¿AGUA SÍ, MINERÍA NO?
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM, y Consultor)
“(…) ¿Qué es más importante, el agua o el oro?… Ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua y de ahí salen la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua (…)” Discurso en la campaña electoral en Bambamarca de Ollanta Humala abril del 2011
Estas fueron las palabras que utilizó el candidato Ollanta Humala en la campaña electoral para ganar el voto campesino de uno de los departamentos más poblados y más pobres del Perú. En verdad, el apoyo reciente del Presidente al proyecto Conga ha generado una profunda decepción en los miles de ciudadanos que creyeron en la renovación de la política criolla, y el respeto al voto popular. Esta práctica es una larga tradición en la política peruana donde para llegar al poder se ofrece el “oro y moro”, pero una vez sentado en Palacio de Gobierno otra es la visión del interés público.
Lo que está pasando en Cajamarca con la oposición de la población campesina al proyecto Conga de Mra. Yanacocha tiende al desborde popular con efectos multiplicadores en otros departamentos que cuestionan en la base el modelo extractivo primario exportador, con pobre contribución tributaria, con un débil valor agregado, contaminante por la laxitud y relajo del propio Estado en la fiscalización y regulación ambiental, como que existen en el país más de 6,847 pasivos mineros que afectan 65 cuencas hidrológicas, siendo Cajamarca el más impactado con 976 pasivos, según la exposición del Ministro de Medio Ambiente del 22 de noviembre ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
Esta imagen negativa de la minería en Cajamarca se potencia por los pésimos antecedentes de la empresa acostumbrada a “la compra de tiempo y autoridades”, con un servicio de información y espionaje que constituye un poder paralelo al gobierno regional. Indebidamente blindada por los contratos de estabilidad jurídica y tributaria le debe al fisco más de 400 millones de nuevos soles por regalías no pagadas desde el 2005 al 2011, que deben ser restituidas al departamento y al Tesoro Público.
La imagen de una empresa abusiva y prepotente que compró a inicios de los años noventa las tierras campesinas con un contenido de oro y plata a 100 dólares la hectárea, aprovechándose de la ignorancia de los pobres; que ha contaminado las aguas, los ríos y lagunas del entorno con sus operaciones, que ha generado desastres ecológicos como el de Choropampa con el derrame de mercurio donde nunca se sabrá la cantidad de mercurio vertido. Y, si a ello se agrega el resentimiento que sus actividades genera en el ámbito tradicional de Cajamarca, con los altos ingresos de sus trabajadores, con el cambio de la vida cotidiana donde la tranquilidad da paso a una vorágine urbana, donde el costo de vida se incrementa haciendo relativamente más pobres a los que perciben una remuneración estatal. Esta constituye una fórmula explosiva para los conflictos sociales recurrentes en el tiempo.
Todo este descontento se acumula y en un momento determinado las fuerzas explosionan, como la energía subterránea que hace posible la erupción en los volcanes. En tal sentido, estamos en un momento donde se ha llegado al pico del conflicto y se requiere el análisis frío para restaurar heridas, fomentar el diálogo y reconocer autocríticamente los múltiples errores cometidos por las partes, y buscar una salida donde todos ganen, un “win win”.
UN GOBIERNO DEBILITADO
En primer lugar, el gobierno debe reconocer que ha manejado mal el conflicto social. Se podría decir que todos han jugado para los intereses mineros, desde el empresario Ing. Salomón Lerner que no tiene la experiencia política necesaria, y pareciera que le queda grande la responsabilidad de Presidente del Consejo de Ministros. Sus afirmaciones al inicio del mes de noviembre contribuían al incendio de la pradera. Sin la revisión del estudio de impacto ambiental prometida por el titular de Medio Ambiente, decía el proyecto Minas Conga “va sí o sí”.
La solicitud de renuncia por pedido expreso del Presidente de la República en la última semana de noviembre al asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia por su simpatía
declarada con las protestas cajamarquinas expone la fragilidad y susceptibilidad que provoca el asunto de Minas Conga a nivel oficial, donde no se aceptan disidencias y puntos de vista diferentes.
En la misma línea las múltiples declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ing. Herrera Descalzi, que puede ser un excelente ingeniero especializado en generación eléctrica como que ha sido reconocido consultor del grupo Endesa, pero que desconoce de negociación estratégica y manejo de conflictos mineros. Es más, en el clímax del conflicto comete el error infantil de viajar en el mismo avión del inefable Roque Benavides, generando el desconcierto y el malestar de la población que percibe tales actos como la adopción de la posición de Yanacocha.
En el mismo sentido, los desacuerdos entre el titular del sector con la viceministra, Ing. Susana Vilca debilita la presencia del gobierno ante un conflicto que nunca debió desbordarse. Es más, la falta de transparencia de la viceministra en su declaración de alta funcionaria sobre sus concesiones mineras le resta credibilidad y confianza ante la opinión pública. A este nivel no tendría la autoridad moral para manejar los futuros conflictos mineros como ha sido la práctica en el Ministerio de Energía y Minas.
En el pasado los viceministros de minería han enfrentado en primera instancia los conflictos (R. Mucho, R. Padilla, F. Isasi, F. Gala) y después el titular del sector aparecía al final cuando la negociación estaba madura. Hoy la figura del ministro está “quemada” por no decir devaluada.
