EL PROBLEMA PRIMARIO DEL PERÚ

¿ESTADOS PLURINACIONALES COMUNITARIOS?
Por: Fredy ALCA Rodríguez

“Hoy solo es posible empezar a plantear el problema indígena. Se resolverá en el futuro. Los puntos de partida de esa posible solución son dos: considerarlo como un problema económico - social y reconocer que serán los indígenas mismos los actores –gestores de esa solución. ……
(Problema primario del Perú. Mundial 1924, 9 de diciembre. Peruanicemos el Perú.
José Carlos Mariategui)

I

“La solución del problema indígena tiene que ser una solución social.
Sus realizadores deben ser los propios indígenas”
("7 Ensayos, edición 69, junio 2001, pagina 49, José Carlos Mariategui)

“El Perú es todavía una nacionalidad en formación”, señalaba Mariategui en 1924. Señalamos que este problema histórico no esta resuelto aun. “Drama que nace del pecado de la conquista. Del pecado original transmitido a la republica de querer constituir una sociedad y una economía peruana, sin el indígena y contra el indígena”. “El problema indígena en el Perú es fundamental. El indio es el cimiento de nuestra nacionalidad en formación”. De estos planteamientos de Mariategui han ya pasado 85 años han habido grandes cambios en la realidad nacional en especial en Lima la Capital , Hija de la conquista.
La actual propuesta de Estados plurinacionales comunitarios del CAOI (Coordinadora Andina De Organizaciones Indígenas) señala que: “ El estado plurinacional se construye desde la diversidad y el pluralismos de todos los pueblos indígenas y no indígenas que forma parte de su espacio territorial, terminando con el mito de una nación uniforme y homogénea con arreglo a un solo tipo de estado de derecho y de democracia formal” , donde el reconocimiento normativo pluricultural o multicultural donde conviven diversos pueblos y culturas si no también varias nacionalidades es la base de una ciudadanía intercultural, donde lo pluricultural es el transito de construir Estados Plurinacionales. Dicha propuesta aporta la aparición de tendencias políticas internas indígenas que tienden a regularse mediante la autodeterminación y el autogobierno gestionados mediante mecanismos de “integración en la pluralidad”.
“Los pueblos indígenas deben integrar también los componentes extraídos históricamente por el mestizaje y la cultura occidental”. Señalaba Mariategui en 1924. Esto incluye las formas de pensar y obtener conocimiento mediante la lengua española, que incluye el desarrollo cultural de sus componentes extraídos históricamente como en el campo de la cultura, el folklore y el saber. Así como el desarrollo de la forma de pensar la realidad y procesar el conocimiento mediante la lengua quechua y la lengua selvática mediante sus diferentes dialectos.
TESIS 1: “La tarea histórica es la integración de las diferentes nacionalidades de la costa, los andes y la selva, mediante el desarrollo viable del autogobierno y la autodeterminación comunal como la base fundamental de un nuevo estado plurinacional”

II

En el mito occidental que señala “que comerás pan con el sudor de la frente”, como si el trabajo fuera una maldición; difiere del mito incaico, donde el Inca obedece el mandato del sol de instruir a los hombres a vivir como runas., donde el trabajo era una bendición y una fiesta. De igual forma ocurre con las instituciones de gobierno, el estado republicano tiene ya reformulada 13 constituciones y más de 5 golpes de estado. “La cultura de corrupción” están insertan en todas las instancias de gobierno. Sus leyes se promulgan bajo imposición y el poder del estado es visto como botín de guerra en cada proceso electoral. El proceso de mestizaje en el Perú y en América latina ha concluido, señala Julio Durand Lazo, abriéndose una nueva apertura de “todas las sangres”. En esto las comunidades andinas, selváticas tienen un rol fundamental de construcción del nuevo estado.
Según Fernando Fuenzalida señala que: “La comunidad indígena peruana es un producto de la conquista. Si constitución implica la disrupción de un sistema más antiguo de relaciones campesinas y su reorientación hacia las nuevas metas impuestas por los gobernantes coloniales. La reducción o común de indios mas tarde llamada comunidad, fue la institución creada para satisfacer todo estos requerimiento” . Dicho planteamiento se le adhiere el planteamiento de que el runa andino, llamados “indios” por el Rey De Castilla, sometidos y sojuzgados se les llamo a “la republica de indios, en franca subordinación frente a la republica de españoles”. Los mestizos, negros fueron agregados bajo la categoría de clases dependiente y marginada. Estas dos republicas, una era dominante y explotadora, y la otra la dominada y explotada. En dicha estructura los runas (indígenas) ingresaban a la cultura española por las vías de: servidumbre y el mestizaje. -Waldemar Espinosa Soriano, La Sociedad Andina Colonial Y Republicana- .
De estas estructuras, el movimiento nacional criollo que se origino y movilizo en la época de la independencia no pudo tener el movimiento indígena a lado en el proceso de la independencia, porque ellos explotaban al indio en las minas, en las haciendas y en los obrajes. Esta división de clases es la causa social de por que se fracaso en la construcción de un proceso de integración de una Nueva Nación Peruana que integrar a todas las diferentes nacionalidades. Esta posición cambia cuando los mismos runas resuelven sus problemas derrotando a la oligarquía opresora, liberando a las diferentes nacionalidades oprimidas.
TESIS 2: “La causa histórica desde la independencia de por que somos una nación en formación recae en la división de de intereses de clase de los opresores y oprimidos indígena”
Aquí el concepto de la plurinacionalidad converge el proceso de la pluriculturalidad, desempeña internamente el concepto de la democracia pluralista u comunitaria, siendo una de las condiciones básicas de construir el nuevo estado desde las comunidades de base en su propio autogobierno y autodeterminación. (CAOI, Estados Plurinacionales Comunitarios, Miguel Palacin Quispe, 2008).

20530: CIDH LO DECLARÓ INADMISIBLE

Procuradora Supranacional destaca que pronunciamiento permitirá al Estado ahorrar cerca de US$ 6 mil millones 19:36 CIDH declaró inadmisible pedido contra reforma de la Ley 20530

Procuradora Pública Especializada Supranacional: Delia Muñoz. ANDINA/Rafael Cornejo.
Lima, may. 29 (ANDINA).

La Procuradora Supranacional, Delia Muñoz, informó que el Estado peruano ganó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso del régimen pensionario de la Ley 20530, pues se declaró inadmisible una petición para cuestionar la reforma constitucional iniciada sobre el tema.
“Este es el caso más importante que tenía el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto la contingencia económica ascendía a 5,850 millones de dólares”, señaló Muñoz de acuerdo a información del Ministerio de Justicia.
La procuradora añadió que la Comisión reconoce que el Estado peruano puede establecer restricciones y limitaciones a los montos pensionarios, teniendo en consideración un fin legítimo de protección a la sociedad en general.
“Señala que el desarrollo progresivo de los derechos económicos y sociales es una pauta que debe ser interpretada y aplicada por cada Estado en función al análisis y la utilización de recursos de cada país y teniendo en consideración los recursos legislativos apropiados para realizar una modificación regresiva”, agregó.
Añadió que de acuerdo al pronunciamiento de la CIDH, los peticionarios recibieron acceso a todos los recursos impugnativos son limitación.
Por ello, recordó que el Tribunal Constitucional declaró infundada la acción de constitucionalidad.
Es decir, indicó, con este pronunciamiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convalida el accionar del Estado peruano al realizar su proceso de reforma constitucional.
“Con esto, se permitirá que, de ahora en adelante, se pueda implementar la reforma del Estado y establecer los mecanismos adecuados para implementar la carrera del servicio público”, concluyó.
Los pensionistas adscritos al régimen de las Ley 20530 o “cédula viva” tenían el privilegio de que sus pensiones se ajustaban automáticamente de acuerdo a los aumentos que recibían los funcionarios públicos en actividad.
En noviembre del año 2004, el Congreso reformó este sistema a través de una reforma constitucional.
Los pensionistas que se consideraron afectados por la medida llevaron el caso ante el Tribunal Constitucional.
Este colegiado se pronunció en junio del 2005 declarando infundada la demanda de los pensionistas y estableció que la modificación constitucional respetó los procedimientos constitucionales.
Por ello, un grupo de pensionistas decidió poner este caso en consideración de la CIDH.

PERÚ: NUEVOS ESCENARIOS Y ALTERNATIVAS

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO utguerrero31@gmail.com
Analista Global.
El siglo XXI encuentra al Perú con NUEVOS ESCENARIOS, con pérdida de influencia de los partidos políticos que no se puede atribuir únicamente a sus errores de estrategia, sino a la falta de comprensión de que a partir de los 80´ en el Perú, se encuentran en fase de desmovilización y decadencia algunos escenarios desde los cuales podían plantearse la articulación entre sociedad y política, solamente así se comprende que el orador central del 1º de mayo 2009 de la CGTP, haya sido Alberto Pizango Chota, el líder amazónico, demostrando la sentencia de Carlos Marx de que “…cada paso en el movimiento real vale mas que una docena de programas”, lo cierto es que para la casta política limeña neoliberal no ha pasado por su práctica un mundo caracterizado por la aceleración y el cambio, que los lleva a confundir sus deseos con la realidad, a obedecer ciegamente a los dictados imperiales de Washington y su neoliberalismo fracasado.
Las elecciones internas del partido aprista en la región La Libertad el 24/05/09 son parte de esta crisis, por ello Miriam Pilco, la Secretaria General de esa organización y candidata derrotada señala: “Por ejemplo en cada provincia tuvo que haber un tribunal electoral, pero no lo hubo, porque todo ha estado digitado desde Lima….de otro lado, en la sierra prácticamente no ha habido elecciones, pues la asistencia de votantes ha sido insignificante” (“Satélite” –Trujillo-Perú-25/05/09). Este hecho es muy importante para analizar el futuro del APRA, porque sólo en La Libertad, de aproximadamente 60,000 electores, la cúpula limeña reconoció a 42,000, de los cuales sólo votaron 7,000, dejando de votar 35,000. Este fenómeno fue general en todo el Perú. A la eterna cúpula limeña del partido aprista de Alan García, habría que recordarle las palabras de uno de sus mas importantes líderes obreros: Manuel Arévalo: “…hay que destruir para edificar, eso es revolución”-por ello-“…el destino le había designado una gran misión en esta vida para la posteridad: luchar hasta morir, sacrificado en defensa de los derechos y la libertad del pueblo” (“Historia de las luchas sindicales en el Valle Chicama”-Joaquin Diaz Ahumada). ¿Las bases del APRA en el Perú recuperaran su anti-imperialismo?
El movimiento sindical organizado, su base de reclutamiento y con ella de renovación de dirigentes resulta cada vez mas reducida en el Perú. El 05/04/92, el gobierno de Fujimori los destruyó en dictadura, privatizó el Estado, y despidió masivamente mediante ceses colectivo; dando como resultado que los gremios de obreros perdieron importancia ante la de los empleados y ambos resultan afectados por la extensión de las actividades informales que hoy bordean casi el 72% de la PEA. (¿Y el crecimiento?).
Las izquierdas, con el advenimiento de la democracia en 1980, dejan de moverse en el escenario de los movimientos sociales y los gremios; y se integran a la institucionalidad vigente contrayendo nuevas obligaciones; entre ellos la de presentar demandas, realizar gestiones realizadas por la población, discutir proyectos de ley, sin por ello renunciar a su discurso radical, pero el problema el 2009 subsiste: caudillos vitalicios, cacicazgos; en fin demasiados partidos con dueño y jefe indiscutible que han llevado a la esclerosis partidaria, sin comprenden que la dialéctica es real y no acepta caudillos eternos.
NUEVAS ALTERNATIVAS es reconocer que estamos frente a un desborde popular con una multiplicidad de demandas insatisfechas, en ello la convocatoria de movilización nacional de la CGTP para el 27/05/09 es un hito importante siempre y cuando introduzca en la conciencia el Plan Anticrisis del pueblo peruano y el reconocimiento de nuevos liderazgos políticos regionales en una plataforma muy amplia que exprese las necesidades de sectores del ande y la selva., frente al cual los partidos de izquierda, nacionalistas, y progresistas; sólo tienen dos opciones: fortalecen sus partidos ligándose al movimiento popular o se crean nuevas organizaciones que hagan realidad: una nueva democracia participativa y directa, un Estado nacional moralmente regenerado, una clase política que no ponga los intereses populares en la mesa de negociaciones para cupos en cargos; una verdadera concertación de esfuerzos que proteja el medio ambiente, atienda prioritariamente la educación, la ciencia y la tecnología en el proceso de integración de Latinoamérica y del Caribe soberano para insertarnos con éxito en el mundo.

