. Remuneración íntegra, está constituida por la remuneración de carrera más las bonificaciones y asignaciones permanentes calculadas sobre la remuneración de carrera.
c) Remuneración efectiva, es aquella que percibe el profesor en cada mes, y está constituida por la remuneración íntegra, más las bonificaciones, asignaciones y gratificaciones no permanentes a las que tiene derecho el profesor. Es lo que familiarmente se llamaba “el sueldo total bruto” que, sin duda, varía de mes a mes y que se diferencia de profesor a profesor.
Estos son algunos de los aspectos contenidos en nuestra propuesta, que todos estamos obligados a conocerlos, y en este nuevo escenario, levantarlos hasta lo más alto para obligar al Congreso para el debate en el Congreso y en la opinión pública.

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