GACETA UCAYALINA

Ubaldo Tejada Guerrero

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AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO

Autor: > Ubaldo Tejada Guerrero

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Peru: Agua que no has de beber… (II) [2014-09-24]
Peru: Agua que no has de beber… (I) [2014-09-22]
Peru: Estado botín o Estado ciudadano [2014-09-17]
Peru: Política: ¿una mercancía más? [2014-09-08]
Peru: Un grano de mostaza [2014-03-17]
Peru: Retos para un Perú emergente [2014-01-25]
Peru: Nueva constitución política [2014-01-19]
Peru: Ética en el poder judicial [2014-01-13]
Peru: Inseguridad ciudadana [2014-01-07]
Peru: Ser más que un líder político [2014-01-01]
Las barbaridades del imperio [2013-11-10]
Peru: Recuperemos nuestra ciudadanía [2013-11-05]
Peru: Diversidad y representación política [2013-10-29]
Peru: Vigencia de Luis de la Puente Uceda [2013-10-22]
Peru: De la indignación a la acción [2013-10-16]
Peru: Indignarnos ante la corrupción [2013-10-12]
Ciberespacio como arma de guerra [2013-09-25]
Peru: Informalidad y peruanización de la economía [2013-09-14]
Peru: Centralismo y movimientos regionales [2013-09-09]
EE.UU. y los gastos militares [2013-09-06]
¿Y los objetivos del milenio? [2013-08-29]
EE.UU: Entre el poder y las guerras [2013-08-27]
Peru: El mensaje de 28 de julio [2013-07-29]
Peru: Ollanta, un 28 de reformas y protestas [2013-07-28]
Peru: Indignados peruanos: ¿nuevos escenarios? [2013-07-22]
Peru: Día de la vergüenza nacional [2013-07-18]
Peru: Izquierda peruana: unidad y renovación [2013-06-24]
Repensar la solidaridad mundial [2013-05-31]
Corrupción y ética en la política [2013-05-22]
Peru: Un nuevo rumbo para el Perú [2013-05-16]
Peru: Las flores buenas de Javier [2013-05-06]
Peru: La economía mundial y Petroperú [2013-04-29]
Peru: Lobbysmo de fondos previsionales [2013-04-26]
Peru: ECE 2012 o cambio de modelo educativo [2013-04-09]
Peru: Los nuevos indignados [2013-03-31]
Peru: Inseguridad ciudadana [2013-03-02]
Ser político cristiano [2013-02-25]
Vigilancia mundial en masa [2013-02-14]
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AGUA QUE NO HAS DE BEBER…… (II)

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO

“El credo neoliberal que considera al agua como una mercancía, los trabajadores y el movimiento social salen a defender sus empresas con una iniciativa para establecer el Agua como un Derecho Humano, pero en manos públicas”.

Desde que el cambio climático  causada por la contaminación de las grandes potestades industriales capitalistas, provocó el derretimiento de los glaciares, los conflictos por el agua han empezado a ser uno de los problemas más graves para el Perú y el mundo, especialmente para los ciudadanos mas pobres, donde el agua es una mercancía mas del dogma neoliberal.

Hoy frente al credo neoliberal que considera al agua como una mercancía, los trabajadores y el movimiento social salen a defender sus empresas con una iniciativa para establecer el Agua como un Derecho Humano, pero en manos públicas.

En la capital, al menos 980 mil personas sufren por la falta de ese elemental servicio, mientras
en el interior del país la situación es mucho más crítica pues los gobiernos regionales y municipios locales no toman la posta, no invierten lo necesario para beneficiar a sus pobladores. No obstante indicó que con trabajo eficiente en tres años el 100% de limeños y chalacos tendrán agua, lo que está previsto, en un programa gubernamental, además que las empresas de agua no deben ser privatizadas para lograr un desempeño óptimo. 

El modelo de gestión neoliberal del agua que se buscó implementar con la Constitución fujimorista fracasó. Las EPS sirven a los alcaldes para dar empleo a sus allegados y no tienen un manejo técnico y empresarial, convirtiéndose en empresas ineficientes que no brindan un buen servicio a la población.

