Propuesta presentada por Gana Perú plantea investigar obras, compras y licitaciones ejecutadas al amparo de decretos de urgencia y decretos legislativos dados entre el 2006 y el 2011.
La comisión especial investigadora de los presuntos actos ilícitos cometidos durante el quinquenio de Alan García, próxima a crearse, tendría una ardua y difícil tarea ya que debe comprender por lo menos diez casos probados de corrupción, algunos incluidos en un informe de la Contraloría General de la República que involucra a más de 10 mil funcionarios implicados en hechos de corrupción.
Entre las múltiples denuncias sobre irregularidades o supuestos hechos delictivos están la concesión del Terminal Norte del Puerto del Callao, así como la del Terminal Portuario de Paita (Piura), en las cuales se habrían cometido una serie de irregularidades tanto desde la formulación de las bases hasta la entrega al operador y cuya investigación pidió hace unos días al presidente Ollanta Humala la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
MUCHO PAN POR REBANAR
La moción de orden del día presentada el pasado 31 de agosto por Gana Perú, comprende también investigar hechos irregulares en la ejecución de la Carretera Interoceánica (tanto en sus ramas del sur como del norte), así como en la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.
Otra de las denuncias que serían investigadas por la comisión es la cuestionada remodelación del Estadio Nacional, la misma que fue presentada por este diario, que dio cuenta del aumento del presupuesto inicial de S/. 20 millones a S/. 206 millones y que se ejecutó sin los mecanismos de control merced a una disposición que se dio para los colegios emblemáticos.
La comisión investigadora se abocaría, además, a ver denuncias de sobrevaloración en el Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque), así como en la venta de los terrenos del Aeroclub de Collique.
Además tendría que ver presuntas irregularidades en diversos proyectos de inversión pública, como las detectadas en el Programa Agua para Todos y las múltiples denuncias en Essalud que van desde cobros irregulares por “indemnización” por altos funcionarios a irregularidades en la adquisición de equipos y medicinas, así como casos adicionales de corrupción en obras de construcción del Hospital de Huamanga y otros nosocomios.
La moción comprende también manejos irregulares en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como los nuevos elementos de juicio e indicios surgidos de los procesos abiertos como el de los Petroaudios y como el espionaje telefónico de la empresa Business Track (BTR).
En declaraciones a LA PRIMERA, el congresista Javier Diez Canseco, impulsor de la moción, señaló que existen una serie de elementos conexos a esos casos que implican al mismo expresidente García, tal como se desprende de las explosivas declaraciones que brindó a este diario Alberto Químper.
EL TREN DE GARCÍA
Otra obra que tiene que ver directamente con el exmandatario es la ejecución del Tren Eléctrico, en cuyo enrevesado contrato y ejecución hubo una serie de extrañas medidas como modificaciones presupuestales, millonarios endeudamientos (con ampliaciones incluidas), exoneraciones de normas de control así como asignación de las obras a contratistas como Odebrecht y Cesel S.A. que a pesar de tener experiencia en obras de ingeniería civil, no la tenían en sistemas ferroviarios eléctricos.
Un hecho poco conocido y grave en la ejecución de este proyecto especial denominado Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, es el pago de una deuda de S/.8 millones en el año 2010 a la Empresa TraLima, el cual no estaba previsto en el proyecto actual.
TraLima estuvo encargada del proyecto entre 1985-1990, durante el primer gobierno de García, quien fue acusado de embolsicarse US$ 1’040,000 de “comisiones” entregadas por el italiano Sergio Siragusa (asesor del consorcio TraLima) imputaciones que jamás se esclarecieron porque el expresidente nunca se sometió a la acción de la justicia y más bien se acogió a la prescripción.
Además de los casos mencionados, según el congresista Diez Canseco, la comisión investigadora multipartidaria también podría abocarse a ver las últimas denuncias en el Banco de Materiales sobre la desaparición de 5 mil expedientes de beneficiarios de préstamos del Banmat, que implicaría un perjuicio económico que el congresista Humberto Lay estimó en dos mil 500 millones de soles.
