Para: Ubaldo Tejada Guerrero "EL PENSIONISTA" utguerrero31@yahoo.es
TRAIDORES DISFRAZADOS DE PATRIOTAS
Los fujimoristas y apristas condenados a vivir todas las desgracias del neoliberalismo en bancarrota, llaman traidores a quienes defienden el Estado de derecho. El cinismo les chorrea como sudor de panadero soplando el horno. Las sabandijas tienen algo de camaleón. Hacen malabares con las palabras para pasar por puercos inocentones. Quieren aparecer como grandes patriotas, como los más enaltecidos defensores de los intereses nacionales cuando la realidad señala que son los entreguistas aparatosos que recogen, por debajo de la mesa, los millones de dólares por el remate de los recursos nacionales. Han convertido a la patria en una máquina de producción de riqueza para sus bolsillos. Hemos llegado a una etapa de desvergüenza nacional, han puesto al revés todos los valores de modo que con ínfulas de pavo real se exhiben como ciertas mujeres que en las iglesias pasan por las más honestas.
Cuentan con una banda de delincuentes, pagados o gratuitos, que se encargan de maquillarlos, de tergiversar los hechos, de acusar a otros de los crímenes que cometen sus patrones o jefes. Son los más agresivos y apegados a los delincuentes principales.
La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha dicho que el proyecto de ley 3552, del ejecutivo, que pretende obligar al Ministerio Público a depender del informe de un equipo técnico designado por el gobierno y conformado por militares y policías a fin de investigar sobre los crímenes que se cometan en las zonas de emergencia, es anticonstitucional y atenta contra la autonomía de su institución y afecta el proceso legal para el establecimiento de responsabilidades y culpabilidad en caso de crímenes que se perpetren en los lugares de emergencia. Y naturalmente también afecta directamente la autonomía de los poderes, en este caso del poder judicial.
Es que la tendencia fascista está desesperada por iniciar un baño de sangre en el país, terminar con las libertades democráticas y eliminar todo tipo de protesta. Es su manera de querer salvar la crisis del neoliberalismo en el Perú. Pero es solo parte del delirio de grandeza, de suponer que el Perú estará pronto entre los países más poderosos del mundo y que está entrabado su ascenso por el reclamo de más del 50% de pobres que seguirá aumentando en el curso de la rifa del Perú a las corporaciones corruptoras y con el despido de miles de trabajadores de sus centros de trabajo. No les es suficiente la ley de criminalización del movimiento social, ahora quieren una ley de impunidad que les permita, en primer lugar, extender las áreas de emergencia en el país; en segundo lugar, tener las manos libres para eliminar físicamente a los líderes opositores como ocurrió con el asesinato de Oropesa o de Pedro Willka.
Hay un sujeto que protesta y reclama airadamente del por qué los militares deben estar siempre sujetos al poder civil. Este sujeto es el tipo representativo de la mentalidad autoritaria y retrógrada que busca que prospere el autoritarismo nuevamente para salvaguardar intereses perversos de la oligarquía. Algo parecido plantea el premier Velásquez Quesquén quien ha dicho que así como los civiles juzgan a los civiles porque los militares no han de juzgar a los militares, es decir que se juzguen entre criminales, pues los militares institucionalistas estarán excluidos. O como el Ministro Rey Rey quien afirma que matar a alguien por los militares es un delito de función, es decir que en el supuesto caso de aprobarse la ley 3552 todos los asesinatos cometidos por policías y militares (exactamente como ocurrió con el fujimorismo) serían delitos de función y por lo tanto, juzgados exclusivamente por los tribunales militares dejando fuera al Ministerio Público cuya función es determinar y pedir sanción por los crímenes que se cometan en el país. Esto es un paso más hacia la barbarie.
Los civiles y militares (incluidos los policías) no es una separación de naturaleza jurídica institucional dentro del Estado de Derecho. Su función es la fuerza en defensa de la nación y en la observancia de la tranquilidad pública. Es una diferenciación establecida en relación con la profesión y sujetos al mandato de la ley. No son clases sociales ni mucho menos un poder autónomo dentro del Estado, están sujetos por mandato al poder civil y de acuerdo a la función de la defensa interna y externa de la patria. Esto es indiscutible, pues la constitución lo establece y lo delimita.
Algo más, recordemos que los militares gozan de todos los derechos civiles, incluso el de sufragio.
Los civiles, y no los militares, son la razón de la existencia del Estado de derecho. Sin civiles no hay Estado. La sociedad civil se organiza jurídicamente y establece su Estado para administrar los bienes comunes, el territorio, el patrimonio nacional, procurar el bienestar humano, la seguridad ciudadana, la defensa del territorio nacional, etc. En tal sentido, la ciudadanía establece una constitución a través de los mecanismos que le son propios o por la forma que decide organizar para aprobar la Constitución política.