PLAN ANTICRISIS DE LOS TRABAJADORES-CGTP

1.- Presentación
La Confederación General de Trabajadores del Perú realizó en el mes de
noviembre último un seminario para analizar las consecuencias de la crisis
mundial. Las conclusiones a las que arribamos fueron de carácter público y
han sido luego discutidas y sistematizadas por nuestro Secretariado Ejecutivo
para formular una propuesta que enfrente la crisis.
Los delegados al Consejo Nacional del Trabajo, han formulado con esos
lineamientos una versión más detallada específicamente para el sector
trabajo, esta sigue en debate, su continuación está condicionada, por
acuerdo de las cuatro centrales, al resultado de la discusión del salario
mínimo.
Entre los meses de febrero y marzo hemos enriquecido sustancialmente
nuestros puntos de vista con la participación de los economistas del mundo
del trabajo convocados por la CGTP. A ella se han sumado expertos
laboralistas que han revisando el plan para dar mayor sustento legal a lo
discutido. Los enfoques e informaciones que hemos recogido de los
documentos y opiniones de los técnicos de la OIT han sido de gran utilidad, a
todos ellos nuestro reconocimiento.
La propuesta aquí plasmada, difiere de la lógica que postula simplemente
dejar que “el mercado se regule solo”. Ciertamente está en discusión la
relación Estado – Mercado. La crisis ha puesto al descubierto que el
paradigma que privilegia a las exportaciones en desmedro del mercado
interno, idea que parte del falso supuesto que el mercado mundial es infinito
ha fracasado. Hay que volver a discutir la relación entre mercado internoexterno.
La experiencia señala que a mayor mercado interno, mejor es la
situación para enfrentar la crisis.
2.- El escenario previsible
El debate entre los analistas sobre los escenarios futuros, podemos
concentrarlo en dos posiciones, aunque ambas coinciden en que el Perú se
verá afectado, las diferencias radican en los sectores que van a sufrir mas
severamente los efectos de la recesión mundial. Las distintas visiones se
explican en que cada una tiene diferentes valoraciones del grado de
inserción de nuestra estructura financiera y productiva en el mercado
mundial.
De otra parte, no hay seguridad en los planes de salvataje en los países
desarrollados. Que estos funcionen depende, también de un factor
psicológico, si la crisis se prolonga demasiado, habrá también crisis de
confianza y por reacción natural, los agentes lejos de gastar o invertir van a
preferir acumular, ahorrar y si este efecto se mantiene en los agentes
financieros el ahorro no se convertirá en inversión.
En el caso de nuestro país, hace falta saber hasta dónde se seguirá
ajustando la proyección del PBI, ahora el crecimiento previsto es de 5% ello
es relevante para saber si un paquete impulsar la economía, con las
cantidades anunciadas, es suficiente o no. Los sectores productivos han
reportado sus proyecciones de inversión para el próximo año, no existe
mayor información sobre sus planes de contingencia en caso que se agudice
la crisis.
Según los reportes de las autoridades económicas peruanas hoy se registra
en el país una caída de la demanda interna, especialmente del consumo
privado y del ingreso de divisas por reducción de las exportaciones
especialmente textiles, y por el incremento de las importaciones, simultáneo
a una caída del PBI en los sectores de la minería metálica y no metálica,
manufactura fabril de recursos no primarios, agroindustria, comercio y
servicios, lo que proyecta una caída del PBI a niveles inferiores al registrado
en el 2008 y un deterioro en los términos de intercambio o balanza comercial.
Si esto llega a suceder, a pesar de las fortalezas que tenemos en el Perú por
las divisas acumuladas, estas pueden resultar insuficientes. Mientras tanto,
existe incertidumbre sobre el curso que siga el tipo de cambio, por cuanto
este puede resultar una restricción para los planes de crecimiento.
Las AFP han caído sin ningún control. El apoyo del Estado permite un grado
de concertación enorme. Hay que poner atención en este tema ya que los
que están próximos a la jubilación no recuperarán sus fondos.
Se ha puesto a la vez en evidencia en nuestro país un encarecimiento de las
líneas de crédito comercial e hipotecario y mayores restricciones para sus
colocaciones, aunque no de liquidez, que afecta el desarrollo de una
política expansiva de la inversión privada, acentuada además por las
restricciones de línea de crédito del exterior. El BCR ha reaccionado con una
rebaja de la tasa de referencia en 0.25 %
Según los últimos reportes la inflación anualizada supera casi en el triple las
proyecciones fijadas por las autoridades fiscales. Es más, todo indica que la
inflación sufrida meses atrás se estabiliza hacia arriba, la renuencia de los que
controlan ciertos precios como los alimentos elaborados hacen perder
capacidad de compra a la población en general, siendo las madres de
familia y sobre todo las mujeres jefas de hogar quienes tienen que lidiar con
esta situación.
Ya se registra una reducción de los ingresos corrientes especialmente
tributarios a favor del Gobierno Central, es previsible una desaceleración de
la recaudación especialmente del Impuesto a la Renta (-19.5 % en febrero)y
del Impuesto General a las Ventas a causa del decrecimiento del PBI y de las
utilidades, al mismo tiempo que un incremento en la morosidad
especialmente de los medianos y pequeños contribuyentes.
El crecimiento del empleo, que llegó a 10% en junio ha sido lo más novedoso
de esta década. Un crecimiento del empleo durante 80 meses, es nuevo.
Tomar en cuenta este antecedente es relevante ya que, siendo un hecho,
una inminente desaceleración de la economía en el país, es previsible que
esta se extienda sobre los otros precios de la economía. Para apreciar el
impacto que tendrá la crisis sobre el empleo y los salarios hay que tener en
cuenta que en las empresas agroindustriales ya despidieron a miles
trabajadores. También se registran alrededor de 8 mil despidos en la minería y
la tendencia es similar en la industria textil que ya contabiliza más de 20 mil
trabajadores en paro.
Como se puede apreciar hay más de un sector afectado que es intensivo en
mano de obra y que provee de empleo de manera equitativa a varones y
mujeres, por lo que un enfoque de género en las soluciones es
imprescindible.
3.- Nuestra apreciación sobre los planes del gobierno para encarar la crisis.
Como se puede apreciar no compartimos el escenario triunfalista de quienes
minimizan los efectos de la situación ya que los vaticinios han ido reduciendo
sus expectativas. Como se recordará al inicio de la crisis el presidente García
proyectaba un crecimiento entre el 6.8 y 7 %; en las últimas semanas esos
augurios optimistas han ido decreciendo; hoy el ministro Carranza calcula
llegar a un crecimiento del 5%. Este insólito realismo va a la par con las cifras
replanteadas por la CEPAL y el FMI para América latina, región en la cual, si
bien el único país con crecimiento negativo es México, no se crecerá a los
niveles anteriormente previstos sino entre 1.9 y 2.8 % en promedio. En general
todas las regiones siguen reajustando sus previsiones a la baja y cada vez son
más alarmantes las noticias acerca de las pérdidas de empleo en las
regiones del primer mundo.
Por ello, aun cuando coincidimos con el gobierno en la necesidad de un
plan que mantenga los mayores niveles de crecimiento, tenemos una
posición de crítica al “plan anti-crisis” ya que este, debería contar con un
cronograma que recupere los meses que se demoró en ser presentado, De
otra parte es necesario precisar cifras porque de los 10.032 millones de soles
anunciados, al menos el 40% ya estaba programado presupuestalmente. El
plan puede resultar inequitativo porque mayoritariamente se concentra en
inversiones públicas orientadas a grandes empresas y en mejorar las
condiciones de este sector, prestando poca atención a la agricultura y las
MYPES, donde trabajan la mayoría de peruanos, igualmente por no atender
el empleo y los salarios, y mantener un gasto social reducido. Finalmente urge
eliminar los riesgos que agravarán el desequilibrio externo.

LA PROPUESTA DE LOS TRABAJADORES
1.- Objetivos
Nuestra propuesta va dirigida esencialmente a proteger a los sectores más
pobres y desprotegidos del país, evitando el aumento en las cifras de
pobreza y mejorar las redes de protección social, la educación y la salud.
La defensa del empleo y los salarios, es también un objetivo fundamental, así
como el aumento del gasto social. Esta debe ser una política efectiva
destinada a evitar una recesión económica y dar apoyo a los pobres,
hombres y mujeres, golpeados por la crisis. Ello debe propiciar la
concurrencia de todos los peruanos en el esfuerzo común de enfrentar la
crisis y evitar que los conflictos sociales se multipliquen y agudicen, poniendo
en riesgo la gobernabilidad y la inversión.
2.- Política social
Dos tipos de programas sociales son necesarios. En aquellas zonas donde se
están perdiendo empleos masivamente, proponemos programas que
combinen la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la
mejora de la infraestructura pública, mediante la construcción y mejora de
caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud pueden
generar cientos o miles de empleos temporales.
Por otro lado, para campesinos y ganaderos, un empleo temporal no es la
mejor solución: ellos no pueden descuidar sus cultivos y sus animales. En estos
casos proponemos programas de transferencias en dinero, el Programa
Juntos puede ser más efectivo. En los distritos rurales golpeados por la crisis
donde no hay Juntos, debería establecerse con prontitud. Donde ya existe y
hay ganaderos afectados, el programa podría ampliarse temporalmente
para las familias sin hijos. De esta manera, se evita que estas familias pobres
se vean obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto
esfuerzo han juntado, o que los niños sean sacados del colegio para trabajar.
En aplicación de estas alternativas la experiencia ha demostrado que las
mujeres son más eficaces en la administración de ingresos.
La salud y la seguridad social para los ancianos, que son políticas sociales
que debieran ser permanentes, ahora se vuelven más necesarias. Las familias
que ya en tiempos normales requieren hacer un gran esfuerzo para comprar
sus medicinas, están mucho más en riesgo cuando hay desempleo. Si hay un
año en el cual la seguridad social, en salud y pensiones, debería reforzarse,
es precisamente éste, el 2009. Hacer realidad un aseguramiento universal en
salud que brinde buena atención de manera gratuita y dar pensiones a los
ancianos pobres con dinero del estado, son dos buenas alternativas.
Proponemos que se estudie como promover pensiones a los ancianos que no
perciben ingresos, retribuir los fondos de FONAVI, retribuir a los beneficiarios
de la cuarta lista de despedidos, estas son medidas que van en la dirección
correcta, así como mayor impulso al plan de reconstrucción a la zona sur
afectada por el terremoto.
3.- Política Fiscal
No obstante el drástico ajuste efectuado al Presupuesto de la República
2009, las recientes medidas dispuestas por el Gobierno para acelerar la
inversión y el gasto público mediante la asignación de 10,032 millones de
soles con énfasis en obras de infraestructura y con recursos adicionales del
Tesoro, no garantizan por si solo su realización debido a la dispersión
administrativa, a las barreras de contratación existentes y poca capacidad
gerencial del Estado para la ejecución.
Si tenemos en cuenta que la inversión pública justifica aproximadamente el
20 % del PBI, no está claro que su impacto alcance para dinamizar toda la
economía. Por ello, requerimos aumentar de manera real el gasto público en
infraestructura, pequeñas obras con empleo temporal y gasto social del
orden del 2% del PBI (US$ 2,500 millones) en el 2009. De esta manera se
mantendría la demanda interna, se promovería el desarrollo y se protegería a
los más pobres. Mantener la demanda interna es fundamental para que las
empresas puedan seguir vendiendo y de esa manera dar empleo, y para
mantener el mercado para las MYPES y agricultores.
Es importante que la política tributaria asegure la financiación del Estado
para el plan, poniendo énfasis en los impuestos directos. Equilibrar los ingresos
tributarios en un sentido redistributivo y reactivador, reduciendo los impuestos
y aportes al fondo de estabilización de los combustibles (con lo que se
reducen los precios de los combustibles).
La reducción de impuestos y precios de los combustibles devolverá ingresos a
las familias y a las empresas, aumentando la demanda y la competitividad,
ayudando a abatir la inflación. Establecer también un impuesto
extraordinario al patrimonio de las empresas mineras, como forma de captar
ingresos de este sector que obtuvo ingresos extraordinarios los años
anteriores. Esto, junto a los impuestos extraordinarios, permitirá amenguar la
fuerte reducción en los ingresos tributarios que provocará la crisis.
4.- Política monetaria y cambiaria
Mantener la política orientada a evitar una reducción del crédito
proveyendo de liquidez a los bancos. Si resultara necesario un apoyo de
capital (patrimonio) de los bancos, otorgarlo a condición de una
participación estatal en su accionariado y directorio. Establecer programas
especiales para dar crédito al agro y las MYPES, y para refinanciar a quienes
lo necesiten, buscando una reducción de los intereses a estos sectores.
Establecer un programa especial para ampliar los créditos hipotecarios a
sectores de bajos y medios ingresos, para reconvertir los créditos existentes
de dólares a soles, y para evitar un alza de tasas de interés en el sector
construcción.
Mantener el régimen de flotación sucia del tipo de cambio, pero tener una
política de mayor resguardo de las Reservas Internacionales, por lo que de
ser necesario se deberá permitir un aumento paulatino y moderado del tipo
de cambio, aumentando así la competitividad de la producción nacional y
apoyando el equilibrio en el sector externo.
5.- Defender la producción nacional para dinamizar el mercado interno
Este es un aspecto capital y más si dentro de él de manera especial incluimos
la producción agropecuaria nativa para lograr mejoras en nuestros
productores del campo, en ese sentido asegurar el gasto en las regiones y
promover la descentralización merece un plan especial. Junto a ello
defender el empleo y los salarios debe ser una prioridad ante la crisis.
Así mismo, debido a que no hay estudios reales sobre el impacto de los TLC
que se están negociando ni de su conveniencia, estos tratados deben ser
suspendidos. El aumento de aranceles servirá para proteger el mercado
interno para la industria y agricultura nacionales.
6.- La imprescindible atención al sector externo.
Ya que no podemos controlar los precios de nuestras exportaciones, hay que
adoptar políticas que frenen importaciones. Los mecanismos a mano no son
muchos: Subir Aranceles, lograr tipo de cambio más real, frenar salidas de
divisas como es el caso de las inversiones de AFP. Además habrá que tomar
en cuenta los impactos que tendrá un plan de esta naturaleza en el sector
externo, ello exige una coordinación eficiente con el BCR.
En resumen son cinco ejes de aplicación simultánea y con un enfoque de
género los que guían nuestra propuesta:
· Elevar de manera racional el gasto público y por ello es de suma
importancia conocer la información desagregada del PIB.
· Necesidad de defender la producción nacional para el mercado
interno.
· Defender el empleo y aumentar el salario para dinamizar la demanda
de acuerdo a la información desagregada del PIB, la inflación y
valores de la canasta desagregados. Así sabremos dónde hay
problemas de empleo e ingresos y focalizar el apoyo.
· Trabajo digno con fomento al ejercicio de la libertad sindical, en el
cual fomentar la Negociación Colectiva como el factor que evite
conflictos es de gran necesidad. Así mismo la Reforma del sistema de
pensiones para dignificar a los pensionistas
· Política equilibrada del sector externo.

