El
término narco-estado o narco estado (de narco: droga y estado: conjunto de
instituciones) es un neologismo que se aplica a aquellos países cuyas
instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el
narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como
funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas
narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
Pero en las últimas tres décadas una serie de profundas transformaciones en la política y la economía mundial han impulsado la aparición de lo que se llama Estados Mafiosos. Países en los que los conceptos tradicionales de “corrupción”, “crimen organizado” o de entes gubernamentales “penetrados” por grupos criminales no captan el fenómeno en toda su complejidad, magnitud e importancia. En los Estados Mafiosos, no son los criminales quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de funcionarios, sino el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Y no para erradicarlas, sino para ponerlas a su servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios.
Pero en las últimas tres décadas una serie de profundas transformaciones en la política y la economía mundial han impulsado la aparición de lo que se llama Estados Mafiosos. Países en los que los conceptos tradicionales de “corrupción”, “crimen organizado” o de entes gubernamentales “penetrados” por grupos criminales no captan el fenómeno en toda su complejidad, magnitud e importancia. En los Estados Mafiosos, no son los criminales quienes han capturado al Estado a través del soborno y la extorsión de funcionarios, sino el Estado el que ha tomado el control de las redes criminales. Y no para erradicarlas, sino para ponerlas a su servicio y, más concretamente, al servicio de los intereses económicos de los gobernantes, sus familiares y socios.
La
experiencia más clara de esta estructura mafiosa en el Perú, fue durante el
Gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori y su socio y operador Vladimiro
Montesinos Torres, casos emblemáticos como el uso del avión presidencial, naves
de La Marina, La Fuerza Aérea (avión presidencial incluido) y el Ejército para
transportar droga y narco dólares, así como apoyo logístico y comercial para
los carteles del narcotráfico que operan en la Selva Peruana, y que como
consecuencia de la corrupción generalizada tanto en La Policía Nacional (Que en
el primer gobierno del Dr. Alan García Pérez desapareció a la Policía
Científica o Ex Policía de Investigaciones del Perú - PIP), Las Fuerzas
Armadas, El Ministerio Público, El Poder Judicial, El Congreso de la República,
y más recientemente el Poder Ejecutivo al más alto nivel, con la facultad
constitucional para indultar del más alto magistrado de la nación a cuanto
traficante se le dé la gana, lo cual se traduce en impunidad que es la
consecuencia mas desastrosa para la Sociedad, la Democracia y el estado de
Derecho en el Perú, han quedado en el olvido por parte de los poderes que
conforman la Narcocracia Peruana, incluido el cuarto poder el periodismo
comprado contante y sonante por el Dr. Montesinos en efectivo y con grabación
incluida cuyas escenas hemos visto en el Congreso de la República durante el
Gobierno del Dr. Valentín Paniagua Corazao, valiente mandatario peruano que se
enfrentó a la Mafia Fujimori-Montesinos y que hoy está muerto.
Siempre
ha habido países cuyos líderes se comportan de manera criminal. Y en la mayoría
de las 193 naciones del planeta la deshonestidad en el uso de los dineros
públicos y la “venta” de decisiones gubernamentales al mejor postor son
comunes. La corrupción es la “norma” y nos hemos acostumbrado a que así sea. La
suposición de que esto siempre ha sido y seguirá siendo así dificulta captar el
ascenso de un nuevo actor en la realidad mundial: los Estados Mafiosos. No son
solo países donde impera la corrupción o donde el crimen organizado controla
importantes actividades económicas y hasta regiones completas. Se trata de
países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y
defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de
gobernantes.
Claro
que esta práctica tampoco es nueva, vemos como en los Gobiernos Regionales los
Presidentes Regionales constituyen verdaderos carteles de la droga, en
complicidad con los órganos jurisdiccionales y la Policía nacional, manejando
ingentes cantidades de dinero para dejar hacer y dejar pasar, lo que coloca en
una encrucijada la Política de Estado de la Regionalización, la que está
diseñada desde el Congreso de la República para promover la superestructura del
Narco Estado Peruano.
El
narco-estado se deriva del término «Estado Profundo» (en turco: derin devlet),
como las relaciones entre fuerzas de seguridad, mafia y grupos nacionalistas; y
por Peter Dale Scott como la «simbiosis entre los gobiernos (y en particular
sus agencias de inteligencia) y las asociaciones criminales».
A
partir de ese acontecimiento, los carteles de la droga, mediante millonarios
aportes económicos, financian las candidaturas de políticos a cargos públicos
electivos a cambio de garantizarles impunidad, protección y amparo del poder
estatal en sus operaciones. Asimismo, dicho poder se ha extendido a los
estamentos militares y policiales, aprovechando las bajas condiciones de vida
de sus componentes para infiltrarlos y corromperlos para que sirvan a sus intereses.
Vemos en el Perú una apatía increíble en los integrantes de las Fuerzas Armadas
y las Fuerzas Policiales, pues para ser personal de confianza hay que ser leal
al Narco Jefe, de lo contrario estás condenado a ser carne de cañón en la
guerra contra el narco-terrorismo, donde un sicario menor de edad está
usualmente en una moto lineal todo terreno de 250 a 350 cc. Con una pistola de
9 mm. Con catorce balas en la cacerina y una bala en la recamara, además con
dos cacerinas cargadas en los bolsillos, mientras que un efectivo policial
cuenta con un revólver calibre 38 con 6 balas en la recámara, que en el momento
que se le agotan y va a llenar su tambor de nuevas municiones el delincuente lo
liquida, peor aún cuando estos están en automóviles armados con fusiles
ametralladoras de asalto Kalashnikov de 7.62 mm.
