Debemos recordar que durante el gobierno de Alberto Fujimori desaparecieron alrededor de 6 mil millones de dólares ($6,000´000,000) sólo por motivo de las privatizaciones que se llevaron a cabo durante la década siniestra de 1990-2000. De este dinero sólo han sido recuperados 184 millones de dólares. Eso quiere decir que, sólo por motivo de las privatizaciones, el gobierno de Fujimori, debe a todos los peruanos más de 5,800 millones de dólares, ello sin contar los demás delitos.
Pero lo mas tenebroso en cifras que se estiman conservadoras, indican que fueron más o menos un millón los despedidos de sus puestos de empleo y lanzados a la desocupación sin ningún beneficio, con la finalidad de facilitarle al gobierno de la época la reorganización de las entidades estatales, creando esquemas tecnocráticos: direcciones, gerencias y asesorías remuneradas con lo que se dejaba de pagar a los que iban a la calle, y que hoy nuevamente se anuncia en la propuesta de Keiko Fujimori Higuchi, con la famosa tesis de la rebaja de los costos en las empresas.
La lista de muertos y heridos de esa aplanadora de decretos es larga (1990-2000). Manuel Cortez, secretario general de la Coordinadora Nacional de Despedidos (CGTP), señala conservadoramente que entre los años 1991 y 1998 se despidieron aproximadamente a cerca de 600,000 trabajadores (300 mil del sector público, 180 mil de la administración y unos 120 mil de las empresas, todo un récord en la historia laboral mundial.
Una de las primeras normas laborales del gobierno fujimorista se dio en enero del año 1991 cuando se publicó el Decreto Supremo 004-91 PCM –firmado por el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller, el cual se planteaba la reestructuración del Estado, porque argumentaban había mucha gente y se tenía que “racionalizar”, es decir, despedir. Hasta entonces los trabajadores solo podían ser despedidos por faltas graves.
El pretexto del gobierno era que el Estado se tenía que reducir para ser más eficiente porque los trabajadores públicos eran ‘comechados’ y se necesitaba contratar a personal especializado. Lo cierto es que el número de trabajadores nunca se modificó porque luego de que despidieron a los estables se contrató a otros bajo el régimen de contratos por servicios no personales. Ellos no tendrían derechos como vacaciones, aportaciones al sistema de pensiones o seguro médico”, como se mantiene hasta ahora en el 2,011 y que Keiko Fujimori proclama mantener.
El 28 de diciembre de 1992, el régimen dictatorial dictó el Decreto Ley Nº 26093, que instituía la evaluación semestral del personal estatal, disponiendo el cese de los que no aprobaban, incluyéndolos en causal de excedencia. Hoy en el 2,011 la famosa ley de la carrera pública magisterial, mantiene los mismos criterios, sin tener en cuenta la evaluación en aula.
Más adelante, además, el régimen dictó el DS 017-96-PCM, que señalaba que bajo ninguna de las modalidades de prestación de servicios en organismo públicos, podía admitirse a los despedidos del DL 26093, como si hubieran sido condenados al exilio perpetuo del sector estatal, por alguna causal que nadie nunca les explicó.
Hoy en el 2011, Jaime de Althaus, el famoso neoliberal del Canal “N” en Perú, sigue sosteniendo que no debe cuestionarse el modelo, sino la ineficiencia del Estado, para ello debe seguir achicándose, como por ejemplo sucede en las AFPs, donde un gerente gana mensualmente 120 mil soles, por administrar una plata que no es suya, sino de los trabajadores.
Trabajadores de cualquier nivel: profesional, administrativo o de servicios, eran sometidos a pruebas de conocimientos elaboradas en forma caprichosa para jalar a la mayoría y a partir de ello quedaban en condición de “inhabilitación”, que era como un baldón colgado en el pecho indicando que los habían desaprobado. Como testimonio de lo que pasó, están las listas de despedidos injustificados reconocidas en los últimos diez años (ya estamos por entrar a la quinta), que han representado un alto costo de indemnizaciones pagadas muchos años después del abuso.
Cuando Toledo prometió hace ya más de dos años y medio que de una u otra manera todos los trabajadores despedidos por Fujimori serían compensados por la injusticia de la que habían sido objeto, la Comisión Ejecutiva que se conformó para tal efecto (formada por miembros del Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y las Centrales Sindicales) recibió un total de 104.000 expedientes de personas que intentaban demostrar con documentación la improcedencia de sus despidos. Una cifra elevada que es no obstante tan sólo la décima parte de los aproximadamente millón peruanos que se estima fueron víctimas de los ceses colectivos del fujimorato.
De ellos algo más de 30.000, según los sindicatos, se encuentran en capacidad de acreditar fehacientemente el absurdo de sus ceses, aunque hasta la fecha el Ministerio de Trabajo tan sólo ha reconocido 28.004, recogidos en tres listados publicados desde 2002. Es decir, unos 270.000 peruanos, que terminaron con familias destruidas, sin seguro social, ni pensiones.
El abogado laboralista Carlos Blancas califica esos años como “una época muy nefasta para el derecho laboral”, pues se eliminó una serie de “derechos fundamentales de los trabajadores”. Entre ellos menciona la eliminación de la estabilidad laboral y la creación de la figura del despido arbitrario a través del Decreto Legislativo 728, lo que también perjudicó a los trabajadores privados. Ese decreto se consolidó el año 95 con la Ley 21513, que eliminó por completo todos los rezagos de la estabilidad.
“Esa figura permitió el despido de dirigentes laborales y el descabezamiento de los sindicatos. Al inicio del gobierno (1990) la tasa de sindicalización era de más de 20% y al terminar (2000) fue de 3% a 4%”, recuerda Blancas Bustamante.
No hay comentarios:
Publicar un comentario