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jueves, 25 de agosto de 2011

EXPOSICIÓN DE SALOMON LERNER ANTE CONGRESO PERUANO

Exposición del presidente del Consejo de Ministros Salomón Lerner Ghitis ante el Pleno del Congreso de la República

Señor Presidente del Congreso y miembros de la Mesa Directiva: Señoras y señores Congresistas: Señores y señoras:

El gabinete que presido acude a este Congreso para exponer ante la representación nacional y al país el programa de gobierno.
Las elecciones generales de este año le entregaron al gobierno un mandato directo y urgente de cambio en democracia. Sabemos, al mismo tiempo, que tenemos un encargo de concertación y consenso. La gran transformación que deseamos impulsar no será la obra de una persona, de un grupo o de una institución.
En esa medida, tanto la conformación del gabinete que presido como el Mensaje a la Nación del Presidente Ollanta Humala, le han indicado al país que nuestra aspiración espera nutrirse del compromiso amplio y plural de compatriotas más allá de sus banderías políticas.
Estamos frente a ustedes en momentos en que el mundo puede entrar nuevamente a una eventual recesión. El Perú tiene espacio suficiente para aplicar políticas monetarias y fiscales para contrarrestar o contrapesar estas fuerzas recesivas generadas por la crisis externa para preservar así su crecimiento económico y la creación de empleos para todos sus ciudadanos.
El 28 de julio en este recinto, el Presidente Humala señaló los cuatro horizontes de nuestro gobierno, es decir, los ejes de nuestra administración.
PRIMER HORIZONTE: CRECIMIENTO CON INCLUSION SOCIAL EN DEMOCRACIA
Asistimos al agotamiento de un tipo de crecimiento que, si bien redujo la pobreza, no distribuye de manera equitativa los esfuerzos que los peruanos hacemos todos los días y que, por el contrario, conserva la desigualdad, no conserva apropiadamente nuestro medio ambiente e incrementa la informalidad y la ilegalidad.
Sustentamos que el crecimiento debe continuar; es la garantía de una distribución de la renta nacional y, en ese sentido, el gobierno hará todos los esfuerzos para que en los cinco años de nuestra administración se generen las condiciones adecuadas para que este crecimiento no se detenga, a través de inversión nacional y extranjera.
SEGUNDO HORIZONTE: IGUALDAD DE DERECHOS, OPORTUNIDADES Y METAS SOCIALES ALINEADAS CON LOS OBJETIVOS DEL MILENIO
Nuestro modelo de crecimiento con inclusión social en democracia supone una reforma profunda y gradual del Estado, de sus relaciones con la sociedad y una reforma política.
Ello tendrá como propósito concretar la igualdad de los derechos, en especial los de acceso a la salud, educación, alimentación, vivienda, empleo digno y seguridad social.
Solo así se resolverán las enormes brechas territoriales y sociales, se incorporará a los excluidos al mercado, al consumo y al desarrollo, y seremos una auténtica comunidad nacional. No tendremos una política económica divorciada de la política social.
Nos guiaremos por el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y respetuosa de los compromisos y estándares internacionales.
Nos regiremos bajo el principio de universalizar los derechos. Nuestro objetivo es reducir la alta tasa desigualdad y disminuir la pobreza, la pobreza extrema con énfasis en la pobreza rural.
Las metas sociales a ser alcanzadas por el Estado peruano son:
-La virtual eliminación de la desnutrición crónica infantil en niños, al año 2016. - La reducción de la mortalidad infantil de 11 a 5 por cada mil nacidos vivos, al 2016. - La universalización de la educación inicial a nivel de jardín, de 3 a 5 años. - El incremento del acceso de los hogares rurales a electricidad, de 45% en 2010 a 85% en 2016. - El incremento de la cobertura de hogares rurales con servicios de saneamiento (letrinas) de 22% en 2010 a 60% en 2016. - El incremento de la cobertura de 92% en agua y 88% en saneamiento en el área urbana, así como el 57% y el 45 % en el área rural. - El incremento de la cobertura de centros poblados rurales con acceso a servicios de voz (telefonía fija, móvil y telefonía de uso público) de 27% en 2010 a 77% en 2016. - El incremento de la cobertura de centros poblados rurales con acceso a servicios de datos (internet) de 7% en 2010 a 61% en 2016.
Con ese propósito estableceremos una nueva autoridad social mediante la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una reforma del Estado largamente postergada, en el marco de un nuevo Modelo de Gestión Social.
Dicha autoridad velará por el cabal cumplimiento de la inclusión social de manera eficaz y eficiente; a esto se sumará la gestión de presupuesto por resultados de manera tal que al 2016 el 100% del presupuesto del Estado sea realizado por programas por resultados.
TERCER HORIZONTE: CONCERTACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL AMBITO NACIONAL REGIONAL Y LOCAL.
El gobierno se propone practicar una política de concertación. En sus primeras acciones, el Presidente de la República ha convocado al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, saludamos con satisfacción la composición plural de la Mesa Directiva del Congreso.
En esa misma dirección, saludamos, la aprobación unánime de este parlamento de la Ley de Consulta Previa. Es el reflejo de las potencialidades del consenso.
También anunciamos el reinicio de actividades del Consejo Nacional del Trabajo como la instancia natural de concertación laboral entre empresarios, trabajadores y el Estado.
El gobierno se propone instalar en 60 días un Consejo Económico y Social, como una instancia de diálogo. Este Consejo asesorará al Presidente de la República en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas y tendrá un carácter consultivo.
El Acuerdo Nacional continuará vigente como espacio de gobernabilidad y encuentro de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el CEPLAN reajustará sus planes para vincular las políticas de corto plazo y largo plazo.
El gobierno se ha propuesto construir una nueva estrategia de prevención de los conflictos sociales, partiendo del reconocimiento de los derechos de la población.
El paso principal para la prevención de los conflictos sociales consiste en la recuperación de la credibilidad en las instituciones públicas, sobre todo de los organismos encargados de velar por el respeto a las normas que protegen el medio ambiente; en las instancias que otorgan concesiones que deben considerar los probables daños ambientales o la vulneración de los territorios.
CUARTO HORIZONTE: REENCUENTRO HISTORICO CON EL PERU RURAL
En las zonas rurales de nuestro país se concentran los mayores porcentajes de pobreza y pobreza extrema. Ha llegado la hora de mirar nuestro crecimiento “desde abajo y desde adentro”, impulsando la articulación de nuestros mercados locales a la dinámica de los sectores modernos y competitivos. No será una tarea fácil.