En
donde son inexistentes las posibilidades de defensa del efectivo del orden en
una guerra que lleva más de 34 años, cuyo enemigo y aliado del narcotráfico del
cual se sustenta logísticamente y económicamente es el Partido Comunista del
Perú Sendero Luminoso.
Un país o territorio para alcanzar ese estatus debe caracterizarse por un escaso poder de las autoridades, graves deficiencias legales, un Estado demasiado débil y funcionarios permeables a la corrupción.
Un país o territorio para alcanzar ese estatus debe caracterizarse por un escaso poder de las autoridades, graves deficiencias legales, un Estado demasiado débil y funcionarios permeables a la corrupción.
El
principal problema de seguridad que tenemos en el Perú es el narcotráfico, y de
él derivan varios temas de seguridad ciudadana. El Perú produjo 320 toneladas
de cocaína al año (2013), de ellas, solo se decomisaron veinticuatro, según el
informe del Departamento de Estado de los EEUU, es decir, el 13% de lo
producido.
Acá
viene lo peor: por vía aérea, en pequeñas avionetas, en el 2013, han salido de
nuestro territorio entre 150 y 180 toneladas (es decir 180 mil kilos). Cada
avioneta, además, transporta entre 200 kilos y 400 kilos. ¿Cuántos vuelos se
han tenido que realizar? ¡600 vuelos! ¿Para qué tenemos la Constitución
Política?
Para
empezar, para proteger la soberanía nacional. ¿Para qué tenemos equipos y naves
en la Fuerza Aérea? ¿Quién debe defendernos? Desde el 11 de setiembre de 2,001
en Nueva York, cuando se atacó a las Torres Gemelas en pleno Centro Financiero
Mundial, todos los Estados del mundo reforzaron su espacio aéreo, menos el
Perú. Entonces, lo que tenemos es una situación de inercia estatal.
Actualmente
las drogas están destruyendo a los jóvenes, desmembrando familias, aumentado la
inseguridad en todo el Perú y alternando la economía mundial, ya que éstas son
distribuidas de manera ilegal. El tráfico de drogas es el peor problema de este
tiempo, tanto así que los narcotraficantes proveen recursos a los terroristas,
contrabandistas, especuladores, funcionarios corruptos y delincuentes comunes.
La
lucha contra el narcotráfico es una prioridad que involucra a todo el mundo,
con la cual se busca determinar soluciones de combate para un mejor desarrollo
económico, político y social nacional.
La
situación geopolítica del Perú, la precaria salud mental de la población y la
pobreza extrema contribuyen a nuestra posición como país productor de hoja de
coca, materia prima para la elaboración del alcaloide. El estado carece de la
capacidad política, legal, económica e inclusive logística para combatir el
cultivo ilegal y la producción de estupefacientes.
La juventud peruana accede en su mayoría a un sistema educativo empobrecido que no fortalece su autoestima y fomenta la aparición de anti valores, tenemos los peores indicadores de presupuesto, ejecución presupuestal, bajo nivel de comprensión de lectura, de comprensión lógico – matemática y deficiente infraestructura educativa. Lo cual está directamente manejado por los políticos peruanos que conforman en Narco Estado Peruano, ya que esta es una forma entre otras de mantener en la ignorancia más lamentable al pueblo peruano, para que el narcotráfico y la corrupción tengan un excelente caldo de cultivo para desarrollar sus operaciones, como el lavado de activos, los casinos donde impera el vicio de la ludopatía, la trata de blancas, la trata de niños, la minería ilegal, la tala indiscriminada de los bosques amazónicos entre otras lacras que imperan con total impunidad en nuestra sociedad peruana, a vista y paciencia de las autoridades y con el silencio cómplice de los principales medios de prensa que no le dan la importancia que merece este tema. Los medios de comunicación tampoco son de gran ayuda en su papel de vehículo educativo potencial. Además a los estudiantes en todos los niveles no se les provee de información adecuada respecto a su salud por lo cual su ignorancia respecto al tema es total en la mayoría de los casos.
La juventud peruana accede en su mayoría a un sistema educativo empobrecido que no fortalece su autoestima y fomenta la aparición de anti valores, tenemos los peores indicadores de presupuesto, ejecución presupuestal, bajo nivel de comprensión de lectura, de comprensión lógico – matemática y deficiente infraestructura educativa. Lo cual está directamente manejado por los políticos peruanos que conforman en Narco Estado Peruano, ya que esta es una forma entre otras de mantener en la ignorancia más lamentable al pueblo peruano, para que el narcotráfico y la corrupción tengan un excelente caldo de cultivo para desarrollar sus operaciones, como el lavado de activos, los casinos donde impera el vicio de la ludopatía, la trata de blancas, la trata de niños, la minería ilegal, la tala indiscriminada de los bosques amazónicos entre otras lacras que imperan con total impunidad en nuestra sociedad peruana, a vista y paciencia de las autoridades y con el silencio cómplice de los principales medios de prensa que no le dan la importancia que merece este tema. Los medios de comunicación tampoco son de gran ayuda en su papel de vehículo educativo potencial. Además a los estudiantes en todos los niveles no se les provee de información adecuada respecto a su salud por lo cual su ignorancia respecto al tema es total en la mayoría de los casos.
La
familia peruana, no posee las herramientas necesarias para prevenir y
protegerse de la influencia del entorno. Además, los medios de comunicación
promueven la difusión de paradigmas estereotipados que distorsionan la
realidad.