CASO SEDAPAL

Por ejemplo, SEDAPAL ya está privatizada en un 60%, lo que no ha dado buenos resultados. En otros países de Sudamérica se entregó las empresas a capitales privados, y fue un rotundo fracaso que no debe repetirse en el Perú. Las empresas actuales deben recibir mayor inversión para ser más eficientes y puedan llevar agua a todos los peruanos, explicó.

Indicó además que el tema tiene mucho que ver con el Ministerio de Vivienda, con su política nacional. El gobierno central le da a Lima una partida de 8 mil millones de soles para obras, y lo mismo debería hacer con las regiones, que, o no tienen dinero, o no lo aplican en mejorar o implementar el servicio en sus localidades.

MEGAPROYECTOS Y ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP)

Finalmente indicó que el proyecto de ley 1293 Ley de modernización de las empresas de agua señala privatizar las empresas como SEDAPAL, no obstante, esto será perjudicial. Indicó que para su diseño no se consideró un debate entre los principales actores políticos y sociales, por ejemplo.

MEGAPROYECTOS como el de Olmos y MAJESSIHUAS II, entre otros, son las principales vías para privatizar el agua en el Perú. Bajo la apariencia de inversión, modernidad y desarrollo, grandes negocios privados generan desequilibrios hídricos y sociales en los andes del Perú.

Con el pretexto de estimular la inversión privada (con mayor fuerza especialmente cuando la crisis económica global empezaba a sentirse en su real magnitud), el gobierno peruano generó un marco legal para promover las famosas Asociaciones Público Privadas (APP), en las que lo público se reduce a entregar recursos y propiedades estatales y lo privado se queda con el control de todo el negocio.

EL TEJIDO DE NORMAS PRIVATIZADORAS

Cuatro normas con rango de ley, aprobadas durante los años 2008 y 2009, son particularmente importantes para entender este proceso: los decretos legislativos 1012 y 1031, la Ley 29338 y el Decreto de Urgencia 121.

El Decreto Legislativo 1012, de mayo del 2008, crea la modalidad de las APP, que en el caso de recursos hídricos facilita que consorcios privados reciban, junto a la concesión de grandes proyectos de irrigación, fondos públicos y avales financieros estatales y encima vendan el agua a productores y pobladores que la requieran.

Este decreto autoriza al Estado a transferir recursos hasta por un 7% del Producto Bruto Interno (PBI) a las empresas privadas con las que se asocia. Estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares como aporte del Estado peruano en asociaciones en las que no tiene casi ningún control.
El Decreto Legislativo 1031, de junio del 2008, en la misma onda privatista, busca liquidar las actuales empresas públicas, prohibiendo expresamente que sean titulares de bienes de dominio público y dispone que el 20% de su capital social sea inscrito en la bolsa de valores.

Esta norma consagra la imposibilidad de tener empresas estatales estratégicas. En buena cuenta es eliminar cualquier posibilidad de que las APP tengan competencia pública, lo que nos pone en desventaja frente a otros países que sí tiene empresas estatales estratégicas que incluso operan en nuestro país, como por ejemplo CHINALCO (China), PETROBRAS y ELECTROBRAS (Brasil), PEMEX (México), ECOPETROL (Colombia) y otras.

De otro lado, la Ley 29338, de marzo del 2009, consagra un régimen de derechos para el uso del agua mediante licencias, autorizaciones permisos o contratos de acceso, y promueve la participación del sector privado en la construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráulica así como en la prestación de servicios de operación y mantenimiento de la misma, autorizando a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), a aplicar la ley que regula el agua en los proyectos especiales entregados en concesión.

Esto tiene implicancias en el acceso al agua: tarifas (rentabilidad del negocio privado) y prioridades (grandes AGROEXPORTADORES).

El Decreto de Urgencia 121, de diciembre del año pasado, impulsa la liquidación de las empresas públicas en beneficio de las Asociaciones Público Privadas (APP), estipulando en su artículo cuarto, inciso dos, que “los terrenos de propiedad directa o indirecta del Estado, incluyendo las empresas del Estado, requeridos para la concesión, serán transferidos automáticamente por la unidad titular de los mismos al concedente en la oportunidad en que éste lo señale y a título gratuito, por el solo merito del Decreto Supremo que así lo establezca”

Este paraguas normativo, que profundiza los alcances del artículo 60 de la Constitución neoliberal de 1993: “(…) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional (…)”, ha incentivado la ejecución de MEGAPROYECTOS de trasvase de aguas que son un gran negocio para grandes empresas extranjeras a costa de privatizar el recurso hídrico, generando conflictos sociales y desequilibrios en la parte alta de la montaña andina. Veamos dos casos.