Constitución proviene de constituir y ésta significa, establecer, erigir, fundar. Y esto es lo que hace la ciudadanía para vivir civilizadamente, funda un estado, lo constituye jurídicamente. La negación de este establecimiento jurídico es la barbarie. Y el fascismo o cualquier gobierno autoritario inventa mecanismos ilegales para constituirse de acuerdo a una “constitución” que inventan para suplantar la decisión ciudadana o apoyándose en la fuerza militar imponen un régimen violento, dictatorial que buscan legitimarse mediante la imposición de una falsa constitución y que no emana de la libre voluntad popular como ocurrió con la constitución fujimorista, la que este gobierno prometió derogar para restituir la de 1979; pero que prefiere gobernar con una constitución de orígenes dictatoriales que se basa en la política neoliberal.
Los traidores de la patria pretenden confundir a la ciudadanía para que se imponga el proyecto de ley de impunidad para los crímenes que cometan los militares contra los civiles.
Hasta ahora no han capturado un solo narcotraficante en la zona del VRAE, quienes son los que sustentan económicamente a los terroristas. Esto nos conduce a sospechar que hay intereses de sectores políticos en mantener aparte a los narcotraficantes, los protegen a cambio de suculentas cantidades de dinero. Sino cómo nos explicamos que los narcotraficantes cuenten con todos los insumos químicos, que no son pocas cantidades, hablamos de toneladas, para producir droga. Y estos insumos químicos son comercializados a vista y paciencia de las autoridades de la localidad. Y el problema del narcotráfico no es únicamente un asunto del VRAE, es también de otros lugares del país. Las grandes ciudades del país están inundadas de drogas que afecta a nuestra juventud y son la causa de los crímenes que de esto se derivan y que son muchos, de esto proviene el ajuste cuentas entre narcotraficantes.
Es el narcotráfico junto con la corrupción que establecen bandas mafiosas, constituidas desde el Estado por omisión o complicidad con el gobierno, los principales responsables de la tragedia del Perú. Son los que trafican por el aeropuerto o el puerto del callao con cientos de toneladas de droga. Lo mismo quieren hacer ahora con la droga a través del puerto de Paita que para eso lo han concesionado, para que todo quede en manos privadas y ocultada por el gobierno.
Seremos junto con Colombia los primeros productores de droga en el mundo. Nuestro prestigio ya no será Chan Chan ni Machu Picchu sino la droga y los narcoterroristas. Igualito que Colombia, con el auspicio de los gobiernos mafiosos.
Los fujimoristas y apristas condenados a vivir todas las desgracias del neoliberalismo en bancarrota, llaman traidores a quienes defienden el Estado de derecho. El cinismo les chorrea como sudor de panadero soplando el horno. Las sabandijas tienen algo de camaleón. Hacen malabares con las palabras para pasar por puercos inocentones. Quieren aparecer como grandes patriotas, como los más enaltecidos defensores de los intereses nacionales cuando la realidad señala que son los entreguistas aparatosos que recogen, por debajo de la mesa, los millones de dólares por el remate de los recursos nacionales. Han convertido a la patria en una máquina de producción de riqueza para sus bolsillos. Hemos llegado a una etapa de desvergüenza nacional, han puesto al revés todos los valores de modo que con ínfulas de pavo real se exhiben como ciertas mujeres que en las iglesias pasan por las más honestas.
Cuentan con una banda de delincuentes, pagados o gratuitos, que se encargan de maquillarlos, de tergiversar los hechos, de acusar a otros de los crímenes que cometen sus patrones o jefes. Son los más agresivos y apegados a los delincuentes principales.
La Fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha dicho que el proyecto de ley 3552, del ejecutivo, que pretende obligar al Ministerio Público a depender del informe de un equipo técnico designado por el gobierno y conformado por militares y policías a fin de investigar sobre los crímenes que se cometan en las zonas de emergencia, es anticonstitucional y atenta contra la autonomía de su institución y afecta el proceso legal para el establecimiento de responsabilidades y culpabilidad en caso de crímenes que se perpetren en los lugares de emergencia. Y naturalmente también afecta directamente la autonomía de los poderes, en este caso del poder judicial.
Es que la tendencia fascista está desesperada por iniciar un baño de sangre en el país, terminar con las libertades democráticas y eliminar todo tipo de protesta. Es su manera de querer salvar la crisis del neoliberalismo en el Perú. Pero es solo parte del delirio de grandeza, de suponer que el Perú estará pronto entre los países más poderosos del mundo y que está entrabado su ascenso por el reclamo de más del 50% de pobres que seguirá aumentando en el curso de la rifa del Perú a las corporaciones corruptoras y con el despido de miles de trabajadores de sus centros de trabajo. No les es suficiente la ley de criminalización del movimiento social, ahora quieren una ley de impunidad que les permita, en primer lugar, extender las áreas de emergencia en el país; en segundo lugar, tener las manos libres para eliminar físicamente a los líderes opositores como ocurrió con el asesinato de Oropesa o de Pedro Willka.
