Vicepresidenta de la República




POR: MARISOL ESPINOZA CRUZ
Al asumir el gobierno en Julio del 2011, sabíamos que la tarea no era fácil, la inclusión social propuesta en la campaña implicaba que el Estado debía servir como promotor no sólo del crecimiento, sino también de la inclusión y el  desarrollo.
Un punto central de esta inclusión y progreso social es el que corresponde a la resolución de los conflictos sociales heredados. Principalmente los medio ambientales, el primer paso fundamental en este camino fue la aprobación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa, Ley N° 29785, que resulta siendo una norma importante en el debate sobre el actuar de las empresas extractivas y su relación con la población, porque los problemas que afrontamos tienen también un componente histórico acuñado por la desconfianza de la población en el actuar de las empresas mineras, y una burocracia estatal con poco tino para atender estas demandas sociales.
El conflicto  socio ambiental en Cajamarca es una expresión de esta problemática que es necesario conocer en su magnitud, los hombres y mujeres de Cajamarca no son opuestos a la inversión y así se demuestra con el desarrollo de proyectos mineros que actualmente vienen siendo explotados en la región y que cuentan con licencia social por parte de la población, como es el caso de Gold Fields, Michiquillay entre otras.
Menos aún es la violencia una característica de los pobladores cajamarquinos, hay que resaltar el importante trabajo que realizaron las rondas campesinas en favor de nuestra pacificación que nunca permitieron que el terrorismo avanzara. Sin embargo hay que reconocer que el manejo de este conflicto social no ha generado estrategias por parte de Yanacocha que descansen en una capacidad constructiva. La inclusión social requiere de una gran capacidad de escuchar el punto de vista de todos para entender su problemática y proponer soluciones concertadas y lamentablemente esta empresa minera muy poco ha hecho para ganarse la confianza de los cajamarquinos.
El informe de la Defensoría del Pueblo señala que el 88% de los conflictos se desarrollan en provincias cuya población se encuentra mayoritariamente bajo la línea de pobreza; y el 73% ocurre en aéreas rurales.
Es por ello que las empresas que ingresan a invertir en nuestro país deben ser transparentes con la población, cumplir con sus compromisos sociales y remediar sus pasivos ambientales, para así ganar su confianza y no lamentar después situaciones como las que actualmente enfrenta la empresa Yanococha, que durante 20 años no ha sabido tener empatía con la población.
La tarea que ahora tienen Monseñor Miguel Cabrejos y el padre Gastón Garatea no es sencilla, sin embargo, estamos seguros que podrán ayudarnos a buscar un camino de solución a este conflicto, que permita el desarrollo de la inversión sin afectar la esperanza de la población y con respeto y cuidado del medio ambiente; el Perú necesita continuar con el crecimiento de su economía, pero para ello la relación entre el Estado y la inversión debe ser diferente, priorizando los intereses nacionales y no la soberbia que a veces muestran algunas empresas.
Juan Pablo II nos dejó un gran mensaje “que el diálogo… facilita la solución de conflictos y favorece el respeto a la vida. Por ello, el recurso a las armas para dirimir las controversias representa siempre una derrota de la razón y de la humanidad”.
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Publicado por ROMAIN para POR LA GRAN TRANSFORMACION NACIONALISTA el 7/08/2012 06:09:00 PM