Al nivel de las autoridades de gobierno regional y local que también conforman parte del Estado, las responsabilidades son compartidas y se están jugando su futuro político. Si bien el Presidente Regional Gregorio Santos es un reconocido dirigente del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que tiene una larga tradición de lucha contra Mra. Yanacocha sus posturas radicales no tendrían el apoyo mayoritario de la población, y más tarde o temprano tendrá que sentarse a negociar. Por ello, la empresa apostó por otros candidatos pues en sus proyecciones sabía lo que representaba tener un candidato opositor y crítico del modelo extractivista.
En el frente antiminero ocupa un papel central del padre Marco Arana que ha presentado sus expectativas electorales aspirando a la formación del partido propio denominado “Tierra y Libertad”, con un sólido financiamiento internacional que van desde Oxfam, la fundación Soros y cooperantes, lo que le ha permitido constituirse en un referente nacional con su posición fundamentalista en la defensa del medio ambiente.
Prácticamente con su posición ambiental todo proyecto minero en cabecera de cuenca resultaría inviable por la supuesta afectación de ríos y lagunas, así se cumplan estrictas normas ambientales y se asegure el abastecimiento de agua. En otras palabras muchos de los proyectos mineros resultarían “per se” insostenibles en el tiempo. Por el número de pasivos mineros no tratados en nuestro país y la difusión de la minería informal, resulta legítima su preocupación ambiental.
Están otros actores que pugnan por el liderazgo regional alcaldes provinciales y distritales más dirigentes de los llamados Frentes de Defensa con movimientos campesinos que debieran conocer la relativa importancia que tiene la actividad minera en la generación de ingresos para Cajamarca por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia. Es más, con la información proporcionada por el propio Ministro de Economía y Finanzas, el gobierno regional tendría más de 1,000 millones de nuevos soles no ejecutados, montos que resultan hartos necesarios para el desarrollo y lucha contra la pobreza.
¿QUÉ REPRESENTA LA MINERÍA?
Si bien en nuestro país la figura del canon minero ha sido metamorfoseada pues está en función del impuesto a la renta realmente abonado por la empresa minera. Así, por ley el 50% del impuesto a la renta se transforma en canon, ergo el canon no lo paga la empresa sino el Estado. A pesar de tal distorsión jurídica que se remonta al 2002, los ingresos por canon en Cajamarca entre el 2004 a octubre del 2011 ha transitado de los 182 millones a los 454 millones de nuevos soles, teniendo su pico en el 2007 cuando sumaron los 585 millones, a pesar de la pertinaz disminución de la producción aurífera de Mra. Yanacocha.
En el cuadro de los “Recursos Generados y Transferidos Gracias a la Actividad Minera Energética en Cajamarca” se exponen los montos transferidos por canon, regalías y derechos de vigencia más el canon hidroenergético, sin considerar el llamado Aporte Voluntario ni las remuneraciones pagadas por las mineras a sus trabajadores ni las compras locales. Se exponen los ingresos transferidos por el gobierno central a los gobiernos locales y al gobierno regional.
Si bien el canon minero resulta el recurso transferido más importante desde el 2009 las regalías mineras se incrementan gracias a la presencia de la minera australiana Gold Fields y al término de los contratos de estabilidad jurídica de los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha. Por ello, las regalías en el 2009 representan 15 millones de nuevos soles para trepar a los 59 millones en el 2010 y al mes de octubre del 2011 suman los 68 millones.
Se debe tener presente que en la distribución del mal llamado canon minero el 10% le corresponde al distrito donde opera la mina, que en el caso de Mra. Yanacocha le correspondería el grueso al distrito de La Encañada; el 25% se distribuye a la provincia y sus distritos donde opera la empresa minera y el 25% le corresponde al gobierno regional.
A este nivel el 25% del canon minero que se distribuye al gobierno regional entre el 2004 al mes de octubre del 2011, resulta equivalente a 667 millones de nuevos soles, es decir un promedio de 83 millones de nuevos soles en casi 8 años. Un monto que de ninguna manera compensa el deterioro ambiental, con el agravante que siendo una participación sobre el impuesto a la renta, el canon no representa ningún costo adicional para la empresa, por ello gratuitamente y graciosamente sus voceros se atribuían el abono del canon minero.
A pesar de todas estas distorsiones los recursos transferidos a los gobiernos locales de Cajamarca, generados por la actividad minera energética constituyen más del 50% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Así, en el 2004 representaron el 48% del total transferido en el 2007 fueron equivalentes al 73% para disminuir a una participación del 53.7% en lo que va del 2011.
Por ello, siendo los recursos generados por la actividad minera los más importantes a pesar de todas sus distorsiones, bien vale la pena repensar sobre las fuentes alternativas si es que se asume la posición contraria a toda actividad minera en cabecera de cuenca hídrica. ¿De dónde se obtendrían los recursos para financiar el desarrollo regional y la construcción de ventajas competitivas?
A veces me interrogo si no fuese Mra. Yanacocha la empresa interesada en Minas Conga la oposición al proyecto tendría tanta rabia contenida, atravesaría al grueso de los sectores integrantes de la sociedad cajamarquina. En verdad, hay que restablecer el diálogo con el costo político que ello supone, y someter el estudio del impacto ambiental a consulta de una autoridad internacional competente, técnicamente calificada que no tenga ningún interés de parte.
LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II
Sábado, 19 de Noviembre del 2011
EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN
ESCRIBE. JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Desde la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla, con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.
Ello evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el declarado apoyo al proyecto Conga.
En verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales, directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un “stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad privada.
En tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido de gobierno.
La debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad. Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto ambiental ad hoc.
El ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.
En el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en particular la referente a las reservas y la vida útil de los yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de Camisea.
Si bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de lobbys empresariales etc.
En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa, la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.
Por ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento económico del país requiere.
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM, y Consultor)
“(…) ¿Qué es más importante, el agua o el oro?… Ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua y de ahí salen la leche, salen los quesos, sale la riqueza, la agricultura necesita el agua (…)” Discurso en la campaña electoral en Bambamarca de Ollanta Humala abril del 2011
Estas fueron las palabras que utilizó el candidato Ollanta Humala en la campaña electoral para ganar el voto campesino de uno de los departamentos más poblados y más pobres del Perú. En verdad, el apoyo reciente del Presidente al proyecto Conga ha generado una profunda decepción en los miles de ciudadanos que creyeron en la renovación de la política criolla, y el respeto al voto popular. Esta práctica es una larga tradición en la política peruana donde para llegar al poder se ofrece el “oro y moro”, pero una vez sentado en Palacio de Gobierno otra es la visión del interés público.
Lo que está pasando en Cajamarca con la oposición de la población campesina al proyecto Conga de Mra. Yanacocha tiende al desborde popular con efectos multiplicadores en otros departamentos que cuestionan en la base el modelo extractivo primario exportador, con pobre contribución tributaria, con un débil valor agregado, contaminante por la laxitud y relajo del propio Estado en la fiscalización y regulación ambiental, como que existen en el país más de 6,847 pasivos mineros que afectan 65 cuencas hidrológicas, siendo Cajamarca el más impactado con 976 pasivos, según la exposición del Ministro de Medio Ambiente del 22 de noviembre ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
Esta imagen negativa de la minería en Cajamarca se potencia por los pésimos antecedentes de la empresa acostumbrada a “la compra de tiempo y autoridades”, con un servicio de información y espionaje que constituye un poder paralelo al gobierno regional. Indebidamente blindada por los contratos de estabilidad jurídica y tributaria le debe al fisco más de 400 millones de nuevos soles por regalías no pagadas desde el 2005 al 2011, que deben ser restituidas al departamento y al Tesoro Público.
La imagen de una empresa abusiva y prepotente que compró a inicios de los años noventa las tierras campesinas con un contenido de oro y plata a 100 dólares la hectárea, aprovechándose de la ignorancia de los pobres; que ha contaminado las aguas, los ríos y lagunas del entorno con sus operaciones, que ha generado desastres ecológicos como el de Choropampa con el derrame de mercurio donde nunca se sabrá la cantidad de mercurio vertido. Y, si a ello se agrega el resentimiento que sus actividades genera en el ámbito tradicional de Cajamarca, con los altos ingresos de sus trabajadores, con el cambio de la vida cotidiana donde la tranquilidad da paso a una vorágine urbana, donde el costo de vida se incrementa haciendo relativamente más pobres a los que perciben una remuneración estatal. Esta constituye una fórmula explosiva para los conflictos sociales recurrentes en el tiempo.
Todo este descontento se acumula y en un momento determinado las fuerzas explosionan, como la energía subterránea que hace posible la erupción en los volcanes. En tal sentido, estamos en un momento donde se ha llegado al pico del conflicto y se requiere el análisis frío para restaurar heridas, fomentar el diálogo y reconocer autocríticamente los múltiples errores cometidos por las partes, y buscar una salida donde todos ganen, un “win win”.
UN GOBIERNO DEBILITADO
En primer lugar, el gobierno debe reconocer que ha manejado mal el conflicto social. Se podría decir que todos han jugado para los intereses mineros, desde el empresario Ing. Salomón Lerner que no tiene la experiencia política necesaria, y pareciera que le queda grande la responsabilidad de Presidente del Consejo de Ministros. Sus afirmaciones al inicio del mes de noviembre contribuían al incendio de la pradera. Sin la revisión del estudio de impacto ambiental prometida por el titular de Medio Ambiente, decía el proyecto Minas Conga “va sí o sí”.
La solicitud de renuncia por pedido expreso del Presidente de la República en la última semana de noviembre al asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Carlos Tapia por su simpatía
declarada con las protestas cajamarquinas expone la fragilidad y susceptibilidad que provoca el asunto de Minas Conga a nivel oficial, donde no se aceptan disidencias y puntos de vista diferentes.
En la misma línea las múltiples declaraciones del ministro de Energía y Minas, Ing. Herrera Descalzi, que puede ser un excelente ingeniero especializado en generación eléctrica como que ha sido reconocido consultor del grupo Endesa, pero que desconoce de negociación estratégica y manejo de conflictos mineros. Es más, en el clímax del conflicto comete el error infantil de viajar en el mismo avión del inefable Roque Benavides, generando el desconcierto y el malestar de la población que percibe tales actos como la adopción de la posición de Yanacocha.