En
los canales de televisión abierta se transmiten en horarios estelares todo tipo
de inmundicias que alienan el cerebro de los peruanos, en lugar de transmitir
programas que despierten valores, actitud para el trabajo, el estudio, la
investigación y las imágenes de los acontecimientos mundiales que están
haciendo que cada vez esté más lejano el desarrollo económico y social para el
pueblo peruano, y que en otros países se maneja de manera profesional y
transparente con políticas de estado que favorecen el desarrollo humano,
fomentando la ciencia y la tecnología y por consiguiente su competitividad en
pleno Siglo XXI donde, los países que no logren educar adecuadamente a su
población estarán condenados a desaparecer por los acontecimientos casa vez más
críticos como el cambio climático, en donde solo podrán sobrevivir los países
con mayores ventajas competitivas. El papel del estado peruano en política
preventiva es casi nulo en este sentido relegándose ésta función a ONG’s
privadas.
Un urbanismo mal planificado que favorece la tugurización y que separa al individuo aislándolo de su entorno primario (familia) y dificultando su comunicación con ellos. Esto es una percepción más amplia de los efectos de la alienación que produce la sociedad de consumo y la estimulación de las necesidades artificiales. Este urbanismo mal planificado además trae consigo la escasez de lugares de distracción adecuados probablemente debido a la discriminación presente en la sociedad peruana.
La facilidad de acceder a las drogas en el país. Debido a nuestra condición de productor, la cocaína es barata, fácil de conseguir y además se encuentra ya en todos los niveles sociales. Un paquete de pasta básica de cocaína cuesta en la calle S/.0.50 con lo que con S/. 10.00 un consumidor se fuma un paquete de 20 cigarrillos, quedando en un estado de exitación tal que es capaz de asesinar a su padre, a su madre o de asaltar a cualquier transeúnte por S/. 20.00 capaz de asesinar de una puñalada o un balazo a quien se atreva a defenderse. Todo esto con conocimiento de la Policía Nacional que sabe donde están los lugares de distribución y conocen quienes son los intermediarios y los distribuidores minoristas, pero que dejan hacer y dejan pasar, porque además las leyes están hechas para beneficiar a los delincuentes y perjudicar a las fuerzas del orden en el Perú.
EL NARCOTRÁFICO
El
narcotráfico es un problema cuyas dimensiones supranacionales se han expandido
notablemente en los últimos años. Desde luego es un negocio ilícito que se
desarrolla a través de diversos territorios nacionales, desde el cultivo,
elaboración, distribución y comercialización de la droga y, finalmente, el
lavado de dinero y la inversión de las utilidades. Asimismo, evoluciona y se
acondiciona a los nuevos escenarios que se presentan, como lo evidencia la
proliferación de las drogas sintéticas que han adquirido mayor relevancia, lo
que a su vez plantea el desafío de combatir también la desviación de
precursores químicos.
Se
trata, al mismo tiempo, de un problema que afecta seriamente la gobernabilidad
de los sistemas democráticos, por las consecuencias sociales y políticas que es
capaz de provocar. En efecto, tiene un alto componente de violencia, la que
utilizan las bandas, mafias y carteles tanto para proteger sus intereses como
para intimidar y atacar a agentes del Estado y particulares que representan una
amenaza para el negocio ilícito. Implica, además, un alto potencial de
corrupción, dado que para favorecer sus actividades clandestinas buscan
comprometer a los integrantes de las fuerzas policiales, del Poder Judicial e
incluso a autoridades legislativas y ejecutivas. Por último, su actividad
económica, en especial la relacionada con el lavado de activos contribuyen a
generar una economía subterránea que llega a condicionar la economía formal.
Es este sentido en el Perú se han lavado en los últimos años US $ 10,000’000,000.00 de dólares en donde banqueros corruptos cobran 50% de comisión, para la emisión de un cheque de Gerencia o un Giro contra un banco corresponsal con plaza en la Ciudad de Nueva York, con estos documentos bancarios firmados por dos gerentes con firma “A” el narcotraficante puede realizar lo siguiente:
Es este sentido en el Perú se han lavado en los últimos años US $ 10,000’000,000.00 de dólares en donde banqueros corruptos cobran 50% de comisión, para la emisión de un cheque de Gerencia o un Giro contra un banco corresponsal con plaza en la Ciudad de Nueva York, con estos documentos bancarios firmados por dos gerentes con firma “A” el narcotraficante puede realizar lo siguiente:
Con
el Giro puede abrir una cuenta corriente en un banco Off Shore con plaza en un
paraíso fiscal y financiero como la Ciudad de Luxemburgo, Gran Caimán o
Bahamas, entre otras, en cuentas cifradas donde puede hacer las transferencia
vía Swift a cualquier cuenta corriente a y cualquier banco del Mundo.
Con
el Cheque de Gerencia puede ir a un Notario Público que al ver el documento
bancario con las firmas autorizadas, en vista que están comprometidos el
Oficial de Cumplimiento del Banco que tiene rango de gerente, el Auditor
Interno, el Auditor Externo, La Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco
Central de Reserva y la Gerencia del Banco, notarialmente se da fe de la compra
de activos como, inmuebles, empresas, valores en bolsa con lo que se pueden
hacer directores y hasta presidentes de empresas corporativas.
En
el caso de los lingotes de oro, los banqueros mafiosos con una comisión de 50%
le otorga el Certificado Bancario del Oro correspondiente al valor del mercado
en el momento de su negociación, estos certificados usualmente son depositados
en Cajas de Seguridad en las bóvedas de los bancos y con ellos atesoran los
narcotraficantes ingentes cantidades de dinero, que son de uso disponible a la
vista al precio de la plaza de Londres o New York en el momento de su
conversión a la moneda que prefiera en narco.
Hablar del narcotráfico es, en muchos sentidos, hablar del Estado.
