El encarcelamiento masivo como
estrategia imperial
Salvador Capote
Hay 2.3 millones de personas tras las
rejas en Estados Unidos. Otros 5 millones se encuentran en libertad
condicional, en probatoria o en algún otro tipo de libertad restringida. Ningún
país del mundo ha encerrado en proporciones tan altas a su propia población.
Nunca antes en la historia de Estados Unidos ha sido tan masivo el
encarcelamiento.
La población penal comenzó a aumentar en
los años 70 en términos absolutos y relativos pero las cifras se dispararon a
partir de la década del 80. La población penal se cuadruplicó en los últimos
cuarenta años. El peso mayor de este crecimiento inusitado cayó sobre los
pobres y las minorías, sobre todo en la población negra. Los afroamericanos son
encarcelados a una tasa seis veces mayor que la de los blancos.
Uno de cada tres negros que nace estará
en prisión en algún momento de su vida o durante gran parte de su vida. Cerca
de un millón y medio de afroamericanos pobres están encerrados en las prisiones
de Estados Unidos, más de 60,000 de ellos en el enloquecedor confinamiento
solitario. En ningún otro país sucede algo semejante. Es la minoría más
perseguida y encarcelada del mundo. Para afirmarlo, basta examinar las
estadísticas oficiales de la Secretaría de Justicia y del Buró de Prisiones.
Pero el perfil del sistema penal
estadounidense no sólo es racista sino además, y sobre todo, clasista. La
tasa de encarcelamiento de blancos pobres es también una de las más altas del
mundo, mientras que el segmento de la población afroamericana de clase media y
alta está poco representada en las prisiones. Digámoslo claro: el sistema de
justicia de Estados Unidos, clasista y racista, priva masivamente de libertad
primariamente a los pobres, y si el pobre es, además, negro, indio o hispano,
sus posibilidades de ser arrestado, convicto y condenado, aumentan
exponencialmente.
Existe por otra parte una relación
lineal entre el proceso de encarcelamiento masivo y el rumbo neoliberal de la
economía capitalista. El desarrollo tecnológico, el fenómeno del “outsourcing”
mediante el cual los capitales migran a lugares del Tercer Mundo donde es más
barata la fuerza de trabajo, la polarización social que hace al 1 % de la
población cada vez más rico y al resto cada vez más pobre, los recortes a los
programas de asistencia social, etc., determinan que amplios sectores de la
población queden marginados del proceso productivo. Para manejar esta
situación, por naturaleza explosiva, la clase dominante utiliza el
encarcelamiento masivo como instrumento de control social de esa población que
ya no interesa a las corporaciones.
No podría el capital obtener este
control sin una fuerte alianza con la clase media que también, aunque en menor
grado, sufre los efectos de la polarización. Para lograr esta alianza, la
clase alta utiliza como herramienta fundamental el miedo: el miedo al crimen, a
la drogadicción, al terrorismo, a la crisis económica, al desempleo, al caos
social, a ideologías de izquierda satanizadas –el miedo en todas sus formas-
para convencer a la clase media de que su bienestar y su seguridad dependen de
leyes draconianas, arrestos masivos, largas condenas y eliminación de posibles
líderes de las minorías, a fin de mantener a raya a todos los marginados
por el establishment y conjurar amenazas sobredimensionadas de posibles enemigos
extranjeros.
Coincidiendo también con el proceso de
encarcelamiento masivo, se produce una creciente privatización de las
instituciones penitenciarias. El “Prison-Industrial Complex” se convierte en un
negocio multibillonario. La construcción, mantenimiento, servicios y operación
de las prisiones, resultan altamente rentables y, además, las corporaciones
disponen de una enorme masa laboral que trabaja por centavos, nunca falta ni
llega tarde al trabajo, no se organiza en sindicatos, no realiza huelgas, no
recibe beneficios ni pensiones y, al que proteste, se le coloca un tiempo en
celdas de aislamiento. Se cumple así el sueño dorado de los empresarios
capitalistas. La competencia de la producción con trabajo semiesclavo
intramuros permite, a su vez, reducir los puestos de trabajo y los salarios en
el exterior de las prisiones.
Otro de los fenómenos importantes que
crece paralelamente al proceso de encarcelamiento masivo es la hipertrofia y
militarización de las fuerzas represivas y en particular de la policía, a la
cual se le suministran sofisticados equipos antimotines. El programa COINTELPRO
de acciones encubiertas del FBI, que produjo la muerte de unos 30 miembros del
Black Panther Party de otras organizaciones y envió a prisión a cientos de sus
activistas, había sentado las bases para el surgimiento del Complejo Industrial
de Prisiones. Surgen y se multiplican los grupos de “Special Weapons and
Tactics” (SWAT), fuertemente armados y entrenados. Los fondos asignados a la
represión se multiplican.
Bien engrasada la maquinaria represiva y
probada su eficacia, el imperio exporta el encarcelamiento masivo para el
control social de las grandes masas intranquilas de indios, negros, mestizos y
blancos pobres de América Latina y lo hace de manera sutil pero rápida y sin pausa.