En el mismo sentido, los desacuerdos entre el titular del sector con la viceministra, Ing. Susana Vilca debilita la presencia del gobierno ante un conflicto que nunca debió desbordarse. Es más, la falta de transparencia de la viceministra en su declaración de alta funcionaria sobre sus concesiones mineras le resta credibilidad y confianza ante la opinión pública. A este nivel no tendría la autoridad moral para manejar los futuros conflictos mineros como ha sido la práctica en el Ministerio de Energía y Minas.
En el pasado los viceministros de minería han enfrentado en primera instancia los conflictos (R. Mucho, R. Padilla, F. Isasi, F. Gala) y después el titular del sector aparecía al final cuando la negociación estaba madura. Hoy la figura del ministro está “quemada” por no decir devaluada.
Al nivel de las autoridades de gobierno regional y local que también conforman parte del Estado, las responsabilidades son compartidas y se están jugando su futuro político. Si bien el Presidente Regional Gregorio Santos es un reconocido dirigente del Partido Comunista del Perú (Patria Roja), que tiene una larga tradición de lucha contra Mra. Yanacocha sus posturas radicales no tendrían el apoyo mayoritario de la población, y más tarde o temprano tendrá que sentarse a negociar. Por ello, la empresa apostó por otros candidatos pues en sus proyecciones sabía lo que representaba tener un candidato opositor y crítico del modelo extractivista.
En el frente antiminero ocupa un papel central del padre Marco Arana que ha presentado sus expectativas electorales aspirando a la formación del partido propio denominado “Tierra y Libertad”, con un sólido financiamiento internacional que van desde Oxfam, la fundación Soros y cooperantes, lo que le ha permitido constituirse en un referente nacional con su posición fundamentalista en la defensa del medio ambiente.
Prácticamente con su posición ambiental todo proyecto minero en cabecera de cuenca resultaría inviable por la supuesta afectación de ríos y lagunas, así se cumplan estrictas normas ambientales y se asegure el abastecimiento de agua. En otras palabras muchos de los proyectos mineros resultarían “per se” insostenibles en el tiempo. Por el número de pasivos mineros no tratados en nuestro país y la difusión de la minería informal, resulta legítima su preocupación ambiental.
Están otros actores que pugnan por el liderazgo regional alcaldes provinciales y distritales más dirigentes de los llamados Frentes de Defensa con movimientos campesinos que debieran conocer la relativa importancia que tiene la actividad minera en la generación de ingresos para Cajamarca por concepto de canon, regalías y derechos de vigencia. Es más, con la información proporcionada por el propio Ministro de Economía y Finanzas, el gobierno regional tendría más de 1,000 millones de nuevos soles no ejecutados, montos que resultan hartos necesarios para el desarrollo y lucha contra la pobreza.
¿QUÉ REPRESENTA LA MINERÍA?
Si bien en nuestro país la figura del canon minero ha sido metamorfoseada pues está en función del impuesto a la renta realmente abonado por la empresa minera. Así, por ley el 50% del impuesto a la renta se transforma en canon, ergo el canon no lo paga la empresa sino el Estado. A pesar de tal distorsión jurídica que se remonta al 2002, los ingresos por canon en Cajamarca entre el 2004 a octubre del 2011 ha transitado de los 182 millones a los 454 millones de nuevos soles, teniendo su pico en el 2007 cuando sumaron los 585 millones, a pesar de la pertinaz disminución de la producción aurífera de Mra. Yanacocha.
En el cuadro de los “Recursos Generados y Transferidos Gracias a la Actividad Minera Energética en Cajamarca” se exponen los montos transferidos por canon, regalías y derechos de vigencia más el canon hidroenergético, sin considerar el llamado Aporte Voluntario ni las remuneraciones pagadas por las mineras a sus trabajadores ni las compras locales. Se exponen los ingresos transferidos por el gobierno central a los gobiernos locales y al gobierno regional.
Si bien el canon minero resulta el recurso transferido más importante desde el 2009 las regalías mineras se incrementan gracias a la presencia de la minera australiana Gold Fields y al término de los contratos de estabilidad jurídica de los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha. Por ello, las regalías en el 2009 representan 15 millones de nuevos soles para trepar a los 59 millones en el 2010 y al mes de octubre del 2011 suman los 68 millones.
Se debe tener presente que en la distribución del mal llamado canon minero el 10% le corresponde al distrito donde opera la mina, que en el caso de Mra. Yanacocha le correspondería el grueso al distrito de La Encañada; el 25% se distribuye a la provincia y sus distritos donde opera la empresa minera y el 25% le corresponde al gobierno regional.
A este nivel el 25% del canon minero que se distribuye al gobierno regional entre el 2004 al mes de octubre del 2011, resulta equivalente a 667 millones de nuevos soles, es decir un promedio de 83 millones de nuevos soles en casi 8 años. Un monto que de ninguna manera compensa el deterioro ambiental, con el agravante que siendo una participación sobre el impuesto a la renta, el canon no representa ningún costo adicional para la empresa, por ello gratuitamente y graciosamente sus voceros se atribuían el abono del canon minero.