Hablar del narcotráfico es, en muchos sentidos, hablar del Estado.
Es
imposible entender esta actividad sin el papel que ha desempeñado el Estado en
su surgimiento, al declarar la producción, tráfico y consumo de algunas drogas
como una actividad ilegal. Pero también es difícil entender su poder y alcance
sin la protección del Estado a esta actividad. Obviamente, estamos hablando de
una alianza non sancta, de un entendimiento que tiene como base la corrupción
pero que va más allá de eso: en el fondo lo que hemos visto en el siglo XX, es
un matrimonio por conveniencia entre el narco y el Estado. Y en ello hay que
ser muy claros: no es sólo el beneficio personal e ilegítimo que obtiene un
funcionario encargado de combatir el narcotráfico por mirar hacia otro lado
cuando pasa un cargamento de droga. Son los beneficios que deja el narco a la
economía de un país, los empleos que genera, la infraestructura que crea, los
vacíos que llena ahí donde el Estado no llega.
Es
el papel de proveedor de servicios públicos que el propio Estado no alcanza a
desempeñar. En otras palabras, el peso del narco en un país va más allá de la
corrupción: es un actor económico importante, y puede llegar a ser
imprescindible. Sin embargo, la relación entre narco y Estado tiene sus reglas
y sus límites. Como vamos a ver más adelante, la penetración total del Estado
por parte del narcotráfico puede ser contraproducente. La corrupción total
también. Esto hace que la relación del narcotráfico con el poder sea más
complicada de lo que parece.
EL NARCOTRÁFICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO
El
narcotráfico es una forma de crimen organizado que comparte los rasgos
generales de este fenómeno. El crimen organizado tiene las siguientes
características: a) no es ideológico y, por lo tanto, no tiene metas políticas
(su meta es el lucro); b) tiene una estructura jerárquica; c) tiene una
membrecía limitada (basada muchas veces en lazos étnicos o de parentesco); d)
es una actividad continuada a través del tiempo; e) usa la violencia, o la
amenaza de la violencia, y el soborno; f) muestra una división específica del
trabajo; g) es monopólico; y h) está gobernado por reglas explícitas (incluido
un código de secreto). A estas características clásicas, habría que añadir que:
i) es un fenómeno que se ha vuelto crecientemente trasnacional; j) el dinero
del crimen organizado suele infiltrar las economías legítimas e incluso llega a
tener negocios y socios legítimos; k) con frecuencia su liderazgo no se
involucra en actividades ilícitas; l) utiliza la violencia en su relación con
otras organizaciones criminales aunque en ocasiones existe cooperación y,
finalmente, m) suele penetrar el Estado en diversa medida.
CARACTERÍSTICAS DEL NARCOTRÁFICO
El
narcotráfico presenta estas características pero suele, además, tener algunas
especificidades: a) es un fenómeno global que, sin embargo, no afecta de manera
igual todos los Estados; b) es un delito consensual en el cual tanto la víctima
como el victimario están de acuerdo; c) no existe un criterio claro de éxito en
su combate; d) las cifras sobre la producción y las ganancias son poco
confiables; e) es un delito creado hace aproximadamente un siglo por una decisión
de la comunidad de Estados, en el sentido de declarar ilegales algunas drogas;
f) es difícil establecer una línea que separe la falta de voluntad de la falta
de capacidad de un Estado en su combate; y g) tiene una capacidad de
acumulación sin precedente en la historia, por las grandes cantidades de dinero
que genera en cortísimos periodos de tiempo.
Estas características del narco le han permitido establecer una relación particular con el Estado a lo largo del tiempo. Dicha relación tiene tres grandes aristas. Primero está la confrontación. Ésta es una relación intermitente que se da cuando el narco crece demasiado y busca un nuevo equilibrio en su relación con el Estado. La confrontación aparece cuando el narco comienza a crecer en un país y desafía al Estado. Sin embargo, la confrontación no es la forma de relación más funcional para el negocio del narcotráfico. Es más bien el síntoma de que se están reacomodando las cosas entre el narco y el Estado. Cuando la confrontación desaparece es porque las bandas del narcotráfico son como cualquier otra banda delictiva y no amenazan al Estado, o porque el Estado se ha corrompido lo suficiente para dejar de combatirlas, o por las debilidades propias de un gobierno.
NARCOCORRUPCIÓN
La segunda forma en que se relaciona el narco con el Estado es precisamente esta última: la corrupción. Pero ésta es una relación mucho más compleja de lo que se piensa. La corrupción tradicional que genera cualquier actividad de crimen organizado es la del policía que voltea la vista hacia otro lado cuando pasa el cargamento de droga, o de armas, o de personas. A diferencia del juego de póker, donde se "paga por ver", aquí se paga por "no ver", por mirar para otro lado. Sin embargo, la corrupción que genera el narco va más allá: también se paga para no ser detenido, para en caso de serlo, no ser condenado y, en caso de serlo, poder escapar de la prisión.
Se
paga también por información sobre posibles operativos policiacos, para poder
eludirlos, y también por información sobre "traidores" y sobre las
actividades de las bandas competidoras. Incluso se paga para usar al Estado en
contra de las bandas competidoras. Más aún, en ocasiones el Estado trabaja para
los narcos: no sólo no los persigue sino que les da protección.
De
hecho, éste es el mejor escenario para los narcotraficantes: uno en el cual el
Estado es relativamente eficiente en varias áreas salvo en perseguirlos. Es
falso que el narco busque la desaparición del Estado. Incluso es falso que el
narco prefiera un tipo de régimen. No hay tal. Pero sí prefiere un gobierno
estable, un gobierno que funcione aceptablemente bien.