Cerca al bicentenario de nuestra independencia, nos damos cuenta de que nuestro persistente fracaso en esta tarea ha adquirido el carácter de un reto histórico.
DIEZ POLITICAS PARA LA GRAN TRANSFORMACION
Estos ejes de nuestra acción de gobierno se realizarán a través de diez Políticas de Estado que expresan un sentido común nacional; ellos resumen el consenso ciudadano por el que han votado los peruanos y tienen como propósito el desarrollo del Perú como Nación.
Crecimiento, políticas sociales e infraestructura para la inclusión.
Es un objetivo del gobierno asegurar un crecimiento sostenido no menor del 6% por año. Es la condición indispensable para seguir reduciendo la pobreza y lograr la inclusión social. Este crecimiento será diversificado, que transforma la base productiva con valor agregado e incluye innovaciones científicas y tecnológicas.
La estabilidad macroeconómica, requisito para lograr inclusión social, permitirá alcanzar mayores tasas de crecimiento sostenido; generar los espacios necesarios para poder aplicar una política que atenúe eventos coyunturales desfavorables; y atraer más inversiones.
Estimamos que el Perú será en este quinquenio el país de mayor crecimiento en la región, con una baja inflación, un ritmo de crecimiento de inversión privada, mejores calificaciones crediticias internacionales y una deuda pública no mayor al 15% del PBI.
La cartera estimada de proyectos de inversión identificados por el BCR para el quinquenio es de $ 73 mil millones para 210 proyectos de inversión.
En el sector electricidad las inversiones ascenderán a 10 mil millones dólares; en minería, a 30 mil; en industria, a 3,700; en hidrocarburos, a 11,800; en infraestructura, a 6,900, entre otros sectores.
Queremos el día de hoy anunciarles que se ha conseguido con las empresas mineras dar paso al pago de un gravamen de aproximadamente 3,000 millones de soles por año. En cinco años, este nuevo ingreso público, a los niveles actuales de precio, alcanzará la cifra de 15 mil millones de soles. Este gravamen no afectará ni la inversión ni la competitividad de las empresas, facilitando la inversión en proyectos por 30 mil millones de dólares en los próximos 5 años en el sector de la minería.
Nuestras herramientas para alcanzar estos sanos objetivos son mantener la autonomía del BCR, que asegure una baja inflación; la disciplina fiscal, es decir, el respeto de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, para que en un plazo no mayor a 4 años se alcance el equilibrio fiscal en las cuentas.
El país necesita ejercer un manejo macroeconómico para responder positivamente a la vulnerabilidad externa. Por ello tendremos políticas de ahorro en periodos de bonanza, políticas "contra-cíclicas" que mitiguen y no acentúen los ciclos y vaivenes de cotizaciones internacionales. Fortaleceremos los fondos de estabilización y tendremos un adecuado manejo de la deuda pública.
El gobierno, en los próximos cinco años se concentrará en diseñar e implementar un plan de crecimiento productivo con inclusión social económica acorde con las demandas del siglo
XXI que, después de décadas, reconozca la necesidad del Estado de llevar adelante una política de competitividad que favorezca a todo el aparato productivo.
La política de competitividad inclusiva buscará la creación y la consolidación de los mercados internos y el aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio, en un clima de creciente formalización del aparato productivo y de responsabilidad compartida entre el Estado y las empresas.
Conformaremos una Comisión Multisectorial de técnicos y representantes del sector público y privado para que en el marco del Consejo Nacional de Competitividad, elabore en el plazo de un mes una propuesta para el fomento de la formalización del aparato productivo nacional.
Propondremos que se perfeccione la Ley MYPES para promover la formalización y ofrecer servicios a las MYPES. Vamos a sugerir que se modifique la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con el fin de elevar y hacer sostenibles en el tiempo las ventas de las Micro Empresas.
Empresas del Estado competitivas y eficientes
Tenemos como objetivo la modernización de la gestión de las empresas públicas a través de la mejora del gobierno corporativo. Actualmente existen 36 empresas estatales con participación mayoritaria del Estado.
Estas empresas administrarán la titularidad de los bienes de dominio público afectos a su actividad estratégica; no transfieren obligadamente sus utilidades, sino que las reinvertirán para el desarrollo de sus actividades; y, sin perder su carácter, ofertarán un porcentaje de sus acciones en la Bolsa de Valores, como una opción de financiamiento.
Vamos a fortalecer del sistema portuario nacional, con Enapu como administrador de los puertos públicos del Estado. En ese sentido solicitamos que el Congreso Nacional apruebe el dictamen multipartidario de la Ley de Fortalecimiento y modernización de la Empresa Nacional de Puertos.
Adoptaremos decisiones para que el Perú ejecute una política que le permita el manejo de frecuencias aéreas internacionales y nacionales.
Convocaremos a las grandes compañías aprovechando la localización estratégicas del país. Dichas empresas concordarán con el Estado la atención al mercado nacional, pudiendo el mismo Estado participar como socio en una empresa en el servicio nacional, sin distorsionar las reglas de la libre competencia. Con ello habrá mayor competitividad,
precios más bajos y mayores facilidades para los peruanos que se trasladan por vía aérea desde zonas alejadas.
También daremos especial impulso a la Marina Mercante Nacional, aplicando la ley vigente, y al Servicio Industrial de la Marina, para la construcción de embarcaciones y otros equipos.
El gasoducto surandino
Hay otro tiempo, un nuevo tiempo para el sur. El Sur tendrá un gasoducto y el gas llegará por el fin al sur. Nuestra política es que el Lote 88 de Camisea sea destinado íntegramente al consumo nacional, lo que permitirá garantizar el gasoducto surandino, la masificación del consumo de gas y el abastecimiento de las industrias.
Anunciamos que en enero del 2012 se iniciará la construcción del Gasoducto Surandino que llevará el gas a Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, materializando el justo anhelo del sur peruanos. Los líquidos de Camisea que llegan hoy a la planta de Kepashiato, en La Convención, serán separados para obtener GLP en una nueva planta de fraccionamiento que abastecerá de GLP al sur peruano.
El gas natural llegará a Quillabamba, donde se construirá una central termoeléctrica que estará lista en 18 meses luego de iniciada la obra y en la cual participará Electroperú.
El gaseoducto del sur, en el primer tramo de su recorrido, será dedicado inicialmente a la seguridad energética del país, ya que hoy toda nuestra infraestructura de generación eléctrica con gas natural de Camisea depende de un solo gasoducto en la zona selva.