A pesar de todas estas distorsiones los recursos transferidos a los gobiernos locales de Cajamarca, generados por la actividad minera energética constituyen más del 50% del total de transferencias realizadas por el gobierno central. Así, en el 2004 representaron el 48% del total transferido en el 2007 fueron equivalentes al 73% para disminuir a una participación del 53.7% en lo que va del 2011.
Por ello, siendo los recursos generados por la actividad minera los más importantes a pesar de todas sus distorsiones, bien vale la pena repensar sobre las fuentes alternativas si es que se asume la posición contraria a toda actividad minera en cabecera de cuenca hídrica. ¿De dónde se obtendrían los recursos para financiar el desarrollo regional y la construcción de ventajas competitivas?
A veces me interrogo si no fuese Mra. Yanacocha la empresa interesada en Minas Conga la oposición al proyecto tendría tanta rabia contenida, atravesaría al grueso de los sectores integrantes de la sociedad cajamarquina. En verdad, hay que restablecer el diálogo con el costo político que ello supone, y someter el estudio del impacto ambiental a consulta de una autoridad internacional competente, técnicamente calificada que no tenga ningún interés de parte.
LA CONGA CON YANACOCHA Y EL GOBIERNO PARTE II
Sábado, 19 de Noviembre del 2011
EN MENOS DE 5 AÑOS RECUPERÍA LA INVERSIÓN
ESCRIBE. JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Desde la posición “agua o minería”, alimentada en la campaña electoral por el candidato Ollanta Humala en la propia provincia de Celendín-Cajamarca en abril pasado, donde afirmaba que “el oro no se come”, y asumía la posición de la población campesina, de las ONGs ambientalistas, y autoridades locales en un rechazo al proyecto Conga, hemos pasado a una toma de posición de “agua y minería”, como alternativas válidas sin exclusiones. Donde el proyecto si o si, de todas maneras se desarrolla, con previos ajustes al estudio de impacto ambiental, e incidiendo en la preocupación legítima sobre el futuro de los recursos hídricos.
Ello evidente no se resolvería en 15 días como afirmara a inicios de mes el titular de ministerio de medio ambiente, con las correcciones o maquillaje al estudio de impacto ambiental que tiene más dudas que certezas. De allí que el próximo 24 de noviembre se paralizará la región Cajamarca contra la minera Yanacocha, el gobierno central y el declarado apoyo al proyecto Conga.
En verdad, el problema es más complejo y debiera servir para resolver de una vez por todas, la debilidad del Estado frente a la promoción de la inversión minera, donde éste aparece subsumido por los intereses de las empresas transnacionales. En especial, los altos funcionarios como ministros, viceministros de minería, directores de asuntos ambientales, directores generales etc. han sido funcionarios privados que hacían un “stage” en el ministerio del sector, para luego regresar a la actividad privada.
En tal sentido, sería gravísimo para la credibilidad y legitimidad del nuevo gobierno la confirmación de la titularidad de la actual viceministra de minas en varias concesiones mineras. Ello se sumaría a la presencia de varios congresistas con intereses mineros informales en departamentos mineros como Madre de dios y Puno. Lo cual demostraría la fragilidad y la improvisación en la elección de los cuadros del partido de gobierno.
La debilidad del Estado en particular en ministerios claves como energía y minas, se agudiza cuando por un lado promocionan la inversión privada señalando cifras plenas de optimismo que no se condicen con la realidad. Importantes proyectos mineros como Quellaveco, Michiquillay, Rio Blanco, Tía María y otros se promocionan como en la década de los noventa del siglo pasado sin consulta previa y con estudios de impacto ambiental ad hoc.
El ministerio del sector por un lado promueve la inversión y de otro lado tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, y la fiscalización de la actividad minera en condiciones precarias con crónicas faltas de presupuesto y personal. Por ello, los estudios de impacto ambiental son realizados por empresas especializadas cuyos honorarios son asumidos por las propias empresas mineras. Esto de por si debiera generar legítimas preocupaciones, pues hay un dicho popular de “quién paga, manda”.
En el mismo sentido, la propia información económica sobre los proyectos mineros, sea sobre producción, rentabilidad, reservas, impacto ambiental, empleo, tributos a pagar, lo realizan las propias empresas mineras, y el Estado solamente recepciona esta documentación, en particular la referente a las reservas y la vida útil de los yacimientos. Resulta curioso por ello que el titular de los recursos naturales a nombre de la Nación no tenga la capacidad de estimar autónomamente las reservas, igual sucede con las reservas gas natural de Camisea.
Si bien los estudios de impacto ambiental son tercerizados a empresas especializadas y registradas en el ministerio, sus servicios son abonados por las propias empresas y sometidos a una aprobación por parte de los funcionarios del sector de energía y minas. Al margen de la complejidad técnica, de los estudios de suelos, geología, recursos hídricos, aire, destino de relaves, dotación de energía etc expuestos en los estudios de impacto ambiental que pueden sumar varios tomos, existe una crónica debilidad de la direcciones ambientales del ministerio sea de personal, presupuesto, alta rotación de funcionarios, presencia de lobbys empresariales etc.
En un Estado fuerte y organizado los estudios económicos y ambientales los tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente respectivamente. Esta debilidad en la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa, la opinión pública y frente a la propia población campesina. A esta realidad, Jorge Basadre la denominaba ¡Estado Empírico!.