Una de las primeras víctimas fue el
pueblo colombiano. Con financiamiento estadounidense se construyeron en
Colombia nuevas prisiones y la población penal creció rápidamente. Desde el
comienzo del Plan Colombia en 1999 hasta el año 2008 la población reclusa de
Colombia aumentó en un 129 % según cifras oficiales. Recordemos que se estima
en 9,500 el número de presos políticos y que la tortura es práctica corriente
en ese país. En el año 2000, el Ministro de Justicia de Colombia y el Embajador
de Estados Unidos en Bogotá firmaron el “Programa para el mejoramiento del
Sistema de Prisiones de Colombia”. De acuerdo con este programa, se
construyeron, o remodelaron y ampliaron, 16 instalaciones penitenciarias de
media y máxima seguridad, con un incremento del 40 % en la capacidad carcelaria
de la nación.
Estados Unidos no se limita al
financiamiento sino que provee asesoramiento, supervisión y formación de
cuadros en lo que llama una “Nueva Cultura Penitenciaria”. En los últimos
tiempos se ha incrementado la militarización de estas prisiones, al
frente de la cuales se coloca preferentemente a oficiales graduados de la
Escuela de las Américas. La Penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar,
conocida comúnmente como “La Tramacúa”, fue la primera prisión construida con
fondos estadounidenses y en ella están encerrados en condiciones infrahumanas
numerosos presos políticos y prisioneros de guerra. Los crímenes que se cometen
en estas prisiones fueron denunciados por la Delegación de Paz de las FARC-EP
en una declaración fechada el 10 de febrero de 2013 en La Habana.
A través de los programas de la
Iniciativa Mérida (especie de Plan Colombia para México, América Central,
República Dominicana y Haití), Estados Unidos provee al gobierno mexicano de
ayuda financiera, técnica y de formación de cuadros con el fin de transformar
el sistema penitenciario. De 2007, año en que comenzaron, hasta 2012, el número
de prisiones federales en México aumentó de 6 a 22, es decir, su número casi se
cuadruplicó en sólo cinco años.
Con apoyo económico y asesoría de
expertos norteamericanos fue inaugurada en mayo de 2009 la Academia Nacional
para la Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde han sido
formados ya 3,479 oficiales recién reclutados. Simultáneamente, más de 270 instructores
se graduaron en Estados Unidos, en la “New Mexico Corrections Academy”. El
“Colorado Department of Corrections” entrenó a 73 oficiales en el sistema
norteamericano de clasificación de reclusos, a otros 110 en transporte de
prisioneros, y a 18 más en los sistemas de libertad restringida. En esta última
especialidad fueron entrenados 41 oficiales en la “Maryland Police and
Corrections Training Academy”. Por último, en el “U.S. Federal Bureau of
Prisons” recibieron entrenamiento 110 cuadros de dirección de primero y segundo
nivel (1).
En América Central, el programa CARSI
(“Central American Regional Initiative”) funcionó desde 2008 como una rama de
la Iniciativa Mérida, pero como programa independiente desde 2010. De acuerdo a
un informe de GAO, agencias estadounidenses asignaron 350 millones de
dólares para financiar el CARSI entre 2008 y 2012 (2).
Según el criminólogo Omar Flores de la
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el panorama
carcelario es “más preocupante” en el triángulo norte (Guatemala, El Salvador,
Honduras) donde con la “remilitarización” de la seguridad se reprimen los
delitos con encarcelamientos masivos (3). Un informe del “Congressional
Research Service” (4) revela que, con fondos del CARSI, Estados Unidos creó en
estos tres países unidades militares transnacionales llamadas TAG
(“Transnational Anti-Gang”). Las empresas norteamericanas constructoras de
centros penales tienen el lema de que “toda cárcel que se construye se llena”.
Los planes acelerados de Estados Unidos de construcción de prisiones en América
Latina se acompañan de la criminalización y privación de libertad de amplios
sectores de la población.
En Guatemala, con ayuda del CARSI, las
autoridades planean construir cuatro cárceles de máxima seguridad. En Honduras,
donde en 2009 un golpe de Estado derrocó al presidente Zelaya, el Subsecretario
William Brownfield anunció durante una visita en mayo de 2012, la colaboración
norteamericana para “mejorar” las prisiones hondureñas mediante una ayuda adicional
por 50 millones de dólares. Se prevé construir una cárcel de máxima seguridad
para 4,000 internos. Brownfield fue embajador en Venezuela donde fue notoria su
actitud injerencista. En dos ocasiones, en abril de 2006 y en enero de 2007, el
presidente Hugo Chávez lo amenazó con expulsarlo del país si continuaba con sus
provocaciones.
