Declaración del Programa
1. Los peruanos y peruanas
hemos perdido toda confianza en gran parte de los políticos, fruto de una
democracia recortada y sometida a los intereses de unos pocos grupos de poder
económico. En las elecciones nacionales, regionales y locales, los candidatos prometen
cambios que ni siquiera pretenden realizar y al llegar al poder caen en redes de
corrupción. El esfuerzo de millones de hogares peruanos en los últimos 25 años
no se ha reflejado en una mejor distribución de la riqueza producida. El poder
económico y político siguen extremadamente concentrados. Nuestro pueblo,
legítimo propietario y soberano de todos los activos y recursos naturales,
anhela un cambio hacia un Estado impulsor de un proyecto nacional, promotor del
desarrollo y de igualdad de oportunidades para todos y todas, democrático,
soberano, laico y descentralizado.
Nuestra propuesta programática
central busca encarnar este anhelo y con este fin proponemos:
Una reforma política para legitimar la
democracia
2. Es necesario y urgente un
nuevo contrato social, político y económico, donde el poder se asiente en la
voluntad de los ciudadanos, respete sus derechos fundamentales y exprese los
anhelos de una sociedad étnicamente diversa, pluricultural y multilingüe y afirme
la descentralización efectiva. Esto requiere una Nueva Constitución emanada directamente
de la ciudadanía, donde se defina la nueva estructura política con el pueblo como
soberano. Parte de esta reforma incluye la conducta ética y moral de la
política y los políticos; la erradicación de la corrupción y el uso de los
mecanismos de democracia directa en todos los ámbitos de la sociedad; la
democratización de los partidos políticos, con primarias abiertas, eliminación
del voto preferencial, equidad de género y alternancia en las listas; así como
el fomento de las mejores prácticas de gestión y la más drásticas sanciones a
los delitos funcionales. Proponemos también, reformas al sistema electoral que
adecenten la práctica de los partidos y de las candidaturas que pretendan
dirigir al país.
Nuevo modelo de crecimiento y un Estado
promotor del desarrollo.
4. El modelo de crecimiento
primario-exportador, dependiente de las exportaciones tradicionales, ya está
agotado y no tiene capacidad de generar ni los empleos ni las actividades productivas que necesita nuestro
país para desarrollarse en las próximas décadas. Promoveremos un nuevo modelo
de desarrollo equitativo, incluyente y sostenible, sobre la base del desarrollo
y expansión de nuestros mercados internos, para articularnos económicamente,
reducir nuestra vulnerabilidad externa e integrarnos competitivamente al mundo.
5. Proponemos una Economía
Nacional de Mercado como alternativa al modelo económico neoliberal impuesto en
el país en las últimas tres décadas. Este modelo alternativo implica: i) un
apoyo a las inversiones nacionales y extranjeras que respeten los derechos de
los trabajadores, el medio ambiente y paguen sus impuestos; ii) una política
macroeconómica fiscal, monetaria y cambiaria que asegure los equilibrios macroeconómicos
y que, junto con la planificación del desarrollo y el presupuesto, apoye el
desarrollo industrial y agrario; iii) una política industrial basada en encadenamientos
productivos competitivos; iv) una política agraria de soberanía y seguridad
alimentaria que permita la adecuada nutrición de los peruanos y peruanas; v)
una minería sustentable con licencia social de las comunidades donde se
desarrolle; vi) una reforma tributaria democrática donde paguen más los que más
ganan y tienen; vii) iniciar un proceso sostenible de aumento del salario
mínimo vital de acuerdo a los mecanismos técnicos y constitucionales que lo
respaldan; y viii) una política de apoyo a la investigación, innovación y
desarrollo tecnológico. Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas industrias que dinamizan las economías locales y sobre todo que generan
empleo productivo, con apoyo técnico y crediticio.
6. Incorporar la ciencia y la
tecnología en los procesos productivos destinando al menos el 5% del PBI a la
investigación, con creatividad y visión integral de desarrollo estratégico.