Por ello, se debiera regresar a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse adecuadamente los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros en el menor tiempo posible, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a toda actividad minera en cabecera de cuenca. Con tal posición se asume por principio la inviabilidad a los principales proyectos mineros que el crecimiento económico del país requiere.
¿POR QUÉ LA CONGA?
En el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia de la explotación de minas Conga.
El proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían rápidamente recuperados.
Ello significaría que con los precios actuales del oro por encima de los 1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.
De allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de agua.
Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de impuestos y regalías.
En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.
Cabe interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse ¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.
Con un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.
YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN
Lunes, 07 de Noviembre de 2011
CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental.
Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.
Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.
Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.
En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.
Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.
Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.
Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.
¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?
Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.
Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”
En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.
Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.
Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro “Importancia del Proyecto Conga”
Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.
Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.
Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.
Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)
En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.
En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?
Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.
En el caso de Mra. Yanacocha y el proyecto Conga se debe reconocer la importancia que tiene para Newmont y el grupo Buenaventura la explotación de minas Conga ante la pertinaz disminución de la producción aurífera de la minera. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales en los primeros yacimientos de Mra. Yanacocha tales como San José, Carachugo, Maqui Maqui, la Quinua, el incremento de la producción constituye un imperativo categórico del capital de allí la importancia de la explotación de minas Conga.
El proyecto de minas Conga requiere de US$ 4,800 millones según las fuentes empresariales y aportaría a la empresa entre 600 a 700 mil onzas adicionales al año de oro y más de 100 mil toneladas de cobre en promedio durante los 17 años de duración de las operaciones, que serían rápidamente recuperados.
Ello significaría que con los precios actuales del oro por encima de los 1,721 dólares la onza y más de 7,500 dólares la tonelada de cobre, se tendrían ingresos anuales sobre los 1,900 millones de dólares y excedentes brutos o ganancias brutas de casi 1,400 millones de dólares por año, a los cuales habría que deducir los gastos administrativos, los gastos financieros y el abono del impuesto a la renta. Con todo, ello significaría que en menos de cinco años se recuperaría la inversión, y los doce años restantes constituirían ganancias líquidas, pero la pregunta relevante debiera ser: ¿y qué pasa con el costo ambiental?.
De allí la legítima preocupación ambiental sobre el destino de las aguas subterráneas, y las lagunas que serán licuadas y cuya hidrología se ha formado en cientos de años. Por tanto uno se interroga y después de la explotación minera ¿qué queda? Sobre todo si para obtener un poco más de un gramo de oro se remueve una tonelada de tierra con uso intensivo de agua.
Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital con los menores costos de producción, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas y minimizar el abono de impuestos y regalías.
En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga de manera seria y sustentable. Por la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Es decir, de la utilidad bruta anual de 1,400 millones de dólares el Estado apenas captaría el 12%, es decir 172 millones dólares.
Cabe interrogarse si un estimado de 2,230 millones por concepto de impuesto a la renta y aproximadamente 630 millones por regalías que serían los montos que percibiría el fisco durante la vida productiva del proyecto compensarían los daños ambientales, el secamiento de las lagunas, el destino de los relaves, la transformación del hábitat natural, y el comportamiento de las aguas subterráneas. Por ello, cabe preguntarse ¿Cuál sería el futuro de las cuencas hídricas y las zonas de influencia que se abastecen de tales aguas?, constituye una legítima preocupación al margen de cualquier radicalismo ambiental. Es de suponer que un sólido estudio de impacto ambiental debiera resolver tales cuestiones.
Con un estudio de impacto ambiental solvente realizado y pagado por el Estado o realizado por una autoridad internacional reconocida, con las acciones de mitigación ante los posibles efectos negativos de la irrupción minera, con la aplicación de la ciencia y tecnología se demostraría la viabilidad del proyecto de Minas Congas, y de otros proyectos mineros que se ubican en las cabeceras de cuenca hídrica. Sin embargo, debiera superarse la debilidad institucional del Estado en la promoción, fiscalización y supervisión minera, en particular la ridícula participación del fisco en la renta minera en relación a los ingresos y utilidades estimadas por Mra. Yanacocha.
YANACOCHA NECESITA LA CONGA Y EL PERÚ TAMBIÉN
Lunes, 07 de Noviembre de 2011
CANON SÍ, MINERÍA NO (Parte I)
ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)
Si hubiese una correcta y seria evaluación ambiental en especial de la valorización de los recursos naturales, especialmente de los no renovables como el oro, la plata, el cobre y los efectos de su explotación sobre el espacio, en la tierra, los recursos hídricos y la vida campesina, los acontecimientos vividos en las últimas semanas en Cajamarca hubiesen tenido otro final. El balance de los costos y beneficios de la explotación minera en el corto, mediano y largo plazo determinaría su viabilidad económica, social y ambiental.
Es evidente que existe una posición contraria a la actividad minera especialmente en las cabeceras de cuenca hídrica, como también existe una radical oposición a la construcción de centrales hídricas en la Amazonía. En tal sentido, el discurso ambiental, en defensa del equilibrio hídrico, de las fuentes de agua naturales resulta fundamental para la reproducción en especial de las actividades agrarias y ganaderas.
