GRAN MARCHA NACIONAL POR EL DERECHO AL AGUA Y LA VIDA
Marco Antonio Arana Zegarra, el Domingo, 22 de enero de 2012 a la(s) 12:55 ·.Miércoles 01 al Sábado 11 de Febrero 2012
“Un país más justo, fraterno y solidario se ha puesto en marcha, la defensa del agua y la Madre Tierra nos inspira, nos convoca, nos une…”¡CONGA NO VA!
Siendo la minería una actividad importante en el país, su crecimiento y expansión deben ser limitados cuando ponen en riesgo la salud, el derecho al agua o violan los derechos humanos. El derecho a las inversiones y al trabajo que tienen las mineras no puede estar por encima del derecho que tenemos los pueblos a ser consultados cuando una inversión, por importante que sea, afectará gravemente nuestras vidas, nuestra seguridad y tranquilidad, nuestro derecho al agua, a un medio ambiente sano y saludable y también al paisaje. La empresa Minera Yanacocha, ya ha afectado demasiado a las poblaciones cajamarquinas y de hacerse su expansión, con el proyecto Minas Conga, amenaza con hacerlo mucho más aún. Nosotros decimos: ¡NINGUNA LAGUNA, NINGÚN RÍO MÁS, SERÁN DESTRUIDOS EN NUESTRO PAIS! ¡Defenderemos las ordenanzas provincial y regional que declararon la inviabilidad de Minas Conga, así como el proceso de zonificación ecológica y económica regional, y denunciaremos la represión y criminalización de la protesta social que pretende acallar las justas reclamaciones de nuestros pueblos, rechazando la persecución contra los dirigentes y defensores ambientales que, aún arriesgando sus vidas, defienden nuestras aguas.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO
El Estado peruano no reconoce en la legislación actual que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano; un derecho que es esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, puesto que, sin agua no hay vida. Si como todos sabemos, la contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres; y que, en el Perú, son las ciudades que no hacen adecuado tratamiento de sus aguas y la minería las dos principales causas de la contaminación de las aguas dulces, es imperativo entonces que la Constitución Peruana reconozca que el agua y el acceso a la misma, en calidad y cantidad adecuadas, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo de los que tienen dinero para comprar agua segura. Si del acceso al agua depende la vida y la salud, ese derecho no puede seguir siendo negado, y no puede estar siendo vulnerado por la realización de actividades que, como la minería, destruyen las fuentes naturales de agua y la contaminan, o por quienes ven en el agua solo una fuente de negocios. El Congreso de la República debe modificar la Constitución para permitir que el agua potable sana y el saneamiento sean reconocidos como un derecho humano fundamental y la provisión del agua no sea privatizada.
PROHIBICIÓN DE MINERÍA EN CABECERAS DE CUENCAS Y GLACIARES
El Perú no es un país minero, sino uno con una gran riqueza en biodiversidad y múltiples bienes naturales (pesca, forestales, agua, gas, también minerales) así como de numerosos bienes humanos diversos con los cuales podemos alcanzar el buen vivir. Reconocemos que la principal riqueza del Perú es su gente, sobre todo, cuando ésta sabe utilizar responsablemente los bienes naturales para lograr mejores condiciones de vida para todos. ¡Eso es lo justo! Por eso, la minería no puede hacerse en lugares de alta vulnerabilidad ecológica, como son las cabeceras de cuencas y los glaciares donde nacen las aguas de las cuales depende toda la vida. Si el Perú, debido al cambio climático, viene atravesando mayores problemas y ya esta crisis ecológica viene afectando principalmente el agua, entonces no podemos permitir que sigan dando permisos a actividades de alto impacto ambiental, como es la minería, para que ésta siga destruyendo lagunas, glaciares o alterando los cursos de los ríos y quebradas, o contaminando las aguas superficiales y subterráneas como ocurre hoy en día. Exigimos por ello, que se promulguen leyes que prohíban la minería en las cabeceras de cuenca y en zonas de glaciares que se están derritiendo rápidamente por efectos del cambio climático.