Potenciar las universidades y
los centros de especializados como soporte técnico y científico para sustentar
el desarrollo de todos los sectores productivos del país, particularmente a las
PYMEs. Se impulsará y democratizará el uso de tecnologías de información y
comunicaciones (TICs) para facilitar el desarrollo integral del ciudadano, las
empresas, instituciones y del país en general. Estás tecnologías serán pilares
de la nueva política de gobierno electrónico: el DNI del ciudadano, las
ventanillas virtuales y las ventanillas físicas universales ubicadas en todo el
país facilitará la patria pluricultural, porque el acceso será brindado no solo
en castellano sino también en las lenguas de cada zona o territorio; así
eliminaremos desigualdades y corrupción. Y finalmente, se intensificarán los
esfuerzos por convocar y repatriar a profesionales peruanos que destaquen en el
exterior ofreciéndoles condiciones de acuerdo a sus necesidades.
Igualdad de derechos para todos los
peruanos y peruanas con trabajo digno
8. Para iniciar la superación
de la aguda desigualdad social que padece el Perú se tiene que terminar con las
desigualdades y con las discriminaciones que tienen un origen de clase, género,
etnia, orientación sexual, edad y procedencia regional, para respetarnos y
hacer efectivos los derechos de todos y todas. Un Estado democrático y promotor
debe garantizar los derechos sociales de la población, a través de sistemas
públicos universales, gratuitos, y de calidad en la educación y la salud, y
proveer un sistema público de pensiones. Y debe garantizarse los derechos
civiles de todos y todas.
9. Planteamos firmemente la
asignación de al menos el 6% del PBI para un sistema de educación pública,
gratuita y de calidad que desarrolle las capacidades de las personas para la
creación y la innovación; para el trabajo y la mejora de la productividad; y
sobre todo para mejorar la calidad de vida ciudadana. Para ello la dotaremos de
la tecnología, herramientas y los lineamientos estratégicos y técnicos que
aseguren las metas en este sector, así como de la más adecuada organización y
administración del sistema.
Respetaremos la dignidad del profesor,
sin descuidar la calidad de su desempeño, su capacitación, y su justa
remuneración.
10. Erradicaremos el
analfabetismo en cada región, provincia, distrito o centro poblado que exista
en el país, sobre todo en la sierra y la selva porque no es aceptable que
existan personas que no sepan leer ni escribir. La meta es alcanzar una
situación “libre de analfabetismo” al 2021.
11. Nos comprometemos a
garantizar que la universidad peruana, pública y privada, alcance al menos los
estándares internacionales de calidad y acreditación. Para ello potenciaremos a
la Universidad pública y la haremos participar de los procesos de investigación
científica y producción tecnológica a favor de los diversos sectores y entidades
de la economía y, en general, para brindar soporte técnico al proceso de desarrollo
nacional. El sistema universitario debe brindar sus aportes culturales, científicos,
tecnológicos y de gestión, al servicio de la sociedad formando equipos mixtos
entre docentes y estudiantes en función a los ejes centrales del modelo económico
y la estructura política social del nuevo modelo de sociedad que nos proponemos
construir. Por lo menos a nivel público, garantizamos una universidad con una
estructura y línea de trabajo ligada a las necesidades de la sociedad, y del
pueblo en particular, para lo cual tendrá la economía adecuada, docentes de
calidad, idóneos, capacitados, especializados, con buen nivel de producción
intelectual y científica. Los mismos que tendrán adecuados niveles de
remuneración y motivación.
12. Garantizamos el derecho a
la salud de calidad, con procesos preventivos y correctivos con suficiente
implementación tecnológica, profesional y técnica. El Perú tendrá un Sistema
Nacional de Salud (SNS) cuya primera característica sea el aseguramiento gratuito
y universal. Otra característica debe ser la integración de las instituciones
en un solo sistema, que dinamice, amplíe y haga eficiente la prestación de los
servicios de salud. Además, es fundamental debe ser la integración de todas las
fases de la prestación de salud, utilizando lo mejor de la ciencia, la
tecnología y la información para reducir las ineficiencias del sector. Los
pacientes no pagarán al momento de la atención como condición para ser
atendidas. El financiamiento debe ser previo, mediante un sistema público
sustentado por impuestos generales o vía contribuciones a la seguridad social.