Es más, resulta contradictoria la existencia de la riqueza natural y la pobreza social. Solo como información ilustrativa se puede señalar que el departamento de Cajamarca ocupa el puesto número 20 de los 25 departamentos (incluyendo la provincia constitucional del Callao), en la estimación del Índice de Desarrollo Humano (IDH), el indicador más completo para medir la pobreza, y también tiene el triste privilegio ser el departamento con menor cobertura eléctrica. Solamente el ingreso per cápita promedio en la provincia de Celendín es de 157 nuevos soles al mes, un poco menos de dos dólares diarios que podrían elevarse con los ingresos directos e indirectos que generaría el proyecto Minas Conga.
Desde nuestro punto de vista, la minería constituye una posibilidad de desarrollo por la demanda agregada que genera en su construcción y durante la vida útil de los yacimientos. A través de las inversiones, impuestos y sueldos y salarios de sus trabajadores genera “poder de compra” en la economía campesina, regional y nacional. Por ello, quienes se oponen a la actividad minera debieran señalar las fuentes alternativas de empleo e ingresos sobre los 4,000 metros.
En tal sentido, un estudio solvente del impacto ambiental de la actividad minera demostraría las ventajas económicas sobre las externalidades negativas. Sirva el caso de Mra. Antamina que para su construcción 1998-2001 se tuvo que desaguar una laguna parecida a las que rodean el proyecto de Minas Conga. Ello también exigía trasladar a la población de la comunidad de Ango Raju de sus tierras ancestrales, y en la hoya natural dejada por la laguna yacían las reservas de cobre, zinc y molibdeno que se obtienen.
Podemos discrepar si la Mra. Antamina abona lo suficiente al Estado en impuestos, dado que no abona regalías por estar blindada por los contratos de estabilidad jurídica. Se puede discutir la facilidad con la que el Estado transfirió un yacimiento por un valor de US$ 20 millones para privilegiar una inversión que fue equivalente a casi 2,300 millones de dólares.
Es decir, podemos tener puntos de vista divergentes sobre el débil valor de retorno de la actividad minera en nuestro país. Pero lo que habría que rescatar e interrogarse al respecto: ¿Cuál ha sido el impacto ambiental por haber trasladado toda una laguna? ¿Qué efectos nocivos y perniciosos ha tenido el traslado de una laguna donde ahora se desenvuelve la Mra. Antamina? Es más, algún organismo público o privado ha valorizado los efectos económicos, sociales del impacto ambiental. Ello ayudaría mucho para superar las objeciones sobre todo fundamentalistas a los proyectos mineros.
Esto es importante para un debate serio que al margen del legítimo interés privado de las empresas, se coloque por encima el interés público, los intereses del país frente a la explotación minera. Resulta obvio que los principales interesados son las poblaciones locales, cercanas al proyecto minero que demandan empleo, mayores ingresos para luchar contra la pobreza.
¿CÓMO ABORDAR EL PROBLEMA?
Lo que está pasando con la oposición al proyecto de Minas Conga debiera analizarse en perspectiva y desde los varios puntos de presión e intereses contrapuestos, para superar el “diálogo de sordos” imperante, la violencia desatada, donde los intereses campesinos, de autoridades locales, del gobierno regional, los frentes de defensa, la empresa, los trabajadores mineros, y del gobierno central, expresan posiciones divergentes, y hasta antagónicas.
Se sostienen versiones con medias verdades, que encubren aspiraciones de ganancias políticas y claro está, económicas. Para la empresa Mra. Yanacocha la producción futura de Minas Conga resulta esencial para compensar la menor producción aurífera que está obteniendo de sus operaciones a pesar de los altos precios del oro. Al margen del agotamiento natural y rendimientos marginales de sus primeros yacimientos, la gravedad de los conflictos sociales explica las limitaciones para su expansión y la drástica disminución de la producción aurífera tal como se puede observar en el cuadro “Minera Yanacocha Necesita La Conga”
En el 2005 Mra. Yanacocha producía un poco más de 3.3 millones de onzas finas de oro, que al 2008 disminuyó dramáticamente pasando a 1.8 millones, para luego alcanzar 1.4 millones de onzas en el 2010. Es decir, entre el 2005 al 2010 la producción ha disminuido en un 55%, es decir más de la mitad. De allí, el interés de Newmont y Mra. Buenaventura en el desarrollo de Minas Conga para compensar los menores ingresos y utilidades que no se están percibiendo a pesar de los astronómicos precios del oro.
Como resulta lógico el interés de la empresa es maximizar las utilidades, valorizar el capital, obtener una mayor rentabilidad privada para sus accionistas. En este juego, cabe preguntarse si el Estado ha valorizado los costos y beneficios de la explotación de las reservas de Minas Conga. Pues la información que se conoce sobre regalías e impuesto a la renta que generaría el proyecto al fisco sería un promedio anual de US$ 172 millones de dólares en los 17 años de duración del proyecto. Un estimado de 2,230 millones entre regalías y canon en la vida útil.