DECRETOS Y DECRETOS
Diez Canseco señaló que, además de los casos reseñados, la comisión también deberá investigar una serie de delitos financieros de la gestión del expresidente García en obras que implican muchos millones de dólares.
Según el legislador, éstas fueron adjudicadas a dedo mediante decretos de urgencia y decretos legislativos con relajados mecanismos de control. “Hubo normas con nombre propio para beneficiar a determinados sectores”, señaló.
Entre agosto del 2006 y julio del 2011 el Poder Ejecutivo promulgó 374 decretos de urgencia, a través de los cuales se aceleró obras públicas en condiciones que resultan injustificadas, onerosas e ineficientes.
ALGUNAS PONEN ZANCADILLAS
Bancadas analizan tema.
A la moción presentada por los congresistas de Gana Perú, para conformar una comisión especial, le antecedió otra que fue formulada por el congresista Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional).
No obstante el consenso de las diferentes bancadas para investigar hechos de corrupción en el pasado gobierno de Alan García, fuerzas minoritarias no quieren que se cree un grupo especial y sostienen que la tarea corresponde a la Comisión de Fiscalización.
Carlos Bruce, vocero de Concertación Parlamentaria (integrada por los cuatro congresistas apristas) señaló que su grupo apoyará la creación de la comisión especial. Aclaró, sin embargo, que lo harán sobre casos que no están judicializados.
En tanto el Fujimorismo y Alianza por el Gran Cambio dicen estar de acuerdo con la investigación pero en el ámbito de la Comisión de Fiscalización. Cecilia Chacón (Fuerza 2011) y Juan Carlos Eguren coincidieron que las investigaciones deben ser serias, puntuales y evitar cacerías de brujas.
Eguren señaló que en caso Fiscalización no se dé abasto recién se podría pensar en una comisión investigadora.
Desde el oficialismo, tanto el vocero Fredy Otárola como la legisladora Rosa Mavila, sostuvieron que la Comisión de Fiscalización no puede abocarse a las investigaciones por la magnitud de los casos.
Helio Ramos
Redacción
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.diariolaprimeraperu.com
La comisión especial investigadora de los presuntos actos ilícitos cometidos durante el quinquenio de Alan García, próxima a crearse, tendría una ardua y difícil tarea ya que debe comprender por lo menos diez casos probados de corrupción, algunos incluidos en un informe de la Contraloría General de la República que involucra a más de 10 mil funcionarios implicados en hechos de corrupción.
Entre las múltiples denuncias sobre irregularidades o supuestos hechos delictivos están la concesión del Terminal Norte del Puerto del Callao, así como la del Terminal Portuario de Paita (Piura), en las cuales se habrían cometido una serie de irregularidades tanto desde la formulación de las bases hasta la entrega al operador y cuya investigación pidió hace unos días al presidente Ollanta Humala la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).
MUCHO PAN POR REBANAR
La moción de orden del día presentada el pasado 31 de agosto por Gana Perú, comprende también investigar hechos irregulares en la ejecución de la Carretera Interoceánica (tanto en sus ramas del sur como del norte), así como en la concesión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada.
Otra de las denuncias que serían investigadas por la comisión es la cuestionada remodelación del Estadio Nacional, la misma que fue presentada por este diario, que dio cuenta del aumento del presupuesto inicial de S/. 20 millones a S/. 206 millones y que se ejecutó sin los mecanismos de control merced a una disposición que se dio para los colegios emblemáticos.
La comisión investigadora se abocaría, además, a ver denuncias de sobrevaloración en el Proyecto de Irrigación Olmos (Lambayeque), así como en la venta de los terrenos del Aeroclub de Collique.
Además tendría que ver presuntas irregularidades en diversos proyectos de inversión pública, como las detectadas en el Programa Agua para Todos y las múltiples denuncias en Essalud que van desde cobros irregulares por “indemnización” por altos funcionarios a irregularidades en la adquisición de equipos y medicinas, así como casos adicionales de corrupción en obras de construcción del Hospital de Huamanga y otros nosocomios.