Lograremos la articulación de un sistema integrado que garantizará la calidad
de los servicios, y adicionalmente la producción y comercialización de
medicamentos estará al servicio de la comunidad y no de las transnacionales.
13. Consideramos al trabajo
como la fuente fundamental de la riqueza y al empleo digno como un derecho
fundamental e irrenunciable. Garantizaremos el derecho de las mujeres a recibir
igual remuneración por el mismo trabajo; las relaciones laborales justas y
previsibilidad en sus vidas. Daremos incentivos públicos a los empresarios para
que inviertan en la capacitación y especialización laborales. Promoveremos una nueva
Ley General del Trabajo que elimine los regímenes especiales discriminadores y
que fortalezca la negociación colectiva y la plena libertad sindical. El
salario mínimo deberá aumentar en proporción al aumento de la productividad y
la iniciativa legislativa que contenga en la nueva Ley General del Trabajo debe
ser concertada previamente en el Concejo General del Trabajo. Promoveremos una
Ley que declare en emergencia y reorganización el Ministerio de Trabajo, con
especial énfasis en sus tareas Comentado [b1]: Falta una lista de algunos de
estos esfuerzos fiscalizadoras y de control de cumplimiento de las normas.
Promoveremos una nueva Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo que estimule la
sindicalización, el fortalecimiento de los sindicatos, la negociación colectiva
y la negociación por rama.
14. Proponemos una Reforma al
Sistema Privado de Pensiones que garantice de manera justa la vida post laboral
del trabajador, garantizando con ello su auto sostenimiento y poder
adquisitivo, que a su vez, permita mantener el fortalecimiento del mercado interno.
Planteamos la existencia de AFPs y de un Sistema Público pero con visión técnica,
financiera y humanista que custodie y acrecenté los recursos pero con responsabilidad
social y funcional. Y en todo caso debe implementarse un sistema de aseguramiento
de la preservación de esos recursos; y se debe crear una pensión universal no
contributiva para todas las personas mayores de 65 años, que se financiaría con
los impuestos del gobierno central.
Estado soberano en la gestión
sustentable de los recursos naturales.
15. Recuperaremos la
soberanía de Estado sobre nuestros recursos naturales estratégicos, para que
sirvan al desarrollo del país. En especial, sostenemos una política de
soberanía energética que recupere para el Estado y para el pueblo peruano el
poder de decisiones fundamentales en los negocios petrolero y gasífero y que
garantice el cumplimiento de los procedimientos de consulta previa a las comunidades
y pueblos originarios, como elemento clave de la necesaria licencia social en
actividades extractivas que se realicen en sus ámbitos territoriales. El Perú, por
sus condiciones y las tendencias del escenario mundial, debe priorizar la implementación
de las estrategias y proyectos orientados al uso masivo de todas las fuentes de
energía alternativas.
16. Otros temas claves son la
alimentación y la salud. La soberanía alimentaria se orienta a lograr “Hambre
Cero”, promoviendo la agricultura familiar y la pesca para consumo humano, que
es la principal fuente de nuestra alimentación y agro-diversidad.
18. Estableceremos en el País
una sola Autoridad Nacional Ambiental. Para ello se deben adecuar: SENACE, ANA,
SERFOR, y se deben eliminar la denominación de autoridades ambientales
competentes a los Ministerios de varios sectores. Se establecerá de manera
urgente un adecuado Sistema Nacional de Fiscalización y Control Ambiental, que
pueda asegurar la solución a los miles de pasivos ambientales mineros. Para
ello se debe proceder a fortalecer y reestructurar la OEFA con una adecuada
participación de las Regiones en sus funciones y competencias.