Esto es bajo el supuesto de la vida útil del proyecto, según la información proporcionada por la propia Mra. Yanacocha sobre el Proyecto Conga, que no puede ser contrastada por el propio Estado. Por ello, que falta hace el Instituto Nacional de Planificación para hacer planeamiento estratégico desde una visión de Estado moderno. Ver Cuadro “Importancia del Proyecto Conga”
Lamentablemente esta información es de la propia empresa y no de los estudios económicos que tendría que haber realizado el propio Estado, a través de sus ministerios de economía y finanzas, energía y minas y del medio ambiente. Esta debilidad de la supervisión y fiscalización de parte del Estado le resta capacidad negociadora ante la propia empresa y ante la propia población campesina, en la misma línea de la torpeza del ministro de energía y minas de viajar en el avión privado de la empresa.
Por ello, se regresa a la pregunta inicial sobre la valorización económica y social de los recursos naturales. Al no evaluarse los recursos naturales nos encontramos entre el fundamentalismo liberal de mercado, con el afán de explotar aceleradamente los recursos mineros, y el radicalismo ambiental, de oposición ideológica a la actividad minera en cabecera de cuenca.
Este conflicto también es un tema que tiene réditos políticos, siendo uno de los actores la posición encarnada por el padre Arana y los organismos ambientalistas que han mostrado legítimos intereses políticos electorales, utilizando la bandera ambiental, desde Tierra y Libertad, y otros movimientos políticos de izquierda.
Cuenta a su favor la pésima imagen y los antecedentes negativos desde los pasivos ambientales a tragedias como la de Choropampa, Combayo, Cerro Quilish; con la presencia abusiva y prepotente de Mra Yanacocha en Cajamarca, comprando tiempo y autoridades, irrumpiendo la vida tradicional del departamento, con externalidades negativas, producto de la cercanía de la actividad minera con la capital (altos precios de alquileres, violencia urbana, agitada vida nocturna, etc.)
En este contexto también operan los representantes de los gobiernos locales y regionales que levantando la bandera de la imposibilidad de la inversión minera, que con o sin estudios geológicos serios, tratan de encubrir sus limitaciones en la gestión municipal y regional. Estas autoridades acostumbradas a la protesta y oposición, hoy son parte del gobierno, de un “estado burgués y burocrático”, que tienen que administrar con capacidad y eficiencia. En especial de los recursos generados por la minería en Cajamarca, sea por Mra. Yanacocha, Gold Fields y otras mineras. Después de todo, la cuestionada actividad minera en Cajamarca ha generado importantes recursos sea por canon, regalías y derechos de vigencia, al margen de las compras locales y remuneraciones pagadas. Si en el 2006, la suma del canon minero, regalías y derechos de vigencia significaban los 365 millones de nuevos soles, en el 2010 superaban los 498 millones, con tendencia al incremento en el marco del nuevo marco tributario donde Mra. Yanacocha tendrá que pagar un gravamen minero aplicado sobre la utilidad trimestral.
En tal sentido, la pregunta pertinente está en relación: ¿Cuántos de estos recursos mineros regresa a la población local, en especial del entorno a las operaciones mineras? En la misma línea ¿Cuál ha sido y cuál es el nivel de ejecución de las transferencias del gobierno central a los gobiernos locales y regional, que han pasado de 559 millones en el 2006 a más de 1,018 millones de nuevos soles para Cajamarca, considerando que los recursos mineros representan casi el 50% de las transferencias que perciben los gobiernos locales y la región?
Por ello, cabe preguntarse en el caso de la postergación del proyecto de Minas Conga, de Tía María, de la ampliación en la capacidad de planta de Southern Perú Copper y otros proyectos mineros: ¿Dónde está el interés público? Es posible el desenvolvimiento de la actividad minera, de un modelo primario exportador, con un pobre valor de retorno y altos costos ambientales. Esta cuestión es la que debiera estar en debate.
EPÍLOGO
Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.
La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.
También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.
Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?
Al presente gobierno le están pasando la factura las expectativas desatadas durante la campaña electoral, que en el caso minero transitaba desde el impuesto a las sobreganancias, la revisión de los contratos de estabilidad jurídica, el estricto respeto ambiental y la participación de la población en la llamada consulta previa a los pueblos impactados.
La postergación a las calendas griegas constituiría una expresión de la imposibilidad del desarrollo de nuevos proyectos mineros, sobre todo en las cabeceras de cuenca por la posición ideológica del radicalismo ambiental. Con la oposición a la actividad minera con o sin argumentos pierde no solamente la empresa minera. Resultan también perdedores, los gobiernos locales que requieren mayores recursos por canon y regalías, también pierden los propios campesinos que se reproducen en extrema pobreza, con ingresos menores a dos dólares diarios en Celendín.
También resultan afectados los trabajadores directos e indirectos, la industria que sirve con bienes y servicios a los proyectos mineros, y en su conjunto la sociedad de Cajamarca. Evidentemente se afecta el gobierno central por los menores efectos ingresos fiscales a futuro, y el mismo crecimiento económico en un contexto internacional amenazado por la recesión mundial.
Por ello, habría que preguntarse ¿cuántos puntos de crecimiento económico en el PBI se explicarían por la postergación indefinida de los proyectos mineros como: La Conga, Tantahuatay, Michiquillay, Galeno, Rio Blanco, Tía María, la ampliación de Southern, Quellaveco, etc.?
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