Manual FM 3-39.40, espada de Damocles
Salvador Capote
No hay duda de que la insatisfacción y la
pérdida de confianza en el sistema han crecido extraordinariamente en el pueblo
norteamericano durante la última década. ¿Causas? –La crisis económica, las
guerras interminables y la corrupción creciente en todos los niveles del
gobierno.
La reciente caída en bancarrota de la ciudad
de Detroit, símbolo del poder de la industria estadounidense, es altamente
significativa. En sus tiempos de gloria, la gigantesca industria
automovilística, que empleaba a millones de obreros, se presentaba como prueba
irrefutable de la eficacia productiva del sistema capitalista norteamericano.
Ahora Detroit está en crisis y el capitalismo también.
De tres millones de habitantes en la década
del 60, Detroit tiene actualmente sólo 700,000; como testigo del colapso
demográfico, decenas de miles de casas han sido abandonadas; casi la mitad de
la ciudad carece ya de servicios de iluminación pública, ambulancias, bomberos,
etc.; más del 60 % de los niños viven en la pobreza; y en los suburbios es
indetenible la delincuencia y el crimen. Con la priorización del pago de la
deuda municipal de 18.5 billones de dólares a banqueros y especuladores financieros
de Wall Street, sacrificando los programas de salud, educación y asistencia
social, no es difícil imaginar los sufrimientos que aguardan a los habitantes
de la ciudad, especialmente en sus barrios negros.
Desde el desastre financiero de 2008, mientras
abandonaba a su suerte a los obreros de Detroit, el gobierno federal inyectaba
alrededor de 3 trillones de dólares (“bailout”) para salvar a Wall Street, es
decir, a los mismos banqueros que fueron causantes del hundimiento económico.
Esta política de priorizar a toda costa la ganancia del 1 % más rico de la
población, sólo puede conducir –nadie lo dude- a fuertes y airadas reacciones
de los trabajadores, a la desobediencia civil y, eventualmente, a
estallidos sociales –un “Occupy Wall Street” multiplicado- de inimaginables
consecuencias.
Porque la bancarrota de Detroit no es un caso
aislado; muchas municipalidades a todo lo largo y ancho del país presentan
enormes déficits presupuestarios y deudas acumuladas que se incrementan año
tras año. Decenas de millones de estadounidenses ya no sueñan el sueño
americano sino que despiertan, cada vez en mayor número, a la realidad de la
pérdida de sus empleos, de sus casas y de vivir con el temor de ver marchar a
sus hijos a guerras sin sentido, incosteables, contra países que nunca han
atacado a Estados Unidos.
El movimiento “Occupy”, que galvanizó las
aspiraciones de justicia social y económica de millones de personas, tomó por
sorpresa a todos los analistas políticos. Ninguno fue capaz de predecir su
masividad y la conciencia de su fuerza (“Somos el 99 %” proclamaba una de sus
consignas). “Occupy” fue la medida del descontento popular e hizo ver a los
escépticos que la posibilidad de una revolución en Estados Unidos está muy
lejos de ser una falacia de radicales de izquierda.
Como era de esperar, todo el aparato jurídico
y militar del Estado se ha ido transformando y preparando para enfrentar
cualquier contingencia. Mientras la Ley Patriota restringe las libertades
civiles de los ciudadanos, un enorme aparato de vigilancia realiza ilegalmente
labores de espionaje dentro y fuera del territorio nacional, a los soldados de
la Guardia Nacional los entrenan en apaciguar disturbios y actuar en
situaciones de emergencia, las fuerzas policíacas se equipan con toda la parafernalia
antimotines, el “Department of Homeland Security” (DHS) [Departamento de
Seguridad Nacional] adquiere 2,717 vehículos blindados (MRAPs) (1) y decenas de
miles de sus empleados reciben entrenamiento militar (2).
Estos MRAPs, diseñados especialmente contra
minas y emboscadas, cuesta cada uno un millón de dólares. En agosto y
septiembre de 2013, según datos de la “Defense Logistic Agency” (Agencia de
Logística del Departamento de Defensa), 75 de estos vehículos fueron
adjudicados a fuerzas de policía locales. Una pregunta inquietante queda
flotando en el ambiente: ¿para qué necesitan el DHS y la policía vehículos
blindados antiminas?. La presencia en las calles de estos monstruos artillados
de 19 toneladas irá convirtiendo las ciudades en zonas de guerra donde el
enemigo será el pueblo estadounidense.