EL FAENÓN DE OLMOS

El MEGAPROYECTO Olmos se ha convertido en un apetecible bocado para la empresa brasileña ODEBRETCH, que ejecuta dos (la primera y la tercera) de sus tres etapas. La primera etapa consta de un trasvase de aguas de la sierra a la costa por medio de un túnel trasandino de 19.3Km, y una represa (Limón). En esta etapa el Estado peruano aportó inicialmente un 65%, lo que fue observado en el 2004 por la Corporación Andina de Fomento (financiador de la obra), que cuestionó que el aporte estatal era mayor al privado, por lo que, de la nada, el costo de esta primera etapa se elevó de un plumazo en más 80 millones de dólares sin considerar la compra siquiera de una bolsa adicional de cemento.

Si bien esta primera irregularidad se produjo durante el gobierno anterior, ODEBRETCH, empresa consentida del presidente Alan García, se adjudicó la buena pro de la tercera etapa del MEGAPROYECTO (Irrigación de las tierras de Olmos) mediante el consorcio de su propiedad H2Olmos (bajo la modalidad de iniciativa privada) la misma que fue dada rápidamente bajo el chantaje de que las obras de trasvase de agua estaban a punto de culminar y se iba a desperdiciar el agua.

Muchos se opusieron, incluso la ex ministra de Economía, Mercedes Aráoz, a esta adjudicación por lo elevado de los costos de construcción de la infraestructura de riego. Posteriormente, y sin que nadie sepa las condiciones de la nueva oferta, se terminó firmando con ODEBRETCH.

Esta tercera fase (irrigación) beneficiará a grandes grupos económicos como Oviedo y Romero, entre otros “peces gordos” de la agroindustria que pueden adquirir tierras en las 38 mil hectáreas, valuadas cada una en 4,250 dólares, de la primera etapa de este proyecto, lo que deja sin oportunidad a los pequeños productores.

MAJES - SIHUAS II

El Proyecto Especial Majes fue creado por Decreto Ley 18970 (1971) como un proyecto hidráulico de trasvase de las aguas de los ríos Apurímac y Colca (por medio de túneles y canales) hacia la Pampa de Majes-Siguas, con la finalidad de contar con agua para la agricultura, generar energía eléctrica y darle también otros usos urbanos. Este proyecto estuvo diseñado para ser ejecutado en dos etapas.

En la primera etapa, ya concluida, se construyó la represa de CONDOROMA, además de túneles y canales para irrigar las pampas de Majes que, según la información oficial, sólo llegó a cubrir cerca de 22 mil hectáreas, lo que demandó una inversión de 748 millones de dólares.

Y aun cuando esta primera etapa fue cuestionada por la gran cantidad de recursos que tuvo que invertir el Estado (vía deuda externa), lo que determinó a su vez un alto costo por hectárea (33 mil dólares), era un proyecto que estaba orientado inicialmente a fortalecer la agricultura arequipeña que abastece la demanda regional y nacional. Esto cambió.

Ahora se trata de trasvasar aguas de las partes altas de la cordillera para irrigar la pampa de Siguas cuya producción debe ser dedicada a la AGROEXPORTACIÓN, así como dotar de agua a las empresas privadas eléctricas y a las empresas mineras que se ubican en suelo arequipeño. Este proyecto se entregará en concesión y se implementará bajo la modalidad Asociación Publico Privada; y por tanto, recibirá recursos públicos. Más aún, buscará reorientar esta primera etapa en los marcos de la privatización.

La segunda etapa, bajo esta nueva visión, y que constituye en sí lo que se denomina el Proyecto Majes Siguas II, acaba de recibir la buena pro en medio de un conflicto social que ha originado muertos y heridos de bala y comprende la represa de Angostura, el túnel Colca-Siguas (de 18 Km), la bocatoma LLUCLLA, el sistema de distribución y riego Pampas Siguas, y la línea de distribución eléctrica CALLALLIC-Angostura.