De
hecho, un gobierno eficiente que es discretamente corrompido es mucho más útil
al narco que un gobierno ineficiente: les ahorra trabajo, los ayuda en su
actividad, los hace desaparecer del ojo público. Un gobierno abiertamente
vinculado con el narco les resulta disfuncional, pues atrae la atención de la
opinión pública y la presión internacional. Al narco, a pesar de las conductas
de algunos de sus líderes, le conviene más la discreción y el anonimato. La
notoriedad es dañina para el negocio.
Por
ello, los grandes y ruidosos cárteles de la droga que florecieron en Colombia
en los años ochenta y en México en los noventa son disfuncionales. Por ello
también la tendencia es hacia cárteles de menor tamaño, menos visibles, menos
conspicuos. Claro, eso a veces choca con la personalidad de algunos capos de la
droga, a los que les gusta lucir su poder.
La
fama no es buena para el negocio. Lo mismo va para los políticos corruptos: si
la corrupción es conocida por todos, dejan de ser útiles. En los gobiernos
democráticos es muy costoso mantener en puestos de poder a algún funcionario
notoriamente corrupto. Los hay, pero es costoso.
Todo
esto apunta a que los Estados mafiosos contemporáneos han adquirido una
importancia que nos obliga a repensar las concepciones tradicionales según las
cuales el orden mundial está fundamentalmente compuesto por Estados-nación y
organizaciones no gubernamentales que operan internacionalmente (empresas,
entes religiosos, filantrópicos, terroristas, criminales, educativos..., etc.).
El Estado mafioso moderno es un híbrido cuyas conductas y alcances aún no
entendemos bien. En gran medida porque todavía no nos hemos dado suficiente
cuenta de su existencia.
CONSECUENCIAS SOCIALES POR CONSUMO DE LA DROGA EN EL PERU
A
nivel social, conduce al deterioro de la calidad de vida, los jóvenes
consumidores o micro-comercializadores cometen actos delictivos debido al
deterioro de su salud mental y se tornan peligrosos para el resto de la
sociedad. En algunas sociedades, la aparición del narcotraficante es vista como
sinónimo de mejora económica evidenciando así el nivel del problema de la
insatisfacción de las demandas elementales por parte del estado. Algo que caracteriza
a las organizaciones que producen y comercializan cocaína, llamados cárteles o
mafias, es la violencia organizada y su alianza con otros tipos de
delincuencia, principalmente el terrorismo. Es conocido el caso de las FARC en
Colombia y de Sendero Luminoso en el Perú, organizaciones que obtuvieron y
obtienen gran parte de su financiamiento mediante el narcotráfico.
Algo
más grave aún y que genera consecuencias indirectas gravísimas para el
desarrollo del país es la corrupción de funcionarios estatales e incluso de
personajes de las altas esferas políticas que son puestos al servicio de estas
agrupaciones, convirtiendo al Estado en un narco-estado. Implica además que
algunos delincuentes con multitud de crímenes en su prontuario gocen de
beneficios legales obtenidos mediante el soborno y la extorsión.
Describir las situaciones que aparecen por la existencia del problema a saber: delincuencia juvenil, pandillaje, violencia. La cocaína en sus diversas formas aparece vinculada a la violencia. Su abstinencia conduce a estados de depresión profunda, esto debido a su acción fisiológica.
Describir las situaciones que aparecen por la existencia del problema a saber: delincuencia juvenil, pandillaje, violencia. La cocaína en sus diversas formas aparece vinculada a la violencia. Su abstinencia conduce a estados de depresión profunda, esto debido a su acción fisiológica.
La
cocaína es una droga que despierta la agresividad, un estimulante que da una
sensación de poder, de que estás en la cima del mundo. Pero es un poder
ilusorio que desaparece cuando se desvanecen los efectos de la cocaína, sin que
el individuo haya aprendido nada. Provoca un estado muy falso, sin aprendizaje,
que lleva al individuo al escape temporal de sí mismo.
Esta
droga a la juventud la distorsiona y crea bases para una nueva sociedad
anormal, como es el caso de:
1. Deserción escolar y universitaria, descenso abrupto en el desempeño y en la salud mental de muchos jóvenes en edad educativa o en su inicio laboral. Esto afecta enormemente el potencial humano del Perú, el cual es un país joven.
2. Distorsión de los valores en la juventud: Al criarse en una ambiente hostil, los jóvenes crecen con una percepción distorsionada del mundo, lo cual afecta directamente a sus expectativas y su forma de plantear el futuro, así como su manera de relacionarse con otras personas.
LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN PERÚ
Si
bien es cierto, la hoja de coca tiene un uso tradicional en el Perú desde hace
unos 2.000 años, durante el virreinato español hubo una posición ambigua al
respecto: mientras se intentaba erradicarla en el actual territorio de Ecuador,
era usada en Perú y Bolivia, como medio de pago a los trabajadores mineros y
agrícolas, quienes la consumían para soportar el riguroso clima, la accidentada
geografía y las duras condiciones laborales que padecían.
Esta
situación se prolongó durante la época republicana y en ciertas regiones, hasta
hace unos 45 años, circunstancia que explica en parte, una actitud
controversial de la población tradicionalmente usuaria de la hoja de coca,
frente al posterior empleo que se le dio a esa planta, como insumo básico para
la producción de cocaína, luego contrabandeada por las mafias del narcotráfico.
En
etapa más reciente, el escenario se complicó para el Perú, debido a la alianza
con el narcotráfico forjada en la década del ochenta, por grupos terroristas
como Sendero Luminoso (SL) y el MRTA; que todavía mantiene SL brindando
protección a los narcotraficantes, a cambio de financiamiento y provisión de
recursos logísticos, para los casi 500 efectivos que conformarían su golpeada
organización, según el informe "Estrategia nacional para el control de
drogas", emitido en marzo del 2004, por el Gobierno de EE.UU.