PROPUESTAS CONCRETAS
1.- Fortalecer la economía
a).- Impulsar los Programas Sociales intensivos en empleo con enfoque de
presupuesto por resultados.
La herramienta que el gobierno tiene más a la mano para enfrentar este
problema son programas de empleo temporal. “Construyendo Perú”, que
comenzó como “A Trabajar” en el gobierno anterior, puede ampliar
rápidamente su cobertura. El gasto público es una medida efectiva para
este fin, siempre y cuando esté dirigido de preferencia, no al gran mega
proyecto que en la mayor parte de los casos son de larga maduración, sino
a los pequeños que den resultados inmediatos. Este gasto público adicional
deberá aplicarse principalmente de manera descentralizada, mediante los
gobiernos regionales y los municipios en un 80%, con atención a compensar
las regiones más afectadas por la crisis y por la pérdida del canon.
Estos programas, pueden generar cientos de miles de empleos en pocos
meses en las zonas de mayor despido, en algunos departamentos mineros y
agroindustriales y rehabilitar o construir caminos, colegios o áreas verdes. Son
flexibles para ampliarse o reducirse de acuerdo a las necesidades regionales.
Han funcionado bien en el gobierno anterior. Además, son un mecanismo
efectivo para aumentar la demanda interna y servir así como empuje
contracíclico, porque usan sobretodo insumos nacionales (cemento, palas,
picos, etc.) y porque dan ingresos a familias pobres que tienen un consumo
básico de productos nacionales.
b).- Elevar el Presupuesto Público 2009.
Para tal fin planteamos aprobar, mediante Ley, los créditos suplementarios
para impulsar nuevos Programas Sociales intensivas en empleo,
especialmente productivos, con enfoque del Presupuesto por Resultados y
con énfasis en sus programas y ejes estratégicos en los ámbitos de Vivienda y
Construcción, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del
Empleo, Mujer y Desarrollo Social, Agricultura, Produce, y de los Gobiernos
Regionales y Locales a través del FONIPREL. Coordinar y articular su ejecución
a través de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAF) y la Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
2.-Proteger el empleo con trabajo digno
a).- El Ministerio de Trabajo deberá fiscalizar activamente el cumplimiento de
las obligaciones laborales de las empresas. Se deben impedir los despidos
injustificados y la explotación del trabajo infantil.
Para ello, deberá contratar más inspectores y trabajar en estrecha
vinculación a los sindicatos y centrales sindicales. Derogar el DL 1086 que
permite a las empresas medianas dejar de pagar 2 sueldos anuales en
beneficios laborales a sus trabajadores. Esta primera medida debe ayudar
también a identificar dónde está el mayor impacto del desempleo.
Proponemos trabajar en tres niveles, el primero: La gran empresa intensiva en
empleo: textiles, minería y agroindustria concretamente. En estos sectores se
ha planteado reconversión y reestructuración empresarial. Sin embargo, no
se puede abusar de la reconversión ya que esta es para el cambio definitivo
y no para lo temporal, porque de lo contrario cuando se reactive la
demanda original no habrá trabajadores. De otra parte, es fácil identificar el
segmento que creció y empresas que van a caer para no abusar de la
reestructuración.
Las actividades de construcción pueden ayudar a regiones como Ica en la
que llegaron emigrantes de Ayacucho y Huancavelica, que ahora se verán
afectados.
Un segundo nivel debe atender lo que acontece con las pequeñas empresas
que trabajaban con las grandes, estás si entrarán en reestructuración
empresarial.
El tercer nivel: comprende a trabajadores independientes que están
alrededor de las empresas mencionadas y que son los más vulnerables. A
ellos debería dirigir el Estado demanda de sus servicios. Construyendo Perú es
un buen programa para aplicar en este nivel, aunque tiene una limitación:
sólo está en construcción y no en servicios. Por esta razón mientras se
conciben actividades y planes que incluyan servicios, proponemos un
seguro de desempleo temporal como existe en otros lugares de América.
b).- Crear el Programa Nacional de Reconversión Laboral
Aprobar la creación de un Programa Nacional de Reconversión Laboral en el
Sector del Trabajo y Promoción del Empleo, con recursos del Fondo de
Estabilización Fiscal, eventualmente de FONDOEMPLEO y la cooperación
internacional, dirigido a trabajadores cesados por efecto de la crisis y
orientado a su readaptación y colocación en nuevos puestos de trabajo.
Conformar a su interior un órgano de gestión con participación de las
organizaciones de empleadores y trabajadores.
3.- Elevar los ingresos, los salarios y la productividad desde la empresa
a).- Impulsar una Política de Fomento de la Productividad y el Trabajo
Decente en las empresas
A través de un decreto supremo impulsar una Política Pública de Fomento de
la Productividad y el Trabajo Decente orientado al uso más intenso de los
mecanismos de negociación colectiva en las empresas, a fin de promover la
productividad, contrarrestar la reducción del empleo, proteger el salario
propiciando su crecimiento en consonancia con el crecimiento de la
productividad y para garantizar la libertad sindical, teniendo como promotor
activo de esta Política al Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del
Empleo CNTPE.
b).- Aumentar el salario para dinamizar el mercado interno
Otro de los factores de importancia en la política contracíclica es el salario.
De los 14 millones de PEA, solo 4 millones son asalariados. El resto son
autoempleados. Ahora, la gran masa vive de lo que les venden a los
asalariados, por lo tanto, la mejora salarial es la mejor forma de transmitir
ingresos a los campesinos y a los informales. La disminución de la producción
y los despidos se produce fundamentalmente por falta de demanda, y
aumentar el salario mínimo puede ayudar a recuperar la demanda.
Se ha dicho que el Perú es el país mejor preparado para resistir esta crisis
económica mundial que golpea a todos los países de la región, pues bien,
Colombia, Brasil y Bolivia entre otros, están acordando aumentos a sus
trabajadores en mayor o menor proporción, el nuestro no tiene porque ser la
excepción más aún cuando en el marco macroeconómico multianual y
diversos agentes del gobierno han señalado que nuestro crecimiento en el
2008 (mayor al del 2007) ha ido acompañado de una importante subida de
la productividad. Dignificar a los servidores públicos de bajos sueldos debería
ser una preocupación esencial.
El alza de salarios no tiene porque representar una pérdida de
competitividad de la industria nacional, si va acompañada de un aumento
en el tipo de cambio, el drawback y los aranceles (los dos primeros ya se
vienen produciendo). Por ello, en lo inmediato hay que aprobar mediante
decreto supremo el incremento de la remuneración mínima vital para
contener el atraso inflacionario, en aplicación de la Cláusula Gatillo, de
acuerdo a la propuesta aprobada por el Comité Especial de Productividad
del CNTP y proyectarnos a alcanzar el valor de la canasta básica. Este es el
factor clave para la elevación de la demanda.
c).- Un programa especial de protección del empleo
Puede incluir la suscripción de acuerdos tripartitos por rama, con empresas y
trabajadores en sectores afectados por la crisis, mediante los cuales por un
plazo de un año el Estado pague las contribuciones a la seguridad social
correspondientes hasta el salario mínimo, a condición de que no se reduzca
el empleo, los salarios ni los beneficios laborales.
d).- Promover incentivos tributarios para la capacitación laboral e innovación
tecnológica en la empresa
Aprobar una Ley para el reconocimiento como gasto y/o costo deducible
del Impuesto a la Renta, de los gastos efectuados para la capacitación
laboral e innovación tecnológica en la empresa orientada a elevar la
productividad empresarial, de acuerdo a los límites de reconocimiento de
gasto, de planillas y de ventas aprobada por el Comité Especial de
Productividad del CNTPE.

4.- Elevar la productividad en el agro y la soberanía alimentaria
a).- Impulsar una Política Concertada para elevar la Productividad en el
Agro.
Orientada a impulsar la inversión pública y privada en infraestructura rural,
sistemas de riego, caminos rurales y energía, y en proyectos sostenibles
alimentarios, con participación de las organizaciones de productores, de
Agroexportadoras y trabajadores agrícolas. Medidas específicas para el agro
deben ser el restablecer franjas de precios y sobretasas de salvaguarda ante
las importaciones subsidiadas en EEUU y en Europa, para lo cual el TLC debe
suspenderse. En este contexto el papel de INDECOPI para frenar los abusos
de las posiciones dominantes de mercado resulta de urgencia.
Como sucedía hasta hace poco con la urea, aun quedan otros insumos
agropecuarios que han mantenido altos precios internos a pesar de la caída
de precios internacionales. El gobierno debe regular este mercado, forzando
a la reducción de precios.
b).- Tomar medidas anti-monopolio
Estas tienen importancia, particularmente en productos como el algodón y la
lana de alpaca.
Así mismo medidas como promover la asociatividad de los productores para
que puedan comercializar directamente y/o tener mejores condiciones de
negociación con los intermediarios. El Estado deberá promover ferias
agropecuarias en las principales ciudades y actuar directamente en el
mercado de ser necesario. Todo ello por que los agricultores están
particularmente afectados por la crisis debido a que los monopolios e
intermediarios abusivos la aprovechan para sacar ganancias extraordinarias.
c.- Los agricultores necesitan facilidades para obtener y refinanciar créditos.
Se debe reforzar el Agrobanco y establecer líneas de crédito a la banca
comercial y las cajas rurales para que puedan mantener y ampliar sus
créditos a tasas preferenciales. Una línea especial debe plantearse para
apoyar a aquellos agricultores que, haciendo caso al gobierno, se ha
pasado a productos como el espárrago cuyo precio se ha derrumbado. Esto,
por cuanto la crisis puede llevar a muchos agricultores a la quiebra, con el
riesgo de que pierdan sus tierras ante los bancos.
d) El gobierno debe derogar los Decretos Leyes que amenazan a las
comunidades campesinas con la pérdida de sus tierras, agua y recursos en
manos de empresas mineras y grandes corporaciones.
Los decretos legislativos que centralizan la gestión del agua quitándosela a
los agricultores también deben ser derogados.
5.- Impulsar el acceso al financiamiento para la pequeña y micro empresa
a).- El grueso del empleo, incluso con alta participación de mujeres, está en
la microempresa y en el mundo rural, estos pueden ser las más afectadas
por el encarecimiento del crédito y la pérdida de mercados externos e
internos.

Las medidas del gobierno tienen en la reconversión y programa de
compras estatales a microempresas: 100 millones y 50 millones. Es muy poco,
si lo comparamos con otras medidas solo el drawback es 300 millones.
b).- Disponer la asignación de una mayor línea de crédito, de alto impacto,
de parte de COFIDE y a través de las entidades del sistema financiero, para
respaldar las operaciones de Factoring a nivel nacional a favor de la
pequeña y microempresa agrícola y urbana; y elevar la contribución
financiera de COFIDE a favor del Fondo de Garantía para Préstamos a la
Pequeña Industria (FOGAPI) orientado a afianzar y garantizar las operaciones
de crédito y contrataciones a favor de la micro y pequeña empresa agrícola
y urbana.
c).- Poner en marcha de manera inmediata el plan de compras del estado.
El gobierno ha anunciado un programa de compras estatales, el mismo que
debe incluir productos como uniformes, calzado escolar, mobiliario escolar y
otros. Esto es positivo, pero es indispensable que al respecto se suspenda el
TLC con EEUU que establece que en programas de esta magnitud las
empresas norteamericanas pueden competir como si fueran peruanas.
d).- Defensa del mercado interno. La invasión de textiles y calzado de China
e India a precios de dumping debe ser frenado de inmediato. No debe
esperarse a complejos estudios de precios, como ha planteado el gobierno;
el daño a la industria nacional es evidente y justifica medidas temporales de
salvaguarda mientras se realizan los estudios.
e).- Una política de créditos para las empresas en crisis. El paquete del
gobierno solo contempla créditos para MYPES exportadores, cuando es
evidente que se necesita también apoyo a las Mypes orientadas al mercado
interno.
El apoyo a pequeñas empresas y a sectores en crisis también es una medida
conveniente.

El sector textil - confecciones por ejemplo, ha perdido decenas
de miles de empleos, y eso va a seguir. Un respaldo a empresas en crisis a
condición de que mantengan el empleo, como en México, puede servir de
complemento a programas de protección del mercado interno frente al
dumping chino, de compras estatales de buzos, uniformes y calzado escolar,
y de facilitación del crédito. Cubrir la mayor parte de sus contribuciones a la
seguridad social con fondos del estado, como hace Argentina, o subsidiar los
salarios bajos como en Chile, podría servir para mantener y ampliar el
empleo formal y aumentar la competitividad empresarial.
6.- Mayor énfasis en la integración regional para aprovechar los mercados
cercanos.
Ello implica aprobar mediante Ley el crédito suplementario para la
ampliación de las operaciones de la Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo PROMPERU orientado a relanzar el “Fondo de
Promoción de las Exportaciones” y las acciones de promoción de
exportaciones de bienes y servicios, apoyar la internacionalización de
empresas y la diversificación de mercados, mejorando el trabajo
consensuado con los gremios empresariales turísticos y exportadores, y
fortaleciendo la comunicación con las regiones.
Estas son a grandes rasgos, las principales medidas que planteamos para que
la actual crisis, no repita la historia y sean nuevamente los trabajadores y
trabajadoras, los más pobres y olvidados quienes asuman los mayores costos
y sacrificios.
Esperamos que el gobierno acorde con la responsabilidad política que le
compete, sepa escuchar nuestras alternativas y responder a ellas. Aspiramos
también que las demás organizaciones de la sociedad civil contribuyan a
enriquecer esta propuesta y la hagan suya. De esta manera podremos juntos
construir una patria donde ningún ciudadano sea extraño en su propia tierra.
Marzo de 2009

LAS INCONSTITUCIONALES LEYES 28389 Y 28449 CONTRA LOS PENSIONISTAS DE LA 20530

LA LESION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PENSIONISTAS DEL SISTEMA PREVISIONAL DEL DECRETO LEY 20530 CON MOTIVO DE LA EXPEDICION DE LAS LEYES 28389 Y 28449: ELEMENTOS QUE SUSTENTAN LA DENUNCIA CONTRA EL ESTADO PERUANO ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

La Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979, vigente hasta el año 1993, reconoció el derecho a la Nivelación de Pensiones a favor de los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530 de manera progresiva con los haberes de los servidores públicos en actividad del mismo nivel o categoría que ostentaron en su etapa laboral, teniendo como requisito para acceder a esta nivelación, (según la norma constitucional antes citada) el cumplir 20 (veinte) años de servicios en la Administración Pública.
Esta norma constitucional tuvo su desarrollo legislativo en la Ley 23495 expedida por el Congreso Peruano y en su reglamento aprobado por Decreto Supremo 015-83-PCM expedido por el Poder Ejecutivo ambos a principios de la década de 1980.
En ese sentido, se debe de entender a la nivelación de pensiones como el mecanismo establecido por el Estado para determinar, reajustar y dar un real valor al monto de las pensiones otorgadas a través del Decreto Ley 20530, modificando de esta manera el criterio original contenido en el artículo 57º del Decreto Ley 20530, criterio éste que fue recogido por el Tribunal Constitucional del Perú en el fundamento 18° de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 008-96-I/TC y en el fundamento 8º de la Sentencia recaída en el Expediente Nº001-2004-AI/TC
Con la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de 1993, la Primera Disposición Final y Transitoria de dicho cuerpo constitucional establecía que “los nuevos regímenes sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los trabajadores públicos, se establezcan, no afectan legalmente los derechos legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los regímenes de los Decretos Leyes 19990 y 20530 y sus modificatorias”, de lo que se desprende evidentemente que éste texto Constitucional cumplía con reconocer una situación jurídica ya determinada, esto es, que la pensión y sus efectos patrimoniales, (dentro de los cuales se encuentra su mecánica de determinación y reajuste por nivelación) forman parte del patrimonio de sus beneficiarios y en consecuencia incorporadas a su dominio, lo que genera el reconocimiento y las protecciones otorgadas constitucionalmente por el derecho de propiedad.
Posteriormente, mediante la promulgación de la Ley 28389, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 17 de Noviembre de 2004 y la Ley 28449 publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 30 de Diciembre de 2004 emitidas por el Congreso de la República del Perú, el Estado peruano lesionó en perjuicio de los Pensionistas del Régimen Pensionario del Decreto Ley 20530 del Perú, el derecho fundamental que les asiste a la Seguridad Social consagrado en el Artículo XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el artículo 9º del Protocolo de San Salvador y artículo 10º de la Constitución Política del Perú de 1993; a la propiedad, consagrado en el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el artículo 21º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 2º, inciso 16) y artículo 70º de la Constitución Política del Perú de 1993 y a la garantía de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales consagrada en el artículo 26º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en el artículo 1º y 2º del Protocolo de San Salvador.