Hay un sujeto que protesta y reclama airadamente del por qué los militares deben estar siempre sujetos al poder civil. Este sujeto es el tipo representativo de la mentalidad autoritaria y retrógrada que busca que prospere el autoritarismo nuevamente para salvaguardar intereses perversos de la oligarquía. Algo parecido plantea el premier Velásquez Quesquén quien ha dicho que así como los civiles juzgan a los civiles porque los militares no han de juzgar a los militares, es decir que se juzguen entre criminales, pues los militares institucionalistas estarán excluidos. O como el Ministro Rey Rey quien afirma que matar a alguien por los militares es un delito de función, es decir que en el supuesto caso de aprobarse la ley 3552 todos los asesinatos cometidos por policías y militares (exactamente como ocurrió con el fujimorismo) serían delitos de función y por lo tanto, juzgados exclusivamente por los tribunales militares dejando fuera al Ministerio Público cuya función es determinar y pedir sanción por los crímenes que se cometan en el país. Esto es un paso más hacia la barbarie.
Los civiles y militares (incluidos los policías) no es una separación de naturaleza jurídica institucional dentro del Estado de Derecho. Su función es la fuerza en defensa de la nación y en la observancia de la tranquilidad pública. Es una diferenciación establecida en relación con la profesión y sujetos al mandato de la ley. No son clases sociales ni mucho menos un poder autónomo dentro del Estado, están sujetos por mandato al poder civil y de acuerdo a la función de la defensa interna y externa de la patria. Esto es indiscutible, pues la constitución lo establece y lo delimita.
Algo más, recordemos que los militares gozan de todos los derechos civiles, incluso el de sufragio.
Los civiles, y no los militares, son la razón de la existencia del Estado de derecho. Sin civiles no hay Estado. La sociedad civil se organiza jurídicamente y establece su Estado para administrar los bienes comunes, el territorio, el patrimonio nacional, procurar el bienestar humano, la seguridad ciudadana, la defensa del territorio nacional, etc. En tal sentido, la ciudadanía establece una constitución a través de los mecanismos que le son propios o por la forma que decide organizar para aprobar la Constitución política.
Constitución proviene de constituir y ésta significa, establecer, erigir, fundar. Y esto es lo que hace la ciudadanía para vivir civilizadamente, funda un estado, lo constituye jurídicamente. La negación de este establecimiento jurídico es la barbarie. Y el fascismo o cualquier gobierno autoritario inventa mecanismos ilegales para constituirse de acuerdo a una “constitución” que inventan para suplantar la decisión ciudadana o apoyándose en la fuerza militar imponen un régimen violento, dictatorial que buscan legitimarse mediante la imposición de una falsa constitución y que no emana de la libre voluntad popular como ocurrió con la constitución fujimorista, la que este gobierno prometió derogar para restituir la de 1979; pero que prefiere gobernar con una constitución de orígenes dictatoriales que se basa en la política neoliberal.
Los traidores de la patria pretenden confundir a la ciudadanía para que se imponga el proyecto de ley de impunidad para los crímenes que cometan los militares contra los civiles.
Hasta ahora no han capturado un solo narcotraficante en la zona del VRAE, quienes son los que sustentan económicamente a los terroristas. Esto nos conduce a sospechar que hay intereses de sectores políticos en mantener aparte a los narcotraficantes, los protegen a cambio de suculentas cantidades de dinero. Sino cómo nos explicamos que los narcotraficantes cuenten con todos los insumos químicos, que no son pocas cantidades, hablamos de toneladas, para producir droga. Y estos insumos químicos son comercializados a vista y paciencia de las autoridades de la localidad. Y el problema del narcotráfico no es únicamente un asunto del VRAE, es también de otros lugares del país. Las grandes ciudades del país están inundadas de drogas que afecta a nuestra juventud y son la causa de los crímenes que de esto se derivan y que son muchos, de esto proviene el ajuste cuentas entre narcotraficantes.
Es el narcotráfico junto con la corrupción que establecen bandas mafiosas, constituidas desde el Estado por omisión o complicidad con el gobierno, los principales responsables de la tragedia del Perú. Son los que trafican por el aeropuerto o el puerto del callao con cientos de toneladas de droga. Lo mismo quieren hacer ahora con la droga a través del puerto de Paita que para eso lo han concesionado, para que todo quede en manos privadas y ocultada por el gobierno.
Seremos junto con Colombia los primeros productores de droga en el mundo. Nuestro prestigio ya no será Chan Chan ni Machu Picchu sino la droga y los narcoterroristas. Igualito que Colombia, con el auspicio de los gobiernos mafiosos.
Trujillo, 11 de octubre del 2009
Salvador Mendoza Maquiavelo
Salvador Mendoza Maquiavelo
2020ny la impunidad del narcotrafico sigue
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