Estadísticas del
independiente "Centro de información y educación para la prevención del
abuso de drogas" (Cedro) y la estatal "Comisión nacional para el
desarrollo y vida sin drogas" (Devida), revelan que hasta el año 2003,
existían unos 20.700 campesinos cocaleros, pertenecientes a núcleos familiares
de 5 a 6 personas en promedio. Es decir, unos 124.200 peruanos dependen del
cultivo de la hoja de coca para su sustento, situados mayormente en los valles
del Alto Huallaga, y el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) entre los
departamentos de Ayacucho, Cusco y Apurímac, donde se aglutina la más fuerte
actividad de las once "cuencas cocaleras" del país: Marañón, Monzón,
Apurimac, Putumayo, Huallaga, Aguaytía, Pachitea, Ucayali, Urubamba, Tambopata,
San Gabán.
Muchos de quienes
procesan droga, obtienen los insumos o precursores químicos, directamente de
las empresas distribuidoras de EE.UU., China, Chile, Francia, Alemania, Holanda
y Venezuela, así como del contrabando.
La comercialización de
tales insumos es controlada por el Ministerio de la Producción, que tiene
inscritas 2.128 empresas, de las cuales 755 funcionan en Lima, 223 en La
Libertad y 141 en el Callao. Las demás están desperdigadas en el resto del
país; las compañías que desvían estos productos, son generalmente nuevas y sus
"propietarios", personas desocupadas captadas como testaferros por
los narcotraficantes. No obstante, otras entidades formales, se valen de una
doble facturación para evadir el control.
NARCOTRÁFICO vs. MEDIOAMBIENTE
En los últimos 25
años, la deforestación vinculada a los diversos aspectos del cultivo de coca y
a la elaboración y transformación de drogas, podría haber alcanzando hasta
1’000,000 hectáreas en todo el Perú, aunque en realidad es necesario hacer
estudios más rigurosos sobre e! tema, que consideren la ubicación de las zonas
afectadas y sus posibilidades de recuperación.
La preparación de
terrenos para el cultivo de coca, usualmente ha conllevado la remoción de
grandes superficies de terreno, eliminando toda planta competitiva, a lo cual
se añade el proceso de defoliación que durante las cosechas aumenta la
exposición del terreno a las lluvias tropicales, agudizando la eliminación de
los nutrientes del suelo y empobreciéndolo.
Otro factor
involucrado en la deforestación, ha sido el empleo de agroquímicos con el fin
de lograr mejores rendimientos de coca, lo que empeora, cuando muchos terrenos
ideales para instalar cultivos de panllevar, ricos en nutrientes y capacidad
productiva, ubicados en las cercanías de ríos con gran riqueza en fauna y
flora, sufren una severa contaminación con materiales residuales del
procesamiento de droga. Estudios oficiales calculan, que como consecuencia de
la producción de droga, son eliminados en el suelo y en los ríos, unos 15
millones de litros de agua mezclada con kerosene, 8 millones con ácido
sulfúrico y 1.600.000 litros con acetona, cal viva, carbonatos y otras
sustancias.
DESTRUYEN PARQUES Y RESERVAS NATURALES
La presencia de
cultivos ilícitos, esencialmente coca y amapola, en las Áreas Naturales
Protegidas (ANP) del Perú, representa una amenaza concreta al mantenimiento de
la calidad biológica, la estabilidad de los procesos ecológicos y la
biodiversidad de especies y paisajes contenida en estos terrenos.
Las proyecciones más
benignas, sugieren que en estas áreas habrían unas 4.000 hectáreas de cultivos
ilegales, provocando efectos catastróficos, ya que para elaborar un kilo de
pasta básica de cocaína se utilizan 100 kilos de hoja de coca, 1.4 kilos de
ácido sulfúrico, 1 kilo de carbonato de sodio y 128 litros de kerosene.
El cuadro más
patético, aparece en el Parque Nacional (PN) Tingo María, ya que sus 14.000
hectáreas se encuentran prácticamente aprisionadas en la cuenca cocalera del
Alto Huallaga, amenazando seriamente su riqueza biológica: 144 especies
vegetales y 104 especies de animales superiores; más aun, si el 20% de su
territorio está ocupado por 500 núcleos familiares, cada uno con unas 7
hectáreas cultivadas.
Nuevos reportes
basados en imágenes satelitales, muestran estos cultivos ilícitos, en el PN del
Manu (zona de amortiguamiento del Alto Madre de Dios); de igual forma, en el PN
Bahuaja Sonene (zona de amortiguamiento en sector Colorado, Alto Inambari y
Putinapunco), cerca a la frontera con Bolivia, donde incluso se ha detectado un
aeródromo clandestino. Aparte, han sido afectados, el PN Cordillera Azul; el PN
de Otishi; Santuario Nacional Tabaconas y PN Yanachaga Chemillén.
SINIESTRA TENDENCIA.
El crecimiento de
tales sembríos dentro de las ANP (Áreas Naturales Protegidas), tendría varias
motivaciones: una propensión de los agricultores cocaleros y otros vinculados a
la cadena de producción de cultivos ilícitos, a evadir las acciones de
interdicción de las fuerzas del orden, movilizando sus cultivos hacia regiones
con cobertura boscosa, de poco tránsito, escaso control policial, así como de
difícil y costoso acceso.