PROHIBICIÓN DE MINERÍA CON CIANURO Y MERCURIO
Tanto la pequeña como la gran minería, se han vuelto actividades químicas de alto riesgo ambiental, puesto que utilizan inmensas cantidades de sustancias altamente tóxicas que envenenan el planeta y, de manera particular, nuestras aguas, suelos y aires, poniendo en serio peligro nuestra salud y la de las generaciones futuras. En su proceso de extracción, la gran minería produce mercurio, ya que este metal tóxico se encuentra frecuentemente junto a los depósitos de oro como ocurre en Yanacocha y Antamina. Por su parte, la minería ilegal utiliza, sin control, grandes cantidades de mercurio que, en algunos lugares de la sierra, sobre todo en la amazonía, están generando gravísimos daños ambientales que deben ser cancelados inmediatamente. El cianuro es una de las sustancias tóxicas más peligrosas que se conoce en el mundo, por eso, en muchos países, su utilización ha sido prohibida o es materia de severísimos controles; en cambio, en el Perú, el cianuro es la principal sustancia usada en la gran minería aurífera que se autopropagandiza como “minería responsable”. ¡Los crímenes ecológicos vinculados a la minería con cianuro y mercurio deben terminar de una vez!
MORATORIA DE CONCESIONES MINERAS
El Perú ha sido parcelado en cuadrículas para ser concesionadas a empresas mineras y petroleras. Con Alan García se llegó a concesionar el 72% de la amazonía y más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional ya han sido concesionadas a empresas mineras, sin tener en cuenta si se trata de zonas urbanas, zonas agrícolas, zonas de producción de aguas o áreas arqueológicas; menos aún, sin que se consulte de manera previa a los dueños de los terrenos superficiales o a las autoridades locales, las cuales son completamente ignoradas. Si bien es cierto, no toda concesión se convierte luego en zona de explotación de minerales, la verdad es que la concesión termina otorgando derechos de primacía a sus titulares, los que luego buscan imponerse sobre el propietario del suelo superficial o terminan presionando y corrompiendo autoridades para acceder a los recursos del subsuelo. ¡Esto debe parar! Es necesario contar con una ley que declare la moratoria de todas las concesiones mineras y que el gobierno proceda a la revisión de las mismas para que no sigan siendo fuente de conflictos.
DERECHO A LA CONSULTA A LOS PUEBLOS
Los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas, después de años de lucha y del terrible “baguazo”, lograron que por fin el Estado promulgara la ley de consulta previa, libre e informada. Ahora su Reglamento está en proceso de aprobación; sin embargo, la lucha ciudadana en nuestro país debiera ser también para que se reconozca el derecho de consulta previa a todos los ciudadanos y ciudadanas en aquel tipo de proyectos que pueden afectar su salud, su seguridad y el respeto de los derechos humanos. Se requiere que el reglamento de la ley de consulta que se va a promulgar próximamente, cautele en realidad los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, y que además se formulen leyes de consulta previa a todos los pueblos que van a ser afectados por proyectos mineros o petroleros ya que actualmente desde el gobierno se está buscando imponer estos proyectos para favorecer intereses de pequeños grupos de poder transnacional y nacional.
FORO NACIONAL DE JUSTICIA HÍDRICA
La mayor fuente de conflictos socioambientales en el país están relacionados con las actividades mineras y la afectación del derecho al agua. Aunque un grueso sector de la gran prensa limeña distorsiona la realidad y desinforma, lo cierto es que miles de campesinos sufren persecución, carcelería, multas, han sido detenidos y, en algunos casos, como ha ocurrido en Piura y Cajamarca, hasta han sido torturados y asesinados por defender el derecho al agua y un medio ambiente sano. ¡Esto debe terminar! Al final de la Marcha Nacional del Agua, instalaremos el Foro Nacional de Justicia Hídrica desde el cual haremos seguimiento de los conflictos hídricos que hay en el país, visibilizaremos la verdad de los hechos, crearemos una instancia de sanción ética a los destructores y contaminadores del agua, promoveremos iniciativas legislativas en torno al derecho al agua, proporcionaremos un espacio de debate permanente de la problemática del agua en el contexto del cambio climático y de la implementación de una política económica ecocida e hidrocida, asimismo acompañaremos las luchas de los pueblos que defienden el agua y buscan cambios en el país para que haya justicia hídrica y ecológica.