CON RESPECTO A LA LESIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL:
La seguridad social “es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas (prestaciones económicas y sociales) a fin de mantener una calidad de vida digna frente a las diversas contingencias por las que atraviesa una persona. Generalmente esta función es canalizada a través del Estado quien asume por ello la responsabilidad de su ejecución bajo el cumplimiento de los principios que la inspiran, esto es, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad, suficiencia, entre otros.
Esta actividad se sustenta en la obligación que tiene el Estado de conservar el respeto irrestricto a la “dignidad de la persona”, valor que sirve de base y sustento a todos los derechos fundamentales.
Una de las garantías primordiales que forman parte del contenido del derecho a la seguridad social que se deriva del principio de integralidad y suficiencia, es el de mantenimiento de condiciones adecuadas y suficientes en las prestaciones que otorga, con el objetivo que variables diversas, como el aumento de costos de vida, la aparición de nuevas afecciones a la salud o el propio transcurrir del tiempo no modifiquen, en forma perjudicial, las condiciones de vida de la persona que es beneficiaria de protección por la Seguridad Social. De no tenerse en cuenta este criterio, la Seguridad Social se transformaría en un derecho desvinculado de la realidad y en consecuencia carente de eficacia subjetiva.
Una de las vertientes de protección que posee el Derecho a la Seguridad Social es el de las prestaciones económicas, comúnmente conocidas como pensiones, existentes para el caso de contingencias de desempleo, enfermedad o maternidad, cesantía ó vejez, orfandad, viudez, etc.
Las prestaciones económicas o pensiones, en estos supuestos, se materializan a través de abonos dinerarios periódicos, generalmente mensuales, que si bien es cierto en la práctica no logran garantizar o cubrir las expectativas reales que en el ámbito económico posee la persona, permiten al menos mantener condiciones mínimas aceptables para que su dignidad en el sentido sustancial se respete.
En el caso de los pensionistas del Régimen Pensionario del Decreto Ley 20530 del Perú, las prestaciones económicas que se abonan son las de cesantía y sobrevivientes (viudez, ascendientes y orfandad), cuyos montos en atención a lo dispuesto originariamente por la Octava Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1979, ratificada por la primera disposición final y transitoria de la Constitución Política de 1993, eran determinados en base a la remuneración que percibía un servidor público en funciones que ocupaba el mismo cargo que ocupó el pensionista en su etapa laboral activa en la Administración Pública Estatal, con la garantía adicional contenida en el artículo 5º de la Ley 23495 de que cualquier incremento que reciba el mencionado trabajador en actividad debía igualmente ser incluido en la pensión de ex trabajador.
Esta mecánica de determinación y reajuste de la pensión establecida constitucionalmente ha sido conocida como la denominada “cedula viva” o “efecto espejo”. Igual regla se aplicaba a los beneficiarios de pensión de sobrevivientes (viudez, orfandad y ascendientes) tal como lo desarrollaremos en líneas posteriores.
El Estado peruano al modificar la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política de 1993 con el artículo 3º de la Ley 28389, ha eliminado la nivelación de pensiones y ha implantado el criterio de regulación por “sostenibilidad financiera”, el cual, (desarrollado posteriormente por el artículo 4º de la igual lesiva ley 28449), implica un reajuste de pensiones para pensionistas del Decreto Ley 20530 con mas de 65 años de edad en forma anual, en base a las variaciones “en el costo de vida” y la capacidad financiera del Estado, mientras que para aquellos pensionistas menores de 65 años se ha establecido un reajuste indeterminado en el tiempo sujeto a la “posibilidad económica del Estado”.
En el Perú, la variación del costo de vida anual es determinada en base al índice inflacionario que cada año establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La inflación acumulada anual para los años 2002, 2003 y 2004, tomados con referencia ilustrativa ha sido de 1.5%, 2.5%, y 3.5% respectivamente.
La nueva mecánica de reajuste de pensiones antes descrita no constituye una forma válida de cumplir con el principio de eficiencia e integralidad del Derecho a la Seguridad Social, pues no es una vía idónea de mantener la progresividad real de las condiciones de las prestaciones económicas que en forma de pensiones se otorgan a través del Decreto Ley 20530 en el Perú.
El índice inflacionario no constituye de modo alguno una garantía de mejora frente a contingencias futuras que puedan atravesar los pensionistas del mencionado régimen pues una diferencia simple de precios no puede convertirse tan arbitrariamente en el mecanismo de medir el aumento de las reales necesidades de la persona.
Admitir dicha situación significaría someter a los pensionistas del régimen público del Decreto Ley 20530 a la reducción drástica de las condiciones de existencia, pues todos los beneficiados de dicho régimen entendían la mecánica de reajuste del monto de sus pensiones como una garantía establecida constitucionalmente, y es en base a ella que pudieron determinar, desarrollar y proyectar a futuro la satisfacción de sus necesidades.
Por ello, ésta nueva mecánica de supuesto reajuste, afecta también sus expectativas de vida, tanto en su dimensión existencial como sustancial, pues una vida sin garantías de un mínimo mantenimiento de condiciones que permitan cubrir sus necesidades, no contribuye al desarrollo efectivo de las personas sino una mera situación de supervivencia, lo cual significa a su vez la afectación directa a la dignidad de las mismas, entendiendo a la dignidad como el principio–valor rector e inspirador de todo derecho fundamental.
No merece mayor análisis el poder establecer las reales diferencias entre un reajuste de pensiones por nivelación en base al monto de las remuneraciones que percibe el trabajador que desarrolla la misma labor de quien es hoy pensionista y el reajuste por inflación económica, ya que mientras el primero permite la existencia del criterio mínimo aceptable de progresividad real en base a situaciones practicas reales (pues el aumento de la remuneración del trabajador en actividad tiene una mayor relación de identidad con el aumento de las necesidades de la persona) el segundo implica reajustar los montos de las pensiones anualmente, en base a un índice económico inflacionario que no refleja la realidad de los costos de vida (de vida digna), sino una simple variación de precios ¿Ello es progresividad?, la respuesta es obvia.
En este orden de ideas y partiendo del hecho que el principio de integralidad de la Seguridad Social establece la garantía de cobertura de todas las necesidades de previsión amparadas dentro del sistema y sobre todo el mantenimiento a futuro de las mismas condiciones (como mínimo) que aseguren igual cobertura de otras necesidades y, que el principio de eficiencia establece la mejor utilización de los recursos disponibles para que los beneficios que el sistema asegura sean prestados en forma oportuna, adecuada y suficiente, podemos concluir sin lugar a dudas que la modificación de las condiciones para el reajuste del monto de las pensiones del Decreto Ley 20530 aplicadas a través de la Ley 28389 y la Ley 28449 expedidas por el Estado Peruano, no garantizan el cumplimiento de estos principios y en consecuencia afectan directamente las condiciones de vida de los beneficiarios del ya mencionado régimen pensionario al disminuirlas drásticamente, eliminando una posibilidad real de mejora, situación que a su vez atenta contra el valor “dignidad humana” inmerso en la Constitución Política Peruana, en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en las que el Perú es parte obligada, por lo que en consecuencia, lesionan el derecho a la Seguridad Social reconocido por el artículo 10º de la Constitución Política Peruana de 1993, en el artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 9º del Protocolo de San Salvador.
CON RESPECTO A LA LESIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD,
La propiedad es un derecho humano, un derecho constitucional y un derecho real de naturaleza civil. La propiedad como derecho humano tiene regulación positiva en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo artículo XXIII establece lo siguiente:
"Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar”.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 21º establece lo siguiente:
"1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley (...)”
La concepción constitucional de la propiedad, la establece no sólo como derecho sino como garantía. El Estado Peruano reconoce a la Propiedad como derecho fundamental en el artículo 2° inciso 16º de la Constitución Política del Perú de 1993, mientras que su garantía constitucional está consagrada en el artículo 70º de la misma carta al disponer que
"El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio."
El artículo 923° del Código Civil Peruano de 1984 señala que “la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la Ley”,
El Tribunal Constitucional del Perú, al abordar la temática referida a la propiedad ha establecido en la sentencia de 25 de enero de 2005 pronunciada en el Expediente N.° 3773-2004-AA/TC lo siguiente:
“… vista la existencia de una variada e ilimitada gama de bienes sobre los que puede configurarse la propiedad (urbanos, rurales, muebles inmuebles, materiales, inmateriales, públicos, privados, etc.), puede hablarse de diversos estatutos de la misma, los que, no obstante asumir matices particulares para cada caso, no significan que la propiedad deje de ser una sola y que, por tanto, no pueda predicarse respecto de la misma elementos de común configuración”.
El Código Civil de 1984 contiene una clasificación de bienes en los artículos 885° y 886° dentro de la cual se encuentra comprendido en el inciso 7º del artículo 886° a las pensiones, consideradas como bienes muebles.
El Tribunal Constitucional Peruano en el fundamento 15° de la Sentencia N° 008-1996-AI establece que los derechos adquiridos son “aquellos que han entrado en nuestro dominio; que hacen parte de él, y de los cuales ya no puede privarnos aquel de quien los tenemos”.
Por su parte, en el fundamento 19° de la misma sentencia, se expuso en relación a los derechos derivados de las pensiones del régimen del D Ley 20530 que “como el Decreto Ley Nº 20530 y sus modificatorias señalan cuáles son los requisitos necesarios para gozar de tal beneficio y la forma como esta se efectivizará, la administración está en la obligación de reconocer tal beneficio desde el momento en que se cumplen dichos requisitos que configuran el derecho, aun cuando el administrado continúe laborando efectivamente, por cuanto se incorpora a su patrimonio un derecho en virtud del mandato expreso de la ley, que no está supeditado al reconocimiento de la administración”.

Consecuentemente, las pensiones de cesantía y/o jubilación obtenidas legalmente cumpliendo determinados requisitos dados por ley como es el caso del Régimen Previsional del Decreto Ley N° 20530 pasan a formar parte de la esfera patrimonial de las personas y se configura el derecho de propiedad sobre las mismas, de lo cual se desprende que no pueden ser arrebatadas ni menoscabadas unilateralmente ya que se estaría atentando directamente contra este derecho fundamental obtenido legalmente al amparo de la Constitución y de las leyes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica en el caso 5 Pensionistas contra el Estado Peruano ha establecido que “a la luz de lo señalado en la Constitución Política del Perú, de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional peruano, de conformidad con el artículo 29º, b, de la Convención – el cual prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos-, y mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, esta Corte considera que desde el momento en que los 5 pensionistas pagaron sus contribuciones al fondo de pensiones regido por el Decreto Ley 20530, dejaron de prestar servicios a la SBS y se acogieron al régimen de jubilaciones previsto en dicho Decreto Ley, adquirieron el derecho de que sus pensiones se rigieran en los términos y condiciones prevista en el mencionado Decreto Ley y sus normas conexas. En otras palabras, los pensionistas adquirieron un derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión de conformidad con el Decreto Ley 20530 y en los términos del artículo 21º de la Convención Americana”.
En el texto citado en el párrafo anterior podemos hallar dos criterios de suma importancia que son manejados por la Corte para determinar la afectación al Derecho a la Propiedad: a) La seguridad jurídica, actuando conjuntamente con el cumplimiento de requisitos previstos por la ley, y, b) El efecto de las consecuencias patrimoniales de la pensión.
Cuando una persona opta por acogerse a las condiciones otorgadas mediante una norma legal, tiene plena confianza y seguridad de que éstas condiciones se cumplirán sin duda alguna y que los beneficios que en ella se estipulan serán recibidos en las mismas condiciones establecidas por la mencionada disposición legal, sin restricciones negativas de tipo alguna.
Asimismo la persona confía plenamente en que una vez cumplidos los requisitos de acceso a la pensión como prestación Estatal en su dimensión patrimonial, pasa a formar parte de sus bienes como un derecho adquirido, es decir “aquellos que han entrado en nuestro dominio que hacen parte de el y de lo cual ya no puede privarnos aquel de quien lo tenemos”, criterio que es recogido por el Tribunal Constitucional del Perú en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el expediente de Inconstitucionalidad Nº 008-1996-AI.
Por ello, entendiendo que la Nivelación, como forma de determinar el monto y reajuste en las pensiones de los beneficiarios del Decreto Ley 20530, forma parte de la dimensión patrimonial del Derecho a la Pensión y dicha dimensión está incluida dentro del Derecho de Propiedad, se puede afirmar que la supresión arbitraria de esta forma de determinar el monto de las pensiones y garantizar su reajuste, constituye un acto confiscatorio que afecta directamente el patrimonio de todos los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530 del Perú pues, si bien es cierto, ningún derecho fundamental es absoluto, también lo es que el artículo 21º de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos conjuntamente con el artículo 5º del Protocolo de San Salvador permiten restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad, “cuando éstas sólo se inspira en razones de interés social y utilidad pública en la medida que no se contradiga el propósito y razón de los derechos fundamentales afectados”.
Las leyes 28389 y 28449 respectivamente, en ningún extremo de sus articulados han verificado la configuración de las condiciones que permiten de acuerdo al artículo 70º de la Carta Política Peruana, afectar el Derecho de Propiedad de los pensionistas del Decreto Ley 20530, esto es, alguna causa de seguridad nacional o necesidad pública; y en la practica, nunca lo podría hacer pues dichas motivaciones son inexistentes, a tal extremo que no se puede comprender como la aplicación de este método de determinación del monto de pensiones y su reajuste pudiese haber llegado a constituir un peligro que afecte la Seguridad Nacional del Perú o que su supresión sea de plena importancia para el desarrollo de la Nación Peruana.
A su vez también se debe de tener presente que tal como lo dispone el propio artículo 70º de la Carta Política antes citado en el supuesto negado de que la situación de seguridad nacional o necesidad pública hubiese quedado acreditada fehacientemente como motivo para expedir las normas antes referidas, era obligación constitucional del Estado su sustentación y declaración formal por ley expedida por el Congreso Nacional y su consumación, con el acto de despojo formal, solo hubiese procedido previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya una compensación por el perjuicio generado. Ello, no fue determinado ni contemplado en la Ley 28389 o en la Ley 28449 que eliminaron la Nivelación de Pensiones en perjuicio de los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530.
Por ello, fuera de ser un acto eminentemente lesivo al Derecho de Propiedad como ha quedado demostrado, tal medida no estuvo asistida por los criterios de proporcionalidad y razonabilidad que deben inspirar a este tipo de actos, generándose de esta manera una contradicción manifiesta al propósito y razón de existencia tanto del ya mencionado Derecho a la Propiedad como, lo que es mas grave aún el derecho a la Seguridad Social, situación ésta totalmente prohibida por el artículo 5º del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos – Protocolo de San Salvador del cual el Estado Peruano es parte obligada.
Asimismo se debe de destacar que ya anteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica mediante sentencia de fecha 28 de Febrero de 2003 en el caso 5 pensionistas contra el Estado Peruano ha determinado en el fundamento 102° que “el artículo 21º de Convención protege el Derecho de los 5 pensionistas ha recibir una pensión de cesantía nivelada de acuerdo al Decreto Ley 20530, en el sentido de que se trata de un derecho adquirido , de conformidad con lo dispuesto en la normativa constitucional peruana, o sea, de un derecho que se ha incorporado al patrimonio de las personas”.
A su vez la segunda parte del fundamento 103 de la misma sentencia establece que desde el momento en que los pensionistas “pagaron sus contribuciones al fondo de pensiones regido por el Decreto Ley 20530, dejaron de prestar servicios a la SBS y se acogieron al régimen en los términos y condiciones previstas en el mencionado decreto ley y sus normas conexas. En otras palabras, los pensionistas adquirieron un derecho de propiedad sobre los efectos patrimoniales del derecho a la pensión, de conformidad con el Decreto Ley 20530 y en los términos del artículo 21º de la Convención Americana”
En consecuencia, todo lo descrito anteriormente, lesiona el derecho a la propiedad contemplado en el artículo XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el artículo 21º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 2º inciso 16 y artículo 70º de la Constitución Política Peruana de 1993.