El desarrollo de las instalaciones
penitenciarias en Honduras, con financiamiento y asesoría estadounidenses
se acompaña, como era de esperar, de la criminalización de los indígenas
que resisten a la privatización de las tierras comunales y de los activistas en
contra de la destrucción de los medios de vida del campesino para satisfacer
los interes extranjeros de producción de biocombustibles
En Panamá, el Centro Correccional de
Pacora es parte de un programa dentro del CARSI con financiamiento
estadounidense de 3.5 millones de dólares (5). Panamá amplía también sus
capacidades penitenciarias con nuevas prisiones en Ciudad Panamá (megacárcel La
Nueva Joya) y en Chiriquí, con capacidades para 5,536 y más de 1,000 reclusos,
respectivamente. En junio de 2013, el gobierno panameño anunció la construcción
de una nueva cárcel de mujeres que albergará a 1,155 internas, a un costo de
17.5 millones de dólares.
En Costa Rica, con el apoyo del INL
(“International Narcotics and Law Enforcement Affairs”) y con fondos del CARSI,
se realizaron importantes tansformaciones en la Penitenciaría de La Reforma.
Oficiales costaricenses reciben entrenamiento por el INL en las prisiones de
Nebraska y Maryland (6).
En República Dominicana, el Dr. Radhamés
Jiménez Peña, Procurador General de la República hasta el 16 de agosto de 2012,
anunció la construcción de seis nuevas prisiones en concordancia con la “Nueva
Cultura Penitenciaria” promovida por Washington. En febrero de 2012 ABC News
anunció que el gobierno de Estados Unidos tiene en sus planes la construcción
de dos cárceles en zonas rurales de Haití a un costo entre 5 y 10 millones de
dólares, y citó como fuente a un funcionario del INL.
En casi todos los países de América
Latina la población penal supera a la capacidad del sistema penitenciario y los
reclusos sufren de terribles condiciones de hacinamiento. Desde este punto de
vista, se justifica la construcción de nuevas cárceles. Lo que sucede es que,
en la práctica, la situación no se alivia sino se agrava porque la intervención
de Estados Unidos a través del Plan Colombia, de la Iniciativa Mérida o del
CARSI, no resuelve los graves problemas sociales de la región sino que los
profundiza y la creciente criminalización de la población marginada multiplica
las tasas de encarcelamiento.
En México, por ejemplo, el país que más
cárceles ha construido en los últimos años con ayuda norteamericana, la
ocupación de sus instalaciones penitenciarias se mantuvo prácticamente igual,
superior al 120 %, entre 2007 y 2011. En Guatemala, en ese mismo intervalo, de
128 subió a 190 %; en Honduras, de 141 a 146 %; en Panamá, de 161 a 180 %; en
Colombia, de 117 a 128 %, en Costa Rica, de 99 a 127 % (7). En 2008, cuando se
implementó el CARSI en El Salvador, la población penal era de 17,000 reclusos;
en 2010 había aumentado a 24,000 (8), un incremento del 41 % en sólo tres años.
La “Nueva Cultura Penitenciaria” es una
política que, a imagen y semejanza de lo que actualmente sucede en Estados
Unidos, intenta controlar los problemas que surgen de la marginación
reprimiendo, criminalizando y encarcelando a los marginados. Su principal
pretexto es la “guerra contra las drogas” que después de más de cuatro décadas
de fracasos ha demostrado el relevante papel que desempeña en la
contrainsurgencia, en la expansión de las transnacionales y en las ambiciones
geopolíticas de Estados Unidos; es decir, ha servido y sirve como uno de los
instrumentos más importantes de dominio imperial (9). Al igual que el Plan
Colombia, la Iniciativa Mérida y el CARSI están condenados al fracaso pero
constituyen magníficas pantallas a la injerencia y presencia militar de Estados
Unidos en los países del sur.
NOTAS
(1) U.S. Embassy: “Corrections Reform”, Fact Sheet, Mexico 2012.
(2) United States Government Accountability Office (GAO): “Status of Funding
for the Central America Regional Security Initiative”, Washington, DC, Jan 30,
2013.
(3) AFP y Redacción: “Presos centroamericanos viven en bodegas humanas”,
El Mundo, 24 de Julio de 2013.
(4) U.S. Congressional Research Service: “Central American Regional Security
Initiative: Background and Policy Issues for Congress”, Jan 2012.
(5) Embassy of the United States, Press Release: “U.S. Supports Panama’s
Efforts to Reform Juvenile Prisons”, Panama, Jan 30, 2013.
(6) Latin American Herald Tribune: “CARSI Assistance Pilots Prison Reform in
Costa Rica”, Caracas, Oct. 6, 2013.
(7) Elías Carranza: “Situación penitenciaria en América Latina y el Caribe ¿Qué
hacer?”, ILANUD, Costa Rica.
(8) Nasim Chatha: “U.S.’s Prison Imperialism in The Outskirts of the Empire”,
Alliance for Global Justice, Sep 5, 2012.
(9) Salvador Capote: “Narcotráfico, instrumento de dominio imperial”, ALAI,
América Latina en Movimiento, 29 de mayo de 2012.