La moción comprende también manejos irregulares en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), así como los nuevos elementos de juicio e indicios surgidos de los procesos abiertos como el de los Petroaudios y como el espionaje telefónico de la empresa Business Track (BTR).
En declaraciones a LA PRIMERA, el congresista Javier Diez Canseco, impulsor de la moción, señaló que existen una serie de elementos conexos a esos casos que implican al mismo expresidente García, tal como se desprende de las explosivas declaraciones que brindó a este diario Alberto Químper.
EL TREN DE GARCÍA
Otra obra que tiene que ver directamente con el exmandatario es la ejecución del Tren Eléctrico, en cuyo enrevesado contrato y ejecución hubo una serie de extrañas medidas como modificaciones presupuestales, millonarios endeudamientos (con ampliaciones incluidas), exoneraciones de normas de control así como asignación de las obras a contratistas como Odebrecht y Cesel S.A. que a pesar de tener experiencia en obras de ingeniería civil, no la tenían en sistemas ferroviarios eléctricos.
Un hecho poco conocido y grave en la ejecución de este proyecto especial denominado Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, es el pago de una deuda de S/.8 millones en el año 2010 a la Empresa TraLima, el cual no estaba previsto en el proyecto actual.
TraLima estuvo encargada del proyecto entre 1985-1990, durante el primer gobierno de García, quien fue acusado de embolsicarse US$ 1’040,000 de “comisiones” entregadas por el italiano Sergio Siragusa (asesor del consorcio TraLima) imputaciones que jamás se esclarecieron porque el expresidente nunca se sometió a la acción de la justicia y más bien se acogió a la prescripción.
Además de los casos mencionados, según el congresista Diez Canseco, la comisión investigadora multipartidaria también podría abocarse a ver las últimas denuncias en el Banco de Materiales sobre la desaparición de 5 mil expedientes de beneficiarios de préstamos del Banmat, que implicaría un perjuicio económico que el congresista Humberto Lay estimó en dos mil 500 millones de soles.
DECRETOS Y DECRETOS
Diez Canseco señaló que, además de los casos reseñados, la comisión también deberá investigar una serie de delitos financieros de la gestión del expresidente García en obras que implican muchos millones de dólares.
Según el legislador, éstas fueron adjudicadas a dedo mediante decretos de urgencia y decretos legislativos con relajados mecanismos de control. “Hubo normas con nombre propio para beneficiar a determinados sectores”, señaló.
Entre agosto del 2006 y julio del 2011 el Poder Ejecutivo promulgó 374 decretos de urgencia, a través de los cuales se aceleró obras públicas en condiciones que resultan injustificadas, onerosas e ineficientes.
ALGUNAS PONEN ZANCADILLAS
Bancadas analizan tema.
A la moción presentada por los congresistas de Gana Perú, para conformar una comisión especial, le antecedió otra que fue formulada por el congresista Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional).
No obstante el consenso de las diferentes bancadas para investigar hechos de corrupción en el pasado gobierno de Alan García, fuerzas minoritarias no quieren que se cree un grupo especial y sostienen que la tarea corresponde a la Comisión de Fiscalización.
Carlos Bruce, vocero de Concertación Parlamentaria (integrada por los cuatro congresistas apristas) señaló que su grupo apoyará la creación de la comisión especial. Aclaró, sin embargo, que lo harán sobre casos que no están judicializados.
En tanto el Fujimorismo y Alianza por el Gran Cambio dicen estar de acuerdo con la investigación pero en el ámbito de la Comisión de Fiscalización. Cecilia Chacón (Fuerza 2011) y Juan Carlos Eguren coincidieron que las investigaciones deben ser serias, puntuales y evitar cacerías de brujas.
Eguren señaló que en caso Fiscalización no se dé abasto recién se podría pensar en una comisión investigadora.
Desde el oficialismo, tanto el vocero Fredy Otárola como la legisladora Rosa Mavila, sostuvieron que la Comisión de Fiscalización no puede abocarse a las investigaciones por la magnitud de los casos.
Helio Ramos
Redacción
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.diariolaprimeraperu.com
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