De esta forma, se dará el primer paso para hacer realidad el proyecto histórico de industrialización del sur peruano.
Una vez que se haya comprobado la suficiencia de reservas de gas en los lotes 57 y 58, se podrá continuar con la construcción del polo industrial y energético del sur del Perú, el que podrá llegar a su inversión más importante de la época republicana, de alrededor de 15 mil millones de dólares.
Será un proyecto al que se integrarán empresas privadas extranjeras y nacionales y también Petroperú. El gobierno regional del Cusco será invitado a participar en el proyecto.
El Complejo Petroquímico que se posibilitará con la construcción del gasoducto del sur permitirá obtener valores agregados 20 a 30 veces superiores a los que proporciona el uso tradicional del combustible.
Esto ayudará a crear más empleo en cadenas productivas de la pequeña y gran empresa, y en la producción de fertilizantes, plásticos, industria metalmecánica, entre otros. Habrá más empleo, más riqueza y más desarrollo agrario, minero e industrial en el sur del Perú.
También buscamos aumentar el bienestar de la población mediante la masificación de las conexiones de Gas Natural domiciliarias y el mayor desarrollo de la electrificación rural. En Lima e Ica esperamos concretar 400 mil conexiones de gas natural en 5 años y fomentar su mayor utilización en el transporte vehicular. En la electrificación rural se prevé incrementar el grado de electrificación rural del 60% al 80% en 5 años y apoyar los usos productivos de la electricidad.
Se requiere de tiempo para que las reservas de gas natural se concreten y con ello se pueda acometer nuevos gasoductos regionales. Mientras esto sucede se desarrollará la masificación vía transporte en camiones y buscando la participación de los gobiernos regionales en las nuevas concesiones de distribución. Soberanía Energética
El desarrollo nacional requiere de una nueva matriz energética que combine la generación de fuentes variadas para que el país disponga de energía diversa, segura, accesible, limpia y barata. Nos proponemos transformar la actual matriz energética nacional dependiente de los hidrocarburos a una donde los recursos renovables tengan mayor participación.
La crisis de energía que hoy padecemos, y que se repite con cierta frecuencia, es producto de la falta de una planificación energética integral, por eso el Ministerio de Energía y Minas contará con un área técnica y especializada que elaborará los Planes Energéticos Nacionales y definirá las políticas a seguir para alcanzar los objetivos nacionales.
El desarrollo de proyectos energéticos importantes involucran plazos que van de los 5 a 7 años en su etapa de concepción y construcción, por eso, el gobierno no sólo se preocupará de que el balance de energía entre la oferta y la demanda este cubierta hasta el 2016, sino también buscará que los siguientes 7 años estén cubiertos para que el siguiente gobierno no pase por las dificultades que hoy atravesamos.
Es importante señalar que el Perú cuenta con importantes recursos energéticos renovables, por ello, las futuras concesiones sobre la utilización de los recursos naturales renovables serán a plazo determinado y se buscará la participación de Electroperú como socio estratégico del Estado en alianza con el capital privado.
Se desarrollarán las redes de energía que son económicas y ambientalmente pertinentes de tal forma de incrementar la seguridad en el transporte y distribución de la energía a la vez que se gana en eficiencia.
Promoveremos la construcción de hidroeléctricas, afianzado a Electroperú y promoviendo la inversión privada. Como ocurre en Brasil con Electrobras, la empresa Electroperú debe ser la contraparte nacional en los acuerdos de inversión.
Trabajaremos para que se concrete la ampliación y mejora de la refinería de Talara de tal forma que el Perú tenga un control sobre la disponibilidad de los combustibles derivados del petróleo con el objeto de evitar posibles desabastecimientos.
La reducción del precio del balón de GLP es un objetivo del gobierno. Petroperú participará ampliando su presencia competitiva en el mercado, con la compra directa de GLP en Pisco y en su distribución.
Revisaremos la estructura de los costos en un acuerdo con los productores, comercializadores y distribuidores sin sacrificar la seguridad.
Las interconexiones energéticas con otros países serán reforzadas, eliminando las restricciones operativas y normativas. La conexión eléctrica que hoy existe con Ecuador será mejorada para permitir un flujo de energía confiable y económica.
Las principales ofertas en política social
Las ofertas electorales serán cumplidas del siguiente modo: Se ha iniciado el incremento del Salario Mínimo Vital asociado al incremento de la productividad.
La creación del programa CUNA MAS permitirá un cuidado integral al niño de 0 a 3 años de manera profesional, con nutrición y estimulación temprana. Nos proponemos implementar 1,000 cunas por año para atender 20,000 niños en 180 distritos y la construcción de 500 cunas nuevas por año. La creación del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) que es un sistema de atención y traslado de emergencia en ciudades y un componente de reforzamiento de la atención primaria de salud en los distritos pobres y alejados.
La Beca 18, será la integración de varios programas. Se ampliará el número de becas a 5,000 becarios a la vez. La Beca 18 comprenderá gastos de admisión, académicos, de materiales, de atención médica, de alimentación y habitación, y gastos de movilidad.
Se ampliará el Programa Juntos con la incorporación de 204 distritos para llegar a 850 en total. La Pensión 65 será entregada a personas de pobreza extrema mayores de 65 años sin pensión de jubilación. Se entregará 250 soles por hogar. Se han establecido las siguientes etapas:
Etapa 1 - Este año en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Puno cubiertos al 100% y un avance parcial en Lima Metropolitana, Callao y otros 11 departamentos del actual Programa Gratitud. Etapa 2 - El año 2012, en Cusco, Huánuco y Lima Metropolitana y Callao cubiertos al 100%.
Etapa 3 - El año 2013, en el resto de regiones del país. Política Agraria
La Política Agraria estará orientada a reducir las brechas de competitividad del agro peruano bajo un enfoque de desarrollo sostenible. En virtud de lo anterior, la visión de largo plazo del sector agrario es: “Perú, país líder en la producción agraria en el áreadel Pacífico de América del Sur, en base a un desarrollo sostenible e inclusivo.
Nuestra meta es incrementar la inclusión productiva al mercado de un 40%, de productores campesinos que viven hoy con estrategias de subsistencia; el crecimiento anual del PBI Agropecuario de 5%; el aumento anual de agroexportaciones en el orden de 20% y la duplicación del financiamiento formal para la producción agraria, cuyo nivel debe alcanzar los S/ 3,800 millones.