Diseñaremos e implementaremos
la Estrategia Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Generalizaremos la inclusión de las consideraciones de cambio climático en
todos los procesos de la planificación del Desarrollo Nacional. Además, reduciremos
la deforestación extrema de la que es víctima nuestra amazonia en la actualidad.
Macro-Regiones con descentralización
económica y política.
19. Planteamos una
descentralización que haga confluir el gobierno local y regional con el desarrollo
territorial, sobre en el direccionamiento y distribución de las inversiones públicas
y privadas en función del desarrollo nacional. Para ello promoveremos la planificación
territorial articulando espacios que agrupen regiones que sean espacios viables
política y económicamente y un efectivo contrapeso al centralismo.
Fortaleceremos decididamente
la gestión descentralizada igualando las condiciones generales de operación
(estructuras remunerativas, gasto operativo, etc.) en el nivel nacional con las
condiciones en el nivel descentralizado a igual nivel de responsabilidad. La
descentralización debe convertirse en un gran espacio de participación
ciudadana, directamente y a través de las organizaciones sociales que, en el
marco de la democracia representativa, permitan la participación responsable de
la ciudadanía en la toma de decisiones y en la fiscalización de la acción
pública.
Defensa de la Seguridad Ciudadana para
todos con equidad
20. Planteamos enfrentar
firmemente el problema de la inseguridad con una política integral de
prevención y generación de oportunidades para los jóvenes en los barrios y los espacios
de mayor vulnerabilidad; y una estrategia eficiente que articule la Policía Nacional,
la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial para combatir el crimen y las mafias
organizadas. Además, proponemos: i) fortalecer los comités regionales y provinciales
de Seguridad Ciudadana; ii) promover en todo lugar Serenazgos sin fronteras;
iii) fortalecer las gerencias de seguridad ciudadana en coordinación con la estructura
del Ministerio del Interior, en las 30 principales ciudades, integrando en un solo
comisario el mando de todas las comisarías en los distritos; iv) que los
alcaldes conduzcan los SINASEC; vii) asignar recursos diferenciados entre
provincias y distritos para eliminar las desigualdades en dotación de policías
y serenos; y viii) restablecer la
exclusividad del servicio
policial.
Lucha contra el narcotráfico y
Erradicación de la Corrupción
21. Combatiremos con
prioridad y compromiso nacional, independientemente de las ideologías y
filiaciones políticas o partidarias, para derrotar este peligroso flagelo y evitar
llegar a situaciones como las que viven otros países de la región. Nuestro país
debe decidir soberanamente su política de desarrollo alternativo, diferenciando
a los productores de hoja de coca de los narcotraficantes; y combatiremos a
fondo todo tipo de corrupción, tanto en el sector público como privado. Todo
funcionario debe tener el doble de penalidad en los delitos o faltas
administrativas cometidas en el desempeño de sus funciones. Financiaremos, a
todas las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción (CAN, Ministerio
Público, Procuradurías, Fiscalías Especializadas, policía de investigación,
etc.) de modo que puedan adecuarse eficientemente al Nuevo Código Procesal
Penal y que no haya impunidad.
Política exterior al servicio del
desarrollo nacional.
23. Nuestra política exterior
estará al servicio de nuestro desarrollo nacional, del fortalecimiento y la
defensa plena de la democracia representativa y directa tanto en nuestra
sociedad como en la de todos los países, regiones y sociedades con las que mantenemos
relaciones diplomáticas y comerciales. Favorecemos la integración andina y regional,
y creemos en una globalización solidaria y democrática, donde los países en
desarrollo tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones con soberanía
económica y política. Somos parte de las naciones que buscan defender los intereses
de sus ciudadanos y ciudadanas por encima de las imposiciones de los organismos
financieros internacionales o de intereses de un puñado de corporaciones trasnacionales.
Apoyamos la integración, como en la Comunidad Andina, el
MERCOSUR, la UNASUR y el
CELAC, con independencia de las grandes potencias y sin vulnerar la
autodeterminación nacional, que nos permitirán participar ventajosamente en las
oportunidades de un mundo globalizado y multipolar
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