CON RESPECTO A LA VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES,
Los derechos económicos sociales y culturales son aquellos que estando al mismo nivel y bajo las mismas protecciones que otros como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal o el derecho a la libertad de expresión, permiten que la vida humana en su dimensión existencial se desarrolle con determinadas garantías que permitan que dicha existencia sea digna. Entre estos, hallamos el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a la educación entre otros.
Partiendo de la idea expresada en líneas anteriores, la existencia y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales conllevan el mantenimiento de una vida digna, donde el garante de dicho respeto y viabilizador de su desarrollo, el Estado, debe procurar que estos pasen de una aspiración ideal a una efectiva materialización, y una vez materializados en favor de la persona, verificar que las condiciones dadas al momento de la mencionada materialización, no permanezcan estáticas o lo que es peor aún no disminuyan de manera regresiva, sino por el contrario, procurar su eficaz desarrollo progresivo, entendido este progreso bajo dos criterios:
El primero, relacionado a que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben brindar condiciones reales que permitan el desarrollo de la persona humana y la satisfacción de sus necesidades y como un segundo aspecto que la progresividad de la que están premunidos tales derechos, conlleve que las condiciones que pueden ser satisfechas hoy también lo puedan ser a futuro incluyendo en ello aquellas necesidades que puedan surgir como producto de la aparición de contingencias de salud, de vejez, de vivienda entre otras, pues es perfectamente verificable el hecho de que con el devenir del tiempo y el aumento de edad del ser humano las necesidades por cubrir van en aumento constante.
Bajo esa inspiración, la Constitución Política peruana de 1993 vigente ha establecido en su artículo 10º que la Seguridad Social “es un derecho universal y progresivo que le asiste a toda persona” entendida dicha progresividad como la obligación del Estado de desarrollar los sistemas públicos de Seguridad Social en mejora y buscando que cada vez las condiciones de las prestaciones que el sistema otorga sean mas eficaces y de mayor cobertura. De este texto también se puede concluir que el Estado no puede en el ámbito de la Seguridad Social adoptar medidas que fuera de no garantizar el desarrollo de la seguridad social y sus prestaciones, las disminuyan regresivamente.
En ese mismo sentido, el Protocolo de San Salvador que complementa la Declaración Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, contempla en su artículo 1º la obligación de desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en su artículo 5º establece que los Estados pueden establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de ellos por motivos de interés general mediante ley debidamente promulgada y en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
La eliminación de la Nivelación de Pensiones en perjuicio de los Pensionistas del Decreto Ley 20530 del Perú, constituye en si misma una medida que afecta la progresividad de los derechos Fundamentales económicos, sociales y culturales, entendida ésta progresividad como uno de los propósitos y una de las razones del derecho a la Seguridad Social, ya que, el sustituir con la ley 28389 y 28449 la Nivelación de Pensiones como mecánica para determinar y regular el monto de las prestaciones económicas del régimen del Decreto Ley 20530 por el criterio de variación de costos de vida (inflación), no se genera alguna forma de mejoría de condiciones sino, por el contrario una evidente regresión nefasta.
Es lamentable el verificar que el Estado peruano considere que la regulación de los montos de las pensiones en base a la inflación o costo de vida es mantener el criterio “evolutivo” de las condiciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en especial de la Seguridad Social en el régimen pensionario del Decreto Ley 20530, pues según su posición, sería lo mismo el obtener una variación de pensiones por aumento de costos de vida por inflación que hacerlo en referencia al propio aumento de la remuneración que percibe un trabajador activo del mismo nivel o categoría en que prestó servicios el cesante o jubilado.
La pregunta evidente es ¿Cuál de los dos sistemas de determinación y reajuste de pensiones asegura efectivamente condiciones mínimas de progresividad? La respuesta es una, la Nivelación.
Por todo lo expuesto, es válido concluir que la modificación de las reglas antes mencionadas en perjuicio de todos y cada uno de los pensionistas del régimen del Decreto Ley 20530 del Perú, constituye un claro acto regresivo en las condiciones establecidas para la vigencia del Derecho a la seguridad social en el Perú y una manifiesta lesión a la dignidad de la persona humana que como derecho les asiste, por lo que la Ley 28389 y 28449 lesionan directamente el artículo 10º de la Constitución Política del Perú de 1993, el artículo 26º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1º y 2º del Protocolo de San Salvador.

SIDERPERÚ: UN 24 DE MAYO HACE 36 AÑOS

HOMENAJE DE “EL PENSIONISTA” AL HEROICO PUEBLO DE LA REGIÓN AMAZÓNICA, Y RECORDANDO ESPECIALMENTE A MIS HERMANOS TRABAJADORES SIDERÚRGICOS QUE HACE 36 AÑOS, UN 24 DE MAYO FUIMOS VÍCTIMAS DEL ABUSO DEL GOBIERNO DE TURNO EN 1973 EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES Y DEMOCRACIA REAL PARA EL PUEBLO.

MAYO-JUNIO 73: REBELION POPULAR EN CHIMBOTE
Por: José Reyes Carranza
Publicado por MAREA CULTURAL
(Chimbote, Viernes, 14 de Septiembre del 2007)
http://www.mareacultural.blogspot.com/
La histórica lucha de mayo y junio del año 1973, en Chimbote, es uno de los picos más altos de la lucha política de la clase obrera y el pueblo, a nivel nacional, contra la junta militar de gobierno del general Juan Velasco Alvarado y sus órganos corporativos de control social. Marca también el punto de quiebre de 30 años de primacía política del partido aprista en el movimiento obrero y popular chimbotano.
Crisis de la industria pesquera
El vertiginoso crecimiento de la industria pesquera y la producción de acero y derivados del complejo siderúrgico convierten a Chimbote en el Primer Puerto Pesquero del Mundo y Capital Industrial del Perú. Ambos procesos van a dar origen, a su vez, a dos fenómenos sociales únicos en el país: una gigantesca oleada migratoria que eleva la población de 15,600, el año 1950, a más de 200,000 en 1970; y una población económicamente activa –llegada de todos los suyos- que sobrepasa los 50,000 asalariados. Esto último dará a la ciudad la típica fisonomía proletaria cuyos “hervores” cautivan para siempre a José María Arguedas.
La brutal depredación de la anchoveta agravada por la presencia de la corriente de “El Niño”, el año 1973 da lugar a la más grave crisis de la industria pesquera del país. Para tener una idea clara de la magnitud de la depredación, tolerada por autoridades corruptas, veamos las siguientes cifras. El IMARPE había establecido como máximo de captura anual 8 millones de TM. Sin embargo, en 1970 se captura 12´300,000 TM, en 1971 10´300,000 TM y en 1972 4´000,000 TM. La veda larga decretada para preservar la especie paraliza la industria. Pero mientras los harineros y conserveras perciben sus jornales los pescadores no reciben ni un céntimo; por ser trabajadores “a destajo” sólo ganan cuando producen.
La crisis es de tal magnitud que los industriales y armadores se declaran en quiebra, y el gobierno se ve obligado a ejecutar un programa de ayuda social a los pescadores para evitar la explosión social. Diariamente se les entrega bolsas de alimentos a cambio de trabajo comunitario. Sin embargo, la crisis repercute en ramas industriales y de servicios conexos a la actividad pesquera y en el pequeño comercio. Es decir, la crisis afecta a casi toda la población. Esta podría ser, entre otras, una de las razones por la que el pueblo se integraría de manera decidida a la lucha de los pescadores, primero, y luego a la de los siderúrgicos.
Actores sociales y políticos
La configuración proletaria de la ciudad se reflejará, de manera más nítida, en las organizaciones sindicales y populares que bajo influencia del PCP, PCdel P-PR, VR, MIR, POM-R y PCdel P-BR zanjarán con las posiciones conciliadoras y patronales del “sindicalismo libre” que patrocina el APRA para asumir el sindicalismo “clasista”. Esta nueva corriente ideológica y política fortalece las organizaciones sindicales y populares y eleva el nivel de conciencia de los trabajadores, pobladores y estudiantes. El triunfo de la Revolución Cubana favorecerá el mayor desarrollo de la prédica socialista.
Los sectores sociales protagónicos del levantamiento popular de mayo-junio del 73 son los pescadores, siderúrgicos, maestros, obreros de la construcción, pobladores barriales y estudiantes. La convulsión social la inician los pescadores. La crisis, que los golpea con ferocidad, los lleva a reactivar la histórica Agrupación Clasista de Pescadores Dionisio Horna Vásquez, y luego de un arduo trabajo de esclarecimiento organizan la recuperación del sindicato en manos de Franco Baca Bazán y sus socios Víctor Peredo, Gil Peñaranda, etc, quienes permanecen 4 años sin convocar asambleas ni asumir la defensa de los agremiados, pues como cabezas visibles del MLR y la CTRP se encuentra al servicio de la Junta Militar que gobierna el país.Son los siderúrgicos los que dan sustento político y de masas a la rebelión popular del 24 y 25 de mayo. Con una clara comprensión del peligro de la intervención gubernamental y de sus organismos corporativos en los sindicatos los siderúrgicos se lanzan a la lucha en respaldo de la Junta Directiva Transitoria desalojada brutalmente por el MLR con apoyo del SINAMOS, autoridades políticas, PIP, GC y GR, y trabajan por el Paro Provincial de la FESIDETA en solidaridad con los pescadores y contra la Junta Militar y los organismos extraños a los trabajadores.Los trabajadores de la construcción, los maestros, los pobladores de barriadas y los estudiantes secundarios son fuerzas sociales que también aportan para darle al movimiento de masas la rebeldía y contundencia que tuvo en mayo de 1973.
Los hechos
Los hechos que van a producir el estallido social son los siguientes: La recaptura del Sindicato de Pescadores, el 1 de mayo, por los matones del MLR con apoyo del gobierno; el boicot, el día 7, a la asamblea convocada por la directiva transitoria (JDT) para elegir la junta directiva, y el encarcelamiento de Hugo Callán y Jaime Sussoni, dirigentes de la JDT; Máximo González y Juan Torres, delegados ante la Federación de Pescadores, y Julián Huamán, Rubén Arana y Julio Reyes, del Comité de Disciplina.
El anuncio de la estatización de la industria pesquera –el 7 de mayo- es recibido en medio de intensas movilizaciones de protesta. A las 2.30 de la tarde la muchedumbre cerca el local de la PIP –donde están recluidos los pescadores- y exige su inmediata libertad. Temiendo la toma de su local, el jefe de la PIP embarca a los presos a Lima. Al percatarse de la maniobra la multitud se enardece y agita consignas contra el gobierno y las autoridades. Los “sinchis” dispersan con bombas y balas a miles de manifestantes. Desde este momento la lucha de los pescadores es también de todo el pueblo.
El 24 de mayo se realiza el paro provincial de la FESIDETA en solidaridad con los pescadores. Por toda la ciudad se realizan violentas manifestaciones de protesta. La policía se moviliza en camionetas artilladas disparando ráfagas de metralleta y decenas de bombas lacrimógenas. Los trabajadores y el pueblo responden con palos y piedras. Chimbote luce como una ciudad en guerra. El acontecimiento que modifica el curso de la lucha es la muerte del estudiante Humberto Miranda y el abaleamiento de Cristóbal Espinola. Los enfrentamientos cada vez son más violentos. Se reporta detenciones y decenas de heridos de bala entre los manifestantes. Los siderúrgicos acuerdan unificar sus sindicatos y se declaran en huelga indefinida exigiendo sanción para los responsables de la masacre y elecciones democráticas en el Sindicato de PescadoresEl día 25, a partir de las 10.00 AM., se reproducen los violentos enfrentamientos del día anterior. Por la tarde una multitud destruye e incendia, en el pueblo joven el Progreso, el local del SINAMOS. El gobierno declara a Chimbote en estado de emergencia, suspende las garantías constitucionales e instaura el toque de queda. El día 26, 15,000 personas acompañan el féretro del estudiante Miranda. A las 10.00 AM. SIDERPERU y el gobierno dan a conocer un sospechoso“sabotaje”, fabricado para justificar la represión legal y policial contra los siderúrgicos.El gobierno asume la iniciativa. El 27 emite el DL 20043 declarando a SIDERPERU en emergencia. El 29, en asamblea, FESIDETA aprueba el plazo de 72 horas para ir a la huelga pero el 3 de junio ésta fracasa. El 9 de junio los siderúrgicos, en doble votación, ratifican la continuidad de la huelga; y el gobierno la declara ilegal y autoriza el despido de quienes no se reincorporen a sus puestos de trabajo a partir del día 11. La madrugada del 10 de junio los sinchis toman por asalto los sindicatos de obreros y empleados y por la mañana inician detenciones selectivas, entre ellas la de Segundo Salvador Rodríguez, secretario general del Sindicato Obrero.
En un ambiente de feroz hostigamiento y debilitamiento de fuerzas los siderúrgicos levantan la huelga el 10 de junio y al día siguiente se reincorporan a sus actividades productivas. Ese mismo día son detenidas María Teresa Fajardo y Violeta Aguinaga, así como Luis Apau, Oswaldo García, Juan Castillo, Maynor Freyre, JJ. Ruiz de Castilla, Américo Cáceres, Carlos Paz y Eduardo Loryber. El 13 se conoce la muerte de Cristóbal Espinola y el 14 se realiza el entierro, en un clima de impotencia y humillación. La racha represiva continuará hasta el 23 de junio con la detención de José Castro Solis, secretario general de FESIDETA y de Arístides Córdova, secretario general del Sindicato de Empleados de SIDERPERU. De esta manera concluye esta experiencia de lucha que como nunca antes fue de todo el pueblo.
Conclusiones

La lucha política de mayo-junio del 73 potencia la organización y conciencia de los trabajadores y el pueblo, afirma la presencia de la izquierda y marca el inicio del fin de la hegemonía aprista en los sindicatos. El trabajo unitario de obreros, pobladores y estudiantes da resultados y forja, en la práctica, la alianza obrero-popular-estudiantil bajo liderazgo de la clase obrera. La prensa popular juega un rol fundamental como instrumento de educación, propaganda, agitación y organización. Mediante ella los trabajadores contrarrestan la furiosa propaganda del gobierno (SINAMOS) y de la empresa. Los trabajadores aprenden también que no pueden luchar aislados de otros sectores sociales, cuyo apoyo deben saber ganar.
Sin embargo, hubo errores que costaron caro a los siderúrgicos. El primero de ellos fue la pérdida de vista de los objetivos de la lucha y no comprender, cabalmente, sus alcances y limitaciones. La radicalización del enfrentamiento rebasó la capacidad de conducción de las vanguardias y la espontaneidad de las masas empujó hacia adelante. Tampoco se evaluó adecuadamente la decisión política del gobierno militar, dispuesto a todo para mantener a Baca y sus secuaces en el control del sindicato de Pescadores, la base más importante de la CTRP gobiernista.El costo social de estas heroicas luchas fue elevado, pero los trabajadores y el pueblo aprendieron y fortalecieron sus organismos para en el futuro obtener grandes victorias.

EL GOBIERNO APRISTA, CONTINUISMO Y RENACIMIENTO DE LAS LUCHAS SOCIALES

Jorge Lora Cam

UN CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE OCULTA LA RECOLONIZACIÓN, LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN.