Para apoyar estas políticas fortaleceremos el Agrobanco.
En el quinquenio se dará curso a esperados proyectos de irrigación para aproximadamente 180,000 hectáreas cuyo valor de exportación se estima alcanzar US$18,000MM una vez culminado el total de estos proyectos.
En el norte el Alto Piura I con 181 millones de dólares para irrigar 31 mil hectáreas y crear 62 mil puestos de trabajo.
En Chavimochic III Etapa Fase I se invertirá 500 millones de dólares para 57 mil hectáreas y la creación de 114 mil puestos de trabajo.
En Puyango Tumbes se invertirán 86 millones de soles para irrigar 19 mil hectáreas y crear 39 mil empleos. El proyecto de irrigación de la margen derecha del río Tumbes que ya figura en el Presupuesto 2011, será implementado.
En Chinecas, 2da Etapa se invertirá 642 millones de dólares para irrigar 25 mil hectáreas, dando empleo a 51 mil agricultores.
Debe recordarse que está en marcha el proyecto Olmos por 222 millones de dólares para irrigar 44 mil hectáreas y dar empleo a 82 mil peruanos.
El Gobierno impulsará y participará en el actual Proyecto Majes – Siguas buscando un acuerdo bi-regional y mutuamente benéfico para realizar este proyecto para Arequipa y Cusco.
Daremos impulso a la cadena productiva de camélidos sudamericanos que incorpora a un millón de personas y maneja el 80% de este recurso emblema de la nación.
El 2012 realizaremos el Censo Agropecuario para lograr un instrumento de gestión fundamental para elevar la productividad y promover la asistencia al sector.
Fomento del empleo para el alivio a la pobreza
Nuestra política de empleo se dirige al trabajo decente, con plenos derechos, al fortalecimiento de la organización sindical y la aprobación de la Ley General del Trabajo, largamente postergada en el Congreso.
Reinstitucionalizaremos el Ministerio de Trabajo para fortalecer su función tuitiva en la relación entre el trabajador y el empleador.
Hemos creado el Programa de Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” con la finalidad de generar empleo decente en las 195 provincias. En el corto plazo 200 mil personas se verán beneficiadas directamente con este programa, alcanzando un total de 1´160,000 personas durante todo el período de gobierno.
Hemos Creado el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra” con la finalidad de complementar la capacitación laboral por una efectiva generación de oportunidades para los jóvenes de los 24 regiones. Con este Programa, 39 mil jóvenes se verán beneficiados directamente hasta fines del 2012, alcanzando un total de 327 mil jóvenes hasta el año 2016.
Revalora Perú creado hace 2 años para Lima será recreado y fortalecido para que tenga una presencia nacional. Convertido en el Programa Nacional Vamos Perú generará las condiciones para garantizar y generar empleo aun en momentos de crisis en la costa, sierra y selva del país.
Sobre la base de SERVIR vamos a institucionalizar el Centro Nacional del Empleo Público en el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de ordenar los múltiples regímenes públicos y propiciando la creación del servicio civil basado en meritocracia.
Asimismo, mediante el Programa Nacional Perú Responsable vamos a promover y certificar las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial como generadoras de más y mejor de empleo.
En Essalud, garantizaremos la sostenibilidad y el equilibrio financiero de los fondos institucionales, para ello ampliaremos la base contributiva y tributaria y elaboraremos una auditoría internacional y un estudio actuarial, financiero y de gestión con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo.
Desarrollaremos las acciones necesarias para extender la cobertura de la seguridad social buscando los mecanismos técnicos para incluir a los trabajadores independientes e informales en la perspectiva de la seguridad social universal. Universalizar el acceso a la salud
El gobierno se propone establecer las bases para poner en marcha el Sistema Nacional de Salud, que garantice el derecho a la salud para todos.
Se fortalecerá el primer nivel de atención y los mecanismos de aseguramiento de las personas más pobres del país, prioritaria e inicialmente de las zonas rurales, al Seguro Integral de Salud - SIS.
En relación al SIS, se garantizará el financiamiento del paquete de prestaciones sanitarias según estándares de calidad vigente y aplicable a todas las instituciones prestadoras del sistema de salud.
Se incluirá progresivamente la atención de enfermedades crónicas y degenerativas, desde su detección hasta su tratamiento. Se iniciará con la atención de cinco enfermedades de alto costo: cáncer de cuello de útero, mama, estómago, colon y próstata.
El gobierno ratifica su compromiso de construir un hospital en cada capital de provincia en donde actualmente no se dispone de estos. De igual modo se procederá el nombramiento gradual de personal de salud en las zonas más alejadas del país, se garantizará el acceso gratuito a los medicamentos esenciales en el 100% de los establecimientos de primer nivel de atención.
Políticas de género y combate frontal contra el feminicidio y la violencia contra los niños
Fortaleceremos la rectoría del Ministerio de la Mujer para el cumplimiento de las políticas de equidad e inclusión. Estableceremos el Sistema Nacional de Monitoreo de la Igualdad de Género en cada región y pondremos en marcha un Sistema Nacional Multisectorial descentralizado frente a la violencia hacia la mujer, violencia familiar y violencia sexual.
Queremos lograr que todos los sectores del Ejecutivo, los órganos autónomos y los Gobiernos Regionales y Locales inviertan en disminuir las brechas de inequidad.
En cada una de las 195 provincias del Perú habrá un Centro de Emergencia Mujer al final del quinquenio. En el 2012, se implementarán 25 de ellos y así sucesivamente, alcanzando en el 2014 el 100% de las provincias.
Asimismo, fomentaremos que el 2016 haya Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente en todas las provincias del Perú.
Frente al feminicidio, el gobierno desarrollará un plan concertado con el Ministerio Público y el Poder Judicial, a fin de que se cumplan las medidas de protección a las víctimas de violencia familiar.
Propondremos a través de iniciativas legislativas la ampliación de la presencia femenina en la representación política nacional, regional y municipal y los cargos de la administración pública, así como en los espacios de representación de democracia participativa.
Reducir el déficit habitacional
En relación a la vivienda, las metas previstas para el quinquenio son las siguientes: De manera conjunta con el sector privado promoveremos la construcción y/o mejoramiento de viviendas principalmente para familias de bajos ingresos de los ámbitos urbano y rural, la entrega de 300 mil títulos de propiedad, la generación de 2,500 hectáreas de generación de suelo urbano y el mejoramiento integral de 100 áreas urbano marginales.