Pero además de cambiar de objetivos, uno de los problemas centrales de este MEGAPROYECTO se centra en que afectará la actividad pecuaria de Espinar, zona aledaña al proyecto, pero en la región Cusco, la misma que sólo tendría acceso a un 10% de las aguas del río Apurímac de implementarse el proyecto. Es que cuando de negocios se trata, poco importa el impacto que pueda ocasionarse en las comunidades de la zona.

PRIVATIZACIÓN Y NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La concentración de la tierra y la privatización del agua, pero sobre todo los MEGAPROYECTOS que busca implantar el gobierno de Alan García, no sólo acentúan el desequilibrio físico-social que padece el país, sino que incrementa la fragilidad hídrica de la costa, sierra y de la AMAZONÍA peruana (grandes centrales hidroeléctricas debido al Acuerdo Energético con Brasil), lo que nos hace mucho más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Después de Bangladesh y Honduras, el Perú es el tercer país más vulnerable a estos impactos.

Pero tan grave como eso es el hecho de que se está gestando en el Perú un nuevo ordenamiento territorial como fruto de una transformación de la tenencia de la tierra y la privatización del agua, donde los MEGAPROYECTOS juegan un destacado rol.

No nos oponemos ni queremos compensaciones, sino un estudio completo. El estudio hídrico realizado concluye que la represa traería una escasez de 36 millones de litros cúbicos al Cusco”, dijo el presidente regional del Cusco, Hugo Gonzales respecto al proyecto hídrico Majes Siguas II 
(1) De acuerdo a un estudio ambiental realizado por el Gobierno Regional de Cusco el proyecto Majes II constituiría un “desastre ecológico” en la zona.

(2) En lugar de fortalecer y modernizar a las empresas estatales, el gobierno ha optado por privatizarlas. ENAPU es una muestra.

En el Perú existen 50 Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS). La principal es SEDAPAL que abastece del servicio de agua potable a Lima Metropolitana y al Callao, esta empresa depende del Ministerio de Vivienda. 

La EPS Aguas de Tumbes (ATUSA), fue concesionada por 25 años en el 2005. La EPS Grau, de Piura (Piura, Talara, Sullana y Paita), es dirigida por una Junta de Acreedores (un Representante de los Créditos Reembolsables y Directos del Estado, un representante de SUNAT y otro del Scotiabank). Las otras 47 EPS dependen de los municipios provinciales y distritales que conforman sus Juntas de Accionistas; por lo general los directorios están presididos por los alcaldes provinciales.

Esta división no siempre existió. Las principales EPS del Perú dependían de una sola empresa estatal, el Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA). Pero Fujimori, mediante Decreto Ley N° 25973, declaró la disolución y liquidación del SENAPA. 

El descuartizamiento de las EPS obedeció principalmente a la intención del gobierno de Alberto Fujimori de vender las principales empresas por partes. La resistencia de los trabajadores y los pueblos involucrados impidió que este hecho se consumara. 

Por la cantidad de conexiones, las EPS están divididas en grandes (más de 40 mil conexiones), medianas (entre 15,000 y 40,000) y pequeñas (menos de 15,000), SEDAPAL tiene más de un millón de conexiones. Por tanto, el negocio estaba en adquirir las grandes. Pero solo pudieron concesionar una, la mediana EPS de Tumbes, a finales del gobierno de Toledo, en el  2005. Siete años después de privatizada, esta empresa, ostenta el segundo lugar en todo el país, en dar el peor servicio de abastecimiento y saneamiento a la población.

CONCLUSIONES

1.       La experiencia de las privatizaciones de los servicios de agua y saneamiento ha fracasado en Tumbes y en todos los lugares donde se ha dado. En Chile, cuando se privatizó el agua potable, la cobertura era del 99.3%. No hubo inversión, pero la tarifa del agua se disparó, pasaron de pagar $ 0.78 por metro cúbico a más de 2,6 dólares en ciudades como Antofagasta. París recuperó su empresa municipal luego de estar 25 años concesionada.