Alan García Pérez perseguido por las sombras de miles de asesinados y la memoria de los herederos de las víctimas ahora debe enfrentar el juicio de su aliado y maestro. García fue el maestro en genocidio de Fujimori y éste le correspondió con clases de corrupción con las grandes trasnacionales y el poder total, dejando a la corrupción aprista del 1985-90 como juego de niños. Hoy aliados en las políticas neoliberales y de encubrimiento mutuo, cogobiernan -por “mera casualidad”, un azaroso encuentro entre demócratas, diría García- y están bajo estricta vigilancia y desconfianza popular, uno por estar bajo la atención internacional y el otro por que hay todavía mucha memoria popular, ambos por que los muertos no se olvidan, a pesar de que Toledo y su Comisión de la Verdad y Reconciliación apostaron durante un lustro por el olvido. Tampoco se olvida que en ambos casos hubo Gobiernos extranjeros que los protegieron (Japón, Estados Unidos y Francia por ejemplo) y que fueron tantos los políticos, militares, funcionarios y empresarios comprometidos que será muy difícil aclarar oficialmente la verdad. Para su infortunio existen archivos de documentos, videos e informes de comisiones que deben de salir a la luz y ser rediscutidos públicamente. Como no lo van a hacer las instituciones, ni Fujimori -que secuestro la videoteca de la casa de Montesinos- que apenas llegó extraditado amenazó con divulgarlos, el pueblo será quien deba de trabajar con la opinión pública. (1) La ambición por la reelección podría ser la perdición de García. Es lo que se colige al examinar en las siguientes líneas su negra trayectoria. A un año de la elección García pierde parte de la escasa legitimidad que tenía, solo cuenta con 30% de aprobación y 67% de desconfianza. En un contexto en el que 63% están entre insatisfechos y muy insatisfechos con la democracia y al resto no le importa que tipo de Gobierno existe, si hay resultados. Es la crisis de un sistema político autoritario y excluyente y de despolitización de los sectores medios, pero que las jornadas de julio expresan que en el nivel popular quieren aumento del gasto social, la descentralización y entrar en la vida política. Al mismo tiempo muestran la potencialidad rebelde que se reveló como antineoliberal ante una convocatoria dada por los sectores más concientes y de la izquierda -muchos de ellos ya en crisis social y muchos otros en latencia- frente a pueblos con enormes necesidades y con expectativas respecto al alto crecimiento, a las inmensas ganancias de trasnacionales y burguesía “nativa” (los Gubbins, Simpson, Acker, Brescia, Back, Broderick, Timmers, Scultze, Fluir, Hochschild, Caciq, Ciafrelli, Swayne, Griso, Uranga, Romero). García-Fujimori-Toledo-García. El periplo neoliberal se inicia con García y las políticas de ajuste, después de la caída de la economía en 1987 y también con él comienzan los golpes más duros a las bases apoyo y los crímenes de guerra, sienta las bases de la derrota de Sendero Luminoso (SL). Dos hechos fundamentales para explicarnos la situación actual. El “primer” Alan con sus críticas al FMI no duro ni un par de años y después acepto la recolonización, a partir de las recomendaciones del FMI-BM y la presencia militar de los Estados Unidos para combatir a SL. Fujimori continuo con esas políticas y Toledo hizo lo mismo.(2) El saqueo del país, la violencia etno-genocida, la corrupción y la narcopolítica -que siempre han dio de la mano en América Latina- también comienzan hace 20 años. De aquí se puede deducir que el juicio y la extradición de Fujimori debería ser un proceso también contra Alan García y Toledo. La extradición de García y Toledo es metafórica, a uno hay que sacarlo de la protección norteamericana y al otro de la inmunidad que acompaña al Presidente.(3) La imposición del neoliberalismo como sentido común y parte de la cultura cotidiana, sometiendo a los pensadores críticos, ávidos de beneficios, fue la herencia más grande que le dejo Fujimori a García. El control del país a través del SIN fue otra enseñanza de García que Fujimori la llevó a su máxima expresión dejando que un comprobado agente de la CIA maneje la política peruana. Las instituciones, los servicios de inteligencia y los medios sirvieron para el control total y absoluto del sistema político, del Congreso, de la izquierda y derecha, de las Fuerzas Armadas y la Iglesia, de empresarios y poder judicial.(4) La narcopolítica también comienza con García y con Fujimori se hace institucional. Hoy en día basta llegar o salir del aeropuerto para entender que estos controles no han cambiado mucho, desde allí se comienzan a violar los derechos humanos. Al llegar a un puesto de periódicos o ver la TV podrá observar como se configura la falsa conciencia y la sumisión. Y al salir a la calle verá la presencia de Chile y las trasnacionales en cada espacio público. El primer Gobierno de García (1985-1990) ha vuelto a la memoria recordándonos la corrupción (caso Zanati, INDUMIL, la malversación de un millón de dólares en el tren eléctrico, los millones de dólares apropiados por la mafia palaciega con los dólares MUC, la compra de Mirages, la venta irregular de acciones de la deuda por Alva Castro, la compra de carne descompuesta y mil casos mas de él y sus compañeros que coparon el Estado) violación cotidiana de los derechos humanos, llegando al crimen organizado con la banda paramilitar Rodrigo Franco dirigida por Agustín Mantilla.(5) En este segundo Gobierno ambos personajes han vuelto al Ministerio del Interior, del mismo modo que la corrupción en grande con las trasnacionales mineras y de otros sectores como la pesca, se acompaña de fraudes pequeños como la compra de 469 patrullas adquiridas para el Ministerio del Interior por más del doble de su precio real a empresarios chilenos, días mas tarde fueron 96 ambulancias para el Ministerio de Salud y otros no tan pequeños como su relación con la narcopolítica descubierta en el caso de Benedicto Jiménez quien ofrecía información a los narcos desde la dirección del Instituto Nacional Penitenciario. ¡Felizmente que hoy solo controlan dos regiones! El proyecto de ley 1640 puede ser la matriz de una corrupción en grande, la cereza en el postre, al declarar de interés nacional la ejecución de 20 proyectos de inversión en la actividad minera que incluye -obviamente- a Majaz. La pregunta que se hace Campodónico es ¿Quién priorizó esos 20 proyectos?. (6) García pretende mostrar que es responsable y democrático con el poder, pero para quien no acate sus disposiciones impulsa la aprobación congresal de la pena de muerte, legalizando así su actividad preferida entre 1985-2000. Es la seguridad preventiva tomada de los estrategas bélicos norteamericanos. Tiene una lista de selectos enemigos que no los dejará avanzar: la familia Humala (Antauro ya preso y Ollanta en su libertad condicional acusado por genocida e insurrecto, que solo desea que Alan corrija sus errores mientras, los 45 congresistas -de 120- del partido Nacionalista andan a la deriva), Hernán Fuentes el bolivariano Presidente Regional de Puno admirador de Hugo Chávez, los dirigentes de la Nueva Izquierda, Huaynalaya dirigente magisterial, los dirigentes cocaleros presos (Palomino) o condenados (Obregón y Malpartida), los congresistas opositores al TLC bajo amenaza de desafuero, los dirigentes menos pactistas de la CCP, CNA, CGTP, etc. El problema para García será que en la medida en que aumenten los conflictos aparecerán más y más dirigentes, obligándolo a recurrir a la violencia indiscriminada. García cree -con el trauma del I Gobierno- que la legitimidad radica en el equilibrio macroeconómico, sin embargo Humberto Campodónico y Jurgen Schuldt nos ofrecen información para desmitificar el crecimiento y sus secuelas, el primero señala:
1. El Gobierno prolonga hasta el año 2009 la exoneración al pago del impuesto a la renta a las ganancias obtenidas en la bolsa de valores, baja la tasa del impuesto transitorio a los activos netos perdiendo el 2007 el Estado unos 70 millones de dólares y otros 80 por la baja la tasa del ITF , que se agregan a la exoneración del pago de impuestos a los tenedores de bonos y al IGV (150 más). Finalmente intercambio el impuesto a las sobreganancias a las empresas mineras por un óbolo voluntario. Por otro lado elimina las exoneraciones e incentivos tributarios a las regiones Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y parte de Loreto. 2. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios hay una caída de sueldos y salarios que contrasta con las altas ganancias empresariales expresadas en el crecimiento de la rentabilidad empresarial (32% en el primer trimestre del 2007), la bolsa de valores (que subió en 170% el 2006) y las utilidades de las empresas que superaron los 5 mil millones de dólares en ese mismo año. (7)3. La renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las mineras para instaurar el impuesto a las sobreganacias por explotación de recursos naturales hubieran significado 700 millones de dólares anuales en lugar de los 130 de aporte voluntario. ¿Qué porcentaje de esos 700 serán para la Presidencia?.(8) Querrá emular a Salinas de Gortari que ahora con su Grupo México es el primer consorcio minero mundial.
Jurgen Schuldt nos ofrece otra información relevante:
4. Alan García esta cumpliendo con su objetivo central “el grado de inversión” que significa satisfacer las demandas de los electores externos: las corporaciones trasnacionales, la banca de inversión, el gobierno de EEUU y los organismos financieros internacionales. Efectivamente aumentaron los ingresos pero solo para los estratos de mejor ingreso. García les adelantó pagos a los acreedores externos, lucha por el TLC para los exportadores y respeto a la estabilidad tributaria para los inversionistas. 5. A medida que los inversionistas extranjeros recuperan su inversión inicial aumenta la remisión de utilidades al extranjero. En el trienio 2004-06 de acuerdo al Banco Central, comparando los dólares que ingresaron por inversión externa (7,839 millones) y los que se fueron por utilidades (13, 597 millones) hay una diferencia de 5,758. Solo en el 2006 se fueron 7,000 millones de dólares por remisión de ganancias que equivalen al 8.5% del PBI y casi un tercio de las exportaciones. 6. Ante la desaparición de expectativas en una redistribución del ingreso surgió la desesperanza personal-familiar primero y en las movilizaciones sociales después. Cuando la desigualdad social pasa los umbrales de tolerancia se produce caos y violencia. 7.Los futuros desequilibrios externos provendrán de los desequilibrios en el sector privado y especialmente en las tendencias de la inversión extranjera y la remisión de utilidades acrecentándose la volatilidad de la economía peruana respecto a cuando el sector público era importante. (9)
El gran crecimiento de las exportaciones no impacta sobre el crecimiento de la economía.