En siniestra armonía con este contexto, en
mayo de 2012 (3) se supo de la existencia del “Army Field Manual 3-39-40:
Internment and Resettlement Operations” (Manual de Campo del Ejército 3-39-40:
Operaciones de Internamiento y Reubicación). El documento, de 326 páginas,
describe las medidas que tomarían los militares para internar y reubicar a
grandes masas de población, no sólo en países extranjeros sino también en
territorio estadounidense. El Ejército manejaría estos campos de internamiento
en estrecha colaboración con el DHS, con la “Federal Management Agency” (FEMA)
[Agencia Federal para el Manejo de Emergencias], y con “Inmigration and Customs
Enforcement” (ICE).
El documento del Pentágono fue elaborado
durante la administración de George W. Bush. El 8 de diciembre de 2008 se
autorizó su distribución exclusivamente entre funcionarios del Departamento de
Defensa (DOD). Con este fin fue impreso y en febrero de 2010 se distribuyó con
una nota ordenando su destrucción por cualquier medio capaz de impedir la
divulgación de su contenido o su reconstrucción (4). En mayo de 2012, el
documento se filtró al sitio web “PublicIntelligence.net” y de allí a numerosos
sitios de Internet (5).
En la clasificación de los internados que
orienta el manual se incluye la categoría de “civilian internees” (prisioneros
civiles) que serían detenidos “por razones de seguridad, por protección, o
porque han realizado acciones contra el poder constituido”.
Los internos serían “reeducados”. El manual
explica como serían “adoctrinados”, en particular los adversarios políticos.
Este proceso de reeducación sería responsabilidad de “Psychological Operations
Officers” (“PSYOP officers”) [Oficiales de Operaciones Psicológicas] cuya
función es diseñar programas “con el objetivo de pacificar y adaptar a
los detenidos para que acaten a las autoridades de la instalación y acepten sus
regulaciones”. Ya conocemos los métodos de “adaptación” utilizados en Abu
Ghraib, Guantánamo y otros lugares.
De acuerdo a las instrucciones del manual, el
oficial PSYOP tiene, entre otras funciones, las de identificar a los
descontentos, a los agitadores entrenados y a los líderes que pudieran
organizar resistencias o provocar disturbios, y realizar programas de adoctrinamiento.
En la página 284 se describe como “los malcontentos, alborotadores, agitadores
y activistas políticos con capacidad para intentar organizar resistencias o
crear disturbios dentro de la instalación” serían confinados “en recintos
aislados para impedirles el acceso al resto de los internos”. El documento
establece también en su página 277 que el campo de reeducación sería también un
campo de trabajos forzados para aprovechar al máximo la fuerza de trabajo tanto
calificada como no calificada. En los capítulos 9 y 10 se explican las
condiciones necesarias para que los internos puedan ser reubicados o quedar en
libertad condicional cuando dejen de ser una amenaza.
En el manual está clara la intención de crear
campos de internamiento para la reeducación de activistas políticos, entre
otros prisioneros. Que se trata de ciudadanos norteamericanos no existe duda ya
que, de acuerdo al manual, los prisioneros serían identificados mediante “su
número del Seguro Social”. El pronóstico represivo se ensombrece aún más con la
ley aprobada en 2012 por el presidente Barack Obama (“National Defense
Authorization Act”) que permite la detención por tiempo indefinido sin el
debido proceso judicial, de ciudadanos norteamericanos.
Debemos precisar que no se trata aquí de uno
de los tantos planes de contingencia que acostumbran preparar los oficiales de
estados mayores para hacer frente a todo tipo de situaciones hipotéticas, sino
de un manual de operaciones práctico, concreto, aprobado y listo para su
inmediata utilización una vez que el presidente deje sin efecto el “Posse
Comitatus”, la ley que prohibe a los militares estadounidenses intervenir en
los asuntos domésticos.
Se acusa a los medios alternativos, cuando
tocan este asunto, de inventar conspiraciones sin fundamento. Sin embargo, el
Manual 3-39-40 existe, nadie ha negado su autenticidad, describe el
internamiento en campos de concentración de personas por sus creencias
políticas, y permanence ahí como una espada de Damocles sobre la cabeza de todo
aquel cuyas ideas constituyen un desafío para el sistema.
NOTAS
(1) “Mine Resistant Armored Protected Vehicules” (MRAPs) [Vehículos
Blindados Resistentes a las Minas]. Provienen de los escenarios de guerra y en
West Point, Mississippi, son reparados y mejorados con tecnologías más
avanzadas.
(2) Nikolai Malishevski: “Everyday Life of Superpower or What US
Needs Syria for?”, Strategic Culture Foundation, Oct. 7, 2013.
(3) J. M. Berger: “Did You Hear the One about U.S. Internment
Camps?”, Foreign Policy, May 17, 2012.
(4) “DESTRUCTION NOTICE: Destroy by any method that will prevent
disclosure of contents or reconstruction of document”.
(5) Puede examinarse íntegramente en:
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