2.       Desde los propios trabajadores del agua vienen las iniciativas para tener empresas modernas, eficientes y con un directorio técnico y participativo con presencia de especialistas, municipios, usuarios y trabajadores; manteniendo la propiedad y el manejo en el sector público.

3.       De otro lado, Luis Isarra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Agua potable y Alcantarillado del Perú (FENAP), indicó que es necesario trabajar en cuatro puntos que son vitales para que todos los peruanos tengan el vital elemento en sus casas.

Debemos enfocarnos, PRIMERO, en que el agua debe ser vista como un derecho humano, lo cual hasta ahora no se ha cumplido. SEGUNDO, debemos considerar la intangibilidad de las cabezas de cuenca para garantizar el abastecimiento. TERCERO, debemos negarnos a la privatización, que no soluciona el inconveniente. CUARTO, las autoridades deben confirmar, en las leyes, al agua como derecho humano”, señaló.

4.       Desde la Internacional de Servicios Públicos (ISP), federación sindical mundial, y sus sindicatos afiliados en el Perú, les instamos a que envíen desde todo el mundo un fuerte mensaje para el gobierno peruano para que no venda los servicios públicos de agua y saneamiento a las empresas privadas.

5.       Se propone la creación de EMPRESAS REGIONALES, para que puedan hacer, entre otras cosas, los análisis técnicos requeridos por no tener laboratorios. Por citar un caso, SEDACUSCO está calificada como una de las mejores en el país y las otras empresas que existen en la región se encuentran en los últimos lugares. ¿Por qué no crear una sola EPS regional, que permita la transferencia de gestión exitosa y tecnología a las más pequeñas, que podrían seguir funcionando como subsidiarias, según sea el caso? 

6.       Cuando se privatizan los servicios, las comunidades tienen que pagar más por el acceso, mientras que los derechos y los sindicatos de trabajadores son atacados.

7.       Luis Isarra, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua del Perú (FENTAP)  dice claramente: “El presidente Humala tomó el camino equivocado. Se plegó a las presiones de las empresas y de la derecha para convertir este sector en otra fuente de ingresos. La FENTAP y los sindicatos afiliados a la CGTP deben movilizar a los trabajadores y trabajadoras del Perú y colaborarán con numerosas asociaciones de nuestro país. Pedimos a los miembros de la ISP en el mundo entero que demuestren presión desde el exterior. ¡El gobierno tiene que entender el movimiento internacional de protesta!”.

8.       Por favor, envíen un mensaje a los dirigentes del gobierno peruano ahora. ¡No a la privatización de estos servicios públicos básicos: Salud, Educación y el Agua!

¡Únanse a la campaña para instar al gobierno peruano no privatizar el agua!

En un artículo final sobre éste tema, estaremos desarrollando  el empoderamiento ciudadano como alternativa frente al Estado peruano, que camina de espaldas a las necesidades mas sentidas de la población, y en igual manera frente a la crisis de de representatividad de la mayoría de partidos políticos neoliberales, camino a una reforma de la Constitución de 1,993, impuesta en dictadura a partir del golpe a la democracia el 5 de abril de 1,992. 

Fallo constitucional contra FF.AA. y P.N. en Perú

REFORMA EN CUESTIÓN. Policías y militares en retiro cuestionan desigualdad en pago de pensiones desde diciembre del 2012. Dirigente califica como “aberración jurídica” fallo del Tribunal Constitucional.

Wilber Huacasi.

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de emitir una sentencia que dejaría frustradas las aspiraciones de al menos 2 mil 400 pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que, a través de acciones legales, exigían modificar el marco normativo vigente por considerar que existe una situación de desigualdad en la distribución de los montos que mensualmente les son asignados.

La sentencia fue emitida el 16 de setiembre y declara infundado un recurso legal presentado por el técnico del Ejército Peruano Alberto Chinchay Murga, quien pedía declarar inaplicables los decretos legislativos 1132 y 1133.