Otro elemento que
fomentaría dichas plantaciones en las ANP, sería la alta rentabilidad que
estaría alcanzando la hoja de coca. En los últimos meses se ha comprobado -igual
que e en otras regiones- que la demanda de esta planta por parte de los
cárteles del narcotráfico, colombianos y mexicanos, se ha acrecentado.
Todo apunta, a que la
masa monetaria en las cuencas cocaleras peruanas está ascendiendo, debido a
problemas en la oferta de coca colombiana, por la ofensiva que han emprendido
las Fuerzas Armadas Colombianas sobre las zonas cocaleras y de amapola,
controladas por los terroristas de las FARC y el ELN, unido al reinicio del
programa de la Fuerza Aérea Colombiana, para la supresión del tráfico aéreo
destinado al traslado ilegal de drogas, armas y dinero. El indicio que mejor
pondría de manifiesto el nuevo "boom" de este cultivo, es el
exorbitante precio alcanzado por la semilla de coca. Este producto que hasta
hace poco se obsequiaba, hoy se vende a ¡50 dólares la lata! Es decir, los
cocaleros ahora pueden producir más coca que antes por hectárea y luego
venderla a un excelente precio.
El despegue de la coca, ha provocado la bonanza en los poblados del VRAE, donde se produce droga o provee de hoja de coca para el 80% de la cocaína peruana. De acuerdo a la policía antidroga, en dicha región opera una mafia integrada por mexicanos del Cártel de Tijuana, que acopia la droga en grandes cantidades para luego llevarla hacia Brasil, contratando a cientos de mochileros que son protegidos por los terroristas de SL (Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso).
El despegue de la coca, ha provocado la bonanza en los poblados del VRAE, donde se produce droga o provee de hoja de coca para el 80% de la cocaína peruana. De acuerdo a la policía antidroga, en dicha región opera una mafia integrada por mexicanos del Cártel de Tijuana, que acopia la droga en grandes cantidades para luego llevarla hacia Brasil, contratando a cientos de mochileros que son protegidos por los terroristas de SL (Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso).
Aún hay algo más
perturbador, por el proceder de muchos cocaleros (no todos): aquel "pobre
agricultor", que siembra sólo una hectárea de coca en el VRAE y cosecha
dos veces al año, estaría recibiendo unos 22 mil dólares anuales, monto
superior al que le podría brindar cualquier producto lícito; lo que explica en
parte, el rechazo a programas de desarrollo alternativo.
Ello sucede, por que
el "negocio" para estos malos agricultores, ya no es sólo el cultivo
de hoja de coca. Los narcotraficantes les han enseñado a instalar su propia
poza de maceración para producir pasta básica de cocaína, convirtiéndose así en
"pequeños" narcotraficantes. Por cierto, en noviembre de 2004, la
policía intervino 94 laboratorios de pasta básica de cocaína y decomisó 1.650
kilos de droga en dicha región del Valle del río Apurímac-Ene (VRAE),
verificando que en Cayapo, Llochegua, Sivia, Quistovalle y otros, el 80% de los
campesinos elabora droga.
RESULTADOS CONCRETOS, PERO INSUFICIENTES.
Desde el año 2001,
cuando se suspendieron los vuelos de interceptación antinarcóticos que
efectuaba la Fuerza Aérea del Perú, debido a un accidente donde murieron inocentes,
la misión de combatir al narcotráfico corresponde a la Policía Nacional y las
Fuerzas Armadas sólo brindan apoyo logístico o participan en operaciones
conjuntas, donde los narcotraficantes y los terroristas de SL, actúan en forma
coordinada.
El dinamismo de la
DIRANDRO, ha permitido que en el 2003, destruya o decomise 42.082 kilos de
drogas diversas y en el transcurso del 2004, intervenga a 8.130 personas
vinculadas al narcotráfico, incaute 14.500 kilos de drogas variadas y erradique
más de 5,000 hectáreas ilegales de hoja de coca.
Adicionalmente, el
golpe asestado al narcotráfico en octubre del 2004, es uno de los más fuertes
de este año, según el balance del operativo "Monzón 2004" expuesto
por el Ministerio del Interior. El resultado de esta exitosa intervención en la
zona de Tingo María (Huánuco), dejó la destrucción de 125 laboratorios para
elaborar pasta básica de cocaína y la incautación de 2.500 kilos de dicha
droga, junto a insumos y materia prima.
Para la ejecución de estas acciones antinarcóticos, se utilizaron dos helicópteros de fabricación rusa Ml-17 "HIP" y siete helicópteros estadounidenses UH-1 H modelos "Huey I" y "Huey II", que se sumaron a las fuerzas policiales a través de un convenio antidrogas firmado con EE.UU.
Para la ejecución de estas acciones antinarcóticos, se utilizaron dos helicópteros de fabricación rusa Ml-17 "HIP" y siete helicópteros estadounidenses UH-1 H modelos "Huey I" y "Huey II", que se sumaron a las fuerzas policiales a través de un convenio antidrogas firmado con EE.UU.
A propósito, enfatizando
la interdicción antidroga, el gobierno de EE.UU. entregó en calidad de
donación, ocho helicópteros a la Policía Nacional del Perú, hasta fines del
2004 y ocho helicópteros en el 2005. Seguro es consciente, que una
vulnerabilidad de la estrategia antinarcóticos peruana, es el bajo volumen de
cocaína incautada anualmente: sólo el 6.4% de la producción potencial total.
