SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015
"Jubilados sin pensión: Es momento de
actuar"
La economista Giovanna Prialé dice que es preocupante
la deuda que tiene el Estado con las AFP y la situación de la ONP.
En esta efervescente discusión que ha destapado el proyecto
en el Congreso para liberalizar los fondos de las AFP cuando
las personas lleguen a los 65 años de edad, el MEF ha
permanecido prácticamente en silencio; pero hay dos temas que sí son de su
competencia y que podrían ser atendidos en el cortísimo plazo, si se incluyen
en el Presupuesto de la República que será aprobado en estos días.
El primero está relacionado con la innumerable cantidad de
empresas que durante años le descontaron a sus trabajadores parte de su sueldo
para cotizar a una AFP –alrededor
del 13% de la remuneración mensual- y que no cumplieron con hacer el abono
respectivo.
Estos
trabajadores no tienen el dinero ahorrado en su fondo, no podrán beneficiarse
con la rentabilidad que gane el resto de afiliados y no contarán con una
pensión al llegar a los 65 años.
Se estima que son S/.500 millones (S/.4.000
millones con intereses) los que deben las empresas públicas, gobiernos
regionales y locales y el gobierno nacional por este concepto a las AFP.
Y aunque haya sido en otra gestión, ¿está bien no hacer nada ahora?
El MEF tiene la oportunidad de corregir este abuso
e incluir en el presupuesto el pago de la deuda previsional, obviamente en las
mejores condiciones para el afiliado que ha sido perjudicado y de manera
fraccionada para no desequilibrar las cuentas fiscales.
¿Hacemos algo al respecto o nos sentamos a esperar
a que cuando lleguen a los 65 años, nuestros pensionables sin pensión, hagan su
reclamo -como en el caso del FONAVI-
para que recién se les devuelva su dinero?
El segundo tema se vincula con la urgente necesidad
de que se modifiquen las condiciones para que los afiliados a la ONP reciban su pensión. Hoy se señala que
deben cumplir 65 años de edad y acreditar 20 años de aportaciones. Según las
cifras mencionadas en las audiencias públicas del Congreso, hay al menos 60.000
personas que no van a recibir pensión porque no cuentan con los 20 años de
contribuciones. ¿Es decir que el Estado se va a apropiar de su dinero?
Como el Congreso no puede presentar proyectos de
ley que supongan iniciativa de gasto, está en manos del Poder Ejecutivo y
concretamente en las del MEF asumir la responsabilidad de reconocer
la deuda con los trabajadores afiliados (cuyos aportes les adeudan los
gobiernos y las empresas públicas) y definir, asimismo, las transferencias
necesarias para que los afiliados a la ONP que lleguen a los 65 años sí cuenten
con una pensión (proporcional a la fracción de años aportados), aunque no
cumplan con los 20 años.
Este aumento en el gasto requiere evidentemente una
reducción en otros rubros. Pero además es vital hacer algo con la ONP, que hoy
está siendo subsidiada con transferencias del Estado para el pago de pensiones.
Si se quiere propiciar la competencia, la comisión
que cobra la ONP también debería
reducirse y valdría la pena preguntarse si esta se puede convertir en una “AFP
estatal” o, en cambio, en la entidad que actuará como centro de recaudaciones
de las pensiones “solidarias”, en el que hay aporte privado y estatal, para
asegurar la pensión mínima.
El Estado
no puede quedar al margen de la reforma de pensiones porque su deber es
proteger a cada uno de los ciudadanos.
LEA
TAMBIÉN...
Pensiones: Credicorp
lanzó cinco propuestas para mejorar el SPP
INEI: Esperanza de vida
de mayores de 65 años es 83 años
Legislando para la
calle, por Roberto Abusada Salah
·
Economista
El anuncio de que la Comisión de Economía del Congreso aprobó
que quien al cumplir los 65 años se retire de una AFP contará de inmediato con
el 95,5% de su fondo de pensiones fue bien recibido por la mayoría de los
afiliados. Todo el mundo prefiere disponer del dinero ahorrado de inmediato y
no preocuparse de lo que sucederá en un futuro incierto. Justamente por eso
existen los fondos de pensiones en casi todo el mundo. Con la medida, se acaba
de eliminar el motivo de ser de los fondos de pensiones.
Para no hablar de las AFP,
tan criticadas con motivo y sin él, imaginémonos que el fondo de pensiones en
cuestión lo administra quien el afiliado prefiera. Podría ser una AFP privada o
pública, un banco, una administradora de pensiones internacional,
una caja de ahorros, etc. En cualquier caso, tras ahorrar forzosamente durante
toda su vida laboral, veamos qué sucede si el día de su jubilación recibe todo
lo ahorrado hasta entonces. El jubilado podrá decidir qué hacer con su
fondo.
Parecería que no le faltarán
opciones. Podría poner una pequeña empresa. Claro que el 70% de las pequeñas
empresas quiebra antes de un año. Puede también comprar un inmueble. Según elBanco Central de Reserva (BCR), podrá
obtener una renta mensual igual aproximadamente a 1/200 del valor invertido,
sin considerar el mantenimiento de la propiedad, el impuesto predial, el tiempo
que toma obtener inquilinos, el riesgo de que el inquilino no pague, el riesgo
de que las propiedades bajen de valor, etc. El problema es que en cualquiera de
estas inversiones siempre habrá riesgos, no hay garantías.
Esto es lo que podría ocurrir
con personas que son prudentes y tratan de ahorrar para la vejez. No
consideramos a los que no ahorrarán. Puede ser que no quieran ahorrar o, peor
aun, que piensen que lo están haciendo. Puede ser desde plata prestada a
familiares que luego no pueden pagar, hasta los innumerables esquemas pensados
por los estafadores para aprovecharse de esta situación.
El problema de fondo es
contar con una pensión segura para el jubilado luego de que ha ahorrado. Sin
esta, el jubilado se vuelve un problema para el Estado. No basta con decir que
es su libre elección si ahorra o no (como sostienen algunos) y que se atenga a
las consecuencias, ya que nuestra sociedad, afortunadamente, no abandona a los
ancianos (aunque los cínicos dirán que por lo menos no a los que sean de un
grupo social con peso político).
Un jubilado que decide si
quiere ahorrar o si prefiere ser una carga para otros optará, en muchos casos,
por no ahorrar. La decisión de ahorrar para obtener una pensión segura no la
impone alguien que pretende saber más que el jubilado sobre lo que es bueno
para él, sino quien se da cuenta que de otra manera perdemos todos.
¿Cómo asegurar una pensión
para los jubilados de modo que no sean una carga para el Estado? Digamos que
existe un ingreso a partir del que se acuerda que alguien no será una carga
para el Estado. Digamos, arbitrariamente, que es S/.1.000 mensuales, para usar
una cifra redonda.
Entonces, quien se jubila con
una renta vitalicia garantizada de S/.1.000 mensuales habrá asegurado no ser
una carga. De contar con recursos adicionales, podrá disponer libremente de
ellos. Quien no llegue a asegurar una pensión de S/.1.000, pese a haber
contribuido al sistema por un período mínimo, podrá contar con una contribución
estatal, en función a los años aportados al sistema, que lo vaya acercando a
esta cantidad.
Este es el tipo de mejoras
que debería haberse discutido hace tiempo. Aunque debatirlas en pleno proceso
electoral no es una buena idea.
No hay comentarios:
Publicar un comentario