Salomón Lerner Febres
Es triste decirlo, pero nuestro Poder Judicial está todavía muy lejos de convertirse en esa rama del Estado autónoma, independiente, plena de solvencia intelectual y cívica
El Perú necesita practicar una sincera y valiente memoria de la violencia. Eso se viene diciendo desde que se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esa memoria es necesaria por diversas razones. La principal de ellas es la justicia: no necesaria ni únicamente la de los tribunales, sino también aquella de carácter moral que se expresa en la noción de “reconocimiento” a las víctimas. También se precisa de la memoria para aprender de los errores y de las faltas del pasado; y, desterrar mentiras que nos ofenden y disminuyen a todos como seres humanos y como ciudadanos.
¿De qué mentiras hablamos?
Fundamentalmente, de aquellas que, banalizan o justifican los atroces crímenes cometidos por Sendero Luminoso, pero también de las que niegan ciertos crímenes cometidos por los agentes del Estado peruano.
Los caminos para esa memoria contraria a la negación son variados. Desde hace diez años se proponen diversas opciones desde la sociedad organizada: lugares consagrados al recuerdo, programas educativos, conmemoraciones, investigaciones académicas, etc. Sucesivos gobiernos han ignorado esas propuestas, cuando no las han satanizado. Y hoy se propone la forma más superficial, errónea, contraproducente y, tal vez, oportunista que se podría imaginar: una ley que castigue penalmente la negación de los crímenes cometidos por Sendero.
Se trata de una de esas normas que los políticos peruanos dan cuando, antes que aportar soluciones, desean crear golpes de efecto favorables. Desde luego es merecidamente generalizado el repudio a los apologistas de los crímenes de SL y es por ello, contando con esa amplia indignación, que se propone la ley. Pero examinada la cuestión con algún detenimiento, su falta de sustento salta a la vista.
Es una propuesta que confunde el síntoma con la causa, y por eso es una aproximación superficial, que, además, podría vulnerar la libertad de opinión. No es con la amenaza de castigo penal como se desactiva un pensamiento cínico, inhumano y de orientación criminal como el de SL. Se precisa, en lugar de eso, la pedagogía cívica que este como otros gobiernos parecen rechazar. Criticar esta norma no es, de ningún modo, un llamado a la anuencia o a la lenidad frente a la prédica repudiable del pro-senderismo. Esta debe ser enfrentada con memoria, comprensión, perspectiva histórica y un razonamiento ético y democrático. Hacerlo de otra forma es torpe, pues sólo se brindaría un pretexto argumental a quienes una y otra vez tratan de desacreditar nuestra democracia.
Además, se trata de una propuesta cuya aplicación ha de analizarse en el contexto de las débiles instituciones peruanas. Es triste decirlo, pero nuestro Poder Judicial está todavía muy lejos de convertirse en esa rama del Estado autónoma, independiente, plena de solvencia intelectual y cívica que los peruanos merecemos tener. Sigue siendo, en buena medida, un sector de los poderes públicos susceptible de ser manipulado por el poder político. Ya en los últimos años, ha dado muestras de no sentirse obligado siquiera a ser coherente con su propia jurisprudencia en lo que atañe a la defensa de los derechos humanos. Recientes sentencias nos lo revelan más interesado en complacer intereses subalternos que en satisfacer el derecho a la justicia de la ciudadanía. En ese contexto de arbitrariedad, una ley como la que se propone sólo siembra incertidumbres. ¿No podrá ser ella, acaso, e irónicamente, una norma que sirva precisamente a la sanción y la negación de una historia compleja sobre la violencia como la que reconstruyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación?
Por último, hay que señalar que detrás de esa propuesta hay una visión parcial y, por tanto, deformante de la realidad al no contemplarse los crímenes cometidos por el Estado. Los delitos de Sendero Luminoso deben ser recordados y denunciados con la máxima severidad. Pero también hay miles de víctimas del Estado desconocidos por voces muy audibles que una y otra vez ofenden a esas víctimas negando, trivializando o justificando los crímenes cometidos por agentes estatales. ¿No es lo que hace la sentencia que retiró a los crímenes del grupo Colina el calificativo de crímenes contra la humanidad?
La memoria que requerimos, la que debe servir a un mejor futuro, debe ser el resultado de un proceso social de reflexión, reconocimiento y pedagogía, no mero gesto de políticos oportunistas.
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