Alan García soslayando la Ley de Regalía minera y el fallo del Tribunal Constitucional prefirió respetar la estabilidad jurídica constitucional y no tocar los contratos-ley, inmodificables inclusive por el Congreso que hubiesen generado mil millones de dólares. Proteger a las empresas mineras y lograr el TLC con Estados Unidos para favorecer a los exportadores son las prioridades de García. Sin importarle que este Tratado arruine al 97% de la agricultura. La vulnerabilidad y la miseria a la que nos ha llevado el neoliberalismo, todo para las trasnacionales y nada para los trabajadores. Un ejemplo es la seguridad alimentaria no existe más en un país que logró tenerla en la época de los Incas y que hoy esta al lado de los países africanos. Minerales, energía, alimentos, harina de pescado son regalados a cambio de coimas y la formación de lumpenempresarios peruanos. Bayovar podría producir fertilizantes, la anchoveta podría ser consumida por los niños escolares, el gas debe venderse primero dentro del país y no a México, Estados Unidos o a Chile como ya lo decidió el Consorcio Camisea (Hunt Oil, Techint y otras trasnacionales) a precios muy bajos. La otra varita mágica es que el mercado reemplace al Estado en la asignación de recursos. Patético en el tratamiento político del terremoto que devasto gran parte del sur chico y que salvó al Gobierno de la creciente ofensiva popular. Crea enorme desconfianza al nombrar al multifacético Julio Favre, fujimorista, ex presidente de la Confiep, asesor militar y propietario de una “base militar” contrainsurgente, como presidente del Fondo de Reconstrucción del Sur contando en su equipo con Pedro Pablo Kuczinski connotado defensor de trasnacionales y antipopular ex ministro que hoy propone reducir aun más los impuestos a las trasnacionales. Una salida popular es la migración y la otra la resistencia, se espera que este año migren 400 mil personas que incrementaran la remisión de utilidades a más de 2 mil millones de dólares. La reprimarización de la economía y también de la política y la cultura han mantenido rotos sus encadenamientos, los nuevos empleos son precarios y la acumulación es primitiva, las trasnacionales son exoneradas de impuestos y la carga regresiva va sobre los pueblos, sobreganancias para estas empresas y sobreexplotación de los trabajadores. Mientras que la remesa de utilidades en el 2006 fue de 7 mil millones de dólares, el dinero le sobra al Estado -con una inversión pública del 2.8% del PBI-y lo usa para prepagar la deuda externa, mientras la población languidece y vive en gran parte de las remesas que ya pasan el 2% del PBI. (10)LA PRESENCIA DE CHILE EN LA ECONOMÍA. La otra política que privilegia el pragmático García es emular a Chile, pero ¿como hacerlo si este país esta recolonizando a sus vecinos? . Veámos como ese país se adelantó algunos años en conquistar al Perú. Esta invirtiendo fuera de su país y sus mercados privilegiados son Argentina, Brasil, Perú y Bolivia. Con la diferencia de que en los dos primeros no tiene la importancia estratégica que en Perú donde tiene invertidos 5,300 millones de dólares divididos en energía -electricidad y distribución de combustibles (45%); Le sigue la industria (alimentos, bebidas, insumos diversos) transporte y comunicaciones (aviación y puertos) 30% y el resto en comercio (tiendas departamentales, farmacias, supermercados y centros comerciales. En los años 90 introdujeron vehículos usados a Perú y Bolivia por miles de millones de dólares (destacando Santiago Fujimori como importador peruano) y en el 2002 ya tenían 52 millones de dólares invertidos y hoy tienen alrededor de 250 empresas propias y capitales accionarios en varias peruanas, entre ellas Edegel, Edelnor (electricidad), Primax (distribución de combustibles), los puertos de Callao y Matarani ( Claro, Von Apeen y Urenda) que concentran el 80% de la carga. Están en las finanzas el Banco del Trabajo, CMR y Cordillera; en la industria destacan Watt`s, costa, ambrosoli, carozzi. En el comercio Saga Falabella, Sodimac, Aotus, Plaza Atocongo, Jockey Plaza, Ripley, Inkafarma, Fasa. Seguros Falabella y financiera CMR (que pronto será Banco Falabella). (11) Chile que hace 128 años se apropio de Arica y Tarapacá, ahora disputa parte de los mares de la frontera sur y lo hace con un poderío militar 5 veces superior. Perú solo tiene 300 millones invertidos en Chile, 18 veces menos. Pero el problema mayor es que ese es el modelo de Alan García. Todo indica que García representa los intereses imperiales norteamericano y subimperial de Chile, de las trasnacionales, de la Sociedad Nacional de Minería -que incluye trasnacionales-, de la lumpenburguesía comisionista que incluye a los empresarios narcopolíticos y a otros sectores que son los sujetos del crecimiento. REGIONALISMO Y MOVIMIENTOS SOCIALES. Existen un conjunto de motivos que han desencadenado la lucha social. El mas importante es la provocación gubernamental al colocarse al lado de las empresas trasnacionales atentando contra la vida misma y los grados de autonomía departamental y local. Es la misma lucha que se viene dando contra el neoliberalismo desde loa 80 donde las regiones, pueblos, trabajadores e indígenas de modo desigual, explosivo, organizado o espontáneo cuestionan al poder político y económico, al carácter depredador y contaminante de las trasnacionales, al abandono de la agricultura y las migraciones, al control y a la militarización de la vida pública, a la distribución excluyente y corrupta. La lucha es múltiple, de variados sujetos, defensiva y a veces ofensiva contra el neoliberalismo, el sistema político, la política económica y su máxima expresión: el TLC. El nuevo espacio de conflicto es el territorio y sus recursos, contra los inversionistas y sus protectores, en defensa de la soberanía nacional contra la ingerencia principalmente chilena y norteamericana; defensa de los derechos de los pueblos a tomar agua, a respirar, a comer de ahí el apoyo a la agricultura, a los campesinos y contra los atentados al medio ambiente; y la defensa de los derechos sociales y laborales. Los movimientos sociales se reagrupan ante la ofensiva del capital, aun están dispersos y evolucionan espontáneamente. El Congreso aprueba leyes antipopulares ante la inercia de Ollanta Humala y su ya disgregada agrupación política. El pueblo decide luchar En minería el saqueo es inmisericorde: mientras el cobre aumentó 218.7% entre el 2003 y el 2007 los trabajadores ganan 200 dólares-mes 0 620 soles cuando la canasta básica se calcula en 2000, trabajan 12 horas y viven en condiciones subhumanas. , 20 mil obreros estables y 85 mil contratados. De acuerdo con Gustavo Espinoza
“En el 2006, por ejemplo, las empresas incrementaron sus sobreganancias por encima de un 83% con respecto al año anterior. En cifras netas el monto equivalió a 10,200 millones de soles, es decir alrededor de 3, 500 millones de dólares, que las empresas se llevan sin retribuir un centavo a sus trabajadores y aportando apenas el 5% de este monto al Estado” . (12)
Las leyes 24656 y 26505 y convenios internacionales establecen que las actividades mineras, hidrocarburíferas y otras extractivas requieren de licencia social otorgada por dos tercios de la asamblea de la comunidad propietaria de las tierras, sin embargo el Estado incumple con esas disposiciones pero además se opone a cualquier pretensión de ordenar el territorio o reconocer zonas ecológicas donde no deben realizarse actividades mineras. (13)Los Gobiernos neoliberales han entregado en cuadrículas gran parte del país concesionando el subsuelo. Si hasta hoy se ha repartido el 10% del territorio, García se propone entregar medio país. Según el periodista Zibechi:
La otra cara del desastre ambiental que provocan las mineras son las fabulosas ganancias que colocan al Perú como primer productor de plata del mundo, tercero en estaño y zinc, cuarto en plomo y cobre y quinto en molibdeno y oro. Las multinacionales están invirtiendo mil millones de dólares anuales pero solo en el 2005 el valor de la producción de oro de 3 mil millones de dólares, el de cobre de 3,600 millones y el de zinc de mil 400 millones de dólares. Los minerales suponen el 45% de las exportaciones peruanas, pero la actividad minera solo aporta 4 por ciento de los ingresos del Estado y uno por ciento de la población activa. La contaminación le cuesta al país 4% del PBI. (14)
Curiosamente el mismo Ministerio de Energía y Minas promueve la inversión minera. aprueba los estudios de impacto ambiental y define los términos de la participación ciudadana. Lo que se presta a una mayor corrupción, así la minería es fuente de enriquecimiento de los funcionarios apristas. La minería representa el 61.7% de las exportaciones peruanas en el 2006 y el 25% de los ingresos fiscales. Los departamentos donde están ubicados los yacimientos explotados corresponden con la mayor pobreza y contaminación ambiental que incluye aire, aguas, tierra y mar. La estrategia de las empresas para incumplir con las normas ambientales es presentar antes del vencimiento del plazo prorrogas, todas lo hacen. Dos ejemplos de los innumerables casos son la empresa norteamericana Doe Run Company posee en La Oroya una planta metalúrgica que contamina toda la ciudad. La Southern Perú del Grupo México contaminan el aire, aguas y tierras en Ilo-Moquegua. Tacna y parte de Arequipa también sigue reprogramando sus medidas contra la contaminación. En Puno, también se enfrentan a la contaminación de la Cuenca del Río Ramis exigiendo desde el 2 de julio el cese de actividades en Chaquimina, Pampablanca, San Antonio de Poto y Ananea. Las comunidades de Ayabaca y Huancabamba se oponen al ingreso de la Majaz-Monterrico Metals (en una consulta con observadores internacionales el 97% dijo no a la trasnacional y al Gobierno que abiertamente abogó por ella) ; en Quilish-Cajamarca las comunidades y pueblos defienden la intangibilidad del cerro Quilish en defensa del agua que pretendía Minera yanacocha para expandir su explotación de oro, el Estado a través del Ministerio de energía y minas y del Tribunal Constitucional defiende a la trasnacional por ser de interés nacional. (15)Los cocaleros también están desde hace mucho en conflicto, en defensa de sus cultivos. Las zonas más importantes son el Alto Huallaga y el Valle del Río Apurimac y Ene (VRAE, con 16 Has. cultivadas y 300 mil campesinos). Dos zonas de varias otras más como La Convención y Lares, los valles del Río Vilcanota, Calca, Paucartambo, selva de Puno, etc. que adquieren importancia por su capacidad de resistencia a la erradicación. En el Alto Huallaga Sendero Luminoso radicó una fuerza militar de alta combatividad que hasta hoy esta presente, mientras que en el VRAE -de acuerdo a Cabieses- comenzó su derrota al enfrentarse a las “rondas campesinas” de pequeños y medianos productores aliados con los narcotraficantes. De allí proviene Nelson Palomino condenado a 10 años de prisión, hasta el 2013 y también Nancy Obregón que junto a Elsa Malpartida -hoy congresistas, la segunda del Parlamento Andino, condenadas a 3 años de prisión- continuaron enfrentándose a la violencia de un Estado que penaliza a los cultivadores y por la comercialización autónoma. El Estado por su lado quiere construirse como tal, pues desde 1984 no existía en la región. Nancy Obregón relata como recuerda la guerra desatada por SL contra el Estado y el genocidio de las Fuerzas Armadas en su región:
…el ejército peruano era peor que animal, peor que bestia, por que mataba, ultrajaba a las niñas, había mucha violencia, y dicen que Sendero Luminoso debe 25 mil vías, yo digo que el ejercito peruano debe debe 2 o 3 veces más muertes en Perú. (16)
En efecto desde el inicio de la guerra en 1980 llegaron miles de Sinchis de la Guardia Civil que se sumaron a los efectivos de la marina de guerra y de la DEA en el combate a Sendero, el control del narcotráfico y la destrucción de cocales primero con lanzallamas y dinamita y desde 1983 con el hongo fusarium y el defoliante de uso bélico Spike. Para los cocaleros el problema de la coca es parte del problema agrario y de la sobrevivencia, en el año 2003 recién inician una lucha política con una marcha que los hizo conocer. Mientras la erradicación aparezca como tema de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo las luchas continuaran. La asociación del narcotráfico con el gran capital, las fuerzas armadas, la policía y los políticos vienen desde 1975 y se afirma con Montesinos-Fujimori hay un narcoestado. Un caso paradigmático fue el del General Hermoza Ríos, ahora preso. Los aviones y buques de la armada cargados de drogas, la flota pesquera y los grandes traficantes, lavadores de dinero y proveedores de precursores químicos. Los primeros días de mayo la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú (CONAIP) realizó el I Congreso Político del Movimiento Indígena del Perú y se creo el Movimiento Indígena Andino-Amazónico (MASA) planteando una democracia plurinacional, un Estado confederado de naciones originarias y convertir al movimiento indígena en instrumento político para la unidad de las fuerzas populares. Un gran avance sin duda que tendremos que ver como evoluciona. La Asamblea Nacional de la CGTP aprueba para julio 11-12 una jornada nacional de lucha sobre la base de una buena lectura de la creciente conflictividad laboral, social, regional que vivía el país. Exigían cambios en la política económica, revisión del TLC, Asamblea Constituyente, entre otras demandas. La CGTP y otras centrales al mismo tiempo que unifican reducen los horizontes emancipatorios, circunscribiéndolos a las condiciones de la institucionalidad liberal. La FNT Mineros y metalúrgicos donde ya habían conflictos en Minera Casapalca (empresa peruano-norteamericana), Yanacocha, Southern (Grupo México), Misimayo (filial de la brasilera Vale do Río Doce, que tiene paramilitares con la anuencia estatal) y otros establecimientos mineros y solo esperaban el vencimiento de 60 días prorroga de la huelga nacional de abril, después de su anterior huelga nacional, de 5 millones de campesinos agrupados en la CCP (contra el TLC, las mineras y en defensa de los campesinos cocaleros y otros productores) y la CNA que congrega a muchas empresas asociativas y campesinos), los agricultores convocaron a un paro nacional coincidiendo con 75 conflictos sociales entre los cuales esta el SUTEP (piden duplicar el presupuesto del 3 al 6%, rechazan la Ley de Carrera Docente y las evaluaciones usadas como mecanismo de despido de la radical dirigencia), los trabajadores de salud, los docentes universitarios que están recibiendo en cuotas un aumento homologante ya aprobado. Recordemos que hasta el 2005 la CNA, CCP y CGTP estaban mas cerca del pactismo que de la resistencia, a diferencia de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (CONACAMI). La participación de esta central junto a la CCP y CNA en la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas los lleva una visión que rechaza la neocolonización que esta llevando a su caducidad al Estado antinacional, confronta a las trasnacionales y a los privatizadores, a los organismos internacionales multilaterales que están sobre ellos y propone una agenda de lucha contra el imperialismo y sus organismos de control y se pronuncian por la emancipación del capitalismo. (17)Los frentes de Defensa de Yurimaguas, de Ayacucho, el frente Patriótico de Loreto, y algunas otras regiones como Huanuco (cocaleros), Loreto (presupuesto para escuelas), departamentos del norte (por mejores precios) Puno (también pararon demandando la carretera transoceánica), Ucayali (preservación de exoneraciones tributarias, la ciudad de Pucallpa estuvo 11 días en manos de la población), Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancayo, Tacna y Moquegua. Sindicatos de la industria como CELIMA, Fibras Industriales, la textilera Topy Top (donde despidieron a decenas de dirigentes sindicales) y oras mostrando que la lucha obrera no estaba muerta. Millones protestaron lo que solo corrobora el 76% de la población que desconfía del Gobierno (Encuesta de Conecta Asociados del 20-07-2007, dato de Muñoz) (18) Bloqueos de carreteras, grandes manifestaciones cientos de miles -la mayoría en la capital- , marchas, paralización de ciudades, movilizaciones, enfrentamientos con muertos y heridos. Detienen dirigentes del SUTEP como Robert Huaynalaya y Luis Muñoz, El Gobierno inmediatamente recurrió a las medidas en las cuales García se considera experto, autorizó a las FFAA intervenir en el territorio nacional amenazando a los movimientos con desaparecerlos desde la criminalización con el objeto de someterlos a la lógica institucional. Peor aun, Ollanta Humala, su descompuesta organización y sectores de la vieja izquierda quieren orientar a los movimientos a la sola democracia representativa y a las elecciones del 2011. Aun existe incapacidad de generar un proyecto político convergente que aceptando la diversidad y autonomía, desate una feroz crítica contra los sujetos que defendiendo al Estado liberal permitieron avanzar al neoliberalismo. Que recuperando nociones como lucha de clases, revolución y socialismo reconfiguren el proyecto emancipatorio y reindegenizando sus contenidos en una alianza histórica con lo popular-mestizo de horizonte descolonizador. No obstante la represión generalizada, las luchas regionales siguieron en medio país (Chiclayo, Pucallpa, Huancayo, Ayacucho, Puno, Cusco, Tacna, Ayacucho, Ancash, Cerro de Pasco, Huancavelica) y por lo menos 7 Presidentes Regionales de 12 movilizadas, estuvieron en las movilizaciones. La ausencia de infraestructura, el déficit de carreteras, el abandono de las Pymes, la miseria campesina, contrarrestan con el aumento de inversiones en minería y pesca. De modo ejemplar el Frente de defensa del pueblo de Ayacucho después de un paro preventivo de 48 horas los días 3 y 4 de julio contra la política neoliberal, convoca a una multitudinaria marcha de los waris para el 21 de julio, a la que se sumó la municipalidad y Gobierno regional. Campesinos, trabajadores públicos, clubes de madres, asociaciones de vivienda, municipios, etc.. En Apurimac el Frente de Defensa Regional de Apurímac exige con un paro el 16 de julio el asfaltado de la carretera Huamanga-Abancay, subsidio de 50% a fertlizantes y fungicidas, instalación de una oficina de Agrobanco en Chincheros, la creación de un SOAT regional, reducción de tarifas eléctricas a la mitad. El enfrentamiento con la policía tuvo como saldo un muerto. En Huancavelica luchaban por la vacancia del Presidente Regional. Hasta que el sismo en Pisco salvo al Gobierno de una nueva ola de huelgas. LOS INTELECTUALES: LA USAID, LA FORD Y LAS ONG EN LA COYUNTURA Estados Unidos y los poderes imperiales, las trasnacionales y la nueva derecha, compran conciencias caen intelectuales destacados como el arqueólogo Lumbreras, el historiador Macera, el sociólogo Cotler son algunos casos notorios. El ecologista Antonio Brack después de décadas de lucha por el medio ambiente ahora, a la vejez, se vende a las trasnacionales mineras y las defiende tanto como a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y al Ministerio de Energía y Minas. (19)Como dice Ivan Salas luego de asistir a un evento de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería
“…hace 14 años que asisto a este tipo de eventos, encuentro que el diagnóstico es el mismo: abuso, expropiación coactiva de tierras, contaminación, saqueo, facilidades tributarias a trasnacionales, explotación laboral, corrupción, es decir, las características típicas de una economía de enclave” (20)
Relata que Jaime Quijandría (accionista de la empresa Yanacocha), quien autorizó que esa misma empresa explote el cerro Quilish en Cajamarca fue invitado a trabajar al Banco Mundial. En tiempos de conflictividad social, de mercantilización y terror estatal, la clase media prefiere la seguridad pública autoritaria y venderse al mejor postor. En este contexto, antes los intelectuales lo hacían excepcionalmente ahora de modo masivo. Basta ver el espectáculo universitario donde no solo ha desaparecido el pensamiento crítico, sino que han proliferado los defensores del sistema, muchos en su confusa ignorancia. La denuncia de Silvia Rivera es deprimente, señala:
La estructura arborescente del colonialismo interno se articula con los centros de poder del hemisferio norte, llámense universidades, fundaciones u organizamos internacionales…La estructura ramificada del colonialismo externo-interno tiene centros subyacentes, nodos, y subnodos que conectan a ciertas universidades, corrientes disciplinarias y modas académicas del norte con sus equivalentes en el sur…crean un nuevo canon académico, utilizando un mundo de referencias y contrareferencias que establece jerarquías y adopta nuevos gurús: Mignolo, Quijano, Dussel, Catherine Walsh, Javier Sanjinés. Dotados de capital cultural y simbólico gracias al reconocimiento y certificación desde los centros académicos de los Estados Unidos, esta nueva estructura de poder académico se realiza en la práctica a través de una red de profesores invitados y visitantes entre universidades, a través del flujo -de sur a norte- de estudiantes indígenas o afrodescendientes de Bolivia, Perú y Ecuador que se encargan de dar sustento al multiculturalismo teórico, racializado y exotizante de las academias. (21)
Los intelectuales del sistema como los del Instituto de Estudios Peruanos, financiados por fundaciones como la Ford hacen recomendaciones para una mejor Gobernanza. Por ejemplo Julio Cotler sostiene que después del susto provocado por la familia Humala “estamos pasando por un momento que ayuda mucho al crecimiento y ya esta goteando y chorrenado hacia abajo de a verdad”, “…yo creo que Alan García esta jugando a cambiar”, “…García tiene interés en firmar el TLC con Estados Unidos por que le da un horizonte de crecimiento de cinco años…Tienes que pensar cada vez con menos ideología y más pragmatismo”, y recomienda -influenciado por el institucionalismo norteamericano- fortalecer el Estado, dice “En el momento en que tengas Estado, esta autoridad pública con capacidad de regular y mandar, entonces vamos a tener partidos que van a tener una referencia social y estatal”.(22) Huelgan comentarios.(23) También exdirector del IEP sostiene que García es conservador y tradicionalista, con un manejo ortodoxo y escrupuloso de la economía, teme el fracaso de este Gobierno y que el Perú se desbarranque apostando aun modelo como Bolivia o Ecuador. (24)Su discípulo, Carlos Iván Degregori, duro asesor contrainsurgente y heredero en la dirección del IEP se limita a criticar la alianza de García con los fujimoristas, la derechización del APRA y lamentar la crisis del sistema político. Recomienda a García tomar una posición de centro. (25)Los intelectuales peruanos como él coinciden con que durante el gobierno de Ronald Reagan en los años 80 se renovaron las estrategias hacia nuestra región y llevaron a la creación de nuevas instituciones y a la proliferación de supuestas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que como las tropas, los grupos de choque, las fuerzas especiales o los especialistas en guerras sucias en el plano militar, sed aplican a otros terrenos de la vida política de nuestros pueblos. (26)
Prosigue Calloni informándonos que una de las estrategias de las fundaciones que financian a las ONGs es apoderarse y controlar los organismos de derechos humanos proponiendo “reconciliaciones” para la impunidad Y para ello están la Nacional Endowent Foundation NED, la USAID, la Ford y otras fundaciones que configuran la “cara social” de la CIA. Para ellos, como para los intelectuales citados, la libertad es una aspiración humana que puede ser realizada a través de las instituciones, procedimientos y valores democráticos. Pero además sustentan teóricamente el intervencionismo al señalar que la democracia no puede alcanzarse simplemente con las elecciones. La NED, las ONGs, la comisiones de la verdad y reconciliación, la USAID están para fortalecer la democracia. De allí que los encontremos en toda la América latina desarrollando estrategias de dominación y recolonización. La NED tiene el financiamiento del Departamento de Estado y de fundaciones como la Smith Richardson, John M. Hollín, Lynde and Harry Bradley, fondos con lo que financia más de 6000 organizaciones políticas y sociales en el mundo. Otros intelectuales cercanos a los citados pero relativamente más independientes son Sinesio López y Nelson Manrique. El primero se preocupa principalmente de que ante el posible fracaso de García, de quien esperaba más, cuya política privilegia la represión, la cárcel o las masacres, un aventurero se apodere del país. Recomienda al Gobierno que atienda las demandas regionales y resuelva la presión distributiva con una política tributaria e incluso con préstamos del extranjero pues peligra el Perú político.(27) Manrique, sostiene que el de García es un gobierno continuista, de alianza con los grandes empresarios que ataca a las regiones excepto a las dos apristas y que respaldarse en la violencia favorece a los militares. Critica Hugo Neira -otro intelectual reinfluencia francesa- Director de la Biblioteca Nacional por avalar la censura a un artista que critico en una caricatura a las fuerzas armadas. Recomienda al gobierno atacar la pobreza y buscar consenso. (28)Entre los intelectuales críticos independientes se agregan a los ya citados Schuldt, Campodónico, Fairlie otros pocos como Javier Diez canseco, Daniel Abugattas, Rodrigo Montoya, Héctor Bejar, Raúl Wiener y Aníbal Quijano. Veámos que opinan. Javier Diez Canseco, firma con el PCP, PNP, PS, PSR,MNI y el Comité Malpica un pronunciamiento que parte de una acérrima critica en una Carta abierta al Presidente acusándolo de continuista con el neoliberalismo, de persistir con los viejos estilos políticos y aumento de la corrupción y el abuso; de favorecer a las trasnacionales, imponer un shock de coimisiones y corruptelas, responder con plomo a las protestas. Sin embargo solo atinan a pedirle una rectificación de su política. Daniel Abugattas, congresista por Unidad Nacional, denuncia que las empresas mineras manejan el país. Anota sobre García que es indolente ante los problemas del país:
…Pero cuando tocan una minera -que aun no tiene contrato de explotación firmado-el señor ya esta organizando mesas de diálogo, moviliza al Jurado Nacional de Elecciones, obligan al procurador a iniciar procesos judiciales, declara adiestra y siniestra que esto es ilegal. Realmente esto demuestra que los que gobiernan el país no es Alan García o Jorge del Castillo, sino las empresas mineras, ellas son las que manejan el país…El Presidente García es una figura decorativa de los intereses de las mineras en el Perú. (29)
Reflexiona también el estancamiento y pobreza de las tradicionales zonas mineras que durante más de un siglo son explotadas. Respecto al terremoto reconoce que García debe de ser el mejor manejador de medios y crisis mediáticas, poso con la esposa y desapareció dejando a una Comisión que resuelva los problemas de empresas esparragueras y avícolas. Critica también el carácter represivo del Gobierno, la Ley de Carrera Pública Magisterial y cree que el anhelo de García es convertirse en Fujimori. Rodrigo Montoya más ácido en su crítica señala que Alan García tiene dos objetivos: lavar su imagen y terminar su mandato. Puede decirse que logrará su primer objetivo en los predios de la derecha y de los Estados Unidos pero será difícil que lo consiga entre las masas indígenas, campesinas y populares. Busca estar cerca de las FFA y de la Iglesia y de los organismos financieros para enfrentar la pobreza y la integración de los indígenas. La riqueza cultural del país no es tomada en cuenta, menos aun los excluidos del país. Celebra la formación de la Coordinadora Andina de Organizaciones indígenas y su lucha por otro Estado. (30)Héctor Bejar, en un documento más elaborado y de mayor perspectiva denuncia el TLC, las pretensiones norteamericanas de instalar bases militares en Perú (Chiclayo), la invasión del poder económico de Chile que invierte en valles irrigados con dineros del fisco y se apropia de los fondos de pensiones. Critica la corrupción y ausencia de valores que llegan con el neoliberalismo que no es más que una cadena de complicidades y negociados que viene de las trasnacionales y las mafias. Critica el saqueo de los yacimientos minerales, de los hidrocarburos, del mar y de la Amazonía. Finalmente llama a la unidad para construir poder popular, para una patria libre.