Ambos decretos fueron emitidos en diciembre del 2012 por el actual gobierno de Ollanta Humala. Regulan una nueva estructura salarial y hacen modificaciones al régimen de pensiones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En opinión de un importante sector de policías y militares en retiro, ambas normas son discriminatorias debido a que hay personal que tiene los mismos años de servicio y con el mismo rango que, en la actualidad, percibe montos superiores de pensión tan solo por haber tenido la suerte de jubilarse luego de diciembre del 2012, cuando entró en vigencia la citada normativa. Por tal motivo, optaron por canalizar su demanda por la vía judicial.

LA SENTENCIA

Según la sentencia del TC (expediente 7357-2013), no existe vulneración al derecho fundamental de la igualdad, sino solo una diferencia de trato que tiene sustento “en bases objetivas y razonables relacionadas con la reforma institucional en la escala de ingresos y en las pensiones de militares y policías”.

Tal razonamiento es compartido por el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, quien señaló que no existe ningún criterio de discriminación en la reforma salarial de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Adrianzén subrayó que en la presente sentencia el TC ya se está pronunciando “sobre el fondo del asunto”, por lo que esperó que los próximos fallos judiciales sean emitidos tomando en cuenta esta decisión del máximo intérprete de la Constitución.

Afecta a 80 mil

Para el presidente de la Asociación de Técnicos y Sub Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, Enrique Llanos Campos, la sentencia del TC es una “aberración jurídica” porque, según su opinión, mantiene una completa discriminación en la distribución de las pensiones y afecta a unos 80 mil entre policías y militares.

“Yo he trabajado 35 años para el Estado en la Fuerza Aérea, he estado en zona de emergencia, he hecho rescates aéreos, he hecho muchas cosas por mi patria; sin embargo, al pasar al retiro, mi sueldo bruto está en 2 mil soles. El que ha salido en el 2013 o el 2014, con la misma cantidad de años de servicio y con el mismo grado, gana 800 soles más que yo”, explicó el dirigente en tono indignado.

“Los perjudicados somos aproximadamente unos 30 mil pensionistas de las Fuerzas Armadas”, explicó Enrique Llanos al tiempo de estimar en unos 50 mil pensionistas los perjudicados en la institución policial.

El almirante de la Marina en retiro Jorge Montoya explicó que los decretos 1132 y 1133 no modifican ni derogan la ley 19846, que también está vigente y que sí establece la “pensión renovable”, con lo que todos los posteriores aumentos y bonificaciones establecidos luego de diciembre del 2012 también deben beneficiar a quienes se jubilaron con anterioridad. 

más críticas

Para el abogado Hugo Guerra, quien asumió la defensa de los pensionistas militares y policiales, la sentencia del TC tiene una connotación más política que jurídica, pues encaja con el modelo económico neoliberal que vulnera los derechos fundamentales de las personas.

“A los militares y policías de la misma promoción, por la misma cantidad de años de servicio y por el mismo grado, que pasaron al retiro antes de diciembre del 2012 no les reconocen los derechos adicionales de quienes pasaron al retiro en enero del 2013”, explicó Hugo Guerra.

Asimismo calificó este hecho como una “traición” del presidente, Ollanta Humala, quien en su campaña electoral ofreció mejorar las condiciones económicas en las FFAA, pero al llegar al gobierno hizo lo contrario.

 Dato

 Según el procurador del Ministerio de Defensa, Gustavo Adrianzén, existen más de mil acciones legales tramitadas ante el Tribunal Constitucional contra los derechos 1132 y 1133.

Adicionalmente, hay más de 1.400 procesos judiciales en distintos juzgados del país.

AGUA QUE NO HAS DE BEBER........

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO

Analista Global

“En 1998 hubo 28 países que sufrieron un estrés hídrico o una escasez de agua, en el 2025 serán 56 países (47% de la población mundial). Los organismos oficiales (OMS, UNESCO, FAO) e instituciones financieras (BM, BID) publican las mismas cifras alarmantes: 1.200 millones de personas carecen de agua potable y 2.400 millones no disponen de sistemas de saneamiento.