Nos comprometemos a otorgar ayudas económicas con criterios de transparencia y focalización a través del Programa Techo Propio; impulsar y diversificar el acceso a fuentes de financiamiento habitacional a través del programa Mivivienda; facilitar el acceso al suelo mediante el Programa de Generación de Suelo Urbano; y continuar con el programa de Mejoramiento Integral de Barrios.
También pondremos en marcha el Programa Nuestras Ciudades mediante la participación concurrente de los tres niveles de gobierno, la población, el sector empresarial y la sociedad civil.
La ciudad de Pisco será la primera a intervenir en el marco de este programa. Asimismo la población de bajos ingresos damnificada de esta ciudad y las demás afectadas por los sismos del año 2007 tendrá atención preferente en los programas de vivienda que promueve el Estado.
Todo lo anterior permitirá la construcción o mejoramiento de un promedio de 100,000 viviendas por año, generando en el quinquenio 975,000 puestos de trabajo directos.
Aprovechar la apertura comercial
En comercio exterior este quinquenio será de aprovechamiento de la apertura Comercial. En ese lapso nos prodremos que las exportaciones crezcan a US$ 86,000 millones de dólares y se tripliquen las exportaciones no tradicionales, superando los US$ 23 mil millones de dólares. En la perspectiva de la inclusión, estimamos que el número de PYMES exportadoras se duplicarán.
Se promoverá las exportaciones No Tradicionales de bienes y servicios con valor agregado de cada región del país a través de Programa PYMES Exportadoras en Regiones, y capacitando y certificando a 600 Promotores Regionales de Comercio Exterior. En las regiones se crearán “Centros de Negocios en el Exterior”.
En el tercer trimestre de este año entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá; en el cuarto trimestre el Acuerdo de Integración Comercial Perú – México y el Acuerdo de Asociación entre Perú y Japón. En el primer trimestre de 2012 el Tratado de Libre Comercio Perú – Costa Rica; en el segundo trimestre el Acuerdo Comercial Unión Europea - Perú Colombia.
Tres millones y medio de turistas
El 2016 se logrará un flujo de más de 3 millones y medio de turistas extranjeros y se generará divisas por US$ 5 mil millones de dólares. En el próximo quinquenio el gobierno promoverá la inclusión de pequeñas, micro empresas y emprendimientos comunales en el sector turismo y se descentralizará el turismo consolidando el circuito tradicional del sur, y fortaleciendo destinos como Kuélap, Selva Central y Ruta Moche, entre otros.
En el plazo de 5 años, se invertirá en infraestructura turística más de 400 millones de soles en 100 proyectos a nivel nacional generando un potencial de negocio para las empresas peruanas de 1,300 millones de dólares y se incrementará en 100 mil plazas-cama la oferta hotelera.
El Perú en vista de su exitosa oferta gastronómica buscará en los próximos años que ello se convierta en patrimonio cultural de la humanidad.
Reducir la brecha de infraestructura
Reduciremos la brecha de infraestructura de transportes, con intervenciones de diverso nivel en la totalidad de la Red Vial Nacional y al finalizar nuestro mandato por lo menos el 85% de esta, es decir más de 20 mil Km, se encontrarán asfaltados y el 100% en buenas condiciones de transitabilidad.
Se permitirá la interconexión de gran cantidad de pueblos y ciudades de la sierra peruana, uniendo regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco y Puno mediante la carretera Longitudinal de la Sierra.
Durante los próximos cinco años se ampliará la capacidad de la carretera Panamericana con la construcción de más de mil kilómetros de autopistas desde Lima hasta la frontera con Ecuador y de Lima hacia Ica; además concluiremos el asfaltado de 400 kilómetros de la carretera Costanera (desde Camaná hasta la frontera con Chile). En la Longitudinal de la Sierra, se terminará el asfaltado de las carreteras: Ayacucho – Abancay, Izcuchaca – Ayacucho.
Además, se iniciará la implementación del Plan Nacional Ferroviario acorde con la dinámica de la demanda y mediante inversión pública y participación privada. Hemos dispuesto la reanudación del proceso de concesión del ferrocarril Huancayo – Huancavelica, el famoso Tren Macho.
Los batallones de ingeniería del Ejército participarán en el impulso de las actividades de construcción de la infraestructura nacional, apoyando a la inversión pública y privada.
Adicionalmente asfaltaremos cerca de mil kilómetros en esta Longitudinal ubicados en los departamentos de Ancash, La Libertad, Cajamarca y Piura. En la carretera Longitudinal de la Selva (Fernando Belaúnde) se rehabilitarán y mejorarán los tramos Juanjuí – Tocache; San Ignacio – Puente Integración, entre otros.
En los cinco meses restantes del presente año, con el presupuesto aprobado se ejecutarán obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción en 445 Km de la Red Vial Nacional, que corresponde a los contratos en actual ejecución; e iniciaremos obras en los siguientes tramos: Quinua – San Francisco; Ayacucho – Abancay; Cochabamba – Chota; Chota - Bambamarca – Hualgayoc; y San Ignacio - Puente Integración.
Para el año 2012, con el presupuesto asignado se ejecutarán obras de rehabilitación, mejoramiento y construcción de 433 Km de la Red Vial Nacional, entre ellas la rehabilitación y mejoramiento de las carreteras: Ayacucho – Abancay; Patahuasi – Yauri – Sicuani; Santiago de Chuco – Shorey; Shirán – Huamachuco; Puente Reither – Puente Paucartambo; Alfamayo – Quillabamba; y otras más.
Estas obras permitirán la generación de más de 80 mil empleos directos y 160 mil empleos indirectos. En este período implementaremos el primer contrato de rehabilitación y mantenimiento bajo un modelo innovador, que incluye la gestión vial, para la Carretera: Lima – Canta – La Viuda – Unish.
Redes estatales para el Perú rural
No puede haber desarrollo rural sin mejorar los servicios educativos en el Perú rural. Existen 26 mil centros educativos en las zonas rurales de las cuales 8 mil escuelas son unidocentes.
Las 1,320 redes para las escuelas rurales propuestas por el Consejo Nacional de Educación, constituirán el punto de partida de la construcción del Estado para todos los peruanos en las zonas en donde, según el PNUD, existe una baja o nula densidad del aparato estatal. En estas zonas, en coordinación con los gobiernos locales y regionales, se instalará un modelo de gestión de Estado Móvil para el Desarrollo Rural.