LOS PELIGROS Y LÍMITES DE LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA

Comencemos con las opiniones de Arundhati Roy acerca de los peligros que afectan a los movimientos de resistencia: a. El difícil punto de encuentro entre los movimientos de masas y los medios de comunicación de masas b. Los riesgos de la ONG-eización de la resistencia y c. El enfrentamiento entre los movimientos de resistencia y los estados cada vez mas represivos. Comienza analizando la crisis de la democracia electoral y desaparición del poder público ubicándola en un escenario global donde los instrumentos internacionales de comercio y finanzas supervisan un complejo sistema de leyes multilaterales y acuerdos que han consolidado un sistema de apropiación mas allá de la jurisdicción de los gobiernos soberanos que daría vergüenza a los colonialistas. Sistema que permite la entrada y salida de capital especulativo de los países del tercer mundo que acaba por dictar la política económica y a las trasnacionales tomar el control de la infraestructura y recursos naturales. En este contexto las ONG -financiadas por agencias de ayuda y desarrollo que a su vez reciben fondos de Gobiernos de occidente, del BM, ONU y corporaciones multinacionales- reparten caridad para descargar la rabia política, alteran la psique pública convirtiendo a las personas en víctimas desvalidas, liman las aristas de resistencia. Al mismo tiempo que se colocan entre el imperio y el pueblo, absorben a los intelectuales que se transforman en árbitros, interpretes y mediadores. Contratan a líderes sociales, convierten el conflicto en negociación y al hacerlo corrompen a esos dirigentes. Son parte de la misma amorfa formación política que supervisa el proyecto neoliberal e imponen agendas. De este modo estereotipan racistas del aborigen necesitado y el hombre blanco generoso. (31)Las políticas etnocidas y militaristas. La violencia colonial es un rasgo que se mantiene pudiendo adoptar una forma jurídica, de expropiación y saqueo, de control territorial y contención militar; simbólica de negatividad, clasificación y jerarquización; indigenista, limpieza étnica, esterilización forzada, incluso la hibridación y el bilingüismo. La guerra interna de 1980-1992, fue abordada por las Fuerzas Armadas principalmente mediante el genocidio, la guerra mediática y el control del crecimiento y movilidad de la población. Sobre la base del servicio militar obligatorio se construye la colonialidad militar. Con Fujimori y Toledo utilizando financiamiento de USAID y la mediación de las ONGs se procedió a la esterilización masiva de cientos de miles de mujeres indígenas, como medida preventiva. En lo institucional, en 1997 se creo -con apoyo del BID-BM- la Secretaría Técnica de Asuntos Indígenas, un año después la Comisión de Asuntos Indígenas. En el 2000 se creo una comisión especial multisectorial para las comunidades indígenas y una mesa de dialogo permanente. En el 2001 se crea la Comisión Nacional de Pueblos Andino Amazónicos. Políticas neoindigenistas que supuestamente buscan extender la democracia. Una muestra es el Programa Sociedad Civil financiado por el BM. Es el multiculturalismo que folkloriza al indígena. Lo hace objeto turístico en una retórica esencialista de la que son expertos las ONGs. Inclusive los conceptos de originario, étnico, mestizo, híbrido, poscolonial tienen connotaciones que van en este sentido recolonizador y que ocultan que somos países indígenas, abigarrados y que estamos ante un problema contemporáneo que invisibiliza al indígena como sujeto histórico. Los pueblos andino-amazónicos son agredidos brutalmente para expropiarles territorios y recursos naturales. Pero sin embargo, la rebelión andina esta en marcha y adopta diversas maneras de expresarse, a veces navega entre negociaciones en el mar neoliberal, pero muchos otros caminando en su laberinto pero hace camino al andar.

NOTAS
1. Fujimori tuvo el apoyo del FMI que ocultó información sobre la salida de millones para la compra ilegal de armas sobre las cuentas de la privatización, del BM y el BID le hicieron prestamos por seis mil millones de dólares no obstante ser calificado de autoritario.
2. Fujimori igual que su antecesor fue crítico del fugado García y lo amenazo con extraditarlo por corrupción y crímenes de guerra. El partido aprista se colocó en la oposición y terminaron confabulados
2. En el mundo, todos los cómplices de delitos económicos de lesa humanidad -que por tanto deben de ser rediscutidos- saqueadores, ecocidas, etnogenocidas, narcopolíticos y otras categorías que será necesario crear, deben de ser procesados. En América Latina están los Generales, Menem, De la Rúa, Salinas, De la Madrid, Zedillo, Fox, Quiroga, Sánchez de Lozada, De Meza, Bachelet, Pinochet, Cardoso, Lula, Uribe, Gaviria, Roldós, Bucarám, Gutiérrez,
3. Una expresión de la manipulación de conciencias le llega hasta al destacado periodista Raúl Zibechi, que como tal conoce superficial y distorsionadamente las cosas, sobre Fujimori escribe: “en su favor puede decirse que puso fin a la guerra y promovió cierto repunte de la economía…” “…el fujimorismo no es ahora un peligro para la democracia”. Y dice acerca de Sendero que fue responsable de mas de la mitad de las muertes y que cuando Fujimori se hizo con el poder absoluto los campesinos ya le estaban ganándole la guerra a Sendero. Sin comentarios. En Raúl Zibechi, “Juicio a Fujimori: una oportunidad para el Perú”.
4. Agustín Mantilla, Secretario Privado de García y Ministro de Interior fue el encargado de negociar con Montesinos la impunidad y luego el financiamiento de la campaña electoral de García del 2000, condenado a 6 años en el Gobierno de Toledo, salió libre el 2005 y de seguro continúa trabajando con su Jefe.
5. Humberto Campodónico, “Autoridad ambiental y proyecto de ley pro mineras”, La República, Lima, 26-09-2007.
6. Según datos de la Bolsa de Valores de Lima entre agosto 2006 y julio 2007el índice de ganancia y lucro de las empresas que cotizan en la bolsa aumentó en 173% respecto a años anteriores.
7. Humberto Campodónico, varios artículos en La República 2006-2007.
8. Jurgen Schuldt, varios artículos en el portal de la insignia, 2007.
9. Alan Fairlie Reynoso, “Perú: política económica y protesta popular”, www.voltairenet.com Quito, agosto, 2007.
10. Enrique Patriau, “Perú: el gran negocio de Chile”, La República, 2007.
11. Gustavo Espinoza, “La rebelión de las masas”, www.nuestra-bandera.com . Julio 2007.
12. Javier Diez Canseco, “A mis amigos todo, a mis enemigos la ley”, www.alainet.org , 18-09-2007.
13. Raúl Zibechi, “Comunidades peruanas derrotan a las multinacionales La Jornada, 22 de septiembre de 2007.
14. Luís Vittor, “Conflictos mineros en los Andes: contradicciones entre lo nacional y lo local”, www.alainet.org , 29-05-2007.
15. Fabiola Escárcega y Raquel Gutiérrez (Comp.), “Coca no es cocaína, cocaleros de Bolivia y Perú”, CEAM, México 2006.
16. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Declaración del Cusco: “Hacia la Construcción de Estados Plurinacionales y Sociedades Interculturales”, 17 de julio 2006.
17. Arturo Muñoz, “Asamblea Constituyente”,
18. Enrique Patriau, “El Perú es y seguirá siendo un país minero”, entrevista a Antonio Brack., www.larepublica.com.pe 25-09-2007.
19. Iván Salas, “Cinismo, Alan García, Opus Dei, prensa, micrófono y etcéteras”,
20. Silvia Rivera, “Chhixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores”, en Modernidad y Pensamiento descolonizador, Memoria Coord. Mario Yapu, PIEB, La Paz, 2006.
21. Entrevista a Julio Cotler por Nicolás Lynch enero de 2007. Caretas.
22. Un intelectual llamado Toni Negri afirma “….la segunda cuestión central es que América Latina salió de la dependencia de Estados Unidos que tenía características de colonialismo”. Entrevista por Pablo Stefanoni, Clarín, Bs. As. Agosto 2007. Qué pretende con afirmaciones tan aberrantes? Ocultar o legitimar la dominación?, Pues en la realidad todo indica lo contrario. Las denuncias de Fazio sobre la configuración de un estado policial en México o de Montemayor sobre el desmantelamiento del Estado y la imposición de una gerencia regional de poderes financieros y cupulares, el control de Gobiernos como México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, los TLCs, etc. La fuerza de sus trasnacionales. La presencia del FMI-BM-BID-USAID-CAF-CEPAL-ONGs en toda la América Latina que redefinen las relaciones de poder, dominación y colonialismo a través del financiamiento y especulación. El sistema imperial con sus bases militares, con paramilitares protegiendo los recursos apropiados, los políticos a sueldo, el control de las mafias, etc, etc..
23. Entrevista de Enrique Patriau, La República, 7 de mayo 2007.
Entrevista de Enrique Patriau en La República.
24. Stella Callón, América: la invasión silenciosa, www.rebelion.org , 21-09-2007.
25. Entrevista de Enrique Patriau, La República, 2007.
26. Entrevista por Emilio Camacho, La Republica, 28 de julio 2007.
27. ­www.nodo50.org/mariategui entrevista a Daniel Abugattas, 24-09-2007
28. Rodrigo Montoya, “Perú de Ficción”, www.jornaldearerquipa.com , 16-07-2007.
Arundhati Roy, “¿Con qué detergente lavas?. El poder público en la era del imperio” Discurso pronunciado en San Francisco el 16 de agosto de 2004. www.rebelion.org 22-10-2004.