Marco Antonio Arana Zegarra, el Domingo, 22 de enero de 2012 a la(s) 12:55 ·.Miércoles 01 al Sábado 11 de Febrero 2012
“Un país más justo, fraterno y solidario se ha puesto en marcha, la defensa del agua y la Madre Tierra nos inspira, nos convoca, nos une…”¡CONGA NO VA!
Siendo la minería una actividad importante en el país, su crecimiento y expansión deben ser limitados cuando ponen en riesgo la salud, el derecho al agua o violan los derechos humanos. El derecho a las inversiones y al trabajo que tienen las mineras no puede estar por encima del derecho que tenemos los pueblos a ser consultados cuando una inversión, por importante que sea, afectará gravemente nuestras vidas, nuestra seguridad y tranquilidad, nuestro derecho al agua, a un medio ambiente sano y saludable y también al paisaje. La empresa Minera Yanacocha, ya ha afectado demasiado a las poblaciones cajamarquinas y de hacerse su expansión, con el proyecto Minas Conga, amenaza con hacerlo mucho más aún. Nosotros decimos: ¡NINGUNA LAGUNA, NINGÚN RÍO MÁS, SERÁN DESTRUIDOS EN NUESTRO PAIS! ¡Defenderemos las ordenanzas provincial y regional que declararon la inviabilidad de Minas Conga, así como el proceso de zonificación ecológica y económica regional, y denunciaremos la represión y criminalización de la protesta social que pretende acallar las justas reclamaciones de nuestros pueblos, rechazando la persecución contra los dirigentes y defensores ambientales que, aún arriesgando sus vidas, defienden nuestras aguas.
EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO
El Estado peruano no reconoce en la legislación actual que el agua potable y el saneamiento son un derecho humano; un derecho que es esencial para la realización de todos los demás derechos humanos, puesto que, sin agua no hay vida. Si como todos sabemos, la contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres; y que, en el Perú, son las ciudades que no hacen adecuado tratamiento de sus aguas y la minería las dos principales causas de la contaminación de las aguas dulces, es imperativo entonces que la Constitución Peruana reconozca que el agua y el acceso a la misma, en calidad y cantidad adecuadas, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo de los que tienen dinero para comprar agua segura. Si del acceso al agua depende la vida y la salud, ese derecho no puede seguir siendo negado, y no puede estar siendo vulnerado por la realización de actividades que, como la minería, destruyen las fuentes naturales de agua y la contaminan, o por quienes ven en el agua solo una fuente de negocios. El Congreso de la República debe modificar la Constitución para permitir que el agua potable sana y el saneamiento sean reconocidos como un derecho humano fundamental y la provisión del agua no sea privatizada.
PROHIBICIÓN DE MINERÍA EN CABECERAS DE CUENCAS Y GLACIARES
El Perú no es un país minero, sino uno con una gran riqueza en biodiversidad y múltiples bienes naturales (pesca, forestales, agua, gas, también minerales) así como de numerosos bienes humanos diversos con los cuales podemos alcanzar el buen vivir. Reconocemos que la principal riqueza del Perú es su gente, sobre todo, cuando ésta sabe utilizar responsablemente los bienes naturales para lograr mejores condiciones de vida para todos. ¡Eso es lo justo! Por eso, la minería no puede hacerse en lugares de alta vulnerabilidad ecológica, como son las cabeceras de cuencas y los glaciares donde nacen las aguas de las cuales depende toda la vida. Si el Perú, debido al cambio climático, viene atravesando mayores problemas y ya esta crisis ecológica viene afectando principalmente el agua, entonces no podemos permitir que sigan dando permisos a actividades de alto impacto ambiental, como es la minería, para que ésta siga destruyendo lagunas, glaciares o alterando los cursos de los ríos y quebradas, o contaminando las aguas superficiales y subterráneas como ocurre hoy en día. Exigimos por ello, que se promulguen leyes que prohíban la minería en las cabeceras de cuenca y en zonas de glaciares que se están derritiendo rápidamente por efectos del cambio climático.