Al equipo de acompañamiento de la red de profesores de las escuelas rurales se sumarán otros equipos encargados de organizar y coordinar los servicios estatales móviles de la salud, la justicia, la seguridad y la nutrición que se organizarán y operarán también a través de sus respectivas redes para llegar directamente a los ciudadanos. Particular énfasis se le dará a las redes desplegadas en las fronteras.
Crearemos el Servicio Social Voluntario que permita que técnicos, profesionales, estudiantes de institutos y universidades, licenciados de las fuerzas armadas y civiles y, en general, todo ciudadano que desee contribuir voluntariamente con su experiencia y especialidad al desarrollo del país cuente con un instrumento institucional que permita cristalizar su aporte.
Impulsaremos el proceso de reparaciones a través del Plan Integral de Reparaciones, restituyendo su carácter total, orientada a victimas individuales y colectivas, que aborde las dimensiones jurídicas legales, salud, educación y la reparación simbólica. Nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral de por lo menos el 50% del total de víctimas.
Entregaremos a cada de ellas una suma significativa como un gesto simbólico de reconocimiento.
Para evitar la repetición de injusticias históricas es necesario que se resuelvan dos viejos problemas que el Perú oficial nunca ha querido encarar con seriedad: el reconocimiento de la pluriculturalidad del Perú y el otorgamiento de una representación política a los grupos culturales indígenas que la reclaman.
Otra tarea fundamental de la política cultura de nuestro gobierno será la defensa, la recuperación, la conservación, la promoción y la difusión de nuestro rico y variado patrimonio arqueológico, bibliográfico y documental. Recuperaremos el patrimonio cultural que haya sido saqueado y aquel que haya sido adquirido de buena fe por algunas instituciones extranjeras.
Grandes regiones territoriales para el desarrollo
La descentralización es una política de Estado que fortalece la unidad de la nación, al democratizar el poder y potenciar los diversos territorios y sus ámbitos locales y regionales, dinamizando los 6 grandes espacios territoriales que se configuran en el país: el macro norte; el amazónico; el macro sur; el centro sur, el centro andino y el de Lima-Callao.
Afirmamos nuestro objetivo nacional de ser el país de macro regiones transversales y que la descentralización sea un reencuentro con las raíces y potencialidades territoriales de la nación, para alcanzar nuestro objetivo nacional bicentenario.
Para ello se reconocerá la Asamblea de Presidentes de Gobiernos Regionales; se propondrá a inicios del 2012 un Nuevo Plan Nacional de Descentralización y Regionalización que será sometido a un debate nacional. Impulsaremos la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial . Daremos continuidad a la Comisión Multisectorial del Pacto Fiscal aprobada el 2010.
Es urgente se ordene el territorio y su gestión, pues el desorden existente al respecto es uno de los factores de deterioro ambiental y de crisis social. En los próximos 4 años institucionalizaremos los instrumentos de gestión del territorio para elaborar en forma participativa los Planes Regionales y Provinciales de Ordenamiento Territorial.
Nos proponemos impulsar los futuros Centros Estratégicos en el Callao, y en los de Paita-Bayovar e Ilo-Matarani. Impulsaremos conexión directa con una ferrovía suramericana que conecte el sur peruano con La Paz-Santa Cruz en Bolivia, y Río y Sao Paulo en Brasil, que es complementaria al IIRSA Sur; y las hidrovias que complementen el IIRSA del norte y amazonia del Perú con Manaos y su emporio industrial.
Tenemos un compromiso con la amazonia y su desarrollo sostenible. Daremos la prioridad requerida para respetar su diversidad biológica y ecosistema frágil, impulsando una estrategia sostenible de Bosques y Cambio Climático.
Se concretarán las hidrovías para el mejoramiento y mantenimiento de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. De esta manera se conectará el nuevo puerto de Yurimaguas, recientemente concesionado, y el puerto de Pucallpa con Iquitos y Brasil.
Pacto para un futuro limpio
La lucha contra la exclusión social tiene un componente ambiental que no puede ser soslayado. No es posible hablar de inclusión social sin establecer su relación con la agenda ambiental pendiente del país.
Los impactos ambientales se amplifican en los sectores sociales más vulnerables. En ese sentido, las políticas públicas en materia ambiental que el Gobierno busca implementar en los próximos cinco años tienen un claro enfoque de derechos e inclusión social.
El Cambio Climático que es la mayor amenaza ambiental global que enfrenta el Perú y afectará de manera muy especial a las poblaciones rurales más pobres que dependen casi exclusivamente del clima para su subsistencia. Por ello se implementarán medidas de adaptación y de mitigación, haciendo imperativo el empleo del enfoque de cambio climático en todos los procesos de planificación del desarrollo.
Las modificaciones que se prevén en los regímenes de la disponibilidad del agua en la sierra serán afrontadas mediante trabajos de recuperación y revegetación de las praderas altoandinas, la construcción de zanjas de infiltración, la forestación y reforestación de las laderas altoandinas, la implementación del riego tecnificado y la construcción de mini reservorios de agua. Se exigirá el empleo del enfoque de cambio climático en todos los procesos de planificación del desarrollo.
Procederemos a la adecuación de la reciente Ley de Forestal y Fauna Silvestre a la ley de la consulta previa, crearemos dos nuevos parques nacionales y pondremos en marcha una estrategia de recuperación y saneamiento de los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos.
Revolución educativa
La Revolución Educativa que emprenderemos significa implementar el “Proyecto Educativo Nacional al 2021”. En este sentido aspiramos a que todos nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes logren todos los aprendizajes que les permitan construir su propio futuro y ser buenos ciudadanos.
Reorganizaremos el sistema educativo para tener un Ministerio de Educación como ente rector y orientador de políticas, articulado con la gestión descentralizada del aparato educativo a nivel regional. En tal sentido se pondrá fin al actual Plan Piloto de Municipalización de la educación.
Se priorizará el desarrollo efectivo del nivel de Educación Inicial, históricamente descuidado. La razón de esta atención estriba en que las graves deficiencias en este nivel son una de las causas fundamentales de los bajos rendimientos en las siguientes etapas de la vida escolar y genera problemas para una adecuada inserción en el mundo del trabajo y en la vida ciudadana.
En efecto, este gobierno se compromete a avanzar en la universalización de la educación inicial en la etapa de jardín, de 3 a 5 años. Asimismo, en potenciar la creación de una red de cunas públicas y programas con las familias a nivel nacional, para atender a la población de 0 a 3 años, donde el servicio es muy reducido. Para ello, el programa Cuna Más, una de las grandes prioridades de este gobierno, constituirá una avanzada en este sentido.