Siendo la lucha contra
el narcotráfico una política de Estado en el Perú ya que el Partido Comunista
del Perú Sendero Luminoso está íntimamente ligado al narcotráfico en el VRAEM,
siendo abastecido en su logística, economía y poder político, constituyéndose
en el principal enemigo interno de las Fuerzas Armadas y la Policía nacional,
que son los involucrados en esta guerra que es de la Nación Peruana y de los
políticos que no están con el Narco Estado, siendo la reserva moral del País
hoy por hoy son la minoría en los estamentos de los poderes públicos, dicho
flagelo aún constituye una seria amenaza para su seguridad y estabilidad, al tener
efectos devastadores en lo social, económico, medioambiental y político;
mientras tanto, el Estado peruano debe esforzarse por consolidar una estrategia
equilibrada, donde junto a la interdicción antinarcóticos, se afiancen
programas viables de sustitución de cocales por cultivos alternativos; en tal
sentido, es necesario un apoyo más integral de la comunidad internacional hacia
el Perú, de acuerdo al principio de responsabilidad compartida; a fin de
enfrentar en mejores condiciones, a las mafias de las drogas que disponen de
ingentes recursos y manifiestan una tendencia a estrechar lazos con el
terrorismo.
Es de nuestra mayor
expectativa y denota que el caso peruano está siendo considerado por los
niveles más altos del poder político mundial, el reciente nombramiento del
nuevo embajador de Los Estados Unidos en el Perú, el nuevo Embajador Sr. Brian
A. Nichols, dio inicio a sus funciones en el Perú tras presentar copias de
credenciales ante el Gobierno del Perú.
El Embajador Nichols ocupó el cargo de Sub-Secretario Principal Adjunto en el Buró Internacional Anti-Narcóticos del Departamento de Estado de los estados Unidos de América. Entre el 2007 y el 2010, el Embajador Nichols fue Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. De 2004 a 2007, fue Director de la Oficina de Asuntos del Caribe en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. De 2001 a 2004, fue Consejero para Asuntos Políticos en la Embajada de los Estados Unidos en Yakarta, Indonesia. También ha servido en México y El Salvador.
El Embajador Nichols ocupó el cargo de Sub-Secretario Principal Adjunto en el Buró Internacional Anti-Narcóticos del Departamento de Estado de los estados Unidos de América. Entre el 2007 y el 2010, el Embajador Nichols fue Ministro Consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. De 2004 a 2007, fue Director de la Oficina de Asuntos del Caribe en el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. De 2001 a 2004, fue Consejero para Asuntos Políticos en la Embajada de los Estados Unidos en Yakarta, Indonesia. También ha servido en México y El Salvador.
En el año 2011 al
Embajador Nichols le fue otorgado el Premio Presidencial al Servicio Meritorio.
Durante su carrera ha recibido seis Premios de Honor Superior así como
múltiples reconocimientos del Departamento de Estado Americano.
SOLUCIONES ESTRUCTURALES PARA PROBLEMAS ESTRUCTURALES
El Narco estado en el
Perú se ha consolidado como un problema estructural que trasciende el
desarrollo económico y social de la república, comprometiendo seriamente la
estabilidad democrática y las relaciones internacionales, ya que en Estados
Unidos y Europa principales socios comerciales del Perú, se ve con preocupación
la marcha de las instituciones democráticas peruanas comprometidas con la narco
corrupción, siendo actualmente el Perú el primer exportador mundial de cocaína
en el Mundo, habiendo pasado a Colombia en este rubro ya que en dicho país
vecino existe un Plan Colombia, donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
con la cooperación internacional fundamentalmente con el Gobierno Americano,
vienen incautando cerca del 30% de la producción de cocaína en ese país,
mientras que en el Perú no se incauta ni el 5% de la producción de esta droga,
que ya hemos visto cuánto daño hace a la humanidad.
El Planeamiento Estratégico es la solución práctica para atacar esta lacra social, todo debe de empezar por la súper estructura y aterrizar por la infraestructuctura, es decir se debe establecer una Política de Estado a nivel de Acuerdo Nacional en principio, ya que esta lucha es a largo plazo y trasciende a los gobernantes de turno, que solo duran 5 años en el gobierno y si no hay una normativa legal dada a nivel de Congreso de la República, debidamente financiada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a un planeamiento de Largo, Mediano y Corto Plazo que aterrice en presupuestos con seguimiento mensual a través de un tablero de mando, manejado a nivel del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en estrecha operatividad con la Policía Nacional, jamás se combatirá en forma seria y decidida esta lacra social, que está destruyendo la institucionalidad democrática del Perú.
Todos los actores políticos e institucionales que convergen en el Acuerdo Nacional deben fijarse las metas y las estrategias a largo plazo para solucionar este problema estructural, para acto seguido el Congreso de la República de las normas legales que hagan viable constitucionalmente y administrativamente este Plan Antinarcóticos, eliminando todas las leyes que han permitido el auge de este negocio ilegal en complicidad con políticos corruptos, de los cuales tenemos lamentablemente una gran mayoría. Luego que se ha creado democráticamente el marco legal adecuado para luchar frontalmente este cáncer social, es el Poder Ejecutivo a través del CEPLAN y el MEF quien debe dar a través del SNIP, El Presupuesto Anual y el SIAF, de dotar los recursos económicos para atacar frontalmente al Narcoterrorismo y sus aliados enquistados en el Estado Peruano.
El tablero de mando integrado para el seguimiento de esta guerra deberá estar en el más alto nivel de coordinación con los Ministerios implicados en esta lucha, como son el Ministerio de Defensa, del Interior, Transportes y Comunicaciones, Agricultura, Salud y Educación, promoviendo a través de la Presidencia del Consejo de Ministros una adecuada información, a través de los medios masivos de comunicación públicos como privados, sobre todo estos últimos que no estén comprometidos con las mafias de la droga en el Perú.
ECON. PEDRO CÉSAR
CRISANTO MONGESS
Reg. C. E. L. No. 7096
Viernes, 18 de julio
de 2014