PROHIBICIÓN DE MINERÍA CON CIANURO Y MERCURIO
Tanto la pequeña como la gran minería, se han vuelto actividades químicas de alto riesgo ambiental, puesto que utilizan inmensas cantidades de sustancias altamente tóxicas que envenenan el planeta y, de manera particular, nuestras aguas, suelos y aires, poniendo en serio peligro nuestra salud y la de las generaciones futuras. En su proceso de extracción, la gran minería produce mercurio, ya que este metal tóxico se encuentra frecuentemente junto a los depósitos de oro como ocurre en Yanacocha y Antamina. Por su parte, la minería ilegal utiliza, sin control, grandes cantidades de mercurio que, en algunos lugares de la sierra, sobre todo en la amazonía, están generando gravísimos daños ambientales que deben ser cancelados inmediatamente. El cianuro es una de las sustancias tóxicas más peligrosas que se conoce en el mundo, por eso, en muchos países, su utilización ha sido prohibida o es materia de severísimos controles; en cambio, en el Perú, el cianuro es la principal sustancia usada en la gran minería aurífera que se autopropagandiza como “minería responsable”. ¡Los crímenes ecológicos vinculados a la minería con cianuro y mercurio deben terminar de una vez!
MORATORIA DE CONCESIONES MINERAS
El Perú ha sido parcelado en cuadrículas para ser concesionadas a empresas mineras y petroleras. Con Alan García se llegó a concesionar el 72% de la amazonía y más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional ya han sido concesionadas a empresas mineras, sin tener en cuenta si se trata de zonas urbanas, zonas agrícolas, zonas de producción de aguas o áreas arqueológicas; menos aún, sin que se consulte de manera previa a los dueños de los terrenos superficiales o a las autoridades locales, las cuales son completamente ignoradas. Si bien es cierto, no toda concesión se convierte luego en zona de explotación de minerales, la verdad es que la concesión termina otorgando derechos de primacía a sus titulares, los que luego buscan imponerse sobre el propietario del suelo superficial o terminan presionando y corrompiendo autoridades para acceder a los recursos del subsuelo. ¡Esto debe parar! Es necesario contar con una ley que declare la moratoria de todas las concesiones mineras y que el gobierno proceda a la revisión de las mismas para que no sigan siendo fuente de conflictos.
DERECHO A LA CONSULTA A LOS PUEBLOS
Los pueblos amazónicos y las comunidades campesinas, después de años de lucha y del terrible “baguazo”, lograron que por fin el Estado promulgara la ley de consulta previa, libre e informada. Ahora su Reglamento está en proceso de aprobación; sin embargo, la lucha ciudadana en nuestro país debiera ser también para que se reconozca el derecho de consulta previa a todos los ciudadanos y ciudadanas en aquel tipo de proyectos que pueden afectar su salud, su seguridad y el respeto de los derechos humanos. Se requiere que el reglamento de la ley de consulta que se va a promulgar próximamente, cautele en realidad los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, y que además se formulen leyes de consulta previa a todos los pueblos que van a ser afectados por proyectos mineros o petroleros ya que actualmente desde el gobierno se está buscando imponer estos proyectos para favorecer intereses de pequeños grupos de poder transnacional y nacional.
FORO NACIONAL DE JUSTICIA HÍDRICA
La mayor fuente de conflictos socioambientales en el país están relacionados con las actividades mineras y la afectación del derecho al agua. Aunque un grueso sector de la gran prensa limeña distorsiona la realidad y desinforma, lo cierto es que miles de campesinos sufren persecución, carcelería, multas, han sido detenidos y, en algunos casos, como ha ocurrido en Piura y Cajamarca, hasta han sido torturados y asesinados por defender el derecho al agua y un medio ambiente sano. ¡Esto debe terminar! Al final de la Marcha Nacional del Agua, instalaremos el Foro Nacional de Justicia Hídrica desde el cual haremos seguimiento de los conflictos hídricos que hay en el país, visibilizaremos la verdad de los hechos, crearemos una instancia de sanción ética a los destructores y contaminadores del agua, promoveremos iniciativas legislativas en torno al derecho al agua, proporcionaremos un espacio de debate permanente de la problemática del agua en el contexto del cambio climático y de la implementación de una política económica ecocida e hidrocida, asimismo acompañaremos las luchas de los pueblos que defienden el agua y buscan cambios en el país para que haya justicia hídrica y ecológica.
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