No podemos seguir aceptando que sólo el 7,6% de niños de las escuelas rurales aprenden a leer y escribir en segundo grado de primaria. Al finalizar el quinquenio este porcentaje será no menor del 40%. Para afrontar este problema el gobierno se compromete a la total reorganización de la educación rural, que permita: Maestros con formación especializada y acompañamiento pedagógico en el aula, Centro de Recursos para servir a una Red de escuelas multigrado y renovación progresiva de la infraestructura.
Nos proponemos una Carrera Pública Magisterial, que afirme su carácter meritocrático, y su sentido promotor con la finalidad de estimular el buen desempeño de los docentes en sus aulas. La evaluación como elemento clave de la carrera incorporará, la especialidad y el desempeño en el aula y nuevos mecanismos formulados en diálogo con los docentes, sus organizaciones y la sociedad, a fin de garantizar su transparencia, consistencia técnica y legitimidad. La revolución educativa es con los maestros y no contra ellos.
Ante la proliferación de nuevas Universidades y Centros de Educación Superior que no necesariamente aseguran la calidad educativa estableceremos los mecanismos necesarios para que los títulos a nombre de la nación sean otorgados por Universidades y Centros de Educación Superior debidamente acreditados.
Daremos igual impulso a la educación tecnológica vinculándola a sus especializaciones productivas y de servicios.
El gobierno se compromete a impulsar la educación física en la escuela primaria y secundaria con la adecuada incorporación de los docentes especializados. Impulsaremos los Juegos Bolivarianos que se realizará el 2013 en Trujillo y Chiclayo.
Seguridad para todos
Se ha iniciado el proceso de incorporación de 13 mil efectivos policiales- que cada día y por la existencia del régimen del 1x1 se encontraban al servicio de entidades particulares- al contingente permanente de la PNP para el patrullaje en las calles y así fortalecer la lucha contra la delincuencia y a favor de la tranquilidad pública. Esto ya viene siendo una realidad en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo, el Callao y el distrito de Comas en la ciudad de Lima.
Presentaremos la ley del Servicio Policial Voluntario, para jóvenes entre 18 y 21 años, que se les califiquen para tareas administrativas en las Comisarías.
Asimismo, se implementará o perfeccionará tecnología de última generación que permita una capacidad de respuesta inmediata en la función policial como son Servicio Banda Ancha, Sistema Video Vigilancia, Emergencia 105, Sistema de Comunicaciones Troncalizado Lima-Callao.
El gobierno ha decidido reorganizar el Instituto Nacional Penitenciario en el plazo de 180 días, buscando la mejora de la infraestructura penitenciaria para superar el hacinamiento, mejorar las condiciones carcelarias para implementar niveles efectivos de control y seguridad.
Durante ese plazo se evaluará al personal de penales, mejora del control y seguridad de los mismos, traslado de internos peligrosos, separación de delincuentes primarios, entre otras, se dictará el Reglamento del Trabajador Penitenciario, se instalarán bloqueadores de celulares en los Establecimientos Penitenciarios más importantes.
Se reestructurarán los sistemas de Tratamiento Penitenciario, se revisará el modelo de otorgamiento de beneficios penitenciarios, planteando su eliminación en ciertos supuestos como reincidencia y delitos graves, y se mejorará el sistema de inteligencia penitenciario, para identificar los casos de dirección del crimen desde los establecimientos penitenciarios.
Siguiendo la recomendación de la CERIAJUS, se creará el Consejo Nacional de Justicia Penal y al interior del Ministerio se creará una dirección especializada denominada Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.
En relación al narcotráfico nos proponemos aprobar una nueva Estrategia de Control de Drogas (2012-2016), basados en inclusión social y la eficiencia en la interdicción.
Realizaremos un control efectivo de los precursores mediante la instalación de Garitas Móviles (3 en el primer año y 6 en el segundo) y el fortalecimiento de la inteligencia policial especializada de la DIRANDRO; la reducción de los cultivos ilegales; y la afirmación de DEVIDA como ente rector, en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo, educación, salud y seguridad ciudadana y el financiamiento de proyectos y programas a través del Plan de Impacto Rápido y del diálogo con la comunidad y los gobiernos locales y regionales.
El Modelo peruano de Desarrollo Alternativo con buenos resultados ha tenido en la Región San Martín, también se implementará en el VRAE mediante el diálogo y la inversión pública y privada. De esta manera se recuperará esta parte del país para la democracia, el estado de derecho y la economía de mercado inclusiva. El propósito es que en 5 años se reduzca sustancialmente la coca en ese valle.
El gobierno reitera que nuestra política antidroga será soberana y reclamará que se haga realidad la responsabilidad compartida con los países consumidores, que seremos
inflexibles en el control de los insumos químicos y en el combate a las bandas de narcotraficantes, que no legalizaremos ninguna droga ni tampoco los cultivos ilícitos y que erradicaremos y no permitiremos la extensión de cultivos ilegales, menos aún en parques nacionales y pozas de maceración.
Propondremos modificar la Ley de Pérdida de Dominio para hacerla más eficaz en la lucha contra el crimen organizado atacando las ganancias y bienes derivados de la comisión de delitos, como el Tráfico Ilícito de drogas, Lavado de activos, Terrorismo, Secuestro y otros. En sus más de tres años de vigencia sólo se ha aplicado en 19 casos, por las limitaciones que buscaremos corregir.
Durante nuestro gobierno nos proponemos incrementar en un 20% la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas; alcanzaremos los objetivos del Núcleo Básico de Defensa, y en una segunda etapa iniciar la obtención del nivel de disuasión previsto, lograremos la movilidad estratégica de las Fuerzas Armadas mediante la estandarización en el equipamiento y el empleo conjunto de las fuerzas, así como el despliegue a nivel nacional.
Dentro de esa línea se creará Brigadas de Apoyo al Desarrollo Nacional (BADEN), con recursos humanos y materiales de las FFAA, que permitan apoyar a los programas sociales, de salud y acciones cívicas en beneficio de pobladores de bajos recursos en zonas de menor desarrollo.
Se reformará el sistema remunerativo y previsional de las Fuerzas Armadas, manteniendo la pensión renovable, realizando los ajustes salariales en forma gradual para lograr el sostenimiento financiero del sistema previsional. Se fortalecerá el Servicio Militar Voluntario mediante la creación de un Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas.