Mientras los gestores de la economía global no hablan apenas de las causas, y cuando lo hacen apuntan al crecimiento demográfico, a la mala gestión y distribución de los recursos hídricos y a una cuestión de la demanda, que aumenta como factores de la “crisis”. En cambio los movimientos sociales hablan de la contaminación, del cambio climático, del injusto reparto, del crecimiento urbano y de las responsabilidades del modelo económico imperante en todo ello, como también de la importancia de entenderlo en el “contexto amplio de la globalización económica y su papel en promover la privatización y la mercantilización” (M. Barlow, 1999).

("EL COMERCIO CON LOS SERVICIOS Y LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA. TENDENCIAS GLOBALES. LA APUESTA DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA." - TOM KUCHARZ -MIEMBRO DE “ECOLOGISTAS EN ACCIÓN”).   - http://www.uclm.es/bits/sumario/61.asp ).

¿AJUSTE TARIFARIO O PRIVATIZACIÓN EN PERÚ?

Un nuevo ajuste tarifario en el Perú propuesto por el ente regulador, SUNASS, tiene como argumento solventar las inversiones en la ampliación y mejora de la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado. Mientras que la metodología del cálculo de tarifas señala que es para hacer más inversiones se necesita un incremento en el pago del servicio de agua potable y alcantarillado.

Habrá dos aumentos, de 4% y 2%, hasta el 2015, informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en el 2,012, pero según este ente regulador, estas subidas no deberían ser tomadas por sorpresa debido a que se encuentran contempladas en un plan maestro presentado por los directorios, cuya responsabilidad mayor recae en las municipalidades, las cuales (empresas prestadoras de servicios de saneamiento), tienen una brecha de inversión cercana a los S/.10 mil millones.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE FONDO?

“El análisis del proceso de privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina revela que éste fue producto de decisiones orientadas por la ideología neoliberal y no el resultado de la búsqueda de una solución efectiva a la crisis del sector. Esta estrategia, además, ha ignorado la evidencia  histórica que demuestra que la universalización de estos servicios en Europa y Estados Unidos fue consecuencia de una acción decisiva del Estado. Pero aunque el enfoque privatizador ha fracasado, las transformaciones institucionales y políticas que se pusieron en marcha continuarán afectando la capacidad de los gobiernos de la región para superar la crisis de estos servicios esenciales” (“La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina” - http://www.nuso.org/upload/articulos/3408_1.pdf ).

«Siempre la mayor parte de las inversiones en materia de agua debe ser del sector público», declaró a La Jornada Katherine Sierra, vicepresidenta de Infraestructura y Desarrollo del Banco Mundial, quien encabeza la delegación del organismo en el cuarto Foro Mundial [del Agua] que se inició ayer [en la Ciudad de México]. (…) Katherine Sierra indicó que el BM «ha tenido una evolución muy interesante» en la forma en que plantea el tema de las inversiones en el sector. «En los años 90, debido a la cantidad muy fuerte de recursos que se necesitan, creímos que el sector privado podía hacer inversiones importantes que podrían  salvar al sector del agua. Pero no había mucha inversión del sector privado; 90% de los recursos siguen siendo del sector público, aun en las épocas más fuertes de participación privada.» (“La Jornada, Ciudad de México”, 17/3/2006).

Como expresa el economista peruano Oscar Ugarteche implica "un cambio en la arquitectura financiera internacional que se ha hecho necesario porque el riesgo sistémico de lo existente es muy alto y, cuando la arquitectura utilizada (para resolverlo) va en contra de los intereses de todas las partes menos una fracción diminuta, es el momento preciso para cambiar de estructura".

"La estructura de poder global ha cambiado y eso debe reflejarse en la nueva arquitectura financiera internacional (NAFI), de las siete mayores economías solo queda una europea, Alemania".

Ugarteche, describió que "de las siete economías emergentes, el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) es cuatro veces mayor que el del G7, la suma de reservas internacionales es cinco veces mayor que el G7, el PIB total es el 83 por ciento del G7 y la deuda pública es un tercio de la del G7". ¡Despertemos Latinoamérica!

UN EJEMPLO CONCRETO DE CÓMO GOLPEAR LA ECONOMÍA POPULAR

Por ejemplo según el estudio tarifario de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (SEDALIB), aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), que comprende el periodo 2014-2019, en el  caso de los distritos de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry, la tarifa media se incrementará en S/. 0,39 céntimos el metro cúbico (m3), pasando de S/. 3,03 a S/. 3.42 (cada m3 equivale a 1,000 litros de agua). 

Para los distritos de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pacanguilla, la tarifa media se incrementará en S/. 0,16 céntimos el m3, pasando de S/. 2,44 a S/. 2,60.

“El incremento de tarifas será durante cinco años y no de un solo golpe. Ello para no afectar la economía de la población”, afirmó a La República un vocero del ente regulador.

Es más, debido a que es necesario proteger a los sectores más vulnerables de la población, la SUNASS ha dispuesto que la actualización sea menor para las familias que, contando con medidor, consuman de manera racional el líquido elemento.

Asimismo ha dispuesto reducir de manera sustancial la tarifa y el pago mensual de aquellas familias que tienen severas restricciones del servicio (no tienen medidor, se les da agua por pocas horas y se le cobra por asignación de consumo).

Por ejemplo, para una familia con medidor que consuma hasta 8 m3 al mes la actualización tarifaria mensual representa S/. 2,40 adicionales mensuales, es decir su pago mensual pasará de S/. 16,57 a S/. 18,97. Mientras que en el caso de una familia que consuma entre 8 y 20 m3 al mes, la actualización será de S/. 7,88, es decir que pasará de S/. 36,54 a S/. 44.42.

HABRÁ INVERSIONES

El estudio contempla de manera paralela un plan de inversiones superior a los S/. 214 millones, de los que el 63% se financiará con recursos propios de SEDALIB. 

Las inversiones se destinarán, principalmente, al mejoramiento progresivo de la continuidad del servicio de agua en distritos que sufren severas restricciones, como Florencia de Mora y El Porvenir, a la ampliación de cobertura, a la renovación de redes de agua potable y alcantarillado y al mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Para asegurar la continuidad en las zonas altas de Trujillo metropolitano, como Florencia de Mora y El Porvenir, SUNASS ha dispuesto que SEDALIB destine durante el segundo año regulatorio un monto de S/. 12,8 millones y durante el tercer año regulatorio un monto de S/. 11,1 millones del fondo de inversiones para financiar la ejecución de las obras en dichas localidades. De producirse un retraso en la ejecución de las obras de este proyecto, el monto no ejecutado deberá permanecer en el fondo y no podrá ser destinado a otros fines.

Asimismo, el programa de inversiones de SEDALIB contempla la instalación de más de 24,000 medidores para nuevos usuarios o para usuarios que actualmente no cuentan con medidor y son facturados mediante asignación de consumo. Además, se contempla la renovación de más de 63,000 medidores y la actualización del catastro técnico y comercial de la empresa. También se prevé la renovación de más 30 kilómetros de redes de distribución de agua potable y 39 kilómetros de redes de alcantarillado.    

Se ofrece mejorar las plantas de tratamiento de aguas servidas, que durante el próximo quinquenio se mejorarán las 13 plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS) SEDALIB, en especial las de mayor capacidad como COVICORTI y CORTIJO, que tratan más del 50% del desagüe generado en Trujillo Metropolitano, precisó la SUNASS. 

RESUMEN 

“….the militarization in areas has been justified where the strategic natural resources abound, such as water, petroleum, gas and biodiversity, looking for with it to protect the privatization of these public goods in front of the mobilizations and governments just installed that look for defending the national sovereignty”.

La nueva estrategia militar norteamericana hacia América Latina, consiste en construir socialmente el enemigo bajo tres parámetros: Terrorismo, Populismo Radical y Narcotráfico, cuyos ejes cumplen la función de ligar toda actividad política popular o de insubordinación contra los Estados Unidos con actividades consideradas de alto riesgo para la democracia occidental. Bajo este pretexto construido para la guerra, se ha justificado la militarización en áreas donde los recursos naturales estratégicos abundan, tales como agua, petróleo, gas y biodiversidad, buscando con ello proteger la privatización de estos bienes públicos ante las movilizaciones y gobiernos recién instalados defensores de la soberanía nacional.

(Visibilizando al enemigo: EE.UU vs América Latina - Robinson SALAZAR - Universidad Autónoma de Sinaloa, México ).

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1315-52162006000200006&script=sci_arttext