Democratización del Estado y Reforma Política
El gobierno iniciará una Reforma Democrática del Estado. Nos proponemos desprivatizar, modernizar, democratizar y gerenciar eficazmente el aparato del Estado, organizándolo para todos los ciudadanos haciendo que funcione con eficacia, que la justicia y políticas lleguen al país, e impulsar el desarrollo de la carrera pública de calidad.
Adoptaremos medidas para la modernización de la Presidencia del Consejo de Ministros. El gobierno impulsará la carrera pública administrativa porque el país necesita funcionarios públicos calificados, relativamente autónomos en sus decisiones y responsables.
El objetivo primordial de una reforma política es la inclusión de todos los peruanos en un régimen en el que puedan representar sus intereses a la par que participar de diversas formas en la toma de decisiones sobre los asuntos que les competen.
El Ejecutivo propondrá al Congreso un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El actual Ministerio de Justicia se convertirá en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y para ello se presentará un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno considera que los organismos reguladores pueden jugar un rol fundamental en el desarrollo de las economías locales y en el bienestar de nuestros compatriotas. Anteriormente se modificó la institucionalidad de estos organismos, concentrando en sus presidentes ejecutivos algunas decisiones que debilitaron a sus Consejos Directivos. Por esa razón, se promoverán las medias necesarias para que los organismo regularemos jueguen un papel central en la defensa de los consumidores.
Se dotará de facultades a INDECOPI para que pueda frenar el abuso del poder monopólico en el país. Asimismo, se fortalecer la Autoridad Nacional de Consumo.
Ataque frontal contra la corrupción
Se reestructurará y unificará las actuales Procuradurías Anticorrupción y Ad Hoc en una única procuraduría anticorrupción.
Se propondrá la imprescriptibilidad de la persecución penal para los delitos de corrupción cometidos por los altos funcionarios que contempla el artículo 99º de la Constitución, y la inhabilitación perpetua para ejercer función pública para quienes delinquen dolosamente en graves casos de corrupción.
Se propondrá una ley para que los costos que asuma el Estado durante la permanencia de un condenado por corrupción en el centro penitenciario, se incluyan en la reparación civil que pague el condenado a favor del Estado.
Mediante Decreto Supremo, se creará una Procuraduría General para casos de corrupción y criminalidad para altos funcionarios del Estado, que forme parte del Sistema de Defensa Jurídico del Estado.
El gobierno respaldará la acción de la Contraloría. Otorgará recursos para financiar las plazas de auditor de los órganos de control de las entidades, incluyendo las FFAA y Policía.
Se ha procedido a la reorganización del Organismo Superior de Compras del Estado (OSCE) y se ha iniciado una rápida investigación de las denuncias en el Banco de Materiales. Asimismo, esperamos que los casos judicializado de gran corrupción pública, como el de BTR y Cofopri, sean sentenciados con prontitud y justicia.
Política exterior para la integración
La política exterior continuará desarrollando su agenda bajo los preceptos expresados por el Presidente Ollanta Humala en su discurso de inauguración. En ese sentido, la política exterior y la cooperación internacional estarán prioritariamente concebidas como instrumentos al servicio de los objetivos de inclusión social.
Desde esta óptica, los cerca de tres millones de peruanos residentes en el exterior serán un eje de acción prioritaria.
La integración, en el marco de UNASUR y de la CAN, será eje principal de nuestra diplomacia con el fin de propender a la unidad continental. La integración promoverá el desarrollo fronterizo y la concreción de obras de infraestructura y la intensificación de actividades del comercio regional reduciendo las barreras a la entrada de nuestros productos a dichos mercados.
Se realizará en el primer semestre del 2012 una Cumbre Presidencial para enfrentar el narcotráfico con un plan de acción integral, basado en la corresponsabilidad de países productores y consumidores. Se reorganizará la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
Sin menoscabo de nuestras relaciones políticas y comerciales con Europa y Norteamérica, se dará prioridad a la cuenca del Pacífico, considerando que la China es un socio comercial de primer orden. En noviembre próximo, el Presidente Humala asistirá a la cumbre de APEC con el objetivo de desarrollar el potencial peruano.
Señoras y Señores Congresistas
Como pueden advertir, el gobierno les ha expresado los ejes trasversales de la administración y las políticas públicas que regirán su desempeño. Sería conveniente que las Comisiones del Congreso, en uso de sus atribuciones de control político, inviten a los señores ministros para mayores detalles.
En un plazo de 180 días de esta presentación, es decir, en febrero del 2012, el gobierno realizará ante este Congreso y ante el país, un informe de gestión, en ejercicio de una obligación de rendición de cuentas al pueblo.
El gobierno respeta a este parlamento porque al igual que nosotros expresa la demanda de cambio e inclusión. Es nuestra intención cooperar con él y atender las demandas que en cumplimiento de la función de representación trae cada uno de ustedes desde cada rincón de la patria.
Sin distingos y considerando que todas las bancadas son fruto de una elección democrática ejemplar, tiene abiertas las puertas del gobierno y de cada ministerio. Entendemos el sentido de la defensa del gobierno y del ejercicio de la oposición, pero por sobre cualquier
consideración política, estamos dispuestos a compartir el quehacer público con el parlamento.
Reiterado lo señalado por el Presidente Ollanta en esta alta tribuna. No estamos aquí para venganza, revancha o bajas pasiones políticas. Nos preside una visión de gran responsabilidad con el país y una voluntad coherente y madura sobre el cambio.
La Gran Transformación por la que juré este cargo la entiendo como un quehacer con todos, un desafío a ser alcanzado con amor al Perú, con modestia y sin exclusiones.
El cambio que demandan los peruanos y en especial los excluidos está en marcha. No se detendrá por ningún interés mezquino o por presiones.
Necesitamos que la tolerancia y el diálogo también se instalen en la sociedad. Se necesita con urgencia que se reconozca al otro, que se asimile la diversidad social y territorial de nuestro país, que se acepte que nuestro Perú debe cambiar y mejorar en democracia y que no basta la lucha contra la pobreza sino también reducir la desigualdad.
Con Alberto Flores Galindo soñamos y repetimos que ser distintos es una forma de ser iguales. El Perú necesita conciliación y reconciliación. Este desafío no es el trabajo de uno sino de todos. Como escribía José María Arguedas, a quien recordamos en su centenario: “Más grande que mi fuerza en miles de años aprendida es la vida, la eterna vida, el mundo que no descansa, que crea sin fatiga”.
Muchas gracias

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